El Gobierno Trata por Decreto lo que no pudo por Ley.
De esa forma, se dejarán sin efecto resoluciones de gobiernos anteriores que consideraron incluidas en la norma denuncias por hechos ocurridos durante la dictadura (1973-1985) y por lo que no prosperaron las investigaciones judiciales de esas causas.
En mayo, el Poder Ejecutivo accedió a un pedido de la viuda del militante comunista Álvaro Balbi, fallecido por torturas en 1975, y anuló un acto administrativo dictado en 1988 que declaró el caso comprendido dentro de la ley de Caducidad.
Breccia estimó que la decisión oficial de extender la posición adoptada en esa causa abarcará a "unos 80 casos", pero aclaró que la última palabra siempre la tendrán los jueces.
"El Poder Judicial será el encargado de determinar cómo continuarán las acciones para cada caso, así como determinar si corresponde o no desarchivar los expedientes", dijo Breccia.
Agregó que por esta vía el gobierno cumplirá con "un deber ético" y con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Uruguay a eliminar los obstáculos para que se puedan indagar los hechos de la dictadura.
El órgano de la OEA emitió esa resolución en febrero en el marco de una denuncia presentada por la desaparición de María Claudia García de Gelman, a cuya familia el Estado deberá resarcir económicamente.
Breccia indicó que el decreto se firmará "el jueves o viernes", para que familiares que estén en contra de la posición del Poder Ejecutivo puedan expresarlo. "Estimamos que no van a existir casos de ese tipo", dijo.
Ayer, la agrupación Hijos Uruguay, que reúne a hijos de desaparecidos, presentó una petición administrativa ante la Presidencia, solicitando, justamente, la revocación de sus anteriores resoluciones, tal como ocurrió en el caso Balbi.
Según la tesis jurídica mayoritaria, los delitos cometidos por militares en la dictadura prescribirán el 1° de noviembre. Desde entonces, ya no podría haber más procesamientos.
"COSA JUZGADA". La opción de que el Poder Ejecutivo dejara sin efecto antiguos actos administrativos que ampararon hechos de la dictadura en la ley de Caducidad fue planteada meses atrás por el abogado constitucionalista Martín Risso.
El experto hizo la propuesta durante la discusión del proyecto interpretativo de la Caducidad impulsado por el Frente Amplio, que naufragó en la Cámara de Diputados cuando Víctor Semproni se negó a votarlo.
Risso dijo ayer a El País que con esta iniciativa el Poder Ejecutivo "cumple con su parte" para acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero resta lo relativo a los jueces, que "tendrán que evaluar caso a caso y podrán reabrir los expedientes donde no haya cosa juzgada", dijo.
Así, las denuncias que en 1988 tuvieron sentencias de la Suprema Corte de Justicia declarando constitucional la ley de Caducidad, podrán reabrirse solo para aclarar los hechos, pero no para castigar a los responsables. En cambio, sí podrán retomarse las causas que se clausuraron con una simple resolución del juez.
Risso -para quien lo correcto es que el Poder Ejecutivo emita una resolución y no un decreto para revocar sus actos administrativos, tal como lo anunció Breccia- dijo que el tema generará una "amplia discusión jurídica" por su complejidad y las interpretaciones que puede generar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, el abogado Pablo Chargoñia, representante de la viuda de Álvaro Balbi y de Hijos Uruguay, opinó que la posición del Poder Ejecutivo "obligaría a los jueces a desarchivar los casos de oficio".
Chargoñia dijo a El País que en cumplimiento de la sentencia internacional, los jueces no deberían aplicar las normas relativas a la prescripción de los delitos ni los criterios de cosa juzgada. De esa forma, indicó, el Poder Judicial también estaría acatando el fallo.
"NO ES POSIBLE". Por su parte, el constitucionalista y ex senador colorado Ruben Correa Freitas, dijo a El País que el Poder Ejecutivo "no puede revocar actos administrativos que generaron derechos adquiridos".
Y, en tal caso, los afectados podrán recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), por lo que Correa Freitas estimó que se generará una "larga batalla jurídica".
Correa Freitas sostuvo que, con la situación tal como está planteada, es de prever que los militares retirados que se sientan "afectados" presentarán una "andanada" de recursos ante el TCA contra la decisión del Poder Ejecutivo.
En tanto, un experto en derecho administrativo opinó que habrá un fuerte debate jurídico que "no será sencillo", debido a que hay dos posiciones doctrinarias: una sostiene que el Poder Ejecutivo debe revocar sus actos ilegítimos, y otra señala que esas resoluciones, a pesar de ser ilegales, no pueden reverse si generaron derechos para los involucrados.
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El anuncio se produjo en el día del 38º aniversario del inicio formal de la dictadura y de la huelga general de los trabajadores, que ayer fue conmemorada en la explanada de la Universidad de la República y en un acto del PIT-CNT en el que se celebró la medida. Consultado por la diaria, el abogado Pablo Chargoñia advirtió que si no se impide que los delitos cometidos en dictadura prescriban en noviembre, la revocación de los actos administrativos "puede ser inútil".
El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, transmitió ayer en conferencia de prensa la decisión del presidente José Mujica y del Consejo de Ministros de dictar un decreto por el cual se revoque "por razones de legitimidad" todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo en aplicación del artículo 3º de la Ley de Caducidad que consideraron los hechos cometidos en dictadura amparados en esa norma. El jerarca explicó que este decreto se hace en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman. "Estimamos que estamos cumpliendo con un deber ético pero también con lo que establece la sentencia", dijo.
El decreto, que contempla "en el entorno de 80 casos", será firmado el "jueves o viernes". Según indicó Breccia, "pueden existir algunas situaciones particulares que hagan que algunos de los denunciantes que comparecieron oportunamente ante la Justicia pretendan actuar de forma diferente y que sus casos no sean excluidos". En ese sentido, dijo que "aquellos eventualmente interesados pueden expresar una señal discordia" aunque estimó que eso no se producirá. "Pero no queremos actuar en contrario de la voluntad de los interesados", completó. Con anterioridad, el Ejecutivo revocó el caso de Álvaro Balbi a solicitud de su esposa, la actual militante comunista Lille Caruso.
En cuanto a otros aspectos del fallo de la Corte, el secretario de Presidencia explicó que junto con el canciller, Luis Almagro, y el director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura se está haciendo "un análisis exhaustivo" a los efectos de cumplirlo en todos sus términos. Adelantó que está previsto "incrementar las facultades" de la Comisión de Seguimiento y que el Ejecutivo solicitó al Ministerio de Defensa Nacional y a la Suprema Corte de Justicia que se habilite el acceso de los archivos vinculados a la dictadura a los investigadores que trabajan en dicha comisión en convenio con la Universidad de la República (Udelar). Se trata de las fichas clínicas de Sanidad de las Fuerzas Armadas y de las fichas judiciales.
Y la prescripción...
En la explanada de la Udelar se realizó ayer el homenaje convocado "a las cinco en punto" a Ramón Peré, el primer asesinado por la dictadura. El responsable de su muerte, Tranquilino Machado, fue procesado días atrás. En ese marco, el secretario de Crysol, Julio Martínez, señaló que la decisión de Mujica "se miró como algo positivo" y como "un pequeñísimo avance hacia sacudirnos la impunidad". No obstante, señaló que le preocupa la prescribilidad y advirtió que la revocación no debe depender de "la voluntad de los familiares" porque es responsabilidad del Estado. "El que no quiera, no seguirá el juicio adelante, pero esto no obliga a nadie a hacer el juicio", añadió.
Durante el acto desarrollado en el PIT-CNT, el dirigente de la central, Juan Castillo, celebró la noticia. "De la misma forma y con la misma franqueza debo decir que el 19 de mayo se nos pegó un golpe anímico cuando miles de compatriotas y centenares de militantes creíamos que estaban dadas las condiciones para que en el mismo lugar, en la misma institución y en el mismo ámbito donde se había aprobado la Ley de Caducidad, el Parlamento tenía la posibilidad de redimirse y, a partir de otra ley, anularla para que la Justicia pudiera actuar", añadió, en referencia al interpretativo.
Macarena Gelman, presente en el acto, consideró que es "muy importante" la decisión del Ejecutivo aunque no sea "la solución perfecta" pero que "el problema clave es el de la prescripción. "Resta saber cómo será recibido por el Poder Judicial y por el ministerio público", añadió. En esa dirección se expresó el abogado Pablo Chargoñia: "Puede ser inútil la revocación de los actos administrativos si no se soluciona la prescriptibilidad. El terreno más sensible ahora se juega en el Poder Judicial".
Memoria en blanco
El Directorio del Partido Nacional (PN) recordó ayer los 38 años del golpe de Estado, reafirmando su "compromiso histórico de luchar por la defensa de las libertades públicas y de los derechos humanos en toda su expresión, como forma de contribuir para que nunca más en el país se repitan quiebres institucionales", según señala una declaración. El directorio también resolvió crear un mural en la sede que recuerde a los "servidores del PN en la lucha contra la dictadura por libertad y democracia". "Es un homenaje a quienes sin tener ni disputar ninguna posición, porque no había elecciones, se jugaron por la democracia y sus ideales", explicó Heber, que agregó: "Arriesgaron su vida y la tranquilidad de su familia".
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| Alicia Jaime, viuda de Ramón Peré, ayer, en el homenaje que se le tributó en la explanada de la Universidad de la República. |
Fuente: La Diaria
Macarena Gelman dijo que aún falta mucho para que el gobierno de Mujica cumpla con la sentencia de la Corte.
La joven agregó: estoy atenta y expectante a lo que surja. Esto no cumple todo el punto, falta cumplir absolutamente toda la sentencia. Hay que ver cómo va a ser recibido esto por el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La joven agregó: estoy atenta y expectante a lo que surja. Esto no cumple todo el punto, falta cumplir absolutamente toda la sentencia. Hay que ver cómo va a ser recibido esto por el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Fuente: Teledoce
Dependerá de los Jueces.
El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, explica paso a paso qué pasará con la resolución presidencial que habilitará o no a cada juez a reabrir los más de 80 casos protegidos por la Ley de Caducidad.
Fuente: Canal 10
Los Militares Quieren la Inconstitucionalidad.
Como consecuencia del anuncio realizado ayer por Presidencia, la defensa de militares considera utilizar el recurso de inconstitucionalidad en caso de que esta revocación afecte a sus patrocinados.
Uno de los abogados consultados, Emilio Micolick, quien defiende a varios militares, dijo a Ultimas Noticias: "Intentaremos por todos los medios jurídicos con todo lo que esté a nuestro alcance de rebatir lo que digan, incluso solicitar la inconstitucionalidad".
En tanto, el abogado Miguel Langón considera que "una vez más se ve la inseguridad jurídica, la cantidad de cambios permanentes", dijo a este medio.
Presidencia anunció ayer que se dictará un decreto para habilitar el desarchivo de causas amparadas por otros gobiernos en la ley de Caducidad. Por otra parte, abogados de militares solicitarán la inconstitucionalidad en caso de que afecte a sus patrocinados.
"Se revoca, por razones de legitimidad, todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3 de la Ley 15.848 (Caducidad) del 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida ley", expresó ayer el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.
Por este motivo, son 80 los casos que el Poder Ejecutivo enviará al Poder Judicial, quien se encargará de estudiarlos y verificar si hay elementos suficientes para desarchivar el caso y reactivar la investigación. Estos expedientes corresponden a denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. A través de un decreto firmado por el presidente de turno, el Poder Ejecutivo determinaba si el caso estaba amparado dentro de la ley de Caducidad, en caso de estarlo a través del decreto se ordenaba el archivo de la causa.
Según expresó el secretario de Presidencia, esperarán hasta el jueves o viernes para dictar y promulgar el decreto ya que "pueden existir casos particulares, que alguno de los denunciantes puedan pretender actuar de forma diferente, y que sus casos no sean excluidos. Estimamos que no van a existir esos casos, pero pueden haberlos".
Tras el 38° aniversario del golpe de Estado, Breccia explicó que el principal motivo que llevó a tomar esta decisión, fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el caso Gelman. Este fallo establece "en el numeral 11 que el Estado debe garantizar" que la ley de Caducidad no interfiera en las investigaciones. Por otra parte, el secretario de Presidencia anunció que en cumplimiento del fallo de la Cidh, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia el acceso a fichas judiciales, y al Ministerio de Defensa las fichas clínicas de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Estos documentos serán estudiados por un equipo de historiadores de la Universidad de la República.
También se completará "el banco de datos genéticos, porque hay familias que no han sido contactadas para comparar material genético", expresó Breccia.
Del otro lado de la situación, los abogados que defienden a familiares de desaparecidos y los mismos familiares consideran que el gobierno se vio presionado por el fallo de la Cidh. El abogado Pablo Chargoñia expresó a Ultimas Noticias que ahora la sociedad tiene que estar alerta para velar que se concreten las investigaciones reactivadas. "Hay que tener cuidado que esto no sea solo un cumplimiento aparente, que se reabran las causas y no se indague ni se avance en las investigaciones".
Blancos y colorados tildan al decreto de inconstitucional
El senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) manifestó a Ultimas Noticias que el Poder Ejecutivo (PE) se equivoca en este tema y que el decreto es inconstitucional. "Esto violenta toda la doctrina jurídica en materia de derecho público", indicó. Consideró además que el PE no puede argumentar la ilegitimidad de los actos administrativos por inconstitucionales. "Primero porque no recurrió la ley de Caducidad y segundo porque lo que tiene que hacer el PE es aplicar la ley más allá de que pueda existir alguna acción que prosperó en su momento por inconstitucionalidad", agregó.
En ese sentido, recordó que en el año 1986, el doctor en leyes Horacio Casinelli Muñoz expresó que el gobierno no puede en un caso de presunta inconstitucionalidad declarar la ilegitimidad. "Me parece, además, que violenta los pronunciamientos populares. No puede hacerse por vía de decreto lo que no se pudo modificarse a través de la ley", aseguró. A su entender, la tesis del gobierno es equivocada, "porque incluso sería diferente si hubiera sido caso por caso, para aquellas situaciones que verdaderamente pudieran estar dentro de los términos de prescripción, los homicidios muy especialmente agravados cuya prescripción vencería en el mes de noviembre", enfatizó.
Además, consideró que "el PE se va a equivocar nuevamente en este tema y así lo va a sostener en forma pacífica toda la doctrina jurídica. Esta revocación de todos los actos administrativos al barrer, dictados incluso por el gobierno de Tabaré Vázquez, entraría dentro de los decretos inconstitucionales", insistió.
Mientras tanto, desde el Partido Colorado, el senador Ope Pasquet (Vamos Uruguay) aseguró que está en contra de la iniciativa. Argumentó que el mecanismo "implica hacer por decreto lo que no se pudo hacer por ley".
Consideró que el decreto no respeta la voluntad popular. "La ley de Caducidad fue una norma de amnistía. Eso incluso se declaró en la sentencia recaída en el caso Gelman (Macarena Gelman, hija de la desaparecida María Claudia García de Gelman), por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos", subrayó.
Señaló que el camino administrativo elegido por el PE es "retorcido y oblicuo". Indicó que el Frente Amplio (FA) "está empeñado e insiste" en no respetar a la gente "que ya se negó a anular la ley de Caducidad".
Uno de los abogados consultados, Emilio Micolick, quien defiende a varios militares, dijo a Ultimas Noticias: "Intentaremos por todos los medios jurídicos con todo lo que esté a nuestro alcance de rebatir lo que digan, incluso solicitar la inconstitucionalidad".
En tanto, el abogado Miguel Langón considera que "una vez más se ve la inseguridad jurídica, la cantidad de cambios permanentes", dijo a este medio.
Presidencia anunció ayer que se dictará un decreto para habilitar el desarchivo de causas amparadas por otros gobiernos en la ley de Caducidad. Por otra parte, abogados de militares solicitarán la inconstitucionalidad en caso de que afecte a sus patrocinados.
"Se revoca, por razones de legitimidad, todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3 de la Ley 15.848 (Caducidad) del 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida ley", expresó ayer el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.
Por este motivo, son 80 los casos que el Poder Ejecutivo enviará al Poder Judicial, quien se encargará de estudiarlos y verificar si hay elementos suficientes para desarchivar el caso y reactivar la investigación. Estos expedientes corresponden a denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. A través de un decreto firmado por el presidente de turno, el Poder Ejecutivo determinaba si el caso estaba amparado dentro de la ley de Caducidad, en caso de estarlo a través del decreto se ordenaba el archivo de la causa.
Según expresó el secretario de Presidencia, esperarán hasta el jueves o viernes para dictar y promulgar el decreto ya que "pueden existir casos particulares, que alguno de los denunciantes puedan pretender actuar de forma diferente, y que sus casos no sean excluidos. Estimamos que no van a existir esos casos, pero pueden haberlos".
Tras el 38° aniversario del golpe de Estado, Breccia explicó que el principal motivo que llevó a tomar esta decisión, fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el caso Gelman. Este fallo establece "en el numeral 11 que el Estado debe garantizar" que la ley de Caducidad no interfiera en las investigaciones. Por otra parte, el secretario de Presidencia anunció que en cumplimiento del fallo de la Cidh, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia el acceso a fichas judiciales, y al Ministerio de Defensa las fichas clínicas de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Estos documentos serán estudiados por un equipo de historiadores de la Universidad de la República.
También se completará "el banco de datos genéticos, porque hay familias que no han sido contactadas para comparar material genético", expresó Breccia.
Del otro lado de la situación, los abogados que defienden a familiares de desaparecidos y los mismos familiares consideran que el gobierno se vio presionado por el fallo de la Cidh. El abogado Pablo Chargoñia expresó a Ultimas Noticias que ahora la sociedad tiene que estar alerta para velar que se concreten las investigaciones reactivadas. "Hay que tener cuidado que esto no sea solo un cumplimiento aparente, que se reabran las causas y no se indague ni se avance en las investigaciones".
Blancos y colorados tildan al decreto de inconstitucional
El senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) manifestó a Ultimas Noticias que el Poder Ejecutivo (PE) se equivoca en este tema y que el decreto es inconstitucional. "Esto violenta toda la doctrina jurídica en materia de derecho público", indicó. Consideró además que el PE no puede argumentar la ilegitimidad de los actos administrativos por inconstitucionales. "Primero porque no recurrió la ley de Caducidad y segundo porque lo que tiene que hacer el PE es aplicar la ley más allá de que pueda existir alguna acción que prosperó en su momento por inconstitucionalidad", agregó.
En ese sentido, recordó que en el año 1986, el doctor en leyes Horacio Casinelli Muñoz expresó que el gobierno no puede en un caso de presunta inconstitucionalidad declarar la ilegitimidad. "Me parece, además, que violenta los pronunciamientos populares. No puede hacerse por vía de decreto lo que no se pudo modificarse a través de la ley", aseguró. A su entender, la tesis del gobierno es equivocada, "porque incluso sería diferente si hubiera sido caso por caso, para aquellas situaciones que verdaderamente pudieran estar dentro de los términos de prescripción, los homicidios muy especialmente agravados cuya prescripción vencería en el mes de noviembre", enfatizó.
Además, consideró que "el PE se va a equivocar nuevamente en este tema y así lo va a sostener en forma pacífica toda la doctrina jurídica. Esta revocación de todos los actos administrativos al barrer, dictados incluso por el gobierno de Tabaré Vázquez, entraría dentro de los decretos inconstitucionales", insistió.
Mientras tanto, desde el Partido Colorado, el senador Ope Pasquet (Vamos Uruguay) aseguró que está en contra de la iniciativa. Argumentó que el mecanismo "implica hacer por decreto lo que no se pudo hacer por ley".
Consideró que el decreto no respeta la voluntad popular. "La ley de Caducidad fue una norma de amnistía. Eso incluso se declaró en la sentencia recaída en el caso Gelman (Macarena Gelman, hija de la desaparecida María Claudia García de Gelman), por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos", subrayó.
Señaló que el camino administrativo elegido por el PE es "retorcido y oblicuo". Indicó que el Frente Amplio (FA) "está empeñado e insiste" en no respetar a la gente "que ya se negó a anular la ley de Caducidad".
Fuente: Ultimas Noticias
Fuente: Canal 10
Preocupa Prescripción.
Preocupa a integrantes del Poder Judicial la prescripción de los delitos por violación a los derechos humanos debido al poco margen de tiempo que tiene la Justicia para actuar, ya que en cinco meses prescriben. Los procesos judiciales son extensos y, tanto recabar las pruebas como testimonios lleva mucho tiempo, por lo que la Justicia no puede fallar antes de este plazo si se desarchivan los casos y la Justicia no los tipifica como delitos de lesa humanidad, según explicaron las fuentes.
A su vez, la representante del Ministerio Público Mirtha Guianze considera necesario que el Parlamento cree una ley para evitar la prescripción de los delitos por violaciones a los derechos humanos.
Guianze expresó ayer que debería existir una “solución legislativa”. La fiscal considera que con la aprobación de un nuevo marco legal que postergue la prescripción se "fortalece el sistema de investigación y el sistema de Justicia" para trabajar estos casos con los debidos plazos judiciales y las garantías necesarias que permitan obtener más pruebas.
La fiscal sostiene que si bien los delitos son de lesa humanidad, sería positivo un nuevo marco legal ya que "la Corte Interamericana de Justicia dijo que no debe haber obstáculos de ningún tipo".
Por otra parte, el abogado de militares Emilio Micolick considera que ya prescribieron todos los delitos por lo que la Justicia está actuando de forma errada. "Todos los delitos que se están juzgando, más los que están en la vuelta y los 88 que vengan están prescriptos, es una realidad. También es una realidad que pese a esto se están juzgando todos, porque las excepciones a la prescripción se han interpuesto. Sin duda que se está yendo en contra de la ley", explicó a Ultimas Noticias.
Según explicaron fuentes judiciales a este medio, el desarchivo también genera un "debate jurídico" ya que hay que estudiar si se puede aplicar el decreto debido a que la ley de Caducidad aún está vigente. Por lo que es necesario anularla para no generar ningún tipo de interferencia.
Allí también es necesario estudiar los principios de inocencia, legalidad y garantía jurídica porque pueden interferir con el decreto que autoriza el desarchivo de la causa.
A su vez, la representante del Ministerio Público Mirtha Guianze considera necesario que el Parlamento cree una ley para evitar la prescripción de los delitos por violaciones a los derechos humanos.
Guianze expresó ayer que debería existir una “solución legislativa”. La fiscal considera que con la aprobación de un nuevo marco legal que postergue la prescripción se "fortalece el sistema de investigación y el sistema de Justicia" para trabajar estos casos con los debidos plazos judiciales y las garantías necesarias que permitan obtener más pruebas.
La fiscal sostiene que si bien los delitos son de lesa humanidad, sería positivo un nuevo marco legal ya que "la Corte Interamericana de Justicia dijo que no debe haber obstáculos de ningún tipo".
Por otra parte, el abogado de militares Emilio Micolick considera que ya prescribieron todos los delitos por lo que la Justicia está actuando de forma errada. "Todos los delitos que se están juzgando, más los que están en la vuelta y los 88 que vengan están prescriptos, es una realidad. También es una realidad que pese a esto se están juzgando todos, porque las excepciones a la prescripción se han interpuesto. Sin duda que se está yendo en contra de la ley", explicó a Ultimas Noticias.
Según explicaron fuentes judiciales a este medio, el desarchivo también genera un "debate jurídico" ya que hay que estudiar si se puede aplicar el decreto debido a que la ley de Caducidad aún está vigente. Por lo que es necesario anularla para no generar ningún tipo de interferencia.
Allí también es necesario estudiar los principios de inocencia, legalidad y garantía jurídica porque pueden interferir con el decreto que autoriza el desarchivo de la causa.
Fuente: Ultimas Noticias
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A Investigar se ha Dicho.
El gobierno pidió las fichas clínicas y judiciales de la dictadura al Ministerio de Defensa y a la Suprema Corte de Justicia.
El Poder Ejecutivo quiere investigar datos de la dictadura en esos archivos. La tarea será cumplida por historiadores que trabajan en la órbita de Presidencia de la República.
Estos especialistas integran el equipo de investigadores de la comisión de seguimiento, ex comisión para la paz, en convenio con la Universidad de la República.
Al mismo tiempo Presidencia anunció que se espera completar en breve el banco de datos genéticos.
Muchos familiares de víctimas de desaparición forzada todavía no fueron contactados para obtener de ellos muestras genéticas.
Esas muestras servirán para su comparación ante eventuales hallazgos.
El Poder Ejecutivo quiere investigar datos de la dictadura en esos archivos. La tarea será cumplida por historiadores que trabajan en la órbita de Presidencia de la República.
Estos especialistas integran el equipo de investigadores de la comisión de seguimiento, ex comisión para la paz, en convenio con la Universidad de la República.
Al mismo tiempo Presidencia anunció que se espera completar en breve el banco de datos genéticos.
Muchos familiares de víctimas de desaparición forzada todavía no fueron contactados para obtener de ellos muestras genéticas.
Esas muestras servirán para su comparación ante eventuales hallazgos.
Fuente: Canal 10
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