Poder Ejecutivo Promulgó Ley de Participación Público Privada

Una Lectura Entre Líneas.

EL GOBIERNO promulgó la ley que crea las PPP, que sin querer decir nada dice mucho, como lo demuestra una lectura entrelíneas.

“La ley 18.786 establece el marco regulatorio aplicable al régimen de Contratos de Participación Público Privada (PPP) para la realización de obras de infraestructura y prestación de servicios conexos. De esta manera, se establece una nueva forma de vínculo entre los privados y el Estado, sin que éste comprometa su rol en la ejecución de políticas públicas.”, dice por supuesto la nota de la presidencia.

Los contratos de PPP son realizados “por la Administración Pública que encarga a una persona de derecho privado por un período determinado, el diseño, la construcción

y la operación de infraestructura, además de la financiación”, olvidaron decir que también le dan la ganancia que con esa obra se genere. Un caso concreto son los peajes.

Los PPP solo podrán celebrarse cuando “previamente se resuelva que otras modalidades alternativas de contratación no permiten la mejor forma de satisfacción de las finalidades públicas, según lo expresado en las disposiciones generales de la ley”, expresa la nota, no dice que quien determina esto es el gobierno a través de sus técnicos que como hemos vistos son empleados de los “inversores”.

Están incluidas en la modalidad de contrato PPP las obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, “incluidas las obras viales de caminería rural”, lo que significa que los 60 millones de dólares que se recaudarían con el impuestito a la tierra va para ahí. También están comprendidas en esta modalidad las obras de infraestructura energética, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto-Ley N° 14.694, de 1° de setiembre de 1977 (Ley Nacional de Electricidad) y Ley N° 8.764, de 15 de octubre de 1931 (creación de ANCAP). Esto es muy importante porque, ambas leyes son la creación de la UTE y de Ancap, y si bien dice “sin perjuicio de lo establecido en..” de hecho termina con los monopolios estatales de Ancap y UTE, en materia de generación, suministro y comercialización de energía, ya que habilita la asociación del Estado con Privados y por lo tanto la PRIVATIZACIÓN.

Asimismo se podrán realizar contratos PPP en el marco de obras de disposición y tratamiento de residuos (los mega basureros). Del mismo modo, la ley se aplica a obras de infraestructura social, incluyendo cárceles, centros de salud, centros de educación, vivienda de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano. “En ningún caso, los Contratos de Participación Público-Privada podrán incluir: Servicios educativos cuando se trate de centros educativos; servicios sanitarios cuando se trate de centros de salud; servicios de seguridad, sanitarios y de reeducación de reclusos cuando se trate de cárceles”, dice la ley pero, pero.. serán ellos los que lleven la voz cantante en los servicios que brinden a estos centros.

Sigue explicando presidencia: “A los efectos de la ley promulgada se consideran comprendidos en el término “Administración Pública”, los poderes del Estado, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y gobiernos departamentales.

Los actos y contratos celebrados en el marco de la ley deberán observar los siguientes principios: transparencia y publicidad, protección del interés público, eficiencia económica, distribución de riesgos, transferencia, ecuanimidad, temporalidad, responsabilidad fiscal, control, protección del desarrollo sustentable y respeto de los derechos laborales, así como de las normas legales en particular a lo que refiere al reconocimiento y respeto a los ámbitos de negociación colectiva. Es decir que tendrán claramente fines de lucro y podrán otorgarse plazos de tiempo por 30, 40 años nada más.

Por último se explica que “Por cada proyecto la Administración Pública contratante designará una Comisión Técnica que asesorará en todas la etapas del procedimiento de contratación, integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, debiendo ser dos de ellos, funcionarios de la Administración Pública contratante.”, una comisión en la que la mayoría de los miembros no necesariamente son funcionarios públicos, pueden ser técnico vinculados a la empresa.

Fuente: Diario La Juventud

Carceles Privadas.

La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) procedió a fines de julio a la apertura de ofertas del llamado a empresas consultoras que estudien la factibilidad de construcción de un complejo carcelario y un centro de derivación.
Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que se viene manejando más de un lugar para emplazar el centro de reclusión, pero que se prefiere mantener en reserva la zona a fin de evitar problemas con los vecinos. Lo darán a conocer cuando se esté seguro del sitio recomendado por los técnicos.
El llamado a la consultoría maneja la construcción, operación y mantenimiento de un complejo carcelario para 2.000 reclusos y un centro de clasificación y derivación para 100 personas.
En este centro de derivación trabajarán profesionales que evaluarán la situación jurídica y psicológica del recluso, el que podría ser llevado a una chacra penitenciaria o un establecimiento de alta seguridad.
En este proyecto no se descarta que el sector privado participe en la administración de determinados servicios, como la limpieza, alimentación o servicio sanitario de las cárceles. No obstante, lo que está definido es que en toda oportunidad, la seguridad seguirá siendo pública, a cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación, que contará con personal policial y civil.

Fuente: La República

Mientras lo Público se Viene a Abajo.

"Se fueron sumando desde hace algunas semanas múltiples denuncias de gremios de FEMI denunciando carencias edilicias, mal relacionamiento con directores, carencia de recursos, falta de personal. Son todos elementos que atentan contra la calidad asistencial", dijo a El País el dirigente de la gremial, José Pedro Ibargoyen. "Y lo de Florida fue la gota que derramó el vaso, porque si bien no tiene que ver específicamente con carencias, marca las dificultades con las cuales se está trabajando", agregó.
Ante esto, además de expresar su solidaridad con los médicos afectados, la FEMI anunció algunas medidas. En primera instancia convocan a que en cada departamento se forme una comisión bipartita entre la dirección hospitalaria y los representantes de los gremios locales, "de manera de identificar las mayores dificultades y soluciones", explicó Ibargoyen.
Sin embargo, el dirigente también reconoció que en los lugares donde estas comisiones ya funcionan, como Paysandú y Rivera, es donde se han registrado más dificultades. "Los gremios se han visto obligados a denunciar públicamente la situación, ya que no han encontrado eco en las autoridades de los hospitales", planteó.
A su vez, cuando asuma la presidenta de ASSE, Beatriz Silva, solicitarán una entrevista con el directorio para "encarar decisiones a nivel central".
Según Ibargoyen, "más allá de los problemas presupuestales que pueden aducir algunos directores, también hay temas de gestión". "Tenemos hospitales con más recursos per cápita que las instituciones privadas, con menos usuarios y, sin embargo, con más dificultades", subrayó.
De todas maneras, la FEMI considera que no les corresponde a ellos pedir la destitución de ningún director. "Queremos un espacio de diálogo, nada más", planteó.
Mientras, las autoridades de la gremial comenzarán en estos días a recorrer los demás hospitales del país para evaluar la situación de cada uno y tener un diagnóstico completo.

Desde 2009 el SMU registró 90 denuncias de médicos agredidos

La agresión sufrida por el médico Luis Rodríguez, del Hospital de Florida, desencadenó que el Sindicato Médico (SMU) se reuniera ayer con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Se le planteó una serie de problemas vinculados a la seguridad de los galenos.
El presidente del SMU, Martín Rebella, dijo tras el encuentro que las denuncias de agresiones a médicos ascienden a 90 desde 2009. En lo que va del año hubo cerca de 20.
El sindicato acordó crear una comisión para que el Ministerio del Interior preste asesoramiento en los aspectos de seguridad en áreas asistenciales. En ese sentido, expresaron al ministro su preocupación respecto a la falta de servicio 222 en el Hospital Filtro, así como el traslado de personas privadas de libertad en unidades móviles (ver aparte).
"Todos los planteos fueron recibidos por el ministro. Por supuesto que no son temas que tengan una fácil solución", reconoció Rebella.
Respecto a la agresión sufrida por el médico de Florida -que fue atacado por varias personas vinculadas a un paciente terminal después de informarles la situación del paciente- Rebella señaló que para prevenir este tipo de sucesos es necesario "seguir mejorando los vínculos de médicos y pacientes". Hace tiempo que se constata un "deterioro multicausal" de esa relación.
Por otra parte, Rebella apuntó a mejorar la seguridad de los centros asistenciales y mencionó que, por ejemplo, habría que analizar "en qué lugares se deben dar las malas noticias". "Todo eso que antes uno no pensaba porque no pasaban estas cosas", concluyó.

Fuente: El País Digital