El Gobierno le Paso la Pelota a la Justicia.
El presidente José Mujica firmó ayer el decreto para eliminar los actos administrativos de gobiernos anteriores al de Tabaré Vázquez, que impidieron investigar causas de violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura (1973-1985). A su vez, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) adelantó que los jueces determinarán si hay mérito suficiente para reabrir las causas.
Según explicó el ministro de la SCJ Jorge Larrieux a Ultimas Noticias, "no hay otra actividad que le corresponda a la Corte. Es cuestión de cada juez" perteneciente a la sede donde se archivó la causa, reactivar o no la investigación.
El decreto suscrito ayer estableció: "Revócase por razones de legitimidad todos los actos administrativos y mensajes emanados del Poder Ejecutivo en aplicación del artículo 3° de la Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida ley y en su lugar declárase que dichos hechos no estaban comprendidos en la citada norma legal". En aplicación de este criterio, la SCJ se limitará a realizar los oficios individualizados para remitir a cada sede judicial donde se adjuntará la resolución del Poder Ejecutivo.
Breccia dijo ayer a Ultimas Noticias que ninguna familia se comunicó con el Poder Ejecutivo para impedir el desarchivo. El miércoles, en un encuentro con medios uruguayos en Paraguay, el mandatario explicó su medida: "El decreto fue porque se planteaba sacar otra ley, se empieza a discutir y todo eso, y estamos convencidos de que si la Justicia tiene algo que laudar, que lo laude lo más rápidamente posible a ver si superamos esto".
Sobre las horas de espera para firmar el decreto, indicó que "tiene sentido esperar, porque usted puede estar involucrado como familiar directo y no quiere que se entre a tocar eso. Eso está en el fuero íntimo de cada persona. No hemos recibido, pero yo he oído manifestaciones muy duras al respecto de alguna gente, y pienso que hay que respetar".
El decreto, publicado ayer en el sitio web de la Presidencia, estableció que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), emitida el 24 de febrero de 2011, dispuso que "el Estado debe garantizar que la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848), al carecer de efectos por la incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos". A su vez, la sentencia estableció que las autoridades deben "abstenerse" de activar o utilizar actos referidos a "prescripciones, retroactividad o cosa juzgada", por lo que el Poder Ejecutivo también consideró este aspecto dentro del decreto.
También indicó que Uruguay ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 1985, por lo que debe obedecer a las exigencias realizadas por la Cidh en la materia.
Por otra parte, enfatizó que a pesar del resultado negativo en dos consultas populares sobre la derogación y anulación de la ley de Caducidad, la Cidh considera que "ello no ha legitimado el proceder de Uruguay ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos". Por este motivo, el Poder Ejecutivo debe derogar los actos administrativos que permitieron el archivo de las 80 causas.
En tanto, argumentó que por estos motivos "la administración está obligada a revocar aquellos actos administrativos contrarios a derecho, de oficio o a petición de parte, lo que constituye jurisprudencia constante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)".
Por lo tanto, indicó que el TCA sostiene que "los actos que adolecen de ilegalidad" no pueden generar derechos ni intereses individuales que sean "protegidos por el derecho". En consecuencia, cuando la revocación de este acto es para evitar que se generen este tipo de derechos individuales, y "por razones de legitimidad, los efectos de esta se proyectan hacia el pasado".
La medida había sido anunciada el lunes por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, por motivos de "legitimidad", y tiene el objetivo de sugerir al Poder Judicial la reapertura de unos 80 casos. Mujica solicitó dejar transcurrir las horas hasta hoy para que, en caso de haber familias sin interés de reabrir las causas, puedan comunicarlo a la Presidencia.
Batlle dijo que resolución es "jurídicamente inútil"
El ex presidente Jorge Batlle aseguró que el presidente José Mujica "sabe perfectamente que la revocación de los actos administrativos de anteriores gobiernos es jurídicamente inútil, pero que lo hace "pare volver a tener el apoyo de sus correligionarios"
Batlle dijo a Ultimas Noticias que dichos actos "no son independientes, sino que forman parte del texto legal de una ley como la de Caducidad, que no ha sido derogada ni anulada". Se preguntó si "ahora los decretos derogan leyes".
El ex mandatario sostuvo que Mujica sabe que la revocación no funcionará ya que hay "cosa juzgada" pero va en función de dar los pasos necesarios en la línea que el Frente Amplio (FA) quería. Esa actitud responde a la "permanente contradicción" en la conducta del presidente, ya que "si hubiera sido tan fácil resolver el tema por un simple decreto, cabe preguntarse por qué no lo hizo Tabaré Vázquez en 2005, por qué no lo sugirieron los juristas del FA, o por qué se armó todo el lío que se armó con la ley de Caducidad, que tanto daño le hizo al país".
Pit-Cnt se reunió con Almagro por el caso Gelman
Una delegación del Pit-Cnt se reunió ayer con el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, a quien transmitió su preocupación por la necesidad de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). A su vez, se conversó sobre la demora que tuvo el gobierno en firmar el decreto que autoriza el desarchivo de las causas, la necesidad de anular la Ley de Caducidad y la imprescriptibilidad de los delitos.
"Hablamos de todo, en forma muy fuerte y frontal", expresó a Ultimas Noticias el integrante del secretariado ejecutivo del Pit-Cnt, Washington Beltrán.
Los sindicalistas coincidieron con Almagro respecto a que los crímenes cometidos durante el período de facto son imprescriptibles y consideraron que la sentencia de la Cidh veda la prescripción.
Según explicó el ministro de la SCJ Jorge Larrieux a Ultimas Noticias, "no hay otra actividad que le corresponda a la Corte. Es cuestión de cada juez" perteneciente a la sede donde se archivó la causa, reactivar o no la investigación.
El decreto suscrito ayer estableció: "Revócase por razones de legitimidad todos los actos administrativos y mensajes emanados del Poder Ejecutivo en aplicación del artículo 3° de la Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida ley y en su lugar declárase que dichos hechos no estaban comprendidos en la citada norma legal". En aplicación de este criterio, la SCJ se limitará a realizar los oficios individualizados para remitir a cada sede judicial donde se adjuntará la resolución del Poder Ejecutivo.
Breccia dijo ayer a Ultimas Noticias que ninguna familia se comunicó con el Poder Ejecutivo para impedir el desarchivo. El miércoles, en un encuentro con medios uruguayos en Paraguay, el mandatario explicó su medida: "El decreto fue porque se planteaba sacar otra ley, se empieza a discutir y todo eso, y estamos convencidos de que si la Justicia tiene algo que laudar, que lo laude lo más rápidamente posible a ver si superamos esto".
Sobre las horas de espera para firmar el decreto, indicó que "tiene sentido esperar, porque usted puede estar involucrado como familiar directo y no quiere que se entre a tocar eso. Eso está en el fuero íntimo de cada persona. No hemos recibido, pero yo he oído manifestaciones muy duras al respecto de alguna gente, y pienso que hay que respetar".
El decreto, publicado ayer en el sitio web de la Presidencia, estableció que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), emitida el 24 de febrero de 2011, dispuso que "el Estado debe garantizar que la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848), al carecer de efectos por la incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos". A su vez, la sentencia estableció que las autoridades deben "abstenerse" de activar o utilizar actos referidos a "prescripciones, retroactividad o cosa juzgada", por lo que el Poder Ejecutivo también consideró este aspecto dentro del decreto.
También indicó que Uruguay ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 1985, por lo que debe obedecer a las exigencias realizadas por la Cidh en la materia.
Por otra parte, enfatizó que a pesar del resultado negativo en dos consultas populares sobre la derogación y anulación de la ley de Caducidad, la Cidh considera que "ello no ha legitimado el proceder de Uruguay ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos". Por este motivo, el Poder Ejecutivo debe derogar los actos administrativos que permitieron el archivo de las 80 causas.
En tanto, argumentó que por estos motivos "la administración está obligada a revocar aquellos actos administrativos contrarios a derecho, de oficio o a petición de parte, lo que constituye jurisprudencia constante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)".
Por lo tanto, indicó que el TCA sostiene que "los actos que adolecen de ilegalidad" no pueden generar derechos ni intereses individuales que sean "protegidos por el derecho". En consecuencia, cuando la revocación de este acto es para evitar que se generen este tipo de derechos individuales, y "por razones de legitimidad, los efectos de esta se proyectan hacia el pasado".
La medida había sido anunciada el lunes por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, por motivos de "legitimidad", y tiene el objetivo de sugerir al Poder Judicial la reapertura de unos 80 casos. Mujica solicitó dejar transcurrir las horas hasta hoy para que, en caso de haber familias sin interés de reabrir las causas, puedan comunicarlo a la Presidencia.
Batlle dijo que resolución es "jurídicamente inútil"
El ex presidente Jorge Batlle aseguró que el presidente José Mujica "sabe perfectamente que la revocación de los actos administrativos de anteriores gobiernos es jurídicamente inútil, pero que lo hace "pare volver a tener el apoyo de sus correligionarios"
Batlle dijo a Ultimas Noticias que dichos actos "no son independientes, sino que forman parte del texto legal de una ley como la de Caducidad, que no ha sido derogada ni anulada". Se preguntó si "ahora los decretos derogan leyes".
El ex mandatario sostuvo que Mujica sabe que la revocación no funcionará ya que hay "cosa juzgada" pero va en función de dar los pasos necesarios en la línea que el Frente Amplio (FA) quería. Esa actitud responde a la "permanente contradicción" en la conducta del presidente, ya que "si hubiera sido tan fácil resolver el tema por un simple decreto, cabe preguntarse por qué no lo hizo Tabaré Vázquez en 2005, por qué no lo sugirieron los juristas del FA, o por qué se armó todo el lío que se armó con la ley de Caducidad, que tanto daño le hizo al país".
Pit-Cnt se reunió con Almagro por el caso Gelman
Una delegación del Pit-Cnt se reunió ayer con el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, a quien transmitió su preocupación por la necesidad de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). A su vez, se conversó sobre la demora que tuvo el gobierno en firmar el decreto que autoriza el desarchivo de las causas, la necesidad de anular la Ley de Caducidad y la imprescriptibilidad de los delitos.
"Hablamos de todo, en forma muy fuerte y frontal", expresó a Ultimas Noticias el integrante del secretariado ejecutivo del Pit-Cnt, Washington Beltrán.
Los sindicalistas coincidieron con Almagro respecto a que los crímenes cometidos durante el período de facto son imprescriptibles y consideraron que la sentencia de la Cidh veda la prescripción.
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| Decisión. El presidente liberó a la Justicia para actuar como considere conveniente en todos los casos. |
Fuente: Ultimas Noticias
El gobierno emitió ayer la resolución anunciada el lunes por el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, en la que se revocan "por razones de legitimidad todos los actos administrativos y mensajes emanados del Poder Ejecutivo" en aplicación del artículo 3 de la Ley de Caducidad que "consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos" en ésta. "En su lugar declárase que dichos hechos no estaban comprendidos en la citada norma legal", añade. El segundo artículo establece que debe comunicarse la decisión a la Suprema Corte de Justicia. La resolución llega el mismo día en que una delegación del PIT-CNT transmitiera preocupación al canciller Luis Almagro por la forma en que el Estado uruguayo dará cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana por el caso Gelman. La semana pasada se entrevistaron con el fiscal de corte Rafael Ubiría, quien explicó que el ministerio público no recibió comunicación formal del fallo por parte del Ejecutivo, que se comprometió a informar a los otros dos poderes.
Fuente: La Diaria
La Ley de Caducidad Va Quedando de Pie.
Este jueves el presidente José Mujica firmó un decreto que habilita al Poder Judicial a reabrir unos 88 casos por crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y policías durante la última dictadura militar. Con esta medida el presidente revocó todos los actos administrativos y mensajes del Poder Ejecutivo relacionados con el artículo 3 de la Ley 15.848. "Sin perjuicio de que la Ley de Caducidad (…) ha sido aprobada en un régimen democrático y ratificada por la ciudadanía en dos oportunidades, ello no ha legitimado el proceder de la República Oriental del Uruguay ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos", explica el texto. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, explicó el alcance del decreto a radio El Espectador: “No estamos anulando la ley de caducidad”, dijo.
El jerarca indicó que el Poder Ejecutivo cumplió con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con un “deber ético a través de medios jurídicos constitucionales” de remover los obstáculos que pudieran “estar trancando la investigación” de delitos de lesa humanidad.
“Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que el Estado uruguayo debe remover aquellos obstáculos que puedan impedir las investigaciones a las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura y en segundo lugar la Suprema Corte de Justicia declaró reiteradamente la inconstitucionalidad de la ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, indicó.
Según Breccia, con este decreto el gobierno está reaplicando una ley aún vigente y dice que los hechos que se consideraron incluidos en su momento en la ley de Caducidad, no estaban incluidos en la misma. “Se están anulando los efectos del artículo que establecía que se debía realizar una consulta al Poder Ejecutivo y que éste tenía que emitir una resolución diciendo si el hecho en cuestión estaba o no incluido en la ley de Caducidad”, dijo.
Esto afecta a las resoluciones adoptadas durante los gobiernos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle.
Breccia indicó que esta resolución puede ser impugnada por varias vías y ante el tribunal de lo contencioso administrativo. De todas formas consideró que la iniciativa es “constitucional” y que con esto no se desconocen las consultas populares realizadas sobre este tema.
Breccia indicó que esta resolución puede ser impugnada por varias vías y ante el tribunal de lo contencioso administrativo. De todas formas consideró que la iniciativa es “constitucional” y que con esto no se desconocen las consultas populares realizadas sobre este tema.
Sin cambios en prescripción
El Poder Ejecutivo no tiene previsto impulsar un proyecto para modificar la prescripción de los delitos de lesa humanidad porque considera que eso debería surgir del Parlamento.
Legalmente estos delitos no podrían juzgarse después del 1° de noviembre, al cumplirse el plazo máximo de 26 años y ocho meses desde el 1° de marzo de 1985 cuando entró en vigencia la normativa.
La alternativa para impedir eso es que se apruebe una ley que modifique el Código Penal respecto a la prescripción de esos ilícitos. Breccia dijo al diario El País que el Ejecutivo no tiene previsto ampliar los plazos de prescripción. Sin embargo, la bancada del Frente Amplio entiende que el Poder Ejecutivo debe ser el que modifique la prescripción de los delitos de la dictadura.
El pasado 24 de febrero la CIDH condenó al Estado uruguayo por el caso Gelman, en lo que fue la primera condena que recibió Uruguay de parte del organismo internacional. El fallo, que además solicita la anulación de la ley de Caducidad, establece la obligatoriedad de reparar a las víctimas mediante una compensación económica.
Tras el frustrado intento en la Cámara de Diputados de aprobar el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, el Frente Amplio (FA) analiza varias alternativas para poder efectivizar esta modificación, aunque no logra consenso.
El pasado 24 de febrero la CIDH condenó al Estado uruguayo por el caso Gelman, en lo que fue la primera condena que recibió Uruguay de parte del organismo internacional. El fallo, que además solicita la anulación de la ley de Caducidad, establece la obligatoriedad de reparar a las víctimas mediante una compensación económica.
Tras el frustrado intento en la Cámara de Diputados de aprobar el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, el Frente Amplio (FA) analiza varias alternativas para poder efectivizar esta modificación, aunque no logra consenso.
Fuente: Observa
Tras la Prescripción.
Esta tarde, el canciller Luis Almagro mantendrá una reunión con el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). El objetivo del encuentro es analizar la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985), que, según un fallo de la Suprema Corte de Justicia, sería el próximo 1º de noviembre.
"Vamos a consultar a Cancillería sobre cómo está viendo el Estado el tema de llevar adelante la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", quien condenó a Uruguay a anular la Ley de Caducidad, señaló a EL PAÍS digital el diputado y dirigente por el PVP, Luis Puig.
Aunque el gobierno no logró los votos necesarios en el Parlamento para aprobar un proyecto interpretativo que dejara sin efecto tres artículos de la norma, ayer el presidente José Mujica firmó un decreto que excluye de la Ley en cuestión unos 80 casos.
Sin embargo, los plazos para desarrollar los procesos judiciales sobre esos casos parecen ser muy breves (cuatro meses hasta el 1º de noviembre). Pero según el Poder Ejecutivo tampoco prevé evitar la prescripción.
Para Puig, quien hasta antes de asumir la banca en la Cámara de Representantes fue miembro del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, "no está dicha la última palabra". Y explicó: "Hay juristas que dicen que los plazos de prescripción no se cierran en noviembre. Por lo tanto, hay que analizar esa situación. Si se llegara a la conclusión de que prescriben en noviembre, es contrario a la CIDH".
"(Y) hay constitucionalistas que plantean que en la medida que se reabren los casos no corresponde aplicar la prescripción", agregó Puig.
Fuente: El País Digital
En Democracia los Militares Siguen Robando.
Leer Más: El País Digital
Desclasificados USA.
Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos (NARA, por sus siglas en inglés) aceptó enviar un conjunto de archivos vinculados a Uruguay y fichados durante el terrorismo de Estado luego de una solicitud cursada por la cancillería uruguaya. El director del proyecto no gubernamental de Documentación del Cono Sur del Archivo de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense, Carlos Osorio, explicó a la diaria qué grupos de archivos serían útiles para nuestro país y opinó sobre qué posibilidades de acceso real hay.
En 2008, cuando Osorio visitó el país, afirmó que si Uruguay no había podido acceder a los documentos de NARA tenía que ver con que el Estado no había cursado un pedido formal. Los dichos del experto en desclasificación de archivos sobre la represión fueron en el marco de la conferencia “Desclasificación y digitalización de archivos sobre las dictaduras y las violaciones a los derechos humanos en el Cono Sur de América Latina: el aporte de NSA”, convocada por la Universidad de la República.
En ese momento, Osorio mantenía conversaciones con la administración de Tabaré Vázquez para que Uruguay realizara la solicitud de desclasificación a la NARA. Ésta se concretó en noviembre de 2010 durante este gobierno a través de la cancillería y luego de que la organización Familiares lo reclamara al titular de la cartera, Luis Almagro. En los últimos días se conoció que NARA accedió al pedido uruguayo y que el año próximo llegará "un paquete" con archivos desclasificados sobre Uruguay fechados durante el terrorismo de Estado.
En tanto, el integrante de Familiares, Ignacio Errandonea, dijo a la diaria que la cancillería solicitó a la organización que entregue un informe detallando de qué tipo de información requieren concretamente. Errandonea explicó que eso implica "un gran esfuerzo y mucho trabajo" en la medida que tienen la dificultad de no saber qué pedir sin saber qué tipo de documentación hay disponible, y además deben contar con la ayuda de expertos en la materia.
Lo que hay
Consultado por la diaria, Osorio señaló que es impredecible saber qué enviará NARA y que, por ende, los documentos pueden resultar muy valiosos o inútiles. El experto, quien se especializó en archivos de Uruguay, indicó que hay tres grupos de documentos que podrían ser de utilidad.
En el grupo de registro 59 de NARA hay cables entre embajadas y el Departamentos de Estado. En el grupo 84 hay documentos de las embajadas que no necesariamente pasaron por cables, y son informes de los cónsules, de los asesores políticos o de seguridad. El tercero, el grupo 286, contiene archivos del programa de seguridad pública de la Agencia Internacional de Desarrollo que se aplicó en los 60 y 70 a instancias de Dan Mitrione. Este programa, recordó Osorio, se suspendió en 1974 por solicitud del Congreso estadounidense, que le atribuyó actividades de entrenamiento para la tortura a policías y agencias de inteligencias en el mundo.
"Si se mandan documentos de estos grupos me saco el sombrero y aplaudo", expresó Osorio, y aclaró que algunos de éstos ya fueron desclasificados en el marco de un decreto implementado en el gobierno de Bill Clinton que obliga a ilustrar la política exterior de Estados Unidos. "Ésa es la misión de NARA", puntualizó. El grupo 84 se abrió durante la administración de George Bush a pedido del gobierno de Panamá para utilizar en la Comisión de la verdad. En Uruguay, ocho archivos de la NARA constituyeron pruebas para que la jueza Mariana Mota condenara al dictador Juan María Bordaberry por “atentado a la Constitución”.
Consultado sobre los criterios de desclasificación de NARA, Osorio señaló que los más accesibles son los del departamento de Estado pero consideró improbable que puedan conocerse archivos de la CIA o del Pentágono. "El ambiente bajo la administración de [Barack] Obama no es en apoyo de desclasificación de archivos vinculados a derechos humanos", consideró. Y añadió: "La CIA no tiene desclasificados documentos de la época. Hasta el día de hoy hay gente en el servicio diplomático que no quiere hacerlo porque entiende que eso puede afectar las relaciones entre Estados Unidos y Uruguay. Uruguay fue para Estados Unidos un caso piloto de posible aplicación de una sociedad capitalista, y por esa razón le pusieron mucha atención durante la dictadura. Es necesario advertir que no podemos esperar mucho, pero ojalá me equivoque".
Fuente: La Diaria
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