Zamin Ferrous ¿Y Ahora Qué?
Poco a poco, se ha ido develando la historia por detrás del maravilloso proyecto de inversión para la explotación de las enormes reservas de hierro del país por una empresa familiar india enamorada del Uruguay. El gobierno y la población no saben exactamente aún qué llevó a que Zamin Ferrous decidiera “rebajar la prioridad” de su proyecto estrella.
Víctor L. Bacchetta
¿Suspendieron el proyecto o es una “presión” para acelerarlo? El envío al Seguro de Paro, ¿es real o es otra “presión”, utilizando a los trabajadores como rehenes? En medio de la decepción, algunos no dudan en achacar a sus rivales políticos la responsabilidad de haber “ahuyentado a los inversores” y en el gobierno se buscan medidas para paliar los impactos sociales negativos, algo que no habían mostrado hasta ahora.
Mientras el secretario de la Presidencia exhorta a “no vociferar contra las inversiones” y el ministro de Trabajo asegura que “el hierro nos dará la revolución productiva”, lo que menos se hace es analizar los datos y los fundamentos del problema. Se convocó a una comisión multipartidaria para definir la estrategia minera del país, pero los términos de referencia fijados por el Ejecutivo revelan que solo se sigue pensando en Aratirí.
Se caen las máscaras
En primer lugar, hay que ver de dónde partió la propuesta del proyecto de inversión o, en otros términos, con quién está tratando el gobierno. La firma internacional Zamin Ferrous, aparte de adoptar un nombre indígena – Aratirí, relámpago en guaraní – y de contratar de gerente a un uruguayo conocido, Fernando Puntigliano, se presentó como una empresa familiar de capitales indios que iba a estar largos años en Uruguay.
Fue necesario – por obra de circunstancias insospechadas – que el Parlamento discutiera el tratado de inversiones con la India, y que éste fuera cuestionado por incluir una frase en la que se prohíben nacionalizaciones, para que el Canciller saliera a decir que este tratado no es aplicable a Zamin porque esta empresa no es india, sino originaria de Jersey, por lo que le correspondería el tratado de inversiones con el Reino Unido.
El cuento de que Zamin era una empresa india llegó al extremo de que Puntigliano integró el grupo de empresarios que formó parte de la delegación uruguaya de visita en la India, en febrero pasado, y que la comitiva oficial, encabezada por el vicepresidente Danilo Astori y el ministro Roberto Kreimerman, fuera homenajeada con una cena ofrecida por Zamin Ferrous – Minera Aratirí, empresa que no tiene dependencias en aquel país.
Pero tampoco el tratado con el Reino Unido es aplicable a Zamin. Por un estatuto especial, Jersey – una isla del Canal de la Mancha – es una dependencia de la Corona Británica pero no integra el Reino Unido ni la Unión Europea. Los servicios financieros constituyen un 60% de la economía de la isla, que es conocida como uno de los principales centros financieros extraterritoriales del mundo. Zamin opera desde un paraíso fiscal.
En la entrevista concedida a Voces el 14 de julio último, el presidente de Zamin, Pramod Agarwal, manifestó: “Estoy decidido a jugarme por Uruguay y quedarme aquí por mucho, mucho tiempo”(sic). No obstante, cuando Puntigliano comunicó el “enlentecimiento” de las inversiones de Aratirí en Uruguay, no lo atribuyó a su amigo indio, ni a una decisión de la familia, sino a los bancos de inversión con los que opera Zamin.
Para una inversión anunciada de 3.000 millones de dólares, el negocio estará siempre por encima de las declaraciones de amor. Zamin Ferrous, una empresa “junior” típica de las que se dedican a detectar proyectos de negocios, para venderlos luego a un interesado capaz de explotarlos, debe mantenerse muy atenta a los vaivenes del mercado internacional de metales, inmerso hoy por la crisis en una gran vorágine especulativa.
El marco internacional
Uruguay es un país insignificante dentro de la minería regional y mundial; puede aceptar o rechazar las reglas que rigen en este sector, pero es absurdo pensar que va a cambiarlas. Sectores del gobierno y los partidos entusiasmados con el proyecto de Aratirí empezaron a barajar fórmulas con una lógica muy uruguaya, aparentemente sin percibir el significado de las señales que estaban enviando al exterior con tales propuestas.
Que el presidente diga que recurrirá a un “plebiscito“, por más que seguidamente le cambie el sentido; que un legislador favorable al proyecto comience a hablar de “nacionalización”; que sea recibido por el presidente y salga de la audiencia diciendo que su propuesta fue bien acogida; que agregue el criterio de “fifty-fifty” como posible reparto de las ganancias con la minera, son señales que ahuyentan a cualquier inversor del ramo.
Un informe recién publicado de la consultora Ernst & Young (E&Y) sobre los 10 mayores “riesgos de negocios” existentes en el sector de minería y metales para 2011 y 2012 pone al “resource nationalism” (nacionalismo de los recursos) en primer lugar. E&Y informó que “en los últimos 12 a 18 meses, 25 países han aumentado o anunciado intenciones de aumentar la cuota parte de sus gobiernos a través de impuestos o regalías”.
Para E&Y, “el nacionalismo de los recursos refleja la expectativa existente en los gobiernos de que el sector (de minería y metales) debería estar haciendo una contribución mayor por el derecho a explotar recursos naturales”. La consultora llama nacionalismo de los recursos a algo muy distante de lo que entendemos por “nacionalización”, pero incluso el “fifty-fifty” como punto a discutir con el país sede es un escándalo para las mineras.
Que Puntigliano explique la decisión de Zamin por el “alto grado de discusión política” del tema es una forma diplomática de indicar el punto sensible de los inversores. Aratirí es hoy propietaria de tierras en la zona y mantiene los permisos de prospección y exploración en unas 110.000 ha. Por lo tanto, buscará seguir o rehacer el negocio si tiene la ocasión y no puede quedar en malos términos con sus socios y colaboradores locales.
No solo aquellas actitudes pueden inquietar a los inversores. El conflicto de la empresa con los productores y las ambiguedades en sus informes públicos, las explicaciones insuficientes del gobierno, inclusive en la interpelación parlamentaria hecha a tres ministros, reforzaron la desconfianza en un amplio espectro político y social. El cuarto factor de riesgo señalado por E&Y en la minería de hoy es “mantener una licencia social para operar”.
La razón del artillero
Estudios detallados del yacimiento de Valentines realizados en el pasado determinaron que posee un tenor promedio de 30% de hierro. A mediados de los años 60 se propuso y se descartó una extracción de 500.000 toneladas anuales para producir y venderle pellets a la Argentina. De ahí en adelante no resultó rentable explotar los yacimientos uruguayos por el predominio mundial de enormes yacimientos de un tenor superior al 60%.
La extracción del hierro de Valentines, que debe ser concentrado para venderlo, se explica económicamente porque, en los últimos cuatro años, el precio del metal se multiplicó por cinco. Cientos de proyectos están siendo estimulados por una mayor demanda de los países asiáticos y los efectos de la crisis financiera internacional de 2008, pero apenas comiencen a producir yacimientos más ricos, los pobres volverán a ser desplazados.
En esta coyuntura, tener hierro para vender es un negocio brutal, pero una demora puede determinar el fracaso del proyecto y hay que saber si las reservas son suficientes como para justificar las estimaciones de la producción y de su valor. En una presentación en la Facultad de Ciencias, el ingeniero Crocce argumentó que las exploraciones de Aratirí constituyen un aporte a la soberanía nacional, pero por ahora son un secreto comercial.
Las últimas cifras disponibles por el estado uruguayo fueron calculadas por técnicos de las Naciones Unidas(1) en los años 70 del siglo pasado. Con perforaciones de 150 metros de profundidad, las reservas posibles de hierro en la zona de Valentines fueron estimadas en 60 millones de toneladas (Mt) de mineral. Con perforaciones de hasta 450 metros de profundidad, Aratirí declaró en junio de este año reservas de 1.400 Mt.
Con esas reservas, la extracción del mineral, a razón de 55 Mt anuales, como prevé Aratirí, podría durar unos 25 años. En otra presentación, Puntigliano afirmó que el recurso podría aumentar de 4.000 a 5.000 Mt, lo que extendería la extracción por unas tres décadas más. Últimamente, han dicho que la vida de la mina podría llegar a 90 años. Fuentes técnicas consultadas ponen en cuestión la confiabilidad de estas estimaciones.
Esos saltos en las reservas de hierro, como en el monto de la inversión, que en un año se elevó de 2.000 a 3.000 millones de dólares, también están sembrando dudas desde el ángulo político y comercial. Tales aumentos podrían ser funcionales, por una parte, para justificar la relación de la mina con un puerto particular de aguas profundas y, por la otra, para atraer inversores y/o para encubrir otras operaciones financieras.
¿Un nuevo escenario?
La creación de una comisión multipartidaria para generar un consenso en torno al tema fue precipitada por el revuelo político que generó la decisión de Zamin de modificar la prioridad de su proyecto en Uruguay, pero las insuficiencias de la propia convocatoria, la ansiedad del gobierno por los plazos y el control de sus resultados, en medio de presiones a favor de la empresa Aratirí, pueden conducir simplemente a nuevas frustraciones.
El último viernes, a la salida de la primera reunión de la comisión, el representante del Poder Ejecutivo, Pedro Buonomo, dijo a la prensa: “La consulta que planteó el presidente hoy está canalizada en este ámbito, que es multipartidario, representativo de toda la sociedad, donde a través de los partidos políticos la sociedad se expresa sobre las líneas estratégicas“(sic). No es frecuente reunir en una declaración tan breve tantas inexactitudes.
El presidente no planteó en concreto ninguna consulta; la comisión no congrega a todos los partidos políticos sino solo a aquellos con representación parlamentaria; esos partidos no son ni se reivindican a sí mismos como representativos de toda la sociedad uruguaya, que cuenta con una amplia gama de organizaciones sociales, culturales y políticas, ni tampoco son ni se reivindican como expresión de las líneas estratégicas del país.
Buonomo agregó que buscarán definiciones que enmarquen algunos acuerdos básicos para darle a la sociedad determinadas garantías y señales claras al sector público y al sector privado respecto a qué es lo que espera el Uruguay y de qué forma va a tratar este recurso, porque se trata de “recursos no renovables que tiene el país con un importante potencial económico e importantes impactos a niveles ambientales y sociales”(sic).
La Comisión se fijó un plazo de 60 días para llegar a un pronunciamiento. ¿A alguien se le puede ocurrir que en ese plazo y en ese ámbito puedan definirse, en representación de toda la sociedad, las líneas estratégicas sobre el manejo futuro de la minería en el país? La única lógica posible para cumplir esos términos de referencia es lograr un acuerdo interpartidario para garantizar el apoyo político parlamentario al proyecto de Zamin Ferrous.
Los miembros de la Comisión tendrán que decidir si se prestan para ese fin, algo bastante difícil a esta altura en la medida que este proyecto de inversión y la estrategia de desarrollo que representa está trazando una línea divisoria adentro mismo de esos partidos. Aunque se intente ignorarlo por todas las vías posibles, con estas condiciones políticas, el debate abierto y la consulta a toda la ciudadanía parece cada vez más inevitable.
Notas:
(1) Recursos minerales del Uruguay, Jorge Bossi y Rosa Navarro, 2000.
(1) Recursos minerales del Uruguay, Jorge Bossi y Rosa Navarro, 2000.
Fuente: Observatorio Minero del Uruguay
Una PPP.
El presidente José Mujica se mostró partidario de una asociación público-privada en el área minera en su audición de este jueves en M24. El mandatario también instó a los partidos políticos a que pongan en agenda la discusión sobre las asociaciones público-privadas.
“Esa industrialización (en la minería) debiera darse en una asociación de lo público y lo privado. Donde lo privado debiera de servir como un elemento que tienda a controlar las tendencias al burocratismo que suelen estar adentro del Estado”, comentó.
La situación de la minería en Uruguay es tema de discusión luego de que el grupo indio Zamin Ferrous realizara gestiones para instalar la minera Aratirí en el país. La instalación generó un debate político y la empresa anunció que pasaba el proyecto de primer lugar a cuarto lugar en sus prioridades. Luego, el mandatario llamó a conformar una comisión interpartidaria que ya se reunió.
Mujica agregó que esa asociación choca con algunos prejuicios y que “no tiene un marco jurídico afinado”. “Estos problemas de fondo no ocupan nuestra agenda. Siendo problemas centrales hacia el porvenir, por las dificultades que tienen, los vamos dejando de costado. Mientras tanto, remendamos la situación, multiplicando las distintas agencias públicas y de derecho privado. Son tantas que una de las cosas pendientes y que tenemos que hacer de forma inmediata es darnos una forma jurídica que nos permita controlarlas”, expresó.
La ley de participación público-privada (PPP) generó cruces en la interna del Frente Amplio
porque algunos sectores entendían que el Estado perdía poder frente a los privados. Finalmente fue aprobada por el Parlamento.
Aquejado por la tos, debido a la gripe que padece, el presidente hizo referencia a la reforma del Estado. Señaló que en los últimos 15 o 20 años “por el hecho de ser incapaces de aggiornar el derecho público a los cambios”, se ha creado un “estadito paralelo” formado por un conjunto enorme de instituciones públicas pero de derecho privado. “¿Por qué? Porque en el derecho público como está todo se hace difícil, por momentos imposible”, comentó. “Por qué el Uruguay que se ha pasado hablando de la reforma del Estado no ha podido enfrentar el problema de los cambios necesarios en primer término en todo el conjunto que componen esos capítulos del derecho público”, se preguntó. Agregó que concibe al Estado para un país pequeño, como una “herramienta central”, a pesar de todos los defectos que pueda tener. “Nuestra preocupación no es su liquidación, por el contrario, es su rejuvenecimiento”, dijo.
“Hay intereses que conviene que sean manejados, sobre todo en un país pequeño, por el Estado. Pero esta afirmación no nos puede apartar de la evidencia de las patologías que tiene el Estado”, señaló.
“Los partidos políticos del Uruguay no asumen esta tarea que es eminentemente policita. Los gobiernos pasan, los partidos permanecen (…) No la podrán llevar adelante los gobiernos si los partidos no establecen su agenda en un problema nacional de tal importancia”, agregó.
Mujica indicó que el Estado debe ser más eficiente porque su cometido es defender el interés general. “Mal papel hacemos aquellos que creemos que en un país pequeño el Estado tiene que ser un verdadero ariete para el desarrollo y seguimos manteniendo los vicios cobijados por intereses pequeños, por visiones corporativas, por un puñadito de votos, por mezquindades, y no tenemos el coraje cívico de defenderlo en la lucha de transformarlo en una cosa eficiente”. Para el mandatario hay responsabilidades de “derecha y también de izquierda”. “Es una cuenta pendiente, mucho más pendiente, para los que tenemos una visión de carácter progresista”.
“Esa industrialización (en la minería) debiera darse en una asociación de lo público y lo privado. Donde lo privado debiera de servir como un elemento que tienda a controlar las tendencias al burocratismo que suelen estar adentro del Estado”, comentó.
La situación de la minería en Uruguay es tema de discusión luego de que el grupo indio Zamin Ferrous realizara gestiones para instalar la minera Aratirí en el país. La instalación generó un debate político y la empresa anunció que pasaba el proyecto de primer lugar a cuarto lugar en sus prioridades. Luego, el mandatario llamó a conformar una comisión interpartidaria que ya se reunió.
Mujica agregó que esa asociación choca con algunos prejuicios y que “no tiene un marco jurídico afinado”. “Estos problemas de fondo no ocupan nuestra agenda. Siendo problemas centrales hacia el porvenir, por las dificultades que tienen, los vamos dejando de costado. Mientras tanto, remendamos la situación, multiplicando las distintas agencias públicas y de derecho privado. Son tantas que una de las cosas pendientes y que tenemos que hacer de forma inmediata es darnos una forma jurídica que nos permita controlarlas”, expresó.
La ley de participación público-privada (PPP) generó cruces en la interna del Frente Amplio
porque algunos sectores entendían que el Estado perdía poder frente a los privados. Finalmente fue aprobada por el Parlamento.
Aquejado por la tos, debido a la gripe que padece, el presidente hizo referencia a la reforma del Estado. Señaló que en los últimos 15 o 20 años “por el hecho de ser incapaces de aggiornar el derecho público a los cambios”, se ha creado un “estadito paralelo” formado por un conjunto enorme de instituciones públicas pero de derecho privado. “¿Por qué? Porque en el derecho público como está todo se hace difícil, por momentos imposible”, comentó. “Por qué el Uruguay que se ha pasado hablando de la reforma del Estado no ha podido enfrentar el problema de los cambios necesarios en primer término en todo el conjunto que componen esos capítulos del derecho público”, se preguntó. Agregó que concibe al Estado para un país pequeño, como una “herramienta central”, a pesar de todos los defectos que pueda tener. “Nuestra preocupación no es su liquidación, por el contrario, es su rejuvenecimiento”, dijo.
“Hay intereses que conviene que sean manejados, sobre todo en un país pequeño, por el Estado. Pero esta afirmación no nos puede apartar de la evidencia de las patologías que tiene el Estado”, señaló.
“Los partidos políticos del Uruguay no asumen esta tarea que es eminentemente policita. Los gobiernos pasan, los partidos permanecen (…) No la podrán llevar adelante los gobiernos si los partidos no establecen su agenda en un problema nacional de tal importancia”, agregó.
Mujica indicó que el Estado debe ser más eficiente porque su cometido es defender el interés general. “Mal papel hacemos aquellos que creemos que en un país pequeño el Estado tiene que ser un verdadero ariete para el desarrollo y seguimos manteniendo los vicios cobijados por intereses pequeños, por visiones corporativas, por un puñadito de votos, por mezquindades, y no tenemos el coraje cívico de defenderlo en la lucha de transformarlo en una cosa eficiente”. Para el mandatario hay responsabilidades de “derecha y también de izquierda”. “Es una cuenta pendiente, mucho más pendiente, para los que tenemos una visión de carácter progresista”.
Fuente: Observa
El Hierro que está Debajo de la Piedra.
Autor: Senador Jorge Saravia.
El proyecto de la minera Aratirí es perjudicial para el Uruguay. Hubiera sido lógico que, por su alcance, fuera informado oportunamente a los partidos.
Siendo Aratirí el emprendimiento más importante de la vida moderna de nuestro país, lo lógico hubiera sido que dicho tema, por su alcance y consecuencias, fuera informado oportunamente por los organismos competentes a todos los partidos políticos.
Sin embargo, no fue así y el tema llega a conocimiento público gracias a los denodados esfuerzos de distintos actores políticos y sociales que están intentando arrojar luz para esclarecer los entretelones de un negocio opacado por la falta de información, las suspicacias y las dudas, poniendo de manifiesto una vez más la escasa o nula capacidad para tomar decisiones y liderar una gestión con más dudas que certezas.
Considero que el proyecto Aratirí por sus características es altamente perjudicial para el Uruguay dada la incompatibilidad de la minería a cielo abierto con la producción de alimentos en forma natural, algo que hoy distingue a nuestro país.
No creo que sea acertado comprometer por los próximos 30 años nuestro sistema de producción, cuando no sabemos aún si el negocio es bueno para el país, además Aratirí afectará directamente algo más de 100.000 hectáreas.
El canon a recibir por el Estado sería de 500 millones de dólares, por el hierro que se extrae, que se llevan y que después nos venden convertido en acero y en 30 años nos dejan un cráter y transforman en un desierto toda la zona afectada.
Además, el puerto proyectado también compromete una de las zonas costeras más visitadas por turistas de todo el mundo.
En resumen: el único argumento válido que se maneja hasta el momento para autorizar este emprendimiento es el de la supuesta diferencia en los salarios a recibir entre los trabajadores rurales de la zona y los operarios de la mina, pero a los efectos, considero que no es suficiente para hipotecar el futuro de todo un país.
Es importante resaltar que el pasado 10 de agosto del corriente, en el Senado se votó un Tratado de Protección de Inversiones con la India, que tuvo un solo voto en contra, el nuestro. Creo que los tratados de protección de inversiones con distintos países permiten una apertura para la inversión. Pero el argumento de que el hindú que está tras la inversión de Aratirí vive en Inglaterra y que los capitales no provienen de India es muy cuestionable. Tampoco son solo 150.000 hectáreas las que están en juego con el tema del hierro y otros minerales, hay aparentemente más hectáreas declaradas, también es cierto que aparte de la minera Aratirí hay unas cuantas decenas de sociedades registradas esperando hacerse de recursos para sus inversiones y que también provienen de India, solo haría falta hurgar en algunos escritorios de la Ciudad Vieja para encontrarlas.
En el mencionado Tratado (que no votamos) y referente al tema de las expropiaciones, en su artículo 5, entre otras cosas dice: las inversiones de inversores de cualquiera de las Partes Contratantes no serán nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medida que tengan en el territorio de la otra Parte Contratante efecto equivalente a la nacionalización o la expropiación.
Nos preguntamos: ¿A través de estos tratados y leyes de Protección, no estaremos entregando "ingenuamente" recursos estratégicos que le pertenecen a las futuras generaciones, prácticamente a cambio de nada?
Siendo Aratirí el emprendimiento más importante de la vida moderna de nuestro país, lo lógico hubiera sido que dicho tema, por su alcance y consecuencias, fuera informado oportunamente por los organismos competentes a todos los partidos políticos.
Sin embargo, no fue así y el tema llega a conocimiento público gracias a los denodados esfuerzos de distintos actores políticos y sociales que están intentando arrojar luz para esclarecer los entretelones de un negocio opacado por la falta de información, las suspicacias y las dudas, poniendo de manifiesto una vez más la escasa o nula capacidad para tomar decisiones y liderar una gestión con más dudas que certezas.
Considero que el proyecto Aratirí por sus características es altamente perjudicial para el Uruguay dada la incompatibilidad de la minería a cielo abierto con la producción de alimentos en forma natural, algo que hoy distingue a nuestro país.
No creo que sea acertado comprometer por los próximos 30 años nuestro sistema de producción, cuando no sabemos aún si el negocio es bueno para el país, además Aratirí afectará directamente algo más de 100.000 hectáreas.
El canon a recibir por el Estado sería de 500 millones de dólares, por el hierro que se extrae, que se llevan y que después nos venden convertido en acero y en 30 años nos dejan un cráter y transforman en un desierto toda la zona afectada.
Además, el puerto proyectado también compromete una de las zonas costeras más visitadas por turistas de todo el mundo.
En resumen: el único argumento válido que se maneja hasta el momento para autorizar este emprendimiento es el de la supuesta diferencia en los salarios a recibir entre los trabajadores rurales de la zona y los operarios de la mina, pero a los efectos, considero que no es suficiente para hipotecar el futuro de todo un país.
Es importante resaltar que el pasado 10 de agosto del corriente, en el Senado se votó un Tratado de Protección de Inversiones con la India, que tuvo un solo voto en contra, el nuestro. Creo que los tratados de protección de inversiones con distintos países permiten una apertura para la inversión. Pero el argumento de que el hindú que está tras la inversión de Aratirí vive en Inglaterra y que los capitales no provienen de India es muy cuestionable. Tampoco son solo 150.000 hectáreas las que están en juego con el tema del hierro y otros minerales, hay aparentemente más hectáreas declaradas, también es cierto que aparte de la minera Aratirí hay unas cuantas decenas de sociedades registradas esperando hacerse de recursos para sus inversiones y que también provienen de India, solo haría falta hurgar en algunos escritorios de la Ciudad Vieja para encontrarlas.
En el mencionado Tratado (que no votamos) y referente al tema de las expropiaciones, en su artículo 5, entre otras cosas dice: las inversiones de inversores de cualquiera de las Partes Contratantes no serán nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medida que tengan en el territorio de la otra Parte Contratante efecto equivalente a la nacionalización o la expropiación.
Nos preguntamos: ¿A través de estos tratados y leyes de Protección, no estaremos entregando "ingenuamente" recursos estratégicos que le pertenecen a las futuras generaciones, prácticamente a cambio de nada?
Fuente: Ultimas Noticias
Nuevas Minas.
La Comisión Multipartidaria para el estudio de la "minería de gran porte" se reunió por segunda vez este jueves en la Torre Ejecutiva.
El encuentro marcó el comienzo formal del trabajo de la comisión, que acordó iniciar el estudio de las condiciones del país para desarrollar emprendimientos mineros en base a los cuatro ejes propuestos por el ministro de Industria Roberto Kreimerman.
El diputado del Partido Colorado Walter Verri dijo a Montevideo Portal que en la sesión de este jueves el ministro Kreimerman informó a los representantes de los partidos los detalles de la industria minera en Uruguay, indicando cuánto se produce en el sector y que emprendimientos funcionan en la actualidad.
Verri comentó que, según el ministro de Industria, además del proyecto de Aratirí y el vinculado a la extracción de oro que opera en Rivera desde hace más de diez años, existe un nuevo proyecto destinado a la extracción de hierro que pretende instalarse pronto.
El legislador adelantó que la comisión definirá en su próximo encuentro los grupos de trabajo para trabajar en los cuatro ejes definidos por el gobierno: social, ambiental, económico y de gobernanza. "La idea es trabajar en los ejes social y ambiental por un lado, y lo económico y de gobernanza por otro" explicó Verri.
El colorado recordó que, cuando se analice la cuestión ambiental, el Partido Colorado "reivindicará" el proyecto presentado por el senador Pedro Bordaberry para restringir la minería a cielo abierto. Verri comentó que el objetivo del proyecto es mejorar las exigencias ambientales que el país pone a este tipo de emprendimientos, buscando que Uruguay tenga "los mismos requerimientos de la Unión Europea".
Verri criticó los dichos del presidente José Mujica en su audición radial en M24, indicando que "Mujica dejó entrever que el Estado se tiene que asociar con Aratirí pero creemos que el presidente se equivoca al centrar la opinión en lo económico y no en lo ambiental". Para el legislador es necesario que el Estado defina "qué tipo de minería queremos".
En ese sentido, Verri sostuvo que es necesario definir "qué es minería de gran porte" ya que "no es lo mismo definir el tamaño de un emprendimiento por el tamaño del terreno, por su índice CONEAT o por la rentabilidad del suelo".
Fuente: Montevideo Portal
Kreimerman entregó informe sobre minería de gran porte.
Fuente: Teledoce
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