Con Sabor a Poco, se Anula Solo los Actos Administrativos.
El gobierno promulgó un decreto de ley por el cual quedan anulados todos los actos administrativos basados en la ley de Caducidad que impidieron u obstaculizaron investigaciones de violaciones a los derechos humanos, informó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, tras la reunión de ministros de este lunes.
Breccia destacó que la medida se toma en respuesta a la sentencia condenatoria por responsabilidad internacional que recibió el Estado uruguayo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Breccia destacó que la medida se toma en respuesta a la sentencia condenatoria por responsabilidad internacional que recibió el Estado uruguayo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Concluye este decreto revocar, por razones de legitimidad, todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo en aplicación del artículo 3º de la ley 15.848 que consideraron en su oportunidad que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida ley”, expresó Breccia. “Hemos estado trabajando en un análisis exhaustivo de la sentencia de la CIDH a los efectos de ir cumpliendo con lo que esta dispone y en ese sentido estamos previendo tomar algunas decisiones que van en el sentido con respecto a incrementar las competencias de la Comisión de Seguimiento”, señaló Breccia, quien también destacó que se trabaja en el resarcimiento económico a la familia Gelman, tal como fue sentenciado por la Corte.
El secretario de la Presidencia expresó que se ha “decidido demorar el dictamen de este decreto hasta el día jueves o viernes de esta semana para que aquellos interesados en manifestar una voluntad discorde con esta que está presentando el Poder Ejecutivo lo puedan hacer”.
Explicó que la demora se toma ante la posibilidad de que existan algunas “situaciones particulares” de algunos de los denunciantes, o quienes comparecen ante la Justicia, que puedan pretender actuar de forma diferente a lo que establece este decreto. “Pensamos que no van a existir esos casos, pero pueden haberlos”. Agregó que de esa manera se cumple con un “deber ético” y que se respeta lo que establece la sentencia de la CIDH.
La medida es aprobada a 38 años del Golpe de Estado. “Creemos que estos anuncios son importantes y que también es importante desde el punto de vista simbólico realizarlos en una fecha tan señalada”, comentó.
El pasado 24 de febrero la CIDH condenó al Estado uruguayo por el caso Gelman, en lo que fue la primera condena que recibió Uruguay de parte del organismo internacional. El fallo, que además solicita la anulación de la ley de Caducidad, establece la obligatoriedad de reparar a las víctimas mediante una compensación económica.
La CIDH estableció que Macarena Gelman, hija de María Claudia García de Gelman, deberá ser resarcida con US$ 180.000 por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre, y US$ 5.000 por gastos por la búsqueda de la verdad.
La ley de Caducidad también fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en octubre de 2009 para el caso de Nibia Sabalsagaray, lo que llevó al procesamiento del primer militar en actividad por crímenes en la dictadura.
Fuente: Observa
El presidente Mujica reabrió las 88 casos cubiertos por la Ley de Caducidad.
El mandatario José Mujica revocó en la mañana de este lunes los 88 casos incluidos en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, anunció el secretario de Presidencia, Alberto Breccia.
De esta manera el gobierno resolvió seguir adelante con la investigación de delitos cometidos durante la dictadura militar, luego del fracaso parlamentario para aprobar la ley interpretativa. La Caducidad fue sancionada en 1985 y los casos incluidos en la ley prescribirían el 1° de noviembre.
Mujica había anunciado que analizaba dos caminos: ir caso a caso, o mediante un sólo decreto.
De este modo, el Poder Ejecutivo establece pautas para que se reabran nuevas causas además de las que ya están en la justicia y otras que estaban exceptuadas de la Caducidad y cuya investigación estaba pendiente.
Se espera de este modo que los juzgados a cargo de los jueces Mariana Motta, Luis Charles, Rolando Vomero, Ruben Saravia, entre otros, tengan nuevos casos a su cargo en el breve plazo.
Entre los casos que ya estaban pendientes de apertura están la muerte y desaparición de Julio Castro, la muerte de Cecilia Fontana de Heber (el caso del "vino envenenado").
Otros casos que se investigan son los de la Fundación Mario Benedetti. La institución entregó a la jueza penal Mariana Motta la investigación por la muerte de 19 militantes de izquierda entre 1972 y 1976, durante la presidencia de Juan María Bordaberry.
El último procesado fue Tranquilino Machado por la muerte de Ramón Peré, el 6 de julio de 1973 durante una refriega entre Fuerzas Armadas y estudiantes de Veterinaria.
También está bajo investigación la muerte enl militante tupamaro Horacio Ramos, que apareció ahorcado en el Penal de Libertad en 1981.
Son indagados el director, Walter Gulla, y el coronel aviador (r) Enrique Rivero, ya procesado por otros delitos en la Unidad 8 de Domingo Arena.
Los coroneles José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge "Pajarito" Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez fueron sentenciados por el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, a una pena de 25 años de penitenciaria como autores responsables de 28 delitos de homicidio ("Caso Segundo vuelo") muy especialmente agravados en reiteración real.
El coronel Luis Maurente y los policías Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima fueron sentenciados a 20 años de penitenciaria, también como autores responsables de esos 28 homicidios, mientras que el soldado Ernesto Soca se mantiene en arresto preventivo tras la extradición a Argentina otorgada por la jueza Fanny Canessa.
También se encuentra bajo prisión administrativa (Hospital Militar) el coronel Carlos Calcagno, quien fue requerido en extradición desde Paraguay por la desaparición de Federico Tatter y tiene una causa abierta en Uruguay por el traslado ilegal de los desaparecidos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde en 1977.
Por su parte, el coronel (av) José Uruguay Araújo Umpiérrez, detenido en la Base de Boiso Lanza, fue liberado cuando se rechazó una solicitud de extradición a Argentina , pero regresó a la cárcel a pedido de la fiscal Guianze por su papel en la coordinación del llamado "segundo vuelo" de Orletti.
El dictador general Gregorio Alvarez, y el capitán de navío Juan Carlos Larcebeau, imputados por delitos de "desaparición forzada" ("Terceros traslados") que un Tribunal de Apelaciones terminó por tipificar como "reiterados delitos de homicidio especialmente agravados". Dos semanas atrás, Álvarez fue procesado por el homicidio de Roberto Luzardo, militante tupamaro fallecido en el Hospital Militar en 1973. El juez Juan Carlos Fernández Lechini tipificó el delito de homicidio con "agravantes especiales e imprescriptibles"
El Coronel Ramas, actualmente en el Hospital Militar, igual que Gavazzo, escribe en la sección "Carta de los lectores" del semanario Búsqueda y de la web que los defiende en www.envozalta.net.
Prisión domiciliaria logró Juan María Bordaberry luego de ser condenado por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Fue procesado además por otros 11 homicidios. También se recupera en el Hospital Militar el general Miguel Dalmao, el único oficial en actividad procesado durante la actual gestión. Dalmao fue encontrado responsable de la muerte de la militante Nibia Sabalsagaray.
Juan Carlos Blanco, procesado por la desaparición de la maestra Elena Quinteros y por el homicidio de Zelmar Michelini y Héctor Gutierrez Ruiz, se mantiene recluido junto a otros presos comunes en la Cárcel Central ubicada en los sótanos de la Jefatura de Policía de Montevideo en San José y Yi.
Fuente: Canal 10
Familiares Dicen que es Positivo, Pero Falta.
El integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Oscar Urtasun relativizó la anulación de los actos administrativos basados en la ley de Caducidad que realizó este lunes el gobierno. "Es una voz de aliento pero hay que tomarlo con pinzas", dijo a El Observador.
"Esto tiene dos caras. Es bueno porque permite trabajar en las causas, no solo de desapariciones, sino de torturas y asesinatos. Pero hay que relativizar lo positivo. Nosotros presionamos durante años a los gobiernos y no logramos esto. Fue por la presión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se tomó esta desición. Y eso nos duele", sostuvo Urtasun.
El hermano de José Luis Urtasún, militante desaparecido el 13 de agosto de 1978 en Argentina, destacó que ésta en particular es "una buena señal", pero que por otro lado "no se han dado buenas señales", y recordó que "la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no declaró delitos de lesa humanidad a las torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura". A su vez, el integrante de Familiares considera que "no se ha investigado lo suficiente ni se ha potenciado la Comisión de Seguimiento que estudia los casos".
Consultado por El Observador sobre la posibilidad de que se presenten nuevos casos, Urtasun dijo: "Tenemos que seguir movilizándonos, porque tenemos tiempo hasta el 1º de noviembre para presentar todos los casos". "Algunos casos nunca se presentaron porque se sabía que los gobiernos los archivarían, pero quizá ahora se animen a presentarlos", concluyó.
"Esto tiene dos caras. Es bueno porque permite trabajar en las causas, no solo de desapariciones, sino de torturas y asesinatos. Pero hay que relativizar lo positivo. Nosotros presionamos durante años a los gobiernos y no logramos esto. Fue por la presión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se tomó esta desición. Y eso nos duele", sostuvo Urtasun.
El hermano de José Luis Urtasún, militante desaparecido el 13 de agosto de 1978 en Argentina, destacó que ésta en particular es "una buena señal", pero que por otro lado "no se han dado buenas señales", y recordó que "la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no declaró delitos de lesa humanidad a las torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura". A su vez, el integrante de Familiares considera que "no se ha investigado lo suficiente ni se ha potenciado la Comisión de Seguimiento que estudia los casos".
Consultado por El Observador sobre la posibilidad de que se presenten nuevos casos, Urtasun dijo: "Tenemos que seguir movilizándonos, porque tenemos tiempo hasta el 1º de noviembre para presentar todos los casos". "Algunos casos nunca se presentaron porque se sabía que los gobiernos los archivarían, pero quizá ahora se animen a presentarlos", concluyó.
 |
| Un problema sin solución aparente en el mediano plazo. |
Fuente: Observa
Hijos: "No es todo lo que hay que hacer".
Fuente: Teledoce
Sabor a Poco.
LA RESOLUCIÓN del Poder Ejecutivo de Revocar -a través de una resolución y por razones de legitimidad- todos los actos administrativos incluidos en la Ley de Caducidad, “solamente revoca los actos realizados por el Poder Ejecutivo para excluirlos de la Ley de Caducidad. Una vez promulgado el Poder Judicial “será el encargado de determinar cómo continuarán las acciones para cada caso, así como también si corresponde o no desarchivar los expedientes”, precisó Alberto Breccia, secretario de la Presidencia, al explicar los alcances de la resolución anunciada ayer por el Poder Ejecutivo. Asimsismo se informó que el gobierno ha decidido demorar el dictamen de este decreto hasta el día jueves o viernes de esta semana para que aquellos interesados en manifestar una voluntad discorde con esta que está presentando el Poder Ejecutivo lo puedan hacer”.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, anunció ayer que el gobierno revocará través de una resolución y por razones de legitimidad- todos los actos administrativos incluidos en la Ley de Caducidad.
El anuncio se realizó ayer lunes, tras la reunión del Gabinete Social, en la Torre Ejecutiva, sede administrativa del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo anunció en la Torre Ejecutiva, que se revocarán los más de 80 actos administrativos que se encuentran amparados por la Ley de Caducidad para que se continúe con las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
En el marco de los 38 años del golpe de Estado Cívico-militar que instauró la dictadura en el país, durante 12 años, el Poder Ejecutivo decidió dictar una resolución que, “por razones de legitimidad, revocará los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo –en aplicación del Artículo 3º de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986- que consideró que los hechos denunciados se comprendían en las disposiciones del Artículo 1º de la Ley 15.848 (ley de caducidad).
Según explicó el vocero del ejecutivo, la resolución se sustenta en la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó para el caso Gelman versus Uruguay, el cual dispone que el Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad no vuelva a representar un obstáculo para la investigación. En ese sentido recordó que nuestro país ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 15.737 del 8 de marzo de 1985), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanas o Degradantes (24 de octubre de 1986) y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad (21 de setiembre de 2001), así como también la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
El jerarca expresó que se ha “decidido demorar el dictamen de este decreto hasta el día jueves o viernes de esta semana para que aquellos interesados en manifestar una voluntad discorde con esta que está presentando el Poder Ejecutivo lo puedan hacer”. La demora se toma ante la posibilidad de que existan algunas situaciones particulares de algunos de los denunciantes, o quienes comparecen ante la Justicia, que puedan pretender actuar de forma diferente a lo que establece este decreto. “Pensamos que no van a existir esos casos, pero pueden haberlos”, dijo. Breccia dijo además que, en la órbita de la Secretaría de la Presidencia de la República se conformó una comisión ad hoc, integrada por la Dirección de Derechos Humanos y Cancillería, la cual trabaja en el análisis exhaustivo de la sentencia dictada por la CIDH a los efectos de su cumplimiento.
En ese ámbito se incrementarán las competencias de la Comisión de Seguimiento (ex Comisión para la Paz) y “se apostará” a la conformación de una comisión interministerial en la materia. Además, promueve el cumplimiento de la sentencia de la CIDH en materia de reparación económica a la familia Gelman.
Por último, el secretario subrayó que la resolución “solamente revoca los actos realizados por el Poder Ejecutivo para excluirlos de la Ley de Caducidad” y que una vez promulgado el Poder Judicial “será el encargado de determinar cómo continuarán las acciones para cada caso, así como también si corresponde o no desarchivar los expedientes”.
Fuente: Diario La Juventud
Para Militares es Inconstitucional.
Leer Más: El País Digital
Buscadores de Archivos. Algo de Verdad Saldrá.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó luego del Consejo de Ministros del lunes que el gobierno busca que el Ministerio de Defensa y la Suprema Corte de Justicia permitan el acceso de investigadores a los archivos que contienen fichas clínicas y judiciales que datan de la dictadura.
Según anunció Breccia, Presidencia envió una solicitud a los dos organismos con la intención de que historiadores de la Comisión de Seguimiento (ex Comisión para la Paz) logren ingresar al archivo y rescatar del mismo información que pueda ser importante para la resolución de casos de desaparecidos.
Fuentes cercanas al ministro de Defensa Luis Rosadilla dijeron a Montevideo Portal que los archivos de sanidad militar, donde se encuentran las historias clínicas, han sido pedidos "varias veces", aunque nunca se concretó ninguna de las solicitudes.
"Ante los pedidos de esas fichas clínicas, siempre se les contesta lo mismo, que no se las encuentra" reconocieron a Montevideo Portal desde el Ministerio.
Agregaron además, que siempre ha existido buena voluntad por parte de la cartera para que se acceda a los documentos que puedan aportar información relevante. Sin embargo, el tamaño del archivo de sanidad militar provocó que todos los intentos de búsqueda hayan fracasado.
En ese sentido, desde el Ministerio se ve con buenos ojos la intervención de historiadores, que puedan realizar una búsqueda en profundidad de los archivos.
Fuente: Montevideo Portal
No hay comentarios:
Publicar un comentario