Mujica decreta ilegitimas las resoluciones de sus antecesores. La Suprema Corte recibe hoy su decisión de reabrir todas las causas amparadas en la caducidad. Los juristas proponen una ley que amplíe los plazos de prescripción de los delitos de la dictadura. No descartan derogar la ley de impunidad. Defensa de los criminales argumentará “cosa juzgada”. Hay rumores sobre el traslado de la jueza Mota.
ROGER RODRIGUEZ
rogerrordriguez@adinet.com.uy
El presidente José Mujica enviará esta tarde a la Suprema Corte de Justicia un decreto gubernamental por el que anulará, por falta de “legitimidad”, todas las resoluciones presidenciales por las que casi un centenar de denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura fueron amparadas en la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado,
La decisión del gobierno procura cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, al condenar a Uruguay por el Caso Gelman, ordenó “dejar sin efectos” lo hecho a través de la polémica Ley 15.848 que, aún fue mantenida en dos plebiscitos, contradice las normas internacionales y la propia Convención de Derechos Humanos de la OEA.
El Poder Ejecutivo anunció su decisión a través del secretario de la presidencia, Alberto Breccia, luego de la reunión de gabinete del pasado lunes y a la misma hora en que una delegación de la organización “Hijos” de desaparecidos, aguardaba en la antesala para entregar un petitorio en el que reclamaba, precisamente, la anulación de esos actos administrativos.
El anuncio de Mujica, realizado a 120 días del fallo del organismo jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos, acelera ahora los tiempos del Poder Judicial y del Poder Legislativo, los cuales, como parte del Estado uruguayo, también están obligados a cumplir el fallo y deberán encontrar soluciones a varios problemas que la situación genera.
En particular, juristas y legisladores han comenzado a analizar algún tipo de solución ante el vencimiento de los plazos de prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, que se contabilizan desde el 1º de marzo de 1985, cuando asumió el gobierno electo, hasta el 1 de noviembre de 2011, un período de 26 años y ocho meses, equivalentes a una pena máxima ampliada.
Ley de “imprescripción”
El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Milton Cairoli, como el constitucionalista José Luis Korseniak y el ex juez Federico Álvarez Petraglia, se han pronunciado sobre la posibilidad de legislar para lograr una ampliación de los plazos de prescripción a través de una norma que considere extender los tiempos de algunos delitos o establecer que no debe contabilizarse el período en el que la Ley de Caducidad impidió la acción de la justicia.
La posibilidad, no fue descartada por varios legisladores y, aunque el tema aún no se ha incluido en la agenda de las bancadas parlamentarias del oficialismo, ya se han escuchado voces que consideraron poco acertado volver a generar un debate en la interna del Frente Amplio luego de la crisis interna (renuncia de un senador, alejamiento de otro y desacato de un diputado) que provocó el fallido intento de anulación de la Ley 15.848.
Las senadoras Constanza Moreira y Mónica Xavier, durante un debate realizado esta semana en la “Casa del Pueblo” del Partido Socialista coincidieron en que sería preferible que la iniciativa legislativa parta desde el propio Poder Ejecutivo, como un modo de asegurar el apoyo de su mayoría parlamentaria sin nuevos incidentes como los sufridos semanas atrás.
La imprescriptibilidad también podría lograrse, según otras opiniones, a través de una ley interpretativa donde se reafirme que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y perseguibles en forma retroactiva, para evitar situaciones como la provocada por un reciente fallo de la SCJ que consideró los casos de desaparición como homicidio especialmente agravado.
El carácter de delito contra la humanidad de los casos de tortura, por ejemplo, fue el centro de los debates del 2º Encuentro Latinoamericano por Memoria, Verdad y Justicia realizado en Uruguay el pasado fin de semana, donde se aprobó una declaración denominada “Compromiso de Montevideo” donde se exige expresamente la aplicación de la tipificación de imprescriptibilidad.
Tampoco se descarta la posibilidad de que el Parlamento retome las iniciativas que promovían la derogación de la Ley de Caducidad (el Partido Nacional hizo una propuesta un año atrás) que podría incluir una cláusula de ampliación de los tiempos de prescripción. El ex senador Juan Raúl Ferreira propuso esta semana un gran acuerdo nacional para quitar la ley del ordenamiento jurídico.
La posibilidad, no fue descartada por varios legisladores y, aunque el tema aún no se ha incluido en la agenda de las bancadas parlamentarias del oficialismo, ya se han escuchado voces que consideraron poco acertado volver a generar un debate en la interna del Frente Amplio luego de la crisis interna (renuncia de un senador, alejamiento de otro y desacato de un diputado) que provocó el fallido intento de anulación de la Ley 15.848.
Las senadoras Constanza Moreira y Mónica Xavier, durante un debate realizado esta semana en la “Casa del Pueblo” del Partido Socialista coincidieron en que sería preferible que la iniciativa legislativa parta desde el propio Poder Ejecutivo, como un modo de asegurar el apoyo de su mayoría parlamentaria sin nuevos incidentes como los sufridos semanas atrás.
La imprescriptibilidad también podría lograrse, según otras opiniones, a través de una ley interpretativa donde se reafirme que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y perseguibles en forma retroactiva, para evitar situaciones como la provocada por un reciente fallo de la SCJ que consideró los casos de desaparición como homicidio especialmente agravado.
El carácter de delito contra la humanidad de los casos de tortura, por ejemplo, fue el centro de los debates del 2º Encuentro Latinoamericano por Memoria, Verdad y Justicia realizado en Uruguay el pasado fin de semana, donde se aprobó una declaración denominada “Compromiso de Montevideo” donde se exige expresamente la aplicación de la tipificación de imprescriptibilidad.
Tampoco se descarta la posibilidad de que el Parlamento retome las iniciativas que promovían la derogación de la Ley de Caducidad (el Partido Nacional hizo una propuesta un año atrás) que podría incluir una cláusula de ampliación de los tiempos de prescripción. El ex senador Juan Raúl Ferreira propuso esta semana un gran acuerdo nacional para quitar la ley del ordenamiento jurídico.
Lo que se “descaduca”
La comunicación que hoy enviará el Poder Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia promoverá que se solicite a todos los juzgados penales del país una indagación interna sobre qué casos fueron archivados por la Ley de Caducidad ya que, aunque a nivel presidencial se maneja una cifra de más de ochenta casos, no se tiene una información ordenada de las resoluciones de los anteriores gobiernos.
El tema fue uno de los problemas que tuvo que enfrentar el equipo de técnicos de la Universidad de la República que bajo la coordinación del historiador Álvaro Rico realizó las investigaciones oficiales sobre los casos de desaparición forzada y sobre otros capítulos del terrorismo de Estado y la represión impulsada por el gobierno cívico-militar entre 1973 y 1985.
Los tomos II y III de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos contabilizan 50 casos de desaparición forzada (22 en Uruguay y 28 en Argentina) que, tras ser denunciados ante la justicia penal, terminaron siendo afectados por la Ley de Caducidad. En el tomo IV se señalan otras 34 denuncias de violaciones a los derechos humanos que también se archivaron.
Con excepción del Caso de María Claudia García de Gelman, amparado por Jorge Batlle, todas las causas de desaparición forzada fueron cerradas por el presidente Julio María Sanguinetti, que también impidió la investigación judicial de diez de las 16 muertes incluidas en la Ley 15.848. Otras cuatro las amparó Luis Alberto Lacalle, una Enrique Tarigo y otra Tabaré Vázquez (ver cuadro).
Sin embargo, desde que asumió el primer gobierno del Frente Amplio en 2005, fueron reabiertas ocho causas de desaparición forzada, once casos de muertes y una denuncia sobre los escuadrones de la muerte, que inicialmente se habían archivado y sobre las que se presentaron nuevas pruebas “supervinientes” por las que los jueces pudieron continuar con sus indagatorias.
El tema fue uno de los problemas que tuvo que enfrentar el equipo de técnicos de la Universidad de la República que bajo la coordinación del historiador Álvaro Rico realizó las investigaciones oficiales sobre los casos de desaparición forzada y sobre otros capítulos del terrorismo de Estado y la represión impulsada por el gobierno cívico-militar entre 1973 y 1985.
Los tomos II y III de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos contabilizan 50 casos de desaparición forzada (22 en Uruguay y 28 en Argentina) que, tras ser denunciados ante la justicia penal, terminaron siendo afectados por la Ley de Caducidad. En el tomo IV se señalan otras 34 denuncias de violaciones a los derechos humanos que también se archivaron.
Con excepción del Caso de María Claudia García de Gelman, amparado por Jorge Batlle, todas las causas de desaparición forzada fueron cerradas por el presidente Julio María Sanguinetti, que también impidió la investigación judicial de diez de las 16 muertes incluidas en la Ley 15.848. Otras cuatro las amparó Luis Alberto Lacalle, una Enrique Tarigo y otra Tabaré Vázquez (ver cuadro).
Sin embargo, desde que asumió el primer gobierno del Frente Amplio en 2005, fueron reabiertas ocho causas de desaparición forzada, once casos de muertes y una denuncia sobre los escuadrones de la muerte, que inicialmente se habían archivado y sobre las que se presentaron nuevas pruebas “supervinientes” por las que los jueces pudieron continuar con sus indagatorias.
Las “cosas juzgadas”
Aunque en definitiva será cada juez quien resuelva la continuación de las causas desafectadas de la caducidad, la decisión del presidente Mujica promete alguna reacción de parte de los grupos de militares retirados que este año salieron públicamente en una “ofensiva psicopolítica” para presionar al gobierno y la justicia en el tema derechos humanos.
Desde los abogados y juristas que asesoran a los “indagables” ya se anunció una nueva batalla jurídica en la que alegarán que los actos administrativos son cosa juzgada y recurrirán el decreto del gobierno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “Es un disparate, es inconstitucional y violatorio de todo el sistema de derechos humanos”, dijo Augusto Durán Martínez, ex prosecretario del presidente Lacalle.
Por el contrario, el abogado Pablo Chargonia, uno de los promotores de causas de derechos humanos, opinó que "No existe la cosa juzgada administrativa desde hace muchísimo tiempo, porque desde la perspectiva administrativa, el Estado tiene el derecho y el deber de ajustar sus conductas ilícitas" y recordó que el fallo de la Corte Interamericana también incluye al Poder Judicial y al Tribunal de lo Contencioso.
En el ámbito judicial también se espera la reacción de la Suprema Corte de Justicia ante la comunicación de la resolución del Poder Ejecutivo, en particular porque organismos de derechos humanos ya han comenzado a realizarle petitorios en forma directa para desarchivar causas amparadas en la Ley de Caducidad ante el fallo de la Corte Interamericana. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) hizo un pedido concreto para reabrir el caso de desaparición de Luis Eduardo González González.
La atención sobre los ministros del Poder Judicial también abarca a sus futuras resoluciones administrativas, ya que en corrillos judiciales se dice que podrían ordenarse cambios en la titularidad de algunos juzgados. Las versiones señalan la eventualidad de un traslado (¿sanción?) de la jueza Mariana Mota, quien instruye varias de las causas más importantes y ha sido blanco de ataques de quienes apoyan a los violadores de los derechos humanos.
Desde los abogados y juristas que asesoran a los “indagables” ya se anunció una nueva batalla jurídica en la que alegarán que los actos administrativos son cosa juzgada y recurrirán el decreto del gobierno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “Es un disparate, es inconstitucional y violatorio de todo el sistema de derechos humanos”, dijo Augusto Durán Martínez, ex prosecretario del presidente Lacalle.
Por el contrario, el abogado Pablo Chargonia, uno de los promotores de causas de derechos humanos, opinó que "No existe la cosa juzgada administrativa desde hace muchísimo tiempo, porque desde la perspectiva administrativa, el Estado tiene el derecho y el deber de ajustar sus conductas ilícitas" y recordó que el fallo de la Corte Interamericana también incluye al Poder Judicial y al Tribunal de lo Contencioso.
En el ámbito judicial también se espera la reacción de la Suprema Corte de Justicia ante la comunicación de la resolución del Poder Ejecutivo, en particular porque organismos de derechos humanos ya han comenzado a realizarle petitorios en forma directa para desarchivar causas amparadas en la Ley de Caducidad ante el fallo de la Corte Interamericana. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) hizo un pedido concreto para reabrir el caso de desaparición de Luis Eduardo González González.
La atención sobre los ministros del Poder Judicial también abarca a sus futuras resoluciones administrativas, ya que en corrillos judiciales se dice que podrían ordenarse cambios en la titularidad de algunos juzgados. Las versiones señalan la eventualidad de un traslado (¿sanción?) de la jueza Mariana Mota, quien instruye varias de las causas más importantes y ha sido blanco de ataques de quienes apoyan a los violadores de los derechos humanos.
LO QUE LA IMPUNIDAD ARCHIVÓ
Desaparecidos Fecha Denuncia Caducidad Presidente
(En Uruguay)
Luis Arigón 13/07/77 Juzgado Penal de 4º turno 30/05/89 Sanguinetti
Oscar Baliñas 21/06/77 Juzgado Penal de 5º turno 13/03/89 Sanguinetti
Ricardo Blanco 16/01/78 Juzgado Penal de 9º turno 27/10/88 Sanguinetti
Eduardo Bleier 29/10/75 Juzgado Penal de 4º turno 17/11/88 Sanguinetti
Juan Brieba 30/10/75 Juzgado Penal de 4º turno 31/10/88 Sanguinetti
Héctor Castagnetto* 17/08/71 Juzgado Penal de 7º turno 25/05/87 Sanguinetti
Julio Castro* 01/08/77 Juzgado Penal de 1º tueno 05/09/89 Sanguinetti
Julio Correa 16/12/75 Juzgado Penal de 4º turno 05/09/89 Sanguinetti
U. Cháves Sosa* 28/05/76 Juzgado Penal de 13º turno 16/10/89 Sanguinetti
Julio Escudero 29/10/76 Juzgado Penal de 4º turno 10/08/89 Sanguinetti
Mª G. de Gelman* 24/08/76 Juzgado Penal de 2º turno 28/11/03 Batlle
H. Gelós Bonilla* 02/01/76 Juzgado 4º de Maldonado 30/12/88 Sanguinetti
Roberto Gomensoro* 12/03/73 Juzgado Penal de 1º turno 16/10/87 Sanguinetti
Luis E. González 13/12/74 Juzgado Penal de 11º turno 15/05/89 Sanguinetti
M. Mato Fagián 29/01/82 Juzgado Penal de 8º turno 15/12/88 Sanguinetti
Fernando Miranda 30/11/75 Juzgado Penal de 9º turno 27/10/88 Sanguinetti
O. Montes de Oca 17/12/75 Juzgado Penal de 7º turno 08/07/88 Sanguinetti
Feliz Ortiz 16/09/81 Juzgado Penal de 9º turno 21/04/87 Sanguinetti
A. Paitta Cardozo 21/09/81 Juzgado Penal de 9º turno 28/04/87 Sanguinetti
E. Pérez Silveira 05/05/74 Juzgado Penal de 10º turno 09/07/87 Sanguinetti
Amelia Sanjurjo 02/11/77 Juzgado Penal de 4º turno 09/07/87 Sanguinetti
Oscar Tassino 19/07/77 Juzgado Penal de 10º turno 17/10/88 Sanguinetti
(En Argentina)
Armando Arnone 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Francisco Candia 17/06/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Casimira Carretero 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Washington Cram 28/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Mario Cruz 26/08/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Segundo Chegenián 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Graciela Da Silveira 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
León Duarte 13/07/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Juan Errandonea 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Gerardo Gatti 09/06/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Victoria Grisonas 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
María E. Islas 27/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Roger Julién 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Josefina Keim 23/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Rafael Lezama 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Alberto Mechoso 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
J. Méndez Donadio 15/06/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Juan Morales 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Miguel A. Moreno 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Ruben Prieto 30/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Washington Queiro 04/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Juan Pablo Recagno 02/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Carlos Rodríguez 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Julio Rodríguez 15/06/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Adalberto Soba* 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Raúl Tejera 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Cecilia Trías 28/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Jorge Zaffaroni 27/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Luis Arigón 13/07/77 Juzgado Penal de 4º turno 30/05/89 Sanguinetti
Oscar Baliñas 21/06/77 Juzgado Penal de 5º turno 13/03/89 Sanguinetti
Ricardo Blanco 16/01/78 Juzgado Penal de 9º turno 27/10/88 Sanguinetti
Eduardo Bleier 29/10/75 Juzgado Penal de 4º turno 17/11/88 Sanguinetti
Juan Brieba 30/10/75 Juzgado Penal de 4º turno 31/10/88 Sanguinetti
Héctor Castagnetto* 17/08/71 Juzgado Penal de 7º turno 25/05/87 Sanguinetti
Julio Castro* 01/08/77 Juzgado Penal de 1º tueno 05/09/89 Sanguinetti
Julio Correa 16/12/75 Juzgado Penal de 4º turno 05/09/89 Sanguinetti
U. Cháves Sosa* 28/05/76 Juzgado Penal de 13º turno 16/10/89 Sanguinetti
Julio Escudero 29/10/76 Juzgado Penal de 4º turno 10/08/89 Sanguinetti
Mª G. de Gelman* 24/08/76 Juzgado Penal de 2º turno 28/11/03 Batlle
H. Gelós Bonilla* 02/01/76 Juzgado 4º de Maldonado 30/12/88 Sanguinetti
Roberto Gomensoro* 12/03/73 Juzgado Penal de 1º turno 16/10/87 Sanguinetti
Luis E. González 13/12/74 Juzgado Penal de 11º turno 15/05/89 Sanguinetti
M. Mato Fagián 29/01/82 Juzgado Penal de 8º turno 15/12/88 Sanguinetti
Fernando Miranda 30/11/75 Juzgado Penal de 9º turno 27/10/88 Sanguinetti
O. Montes de Oca 17/12/75 Juzgado Penal de 7º turno 08/07/88 Sanguinetti
Feliz Ortiz 16/09/81 Juzgado Penal de 9º turno 21/04/87 Sanguinetti
A. Paitta Cardozo 21/09/81 Juzgado Penal de 9º turno 28/04/87 Sanguinetti
E. Pérez Silveira 05/05/74 Juzgado Penal de 10º turno 09/07/87 Sanguinetti
Amelia Sanjurjo 02/11/77 Juzgado Penal de 4º turno 09/07/87 Sanguinetti
Oscar Tassino 19/07/77 Juzgado Penal de 10º turno 17/10/88 Sanguinetti
(En Argentina)
Armando Arnone 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Francisco Candia 17/06/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Casimira Carretero 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Washington Cram 28/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Mario Cruz 26/08/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Segundo Chegenián 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Graciela Da Silveira 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
León Duarte 13/07/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Juan Errandonea 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Gerardo Gatti 09/06/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Victoria Grisonas 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
María E. Islas 27/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Roger Julién 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Josefina Keim 23/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Rafael Lezama 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Alberto Mechoso 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
J. Méndez Donadio 15/06/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Juan Morales 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Miguel A. Moreno 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Ruben Prieto 30/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Washington Queiro 04/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Juan Pablo Recagno 02/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Carlos Rodríguez 01/10/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Julio Rodríguez 15/06/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Adalberto Soba* 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Raúl Tejera 26/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Cecilia Trías 28/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Jorge Zaffaroni 27/09/76 Juzgado Penal de 5º turno 29/05/89 Sanguinetti
Muertes
Gerardo Alter* 19/08/73 Juzgado Penal de 4º turno 17/11/88 Sanguinetti
Alvaro Balbi* 29/07/75 Juzgado Penal de 12º turno 21/10/88 Sanguinetti
Gilberto Coghlan* 31/07/73 Juzgado Penal de 1º turno 09/12/88 Sanguinetti
Ivo Fernández* 18/01/76 Juzgado Penal de 1º turno 25/06/90 Lacalle
H. Gutiérrez Ruiz* 20/05/76 Juzgado Penal de 11º turno 14/03/89 Sanguinetti
Amelia Lavagna* 29/03/75 Juzgado Penal de 1º turno 25/06/90 Lacalle
Pedro Lerena* 29/09/75 Juzgado Penal de 12º turno 25/06/90 Lacalle
Julián López* 05/01/76 Juzgado Penal de 3º turno 22/05/87 Sanguinetti
Diana Maidanik 21/04/74 Juzgado Penal de 8º turno 15/12/88 Sanguinetti
Zelmar Michelini* 20/05/76 Juzgado Penal de 11º turno 14/03/89 Sanguinetti
Eduardo Mondello* 09/03/76 Juzgado Penal de 1º turno 25/06/90 Lacalle
Laura Raggio 21/04/74 Juzgado Penal de 8º turno 15/12/88 Sanguinetti
Silvia Reyes 21/04/74 Juzgado Penal de 8º turno 15/12/88 Sanguinetti
Vladimir Roslik 16/04/84 Juzgado de Fray Bentos 23/06/87 Tarigo
Nibia Sabalsagaray* 29/07/74 Juzgado Penal de 10º turno 07/06/05 Vázquez
William Whitelaw* 20/05/75 Juzgado Penal de 12º turno 21/10/88 Sanguinetti
Alvaro Balbi* 29/07/75 Juzgado Penal de 12º turno 21/10/88 Sanguinetti
Gilberto Coghlan* 31/07/73 Juzgado Penal de 1º turno 09/12/88 Sanguinetti
Ivo Fernández* 18/01/76 Juzgado Penal de 1º turno 25/06/90 Lacalle
H. Gutiérrez Ruiz* 20/05/76 Juzgado Penal de 11º turno 14/03/89 Sanguinetti
Amelia Lavagna* 29/03/75 Juzgado Penal de 1º turno 25/06/90 Lacalle
Pedro Lerena* 29/09/75 Juzgado Penal de 12º turno 25/06/90 Lacalle
Julián López* 05/01/76 Juzgado Penal de 3º turno 22/05/87 Sanguinetti
Diana Maidanik 21/04/74 Juzgado Penal de 8º turno 15/12/88 Sanguinetti
Zelmar Michelini* 20/05/76 Juzgado Penal de 11º turno 14/03/89 Sanguinetti
Eduardo Mondello* 09/03/76 Juzgado Penal de 1º turno 25/06/90 Lacalle
Laura Raggio 21/04/74 Juzgado Penal de 8º turno 15/12/88 Sanguinetti
Silvia Reyes 21/04/74 Juzgado Penal de 8º turno 15/12/88 Sanguinetti
Vladimir Roslik 16/04/84 Juzgado de Fray Bentos 23/06/87 Tarigo
Nibia Sabalsagaray* 29/07/74 Juzgado Penal de 10º turno 07/06/05 Vázquez
William Whitelaw* 20/05/75 Juzgado Penal de 12º turno 21/10/88 Sanguinetti
Otras denuncias amparadas
Rodríguez Larreta Piera, Enrique (Orletti) Juzgado Penal de 2º turno
Detta, Menotti, Martínez, Musso, Burgel y otros (Torturas) Juzgado Penal de 3º Turno
López Silva Ariel (Enterramientos en el Batallón 13) Juzgado Penal de 3º turno
Rodríguez Díaz, Universindo y otra (Secuestro) Juzgado Penal de 7º turno
Luis Batalla (muerte por torturas) Juzgado Penal de 9º turno
De Mello Delgado, Márquez González, Mirtha Nélida Juzgado Penal de 3º turno
Alsina Gustavo, Grassi Aizpun Abayuba, y otros Juzgado Penal de 9º turno
Villamarín Marrero, Elbio Ademar Juzgado Penal de 3º turno
Perdomo Rodríguez, Ricardo y Esteffanell, Marcelo Juzgado Penal de 7º turno
Piedecasas José, Barboza Suarez Abel Juzgado Penal de 7º turno
Federación Médica del Interior Juzgado de Flores
Lorenzo Rovira, Nelson (Escuadrón de la Muerte)* Juzgado Penal de 3º turno
Oxandabarat Nora y otra Juzgado Penal de 1º turno
Casatera, Adriana y otros Juzgado Penal de 1º turno
Suprema Corte de Justicia eleva denuncia Lorenzo Rovira Juzgado Penal de 9º turno
Piegas Cavalheiro, Juan Eduardo Juzgado Penal de 11º turno
Cáceres Juan Antonio y otros Juzgado 2º de Paysandú
Junta Departamental de Salto denuncia Juzgado 1º turno de Salto
Begue Iparraguire José María Juzgado Penal de 6º turno
Stella Curbelo, Julio Omar. Su declaración Juzgado Penal de 7º turno
Machi Torre, Jessi. (Homicidio) Juzgado Penal de 12º turno
Declaraciones de Siloa Paredes Juan Antonio Juzgado Penal de 6º turno
Denuncia apremios Antonio Pires Da Silva Juzgado Penal de 6º turno
Blanco Martínez de Badano, Alba Juzgado Penal de 9º turno
Exposición del senador Araújo por violaciones de ddhh Juzgado Penal de 7º turno
Manera Adrián, Su denuncia Juzgado Penal de 1º turno
Tribunal de Apelaciones d 3er. Turno remite Juzgado Penal de 12º turno
Mendoza Daoiz y Sassi de Mendoza Amalia Juzgado Penal de 2º turno
Macchi Jessi y otros Juzgado Penal de 1º turno
Schneckennburger, Carlos Juzgado de Maldonado
Ayala Sánchez, Romero Asís Juzgado Penal de 5º turno
Exposición escrita senador Araujo Juzgado Penal de 5º turno
Fernández Caveles, Conrado Domingo y otros. Juzgado de Maldonado
Almeida de Quinteros, María (desaparición de su hija)* Juzgado Penal de 1º turno
* Los casos fueron reabiertos por los gobiernos del Frente Amplio.
Detta, Menotti, Martínez, Musso, Burgel y otros (Torturas) Juzgado Penal de 3º Turno
López Silva Ariel (Enterramientos en el Batallón 13) Juzgado Penal de 3º turno
Rodríguez Díaz, Universindo y otra (Secuestro) Juzgado Penal de 7º turno
Luis Batalla (muerte por torturas) Juzgado Penal de 9º turno
De Mello Delgado, Márquez González, Mirtha Nélida Juzgado Penal de 3º turno
Alsina Gustavo, Grassi Aizpun Abayuba, y otros Juzgado Penal de 9º turno
Villamarín Marrero, Elbio Ademar Juzgado Penal de 3º turno
Perdomo Rodríguez, Ricardo y Esteffanell, Marcelo Juzgado Penal de 7º turno
Piedecasas José, Barboza Suarez Abel Juzgado Penal de 7º turno
Federación Médica del Interior Juzgado de Flores
Lorenzo Rovira, Nelson (Escuadrón de la Muerte)* Juzgado Penal de 3º turno
Oxandabarat Nora y otra Juzgado Penal de 1º turno
Casatera, Adriana y otros Juzgado Penal de 1º turno
Suprema Corte de Justicia eleva denuncia Lorenzo Rovira Juzgado Penal de 9º turno
Piegas Cavalheiro, Juan Eduardo Juzgado Penal de 11º turno
Cáceres Juan Antonio y otros Juzgado 2º de Paysandú
Junta Departamental de Salto denuncia Juzgado 1º turno de Salto
Begue Iparraguire José María Juzgado Penal de 6º turno
Stella Curbelo, Julio Omar. Su declaración Juzgado Penal de 7º turno
Machi Torre, Jessi. (Homicidio) Juzgado Penal de 12º turno
Declaraciones de Siloa Paredes Juan Antonio Juzgado Penal de 6º turno
Denuncia apremios Antonio Pires Da Silva Juzgado Penal de 6º turno
Blanco Martínez de Badano, Alba Juzgado Penal de 9º turno
Exposición del senador Araújo por violaciones de ddhh Juzgado Penal de 7º turno
Manera Adrián, Su denuncia Juzgado Penal de 1º turno
Tribunal de Apelaciones d 3er. Turno remite Juzgado Penal de 12º turno
Mendoza Daoiz y Sassi de Mendoza Amalia Juzgado Penal de 2º turno
Macchi Jessi y otros Juzgado Penal de 1º turno
Schneckennburger, Carlos Juzgado de Maldonado
Ayala Sánchez, Romero Asís Juzgado Penal de 5º turno
Exposición escrita senador Araujo Juzgado Penal de 5º turno
Fernández Caveles, Conrado Domingo y otros. Juzgado de Maldonado
Almeida de Quinteros, María (desaparición de su hija)* Juzgado Penal de 1º turno
* Los casos fueron reabiertos por los gobiernos del Frente Amplio.
Publicado en Caras y Caretas el Viernes 1 de Junio de 2011.
Los Militares Quieren Presionar a Mujica.
Los clubes de retirados militares se reunirán el martes para resolver las medidas a adoptar ante el decreto firmado por el presidente José Mujica, que desarchivó 80 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Ese día analizarán los detalles de un recurso administrativo que presentarán ante el Poder Ejecutivo. Si bien la decisión formal todavía no fue adoptada, los retirados comparten la idea de pedir una reunión a Mujica para plantear su preocupación por lo que consideran un “aceleramiento” de los juicios que los implican.
La inminencia de la prescripción de los delitos, que tendrá lugar el 30 de octubre, los lleva a pensar que los procesos judiciales se acelerarán. “El desarchivo de estos casos significa que entre 400 y 500 oficiales podrán ser llamados a declarar si se reabren las causas. Este decreto agrega una nueva inconstitucionalidad. Es una monstruosidad”, dijo a Ultimas Noticias un integrante del Foro Libertad y Concordia, quien prefirió no ser identificado porque “el clima está demasiado enrarecido”.
Cuando Mujica habilitó el desarchivo del caso del militante tupamaro Álvaro Balbi, los retirados presentaron un recurso administrativo pero todavía no obtuvieron respuesta. En este caso, proyectan apelar a los planteos efectuados por diversos constitucionalistas, entre ellos el catedrático Ruben Correa Freitas, quien ayer planteó su punto de vista en la publicación colorada “Correo de los Viernes”.
Para Correa Freitas, el decreto presidencial “está viciado de nulidad, siendo además inoportuno e inconveniente, al desconocer el pronunciamiento de la ciudadanía en 1989 y en 2009, al rechazar el recurso de referéndum contra la Ley Nº 15.848 y al rechazar el proyecto de reforma constitucional que proponía la anulación de la Ley de Caducidad”. En ese sentido, advirtió que “en todas las causas penales en las cuales hubo una sentencia interlocutoria, se ha producido la “cosa juzgada”, por lo que las personas amparadas tienen un derecho adquirido en forma legítima, que un decreto posterior no puede desconocer”.
En base a la doctrina planteada por los catedráticos Luis Arcos Ferrand, Justino Jiménez de Aréchaga, Enrique Sayagués Laso, Héctor Gros Espiell y Alberto Ramón Real, afirmó el “principio de la irretroactividad de los decretos del Poder Ejecutivo, que son normas generales y abstractas”.
Por su parte, el presidente del Centro Militar, coronel Guillermo Cedrés, dijo a Ultimas Noticias estar “totalmente en desacuerdo” con la intención de “retrotraer” la discusión de la dictadura. “Yo me afilio a la posición de 60% de los uruguayos, que piden terminar con el tema; pero considero que con esto el gobierno no termina con el tema”, agregó.
Cedrés informó que los abogados del Centro están a disposición de sus socios para asesorarlos, en caso de presentar recursos contra el desarchivo.
Mientras tanto, en el generalato del Ejército la noticia tampoco pasó inadvertida. Uno de los principales jerarcas aseguró a Ultimas Noticias que muchos de ellos solicitaron informes jurídicos a sus abogados para saber el alcance del decreto oficial. “Dicen que es una payasada, que cualquier juez, razonablemente, va a decir que es inconstitucional”, comentó el mismo general. “Pero todo el mundo sabe que el derecho lo ponen para el lado que quieren”, concluyó.
Veintiséis presos en Domingo Arena y Coraceros
Hasta el momento, 26 militares han sido procesados con prisión por diversos delitos cometidos durante la dictadura. El general Miguel Dalmao es el único que estaba en actividad en el momento de su procesamiento y fue el primero en ser remitido a la Guardia de Coraceros. Si bien en su caso la medida se adoptó por tratarse de un oficial en actividad, el siguiente procesado, que fue el coronel (r) Tranquilino Machado, también fue enviado a Coraceros porque ya no quedaba lugar en la cárcel de Domingo Arena. Fuentes castrenses dijeron a Ultimas Noticias que “está claro que vamos de mal en peor y sin perspectiva de mejorar”. Los militares temen que en los próximos meses, los procesamientos se multipliquen.
Aseguraron legalidad de la resolución
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo a Ultimas Noticias que el gobierno uruguayo no realizará “nada que pueda constituir un atisbo de violación a la ley y la Constitución”, al ser consultado sobre la posibilidad de atender la prescripción de los delitos cometidos en dictadura (1973-1985), previsto para noviembre de 2011.
“El Poder Ejecutivo tiene un deber ético de investigar para que se juzguen las violaciones a los derechos humanos. Tenemos un deber ético de respetar la Constitución, desde que el presidente y todos los jerarcas guardamos honor a la ley al ser investidos en el cargo”, agregó.
“Queremos ser enfáticos en no generar controversia. El gobierno no avala solución que tenga la posibilidad de ser controvertida, venga de quien venga, ya sea de la fuerza política como del Parlamento”, insistió el funcionario.
El gobierno, además, entiende que el decreto recientemente firmado por el presidente Mujica para desarchivar las 80 causas de violaciones a los derechos humanos es “legal y constitucional”. Si bien ningún familiar de detenidos desaparecidos se acercó al Poder Ejecutivo para solicitar el desarchivo del caso, el gobierno resolvió actuar en forma global para cerrar el tema. El Frente Amplio había reclamado una solución en ese sentido.
A diferencia del gobierno, los militares en actividad razonan que si los actos administrativos de gobiernos anteriores al de Tabaré Vázquez no tienen “legitimidad”, como asegura Presidencia, tampoco tendrán valor otros actos como entrega o venta de terrenos, por ejemplo.
A juicio de varios oficiales, con el decreto el gobierno sienta un precedente “peligroso”.
Gelman: “Es un paso importante”
Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, dijo a Ultimas Noticias que valora “mucho” la decisión del gobierno para desarchivar las 80 causas. “Me parece un paso muy importante”, aseguró, pero al mismo tiempo destacó que se trata del “principio”.
“A partir de ahora habrá que estar atentos a cualquier inconveniente que pueda surgir, y está pendiente de resolverse el tema de la pres- cripción, que de acuerdo a la sentencia (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) no debe ser un obstáculo”, comentó.
Por otra parte, el gobierno incluyó en el artículo 59 del proyecto de Rendición de Cuentas y Balance presupuestal del ejercicio 2010, la autorización para que el Ministerio de Economía y Finanzas pague las sentencias judiciales dictadas en países extranjeros contra el Estado uruguayo, que impliquen el pago de una cantidad de dinero líquida. En el fallo del caso Gelman, la Corte Interamericana obliga al Estado uruguayo a indemnizar a la familia.
La inminencia de la prescripción de los delitos, que tendrá lugar el 30 de octubre, los lleva a pensar que los procesos judiciales se acelerarán. “El desarchivo de estos casos significa que entre 400 y 500 oficiales podrán ser llamados a declarar si se reabren las causas. Este decreto agrega una nueva inconstitucionalidad. Es una monstruosidad”, dijo a Ultimas Noticias un integrante del Foro Libertad y Concordia, quien prefirió no ser identificado porque “el clima está demasiado enrarecido”.
Cuando Mujica habilitó el desarchivo del caso del militante tupamaro Álvaro Balbi, los retirados presentaron un recurso administrativo pero todavía no obtuvieron respuesta. En este caso, proyectan apelar a los planteos efectuados por diversos constitucionalistas, entre ellos el catedrático Ruben Correa Freitas, quien ayer planteó su punto de vista en la publicación colorada “Correo de los Viernes”.
Para Correa Freitas, el decreto presidencial “está viciado de nulidad, siendo además inoportuno e inconveniente, al desconocer el pronunciamiento de la ciudadanía en 1989 y en 2009, al rechazar el recurso de referéndum contra la Ley Nº 15.848 y al rechazar el proyecto de reforma constitucional que proponía la anulación de la Ley de Caducidad”. En ese sentido, advirtió que “en todas las causas penales en las cuales hubo una sentencia interlocutoria, se ha producido la “cosa juzgada”, por lo que las personas amparadas tienen un derecho adquirido en forma legítima, que un decreto posterior no puede desconocer”.
En base a la doctrina planteada por los catedráticos Luis Arcos Ferrand, Justino Jiménez de Aréchaga, Enrique Sayagués Laso, Héctor Gros Espiell y Alberto Ramón Real, afirmó el “principio de la irretroactividad de los decretos del Poder Ejecutivo, que son normas generales y abstractas”.
Por su parte, el presidente del Centro Militar, coronel Guillermo Cedrés, dijo a Ultimas Noticias estar “totalmente en desacuerdo” con la intención de “retrotraer” la discusión de la dictadura. “Yo me afilio a la posición de 60% de los uruguayos, que piden terminar con el tema; pero considero que con esto el gobierno no termina con el tema”, agregó.
Cedrés informó que los abogados del Centro están a disposición de sus socios para asesorarlos, en caso de presentar recursos contra el desarchivo.
Mientras tanto, en el generalato del Ejército la noticia tampoco pasó inadvertida. Uno de los principales jerarcas aseguró a Ultimas Noticias que muchos de ellos solicitaron informes jurídicos a sus abogados para saber el alcance del decreto oficial. “Dicen que es una payasada, que cualquier juez, razonablemente, va a decir que es inconstitucional”, comentó el mismo general. “Pero todo el mundo sabe que el derecho lo ponen para el lado que quieren”, concluyó.
Veintiséis presos en Domingo Arena y Coraceros
Hasta el momento, 26 militares han sido procesados con prisión por diversos delitos cometidos durante la dictadura. El general Miguel Dalmao es el único que estaba en actividad en el momento de su procesamiento y fue el primero en ser remitido a la Guardia de Coraceros. Si bien en su caso la medida se adoptó por tratarse de un oficial en actividad, el siguiente procesado, que fue el coronel (r) Tranquilino Machado, también fue enviado a Coraceros porque ya no quedaba lugar en la cárcel de Domingo Arena. Fuentes castrenses dijeron a Ultimas Noticias que “está claro que vamos de mal en peor y sin perspectiva de mejorar”. Los militares temen que en los próximos meses, los procesamientos se multipliquen.
Aseguraron legalidad de la resolución
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo a Ultimas Noticias que el gobierno uruguayo no realizará “nada que pueda constituir un atisbo de violación a la ley y la Constitución”, al ser consultado sobre la posibilidad de atender la prescripción de los delitos cometidos en dictadura (1973-1985), previsto para noviembre de 2011.
“El Poder Ejecutivo tiene un deber ético de investigar para que se juzguen las violaciones a los derechos humanos. Tenemos un deber ético de respetar la Constitución, desde que el presidente y todos los jerarcas guardamos honor a la ley al ser investidos en el cargo”, agregó.
“Queremos ser enfáticos en no generar controversia. El gobierno no avala solución que tenga la posibilidad de ser controvertida, venga de quien venga, ya sea de la fuerza política como del Parlamento”, insistió el funcionario.
El gobierno, además, entiende que el decreto recientemente firmado por el presidente Mujica para desarchivar las 80 causas de violaciones a los derechos humanos es “legal y constitucional”. Si bien ningún familiar de detenidos desaparecidos se acercó al Poder Ejecutivo para solicitar el desarchivo del caso, el gobierno resolvió actuar en forma global para cerrar el tema. El Frente Amplio había reclamado una solución en ese sentido.
A diferencia del gobierno, los militares en actividad razonan que si los actos administrativos de gobiernos anteriores al de Tabaré Vázquez no tienen “legitimidad”, como asegura Presidencia, tampoco tendrán valor otros actos como entrega o venta de terrenos, por ejemplo.
A juicio de varios oficiales, con el decreto el gobierno sienta un precedente “peligroso”.
Gelman: “Es un paso importante”
Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, dijo a Ultimas Noticias que valora “mucho” la decisión del gobierno para desarchivar las 80 causas. “Me parece un paso muy importante”, aseguró, pero al mismo tiempo destacó que se trata del “principio”.
“A partir de ahora habrá que estar atentos a cualquier inconveniente que pueda surgir, y está pendiente de resolverse el tema de la pres- cripción, que de acuerdo a la sentencia (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) no debe ser un obstáculo”, comentó.
Por otra parte, el gobierno incluyó en el artículo 59 del proyecto de Rendición de Cuentas y Balance presupuestal del ejercicio 2010, la autorización para que el Ministerio de Economía y Finanzas pague las sentencias judiciales dictadas en países extranjeros contra el Estado uruguayo, que impliquen el pago de una cantidad de dinero líquida. En el fallo del caso Gelman, la Corte Interamericana obliga al Estado uruguayo a indemnizar a la familia.
 |
| Preocupación. Estiman que 500 militares podrían ser llamados a declarar por la reapertura de denuncias. |
Fuente: Ultimas Noticias
No hay comentarios:
Publicar un comentario