El Fraude Amplio Sigue las Políticas Privatizadoras que Tanto en el Pasado Cuestionaba.
"¿Vieron?, demoraron, pero ahora están llegando al capitalismo" o "este proyecto demuestra la validez de las AFAP que tanto cuestionaron" y también "este proyecto de ley se asemeja a aquella ley de empresas públicas que en los años 90 no prosperó por falta de acuerdos políticos", fueron algunas frases que en el momento menos esperado iban, desde las bancadas blancas y coloradas, hacia la del Frente Amplio. Y éstos, como podían, no demoraban en responder con similar tenor esos reproches histórico-contemporáneos.
Sobre el fondo del proyecto a medio sancionar, el gobierno recién podrá promulgarlo en el segundo semestre del año próximo según la agenda que se maneja en el Poder Ejecutivo. Los senadores, en tanto, estarían aprobándolo en el entrante mes de junio o, a más tardar, en julio pero, como seguramente el articulado sufrirá algunas modificaciones, volverá a la Cámara baja para la rúbrica final. Este proyecto de ley habilita al Estado a asociarse con emprendedores e inversores privados en infraestructuras y servicios relacionados "en el marco de seguridad jurídica y adecuados mecanismos de protección necesarios para el desarrollo de proyectos de modo de lograr la satisfacción del interés público de forma más eficaz y eficiente", dice en parte el argumento del proyecto de ley que fuera remitido originalmente por el Poder Ejecutivo pero que desde que ingresó al estudio de los legisladores sufrió profundas modificaciones en su concepción.
También el Estado podrá asociarse con privados para la construcción de cárceles, puentes, carreteras, vías férreas, puertos, complejos energéticos, aeropuertos, escuelas y hospitales.
Incluye también viviendas, complejos deportivos y turísticos.
El proyecto de asociación público-privada marca en su articulado que habrá un tope a los recursos que se destinarán en cada período de gobierno: un 7% del Producto Bruto Interno.
El rol que el proyecto establecerá para el sector privado será "atender los aspectos financieros de inversión, contrastando las mayores tasas de interés por el monto de la inversión privada contra la que eventualmente obtendría el Estado, con la eficiencia en la utilización de los recursos y los aspectos de gestión de una infraestructura y su mantenimiento posterior".
"El gobierno está jugado con este proyecto. Tanto que en el Presupuesto sólo destinó U$S 600 millones que sirven únicamente para el mantenimiento de la infraestructura actual y no para nuevas obras", destacó antes de la votación el diputado Jorge Gandini (PN).
Fuente: La República
La Cámara Baja otorgó media sanción al proyecto de ley de Asociación Público-Privada, con lo que comenzó a recorrer la recta final hacia la aprobación de un proyecto definido como “imprescindible” por el gobierno ante el déficit en infraestructura que sufre el país. Desde el gobierno se argumenta que con la normativa actual se puede configurar un “cuello de botella” para el desarrollo, dada la falta de recursos para cubrir las necesidades.
Bajo la nueva modalidad, los inversionistas construirán obras como cárceles, hospitales, carreteras o aeropuertos y sus servicios conexos, de los que se excluye los cometidos esenciales del Estado.
El debate generó reconocimientos mutuos entre el oficialismo y la oposición por la participación de todos los partidos en su elaboración, lo que se entiende enriqueció el proyecto.
El diputado Jorge Gandini se congratuló de que el FA “ya no hable mal del capital o de los capitalistas”. El legislador destacó que ahora la izquierda “les pone alfombra roja para que vengan a asociarse y construir las necesarias obras de infraestructura”. El nacionalista elogió que el gobierno haya recogido varios de los planteos de los blancos para mejorar el texto original y que haya reconocido que las inversiones extranjeras tengan un lugar en el país, sin que ello signifique un pecado capital. “Bienvenidos al capitalismo, aunque lo quieran disfrazar para presentárselo a las bases”, apuntó.
El colorado Germán Cardoso elogió el “aggiornamiento” del gobierno, “que tantas veces dio la batalla ideológica contra los privados y hoy trae este proyecto con la firma del presidente Mujica”.
El frenteamplista Gonzalo Mujica, por su parte, destacó el amplio respaldo de todos los partidos, “necesario en este caso para que el proyecto fuera capaz de garantizar a los privados la seguridad en su inversión”. Agregó que al país le quedará una ley de alto valor, que promoverá muchas iniciativas hoy fuera de las posibilidades del Estado.
El Partido Comunista se opone al proyecto y pidió libertad de acción para votarlo en contra, lo que le fue negado. Su diputado, Hugo D’Ávila, planteó el temor de que en futuros gobiernos blancos y colorados se utilice la herramienta para “retomar su política de privatizaciones”.
Protesta gremial por proyecto
La mesa sindical de entes, representante de los sindicatos de las empresas públicas, se movilizó ayer en el centro de Montevideo para reclamar su derecho a opinar sobre el proyecto de ley de Asociación Público-Privada, que se votó de noche en la Cámara de Diputados. Los sindicatos de AFE, OSE, Antel y UTE, entre otros, más la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) realizaron una marcha en medio de un paro parcial desde la Explanada Municipal hasta la esquina de 18 de Julio y Andes.
Los trabajadores reclamaban incluir la negociación colectiva y una garantía de defensa del patrimonio estatal, lo que no se hizo.
Fuente: Ultimas Noticias
Para Vender al Uruguay, la Pseudo-Izquierda y la Derecha Votan Juntos.
Sin embargo, hubo algunas modificaciones planteadas desde el propio gobierno -algunas a instancias de la oposición- lo cual derivó en la ampliación del apoyo político desde afuera y también desde adentro del propio oficialismo.
mandato. La última discrepancia fue planteada el martes 10, cuando en la bancada del Frente Amplio el representante comunista Hugo Dávila reiteró su rechazo al proyecto y solicitó, en consecuencia, que se le permitiera a él y a su compañero del PCU Juan Carlos Hornes (suplente de Walter De León) la libertad de acción para no votarlo. Esto no fue autorizado y la bancada debió votar en bloque a favor del proyecto.
En su informe al plenario, el representante oficialista Gonzalo Mujica destacó la "actitud patriótica" de la oposición por haber sugerido modificaciones y mostrar su disposición para acompañar la iniciativa.
Gonzalo Mujica la consideró como "una de las leyes más importantes de esta administración", y aclaró que esta ley "va en sentido contrario a la enajenación de patrimonio público de otras épocas". "Es una ley para la creación de nueva infraestructura y servicios conexos", manifestó.
Luego, el diputado del Partido Independiente Iván Posada sostuvo que esta ley será fundamental para mejorar la infraestructura vial y la energética. "Es una ley necesaria, una herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda superar las dificultades actuales en materia logística y social", destacó Posada.
Los diputados oficialistas Dávila y Hornes votaron a favor. Luego, Dávila argumentó en contra de esta ley. "Es una ley que no conforma al Partido Comunista en función de lo que se piensa que debe ser el rol del Estado en un país productivo", precisó. Además, Dávila advirtió que "en un próximo gobierno de un partido tradicional esta ley se puede emplear para privatizar", tras lo cual reiteró que votó "por disciplina partidaria".
AFAP. Germán Cardoso, diputado colorado, subrayó que la ley es impostergable y que será una herramienta hábil para lo que se pretende.
El legislador nacionalista Pablo Abdala promovió un agregado a la iniciativa en el sentido de incluir un artículo que asegurara la instancia de negociación colectiva en cualquier proyecto de inversión.
Un elemento de discusión se dio cuando el diputado blanco José Carlos Cardoso dijo que los recursos financieros que se emplearán en los proyectos público privados serán los de las AFAP. Eso motivó una reacción de varios diputados frenteamplistas como Alfredo Asti y Gustavo Bernini.
Fuente: El País Digital
Lo que nos Deja las Políticas del Gobierno, Exceso de Trabajo e Informalidad en los Jóvenes.
"La cantidad de horas trabajadas aumenta con la edad del trabajador, sin embargo existe una proporción importante de jóvenes que trabajan más de 40 horas", destaca el informe, y añade: "Una carga horaria excesiva podría perjudicar el tiempo necesario de los jóvenes para estudiar y formarse".
Por otra parte, datos sobre aporte a la seguridad social muestran que más del 90% de los trabajadores de entre 15 y 17 años no están cubiertos. El porcentaje baja algo más de 35% en los empleados de entre 18 y 24 años, pero de todos modos son porcentajes elevados si se compara con los siguientes rangos etarios. "En el tramo 25-29 el porcentaje de no aporte es similar al tramo 30-34 y significativamente menor a los más jóvenes, con lo cual se debería enfocar las políticas en los menores de 25 años", sugiere el documento.
Otros datos revelan que la primera experiencia laboral (de al menos tres meses) aparece entre los 15 y 19 años. El informe recomienda que las políticas "tiendan a lograr que los jóvenes prioricen el estudio a tempranas edades y en caso de optar por trabajar lo hagan en las condiciones más adecuadas tanto para su presente como para su futuro".
La tasa de empleo para los jóvenes de entre 18 y 24 años supera el 50% en ese tramo de edades en todos los departamentos. Los valores más altos son en Flores (62,2%) y San José (64,4%) y los más bajos en Treinta y Tres (44,1%) y Florida (50,2%). En cuanto al desempleo para esa franja, su tasa oscila entre un mínimo de 12% en Colonia y un máximo de 24% en Florida.
Fuente: El País Digital
El Viernes 13 de Mayo Marcha en Contra de Aratirí, el Pueblo a la Calle.
Este viernes 13, el Parlamento será rodeado por caballos. En la tarde, productores y vecinos de los departamentos de Durazno, Treinta y Tres, Lavalleja, Cerro Largo y Rocha e integrantes de organizaciones ambientalistas que por estos días hacen foco en el emprendimiento minero de Aratirí han resuelto manifestarse por las calles de Montevideo y a caballo en contra del proyecto minero.
A partir de las 15:30 horas los vecinos y productores provenientes de aquellos departamentos del interior, se concentrarán en la intersección de las avenidas Batlle Berres y general Flores. Desde allí pretenden transitar por general Flores hasta el Palacio Legislativo con la intención de rodearlo con caballos, tractores y camiones.
Está previsto también hacerles llegar a los legisladores un documento en el que dejarán por escrito su rechazo al emprendimiento minero a cielo abierto de Aratirí.
Aseguran que ya están "sufriendo" las consecuencias negativas medioambientales a causa de la prospección minera.
Fuente: La República
Queremos Izquierda.
A partir de las 15:30 horas los vecinos y productores provenientes de aquellos departamentos del interior, se concentrarán en la intersección de las avenidas Batlle Berres y general Flores. Desde allí pretenden transitar por general Flores hasta el Palacio Legislativo con la intención de rodearlo con caballos, tractores y camiones.
Está previsto también hacerles llegar a los legisladores un documento en el que dejarán por escrito su rechazo al emprendimiento minero a cielo abierto de Aratirí.
Aseguran que ya están "sufriendo" las consecuencias negativas medioambientales a causa de la prospección minera.
Fuente: La República
Queremos Izquierda.
A pedido de las bases del Frente Amplio (FA) de Montevideo, el economista Jorge Notaro elaboró un documento sobre distribución de la riqueza y el ingreso, que recopila debates que se han dado en comités y mesas redondas organizadas por sectores. En él plantea que el FA llegó al gobierno en 2005 pero el “poder económico” sigue en manos de los propietarios de los medios de producción, asegura que la equidad “está muy lejos” de lograrse y cuestiona a quienes hablan “despectivamente” del “oportunismo tributario”. El economista, asesor de grupos que sustentaron a Mujica en la campaña, les responde a quienes sostienen que “tirar la piola” hasta que se rompa sería una manera de “matar a la gallina de los huevos de oro”. “Hay indicios de que se puede romper otra piola, la que une al FA con los sectores populares”, advierte. la diaria conversó con Notaro respecto al material que discuten las bases capitalinas.
-¿Qué inquietudes ha recogido en estas reuniones de comités de base y coordinadores?
- En primer lugar, hay que decir que la discusión sobre la redistribución de la riqueza todavía no ha empezado en el FA, y eso ya merecería una reflexión política. Sobre todo para un partido que en su nacimiento, en 1971, elaboró un programa de gobierno que giraba básicamente en torno a la distribución de la riqueza. Es evidente que hoy el mundo cambió, que hay que ajustar las perspectivas. Pero no será posible distribuir la riqueza sin fortalecer a las empresas públicas. El Banco República hoy controla la mitad de las operaciones bancarias y es necesario modificar la ley que lo regula; sacarlo de la esfera del Banco Central, que no tenga el mismo tratamiento que las demás entidades privadas. Debe transformarse, con el apoyo del Estado, en una palanca del desarrollo económico. Otro ejemplo: la reforma agraria no tiene sentido en un país sin gente en el campo, pero sí es imprescindible que apoyemos a los 32.000 productores familiares que sobreviven como pueden.
-En el documento habla de la necesidad de cumplir con el compromiso programático de entregar 250.000 hectáreas de tierras en este período. ¿Qué sucedería si no se concretara?
-Tendríamos costos políticos altísimos. Si realmente estamos en contra de la extranjerización y la concentración de la tierra, tenemos que buscar medidas concretas para revertir el proceso. Si es necesario, deberíamos emitir deuda pública para financiar esas compras de tierras. Además, las detracciones y subsidios serían claves en este cambio de política.
-¿Cuáles son esos indicios de que el FA puede romper “la piola” que siempre lo vinculó a las capas populares?
- Hay personas que votaron al FA con expectativas de mejorar su nivel de vida, y algunos ya vieron que pasaron cinco años, y que pueden pasar diez, sin que haya mejoras. Y peor, ven que el gobierno y la fuerza política no hacen nada para que se sientan parte de un proceso social y político. Toda esa gente va a quedar a merced de la propaganda electoral. Lamentablemente, el FA ya ha ingresado en un proceso de retroceso político, organizativo, ético e ideológico que necesariamente se va a reflejar en las urnas. La próxima elección la puede ganar por la candidatura de Tabaré Vázquez, pero sin mayoría parlamentaria, y en la siguiente seguramente va a ganar Pedro Bordaberry. Cuando una organización de izquierda tiene que enfrentar a la derecha tiene que hacerlo con más izquierda, si no todo se confunde y se diluye.
-El gobierno de Mujica se presentaba como un giro hacia la izquierda. ¿Es posible con esta política económica?
- No creo que sea posible esa profundización de los cambios con esta política económica. Mujica es el presidente, pero el gobierno es del FA, donde hay una columna muy fuerte, política e ideológica, que es el Frente Líber Seregni [FLS], y que tiene como contrapeso al MPP. Si el MPP transa con las propuestas del FLS, los cambios van a ser más lentos y menos profundos.
-¿El agro debe volver a pagar el Impuesto de Primaria?
-Esa exoneración se decretó en un momento de crisis, pero ahora no se justifica, porque el agro está en pleno auge. Hace poco tuvimos una reunión con el ministro [Fernando] Lorenzo, y reconoció esto, así que hay cierta predisposición a volver a aplicarlo.
Fuente: La Diaria
I
Las medidas que tomará el Frente Amplio al asumir el gobierno, responden a los criterios fundamentales que conducen su política, su origen y razón de ser. No son medidas aisladas, sin que se enmarcan dentro de la estrategia general y de largo plazo que surge de las Bases Programática aprobadas el 17 de febrero de 1971, en función de reconstruir el Uruguay, salvar crisis que atraviesa y abrir nuevos horizontes a la vida nacional.
Los objetivos de dichas bases tienen como sentido poner al pueblo uruguayo en las mejores condiciones para alcanzar la plenitud de su realización humana, levantando su nivel de vida y su formación cultural, obteniendo una completa participación en la sociedad uruguaya y en su gobierno.Para esto el Frente Amplio se propone potenciar al máximo la capacidad de trabajo y creación del pueblo, para superar el estancamiento económico y el escepticismo en las posiciones del país, y lograr su recuperación sobre bases de justicia social y libertad.
El eje fundamental para realizar esos propósitos es la continua participación popular en el proceso de transformaciones económicas, políticas y sociales necesarias. Desde su constitución, el Frente Amplio ha mostrado ese rasgo profundamente democrático y excepcional en la vida política actual uruguaya, y es esa participación popular la que constribuirá decisivamente a la creación del nuevo Uruguay.
Las Bases Programáticas señalan cuatro medidas fundamentales a adoptar, como pilares del proceso transformador:
a) Reforma Agraria;
b) Nacionalización de la banca privada;
c) Nacionalización de los principales rubros del comercio exterior;
d) Enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la nacionalización de la industria frigorífica.
Ellas son esenciales para iniciar el proceso de cambio social, porque enfrentan a los grandes grupos económico-financieros nacionales y extranjeros responsables de la crisis estructural del país.
II
En la coyuntura actual, cuando el Uruguay vive en clima de violencia en todos sus niveles y una grave paralización de sus energías, de la iniciativa y de la confianza del pueblo, el Frente Amplio quiere abrir el más ancho cauce a la esperanza, una esperanza eficiente.
1. Restablecer el estado de derecho.
2. Defender la soberanía nacional y obtener la independencia económica aplicando internamente los capitales creados por el trabajo nacional, poniéndolos al servicio del crecimiento de la producción y la mayor ocupación y evitando sus distintas formas de traslado al exterior.
3. Iniciar el proceso de transformaciones estructurales para alcanzar una mayor capacidad productiva y hacer irreversible el cambio social en beneficio del pueblo uruguayo.
4. Redistribuir el ingreso en favor a los grupos sociales más afectados por la crisis actual.
5. Hacer efectivo el derecho al trabajo logrando la máxima ocupación de la población en las actividades productivas.
6. Elevar el bienestar social, resolviendo los angustiosos problemas de la salud, la vivienda y la educación.
7. Pacificar el país.
8. Sanear la Administración Pública y dar participación, en ella, a los sectores populares.
III
Para alcanzar esos objetivos el Estado desempeñará un papel esencial en el proceso económico. Tendrá una directa participación en la acumulación de capital, imprescindible para el desarrollo, y en lo inmediato, para la reactivación económica del país. Para ello deberá desempeñar una gestión activa y eficiente, que se alcanzará a través de la participación directa de los trabajadores en su dirección.
Se crearán los mecanismos de planificación que determinen las formas y destinos de la inversión y que aseguren la coherencia de las políticas de precios, créditos, tributación y salarios.
IV
En consecuencia, el Frente Amplio adoptará las siguientes primeras medidas:
Restablecimiento del Estado de Derecho
1 - Restableceremos el Estado de Derecho con el levantamiento de las Medidas Prontas de Seguridad y la plena vigencia de las libertades, derechos y garantías constitucionales y legales.
Defensa de la soberanía nacional. Obtención de la independencia económica
e iniciación del proceso de transformaciones estructurales
2 - Denunciaremos las Cartas de Intención vigentes firmadas con el Fondo Monetario Internacional y otros acuerdos lesivos para la soberanía nacional.
Negociaremos la deuda externa, para postergar los pagos y eliminar sus condiciones abusivas. En caso de no lograrlo, adoptaremos las medidas unilaterales que correspondan.
Anularemos los contactos petroleros cuya aplicación supedita la ANCAP a los trust imperialistas.
Promoveremos una política energética que permita responder a las necesidades del desarrollo, procurando la independencia del país en el abastecimiento de energía.
3 - Propiciaremos relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países, en particular con la República de Cuba, único país latinoamericano con el que están interrumpidas.
4 - Intervendremos la banca privada, utilizaremos la legislación vigente mientras se procesa su nacionalización. Esto asegurará una política selectiva y supervisada del crédito que atienda las necesidades de los principales rubros de producción del agro y de la industria, pudiendo acceder al mismo los pequeños y medianos productores y comerciantes. De este modo se hará óptimo el empleo nacional de los ahorros asegurando así la efectiva erradicación de los canales bancarios y parabancarios.
Aplicaremos y extenderemos el monopolio estatal de los seguros.
5 - Estableceremos el monopolio estatal de las diversas, que aseguren su mejor percepción y más adecuada utilización, en beneficio de la producción y el consumo imprescindible, restándolas completamente de los círculos especuladores e impidiendo la evasión de capitales.
6 - Intervendremos, con aplicación de la legislación vigente, las empresas de exportación (industria frigorífica, barracas de lanas y frutos del país), como paso previo a la nacionalización del comercio exterior. Esto asegurará el ingreso total de divisas por concepto de exportaciones, mejor defensa de los precios de estos productos, y permitirá inmediatas negociaciones con distintas áreas, tendientes a incrementar el comercio exterior sobre bases de mutuo beneficio, incluso mediante acuerdos bilaterales.
7 - Iniciaremos el proceso de Reforma Agraria, presentando de inmediato el proyecto de ley correspondiente. Hasta su sanción, utilizaremos la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización, dando participación en su Directorio a los pequeños y medianos productores, asegurando a éstos el asentamiento en la tierra y, con la colaboración de la Universidad de la República, brindando la asistencia técnica que procure una acción planificada en favor del productor y del país. Promoveremos en un plazo de 120 días, la sanción de una ley de arrendamientos rurales que contemple la situación de arrendatarios y propietarios de condición modesta. Hasta entonces, se suspenderán los desalojos rurales. Iniciaremos un proceso de redistribución de tierras y fomentaremos la formación de cooperativas entre los pequeños y medianos productores rurales.
Fijaremos los precios de los principales productores agropecuarios, asegurando su cumplimiento mediante el poder comprador del Estado.
Aseguraremos créditos y pago al contado, atendiendo especialmente a los pequeños y medianos productores.
Tomaremos medidas apropiadas para impedir el contrabando de ganado y de lanas.
8 - Impulsaremos la creación de una flota del Estado, adquiriendo con prioridad barcos petroleros y frigoríficos. Fomentaremos la Marina Mercante Nacional.
Redistribución del ingreso
Las medidas de redistribución del ingreso, además de sus objetivos sociales, propenderán a una reactivación económica a través del aumento de las demandas internas que permita el uso de la capacidad instalada y no utilizada en los distintos sectores de la producción, principalmente en la industria. Esta política contribuirá a aumentar la ocupación de la mano de obra y la producción.
Dichas medidas serán:
9 - Acumularemos los sueldos y salarios del sector privado, urbano y rural, y de los funcionarios públicos, para, como mínimo, restablecer el poder adquisitivo previo a la congelación de salarios en acuerdo
con las organizaciones de los trabajadores y en el marco de la planificación.
Derogaremos la ley de COPRIN y crearemos la Junta Nacional de Salarios. Los objetivos primordiales en materia de retribuciones, serán fijar el salario mínimo nacional y establecer para todos los sectores una política salarial más justiciera, basada en el principio de, "a igual trabajo, igual salario", para hombres, mujeres y jóvenes, y en el mejoramiento del hogar constituido y las asignaciones familiares.
10 - Pagaremos la deuda que el Banco de Previsión Social tiene con los jubilados y pensionistas por un régimen de cuotas a partir de abril de 1972.
Aumentaremos las jubilaciones y pensiones más reducidas, congelaremos las más elevadas, eliminaremos los regímenes de privilegios y perfeccionaremos los especiales. Promoveremos la reestructuración de la previsión social que agilite los trámites y haga posible adelantos jubilatorios, particularmente a aquellos beneficiarios con más de 60 años de edad.
Se realizará un escrito control del cumplimiento de las obligaciones de las empresas con el Banco de Previsión Social con la aplicación de sanciones penales para las grandes patronales que retengan indebidamente los aportes de los trabajadores.
11 - Ajustaremos de inmediato los mecanismos de la administración fiscal que permitan una efectiva recaudación especialmente de los impuestos que gravan los altos ingresos y la acumulación de capital.
Iniciaremos una reforma radical del régimen tributario de modo que promueva la distribución progresiva de la renta nacional y fomente el desarrollo de las actividades productivas.
12 - Aseguraremos el poder de compra de la población y el abastecimiento adecuado de los artículos de consumo popular, aplicando la ley de subsistencia, fijando y controlando precios y eliminando la intermediación parasitaria. Se constituirán inmediatamente, a estos efectos, organismo de control popular, integrados por productores y consumidores.
Hacer efectivo el derecho al trabajo
La efectividad del derecho al trabajo, surgirá de la política agropecuaria, que asegure la permanencia en la tierra de los productores medianos y pequeños y de los trabajadores del campo y el aumento de la producción y la productividad, de la reactivación e intenso desarrollo de la industria, como consecuencia del aumento de la exportación y de la demanda interna, de la ejecución de un plan de obras públicas, así como de la creación de nuevas fuentes de trabajo. A esos efectos:
13 - Promoveremos la plena utilización del equipo instalado de las industrias fundamentales (frigorífica, textil, del cuero, metalúrgica y otras).
Estimularemos el desarrollo de nuevas industrias, particularmente la pesquera y sus derivadas. Promoveremos la prospección y la explotación, en su caso, de nuestras riquezas del subsuelo.
14 - Aceleraremos la aplicación de la ley nacional de viviendas atendiendo sus aspectos de mayor interés social. Facilitaremos y estimularemos la construcción de viviendas por los vecinos dando prioridad a los regímenes de subsidios, cooperativas de ayuda mutua, y regulando el precio de los terrenos destinados a la construcción habitacional para eliminar la especulación.
Elevación del bienestar social
La elevación del nivel de bienestar social resultará de las medidas que crean fuentes de trabajo y redistribuyen el ingreso. Pero éstas deben ser complementadas por otras específicas, por cuanto la tarea de liberación nacional y de desarrollo exige el concurso de todas las energías de nuestro pueblo y es necesario resolver los déficit sociales actuales en materia de salud, educación y vivienda.
15 - En tanto se procesa el establecimiento del Seguro Nacional de Salud, mejoraremos la atención de la salud de la población, a través de la reorganización del Ministerio de Salud Pública y de la iniciación del proceso de coordinación de todos los recursos preventivos y asistenciales existentes en el país.
16 - Instalaremos policlínicas con consultorios materno-infantiles en barrios y centros poblados, utilizando las sedes de organismos estatales y sociales o construyendo locales adecuados. Prestaremos preferente atención a la asistencia médica en el medio rural.
Racionalizaremos y mejoraremos el abastecimiento de medicamentos, abaratando su costo e impulsando su producción por organismos públicos.
17 - Reintegraremos a la escuela a los niños en edad escolar que no hayan completado el ciclo.
Realizaremos un campaña de alfabetización con participación activa y voluntaria de los educadores, estudiantes y pueblo en general.
Promoveremos la sanción de las leyes orgánicas que resuelvan los problemas institucionales de la educación primaria, media y física.
Fomentaremos la educación física, creando campos deportivos en cada barrio y centro poblado y concertando convenios con las instituciones deportivas privadas, a fin de que la Comisión Nacional de Educación Física comparta la utilización de us instalaciones.
18 - Promoveremos la sanción de un ley de medios de comunicación que proteja el trabajo nacional, garantice la información objetiva, asegure la defensa de la cultura nacional y la disponibilidad equitativa de espacios para todas las organizaciones políticas, sindicales, culturales y religiosas.
Fomentaremos y protegeremos la industria nacional del libro. Crearemos una editorial del Estado, dedicada fundamentalmente a la impresión de textos didácticos y obras de autores nacionales.
19 - Aseguraremos medios litro de leche diaria a cada niño. Entregaremos los rubros necesarios para asegurar a los escolares la copa de leche y otros alimentos, ropa, calzado, libros y útiles, así como primera asistencia médica y odontológica.
Reestructuraremos el Consejo del Niño en todas sus dependencias y sanearemos su administración. Combatiremos la explotación infantil.
Ubicaremos en la residencia presidencial de la Estancia Anchorena una Colonia de Vacaciones para niños.
20 - Desarrollaremos, en acuerdo con los municipios y con activa participación popular los centros de barrio que comprendan biblioteca, salas culturales, guardería, jardín de infantes, expendidos, lavadero y otros servicios.
Incrementaremos en todo el país los comedores populares a través del Instituto Nacional de Alimentación.
21 - Promoveremos la sanción en el plazo de 120 días a contar de la instalación de este gobierno de una ley de alquileres que contemple los intereses de los inquilinos y propietarios de condición modesta; hasta tanto se suspenderán los desalojos y lanzamientos.
22 - Aseguraremos transporte eficaz a los habitantes de villas y pueblos cercanos a Montevideo. Pondremos en marcha un plan de recuperación de AFE y PLUNA que aseguren servicios adecuados.
Pacificación del país
23 - Restituiremos a sus lugares de trabajo, con todos sus derechos a los destituidos, suspendidos y traslados por medidas persecutorias, con reparación de las sanciones y perjuicios económicos.
24 - Promoveremos la sanción de una ley de amnistía para lograr la libertad de todos los presos políticos, que permita reintegrar a la convivencia política legal a todos los sectores de la sociedad. Restituiremos la plena vigencia del derecho de asilo político.
25 - Reorientaremos el instituto policial a las características civiles y predominantemente preventivas de sus cometidos, quitando a la
función policial su carácter represivo de los movimientos populares. Destinaremos los medios de comunicación y transporte utilizarse para la represión del pueblo al servicio de la salud, la educación y otras necesidades sociales.
Participación Popular y saneamiento de la administración pública
La ejecución de todas las medidas anteriores, exige la continua participació popular en el proceso de construcción de la nueva sociedad, como asimismo la moralización de la función pública.
Aquella participación y la moralización que se señala, tomarán múltiples forma y con varios mecanismos:
26 - El 1º de marzo de 1972, designaremos el Directorio del Banco de Previsión Social, incluyendo en el mismo a los delegados de las organizaciones más representativas de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores y de los empresarios.
27 - En la misma fecha designaremos los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, incluyendo en ellos a representantes electos por los trabajadores de dichos organismos. Iguales criterios se aplicarán en el caso del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal y otros organismos similares.
28 - Aplicaremos una política que suprima privilegios y logre economías en la conducción de gobierno. Eliminaremos toda forma de remuneración de los cargos electivos, políticos y de confianza, que signifique una situación de privilegio.
29 - Reestructuraremos el servicio exterior, tanto en lo administrativo como en la designación de los funcionarios políticos del mismo, para transformarlo en un instrumento eficaz para la defensa de los intereses políticos y económicos de la República.
30 - Ninguna persona puede ser candidato del Frente Amplio, sin presentar declaración jurada abierta de bienes e ingresos: un régimen similar aplicaremos en la designación de funcionarios de confianza.
Crearemos los mecanismos legales que impidan toda forma de implicación entre el desempeño de cargos públicos e intereses privados, así como el uso de cargos públicos con fines de aprovechamiento personal.
V
Estas primeras medidas son un compromiso político que asume públicamente el Frente Amplio como punto de partida de su plan de gobierno y que marcan el estilo de éste.
Lograrlas exigirá un esfuerzo intenso y sacrificado no sólo de los gobernantes sino de todo el pueblo. Ese esfuerzo y sacrifico son el precio que se logren los cambios estructurales, capaces de asentar sólidamente la prosperidad de la nación y el bienestar de sus habitantes. El Frente Amplio entiende que la activa participación popular, a través de los Comités de Base, los sindicatos y otras organizaciones constituye la garantía de la realización del plan y del control de los gobernantes que deben ejecutarlo.
-¿Qué inquietudes ha recogido en estas reuniones de comités de base y coordinadores?
- En primer lugar, hay que decir que la discusión sobre la redistribución de la riqueza todavía no ha empezado en el FA, y eso ya merecería una reflexión política. Sobre todo para un partido que en su nacimiento, en 1971, elaboró un programa de gobierno que giraba básicamente en torno a la distribución de la riqueza. Es evidente que hoy el mundo cambió, que hay que ajustar las perspectivas. Pero no será posible distribuir la riqueza sin fortalecer a las empresas públicas. El Banco República hoy controla la mitad de las operaciones bancarias y es necesario modificar la ley que lo regula; sacarlo de la esfera del Banco Central, que no tenga el mismo tratamiento que las demás entidades privadas. Debe transformarse, con el apoyo del Estado, en una palanca del desarrollo económico. Otro ejemplo: la reforma agraria no tiene sentido en un país sin gente en el campo, pero sí es imprescindible que apoyemos a los 32.000 productores familiares que sobreviven como pueden.
-En el documento habla de la necesidad de cumplir con el compromiso programático de entregar 250.000 hectáreas de tierras en este período. ¿Qué sucedería si no se concretara?
-Tendríamos costos políticos altísimos. Si realmente estamos en contra de la extranjerización y la concentración de la tierra, tenemos que buscar medidas concretas para revertir el proceso. Si es necesario, deberíamos emitir deuda pública para financiar esas compras de tierras. Además, las detracciones y subsidios serían claves en este cambio de política.
-¿Cuáles son esos indicios de que el FA puede romper “la piola” que siempre lo vinculó a las capas populares?
- Hay personas que votaron al FA con expectativas de mejorar su nivel de vida, y algunos ya vieron que pasaron cinco años, y que pueden pasar diez, sin que haya mejoras. Y peor, ven que el gobierno y la fuerza política no hacen nada para que se sientan parte de un proceso social y político. Toda esa gente va a quedar a merced de la propaganda electoral. Lamentablemente, el FA ya ha ingresado en un proceso de retroceso político, organizativo, ético e ideológico que necesariamente se va a reflejar en las urnas. La próxima elección la puede ganar por la candidatura de Tabaré Vázquez, pero sin mayoría parlamentaria, y en la siguiente seguramente va a ganar Pedro Bordaberry. Cuando una organización de izquierda tiene que enfrentar a la derecha tiene que hacerlo con más izquierda, si no todo se confunde y se diluye.
-El gobierno de Mujica se presentaba como un giro hacia la izquierda. ¿Es posible con esta política económica?
- No creo que sea posible esa profundización de los cambios con esta política económica. Mujica es el presidente, pero el gobierno es del FA, donde hay una columna muy fuerte, política e ideológica, que es el Frente Líber Seregni [FLS], y que tiene como contrapeso al MPP. Si el MPP transa con las propuestas del FLS, los cambios van a ser más lentos y menos profundos.
-¿El agro debe volver a pagar el Impuesto de Primaria?
-Esa exoneración se decretó en un momento de crisis, pero ahora no se justifica, porque el agro está en pleno auge. Hace poco tuvimos una reunión con el ministro [Fernando] Lorenzo, y reconoció esto, así que hay cierta predisposición a volver a aplicarlo.
Fuente: La Diaria
Las 30 Medidas de Gobierno.
Documento del Frente Amplio del 25 de Agosto de 1971.I
Las medidas que tomará el Frente Amplio al asumir el gobierno, responden a los criterios fundamentales que conducen su política, su origen y razón de ser. No son medidas aisladas, sin que se enmarcan dentro de la estrategia general y de largo plazo que surge de las Bases Programática aprobadas el 17 de febrero de 1971, en función de reconstruir el Uruguay, salvar crisis que atraviesa y abrir nuevos horizontes a la vida nacional.
Los objetivos de dichas bases tienen como sentido poner al pueblo uruguayo en las mejores condiciones para alcanzar la plenitud de su realización humana, levantando su nivel de vida y su formación cultural, obteniendo una completa participación en la sociedad uruguaya y en su gobierno.Para esto el Frente Amplio se propone potenciar al máximo la capacidad de trabajo y creación del pueblo, para superar el estancamiento económico y el escepticismo en las posiciones del país, y lograr su recuperación sobre bases de justicia social y libertad.
El eje fundamental para realizar esos propósitos es la continua participación popular en el proceso de transformaciones económicas, políticas y sociales necesarias. Desde su constitución, el Frente Amplio ha mostrado ese rasgo profundamente democrático y excepcional en la vida política actual uruguaya, y es esa participación popular la que constribuirá decisivamente a la creación del nuevo Uruguay.
Las Bases Programáticas señalan cuatro medidas fundamentales a adoptar, como pilares del proceso transformador:
a) Reforma Agraria;
b) Nacionalización de la banca privada;
c) Nacionalización de los principales rubros del comercio exterior;
d) Enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la nacionalización de la industria frigorífica.
Ellas son esenciales para iniciar el proceso de cambio social, porque enfrentan a los grandes grupos económico-financieros nacionales y extranjeros responsables de la crisis estructural del país.
II
En la coyuntura actual, cuando el Uruguay vive en clima de violencia en todos sus niveles y una grave paralización de sus energías, de la iniciativa y de la confianza del pueblo, el Frente Amplio quiere abrir el más ancho cauce a la esperanza, una esperanza eficiente.
1. Restablecer el estado de derecho.
2. Defender la soberanía nacional y obtener la independencia económica aplicando internamente los capitales creados por el trabajo nacional, poniéndolos al servicio del crecimiento de la producción y la mayor ocupación y evitando sus distintas formas de traslado al exterior.
3. Iniciar el proceso de transformaciones estructurales para alcanzar una mayor capacidad productiva y hacer irreversible el cambio social en beneficio del pueblo uruguayo.
4. Redistribuir el ingreso en favor a los grupos sociales más afectados por la crisis actual.
5. Hacer efectivo el derecho al trabajo logrando la máxima ocupación de la población en las actividades productivas.
6. Elevar el bienestar social, resolviendo los angustiosos problemas de la salud, la vivienda y la educación.
7. Pacificar el país.
8. Sanear la Administración Pública y dar participación, en ella, a los sectores populares.
III
Para alcanzar esos objetivos el Estado desempeñará un papel esencial en el proceso económico. Tendrá una directa participación en la acumulación de capital, imprescindible para el desarrollo, y en lo inmediato, para la reactivación económica del país. Para ello deberá desempeñar una gestión activa y eficiente, que se alcanzará a través de la participación directa de los trabajadores en su dirección.
Se crearán los mecanismos de planificación que determinen las formas y destinos de la inversión y que aseguren la coherencia de las políticas de precios, créditos, tributación y salarios.
IV
En consecuencia, el Frente Amplio adoptará las siguientes primeras medidas:
Restablecimiento del Estado de Derecho
1 - Restableceremos el Estado de Derecho con el levantamiento de las Medidas Prontas de Seguridad y la plena vigencia de las libertades, derechos y garantías constitucionales y legales.
Defensa de la soberanía nacional. Obtención de la independencia económica
e iniciación del proceso de transformaciones estructurales
2 - Denunciaremos las Cartas de Intención vigentes firmadas con el Fondo Monetario Internacional y otros acuerdos lesivos para la soberanía nacional.
Negociaremos la deuda externa, para postergar los pagos y eliminar sus condiciones abusivas. En caso de no lograrlo, adoptaremos las medidas unilaterales que correspondan.
Anularemos los contactos petroleros cuya aplicación supedita la ANCAP a los trust imperialistas.
Promoveremos una política energética que permita responder a las necesidades del desarrollo, procurando la independencia del país en el abastecimiento de energía.
3 - Propiciaremos relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países, en particular con la República de Cuba, único país latinoamericano con el que están interrumpidas.
4 - Intervendremos la banca privada, utilizaremos la legislación vigente mientras se procesa su nacionalización. Esto asegurará una política selectiva y supervisada del crédito que atienda las necesidades de los principales rubros de producción del agro y de la industria, pudiendo acceder al mismo los pequeños y medianos productores y comerciantes. De este modo se hará óptimo el empleo nacional de los ahorros asegurando así la efectiva erradicación de los canales bancarios y parabancarios.
Aplicaremos y extenderemos el monopolio estatal de los seguros.
5 - Estableceremos el monopolio estatal de las diversas, que aseguren su mejor percepción y más adecuada utilización, en beneficio de la producción y el consumo imprescindible, restándolas completamente de los círculos especuladores e impidiendo la evasión de capitales.
6 - Intervendremos, con aplicación de la legislación vigente, las empresas de exportación (industria frigorífica, barracas de lanas y frutos del país), como paso previo a la nacionalización del comercio exterior. Esto asegurará el ingreso total de divisas por concepto de exportaciones, mejor defensa de los precios de estos productos, y permitirá inmediatas negociaciones con distintas áreas, tendientes a incrementar el comercio exterior sobre bases de mutuo beneficio, incluso mediante acuerdos bilaterales.
7 - Iniciaremos el proceso de Reforma Agraria, presentando de inmediato el proyecto de ley correspondiente. Hasta su sanción, utilizaremos la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización, dando participación en su Directorio a los pequeños y medianos productores, asegurando a éstos el asentamiento en la tierra y, con la colaboración de la Universidad de la República, brindando la asistencia técnica que procure una acción planificada en favor del productor y del país. Promoveremos en un plazo de 120 días, la sanción de una ley de arrendamientos rurales que contemple la situación de arrendatarios y propietarios de condición modesta. Hasta entonces, se suspenderán los desalojos rurales. Iniciaremos un proceso de redistribución de tierras y fomentaremos la formación de cooperativas entre los pequeños y medianos productores rurales.
Fijaremos los precios de los principales productores agropecuarios, asegurando su cumplimiento mediante el poder comprador del Estado.
Aseguraremos créditos y pago al contado, atendiendo especialmente a los pequeños y medianos productores.
Tomaremos medidas apropiadas para impedir el contrabando de ganado y de lanas.
8 - Impulsaremos la creación de una flota del Estado, adquiriendo con prioridad barcos petroleros y frigoríficos. Fomentaremos la Marina Mercante Nacional.
Redistribución del ingreso
Las medidas de redistribución del ingreso, además de sus objetivos sociales, propenderán a una reactivación económica a través del aumento de las demandas internas que permita el uso de la capacidad instalada y no utilizada en los distintos sectores de la producción, principalmente en la industria. Esta política contribuirá a aumentar la ocupación de la mano de obra y la producción.
Dichas medidas serán:
9 - Acumularemos los sueldos y salarios del sector privado, urbano y rural, y de los funcionarios públicos, para, como mínimo, restablecer el poder adquisitivo previo a la congelación de salarios en acuerdo
con las organizaciones de los trabajadores y en el marco de la planificación.
Derogaremos la ley de COPRIN y crearemos la Junta Nacional de Salarios. Los objetivos primordiales en materia de retribuciones, serán fijar el salario mínimo nacional y establecer para todos los sectores una política salarial más justiciera, basada en el principio de, "a igual trabajo, igual salario", para hombres, mujeres y jóvenes, y en el mejoramiento del hogar constituido y las asignaciones familiares.
10 - Pagaremos la deuda que el Banco de Previsión Social tiene con los jubilados y pensionistas por un régimen de cuotas a partir de abril de 1972.
Aumentaremos las jubilaciones y pensiones más reducidas, congelaremos las más elevadas, eliminaremos los regímenes de privilegios y perfeccionaremos los especiales. Promoveremos la reestructuración de la previsión social que agilite los trámites y haga posible adelantos jubilatorios, particularmente a aquellos beneficiarios con más de 60 años de edad.
Se realizará un escrito control del cumplimiento de las obligaciones de las empresas con el Banco de Previsión Social con la aplicación de sanciones penales para las grandes patronales que retengan indebidamente los aportes de los trabajadores.
11 - Ajustaremos de inmediato los mecanismos de la administración fiscal que permitan una efectiva recaudación especialmente de los impuestos que gravan los altos ingresos y la acumulación de capital.
Iniciaremos una reforma radical del régimen tributario de modo que promueva la distribución progresiva de la renta nacional y fomente el desarrollo de las actividades productivas.
12 - Aseguraremos el poder de compra de la población y el abastecimiento adecuado de los artículos de consumo popular, aplicando la ley de subsistencia, fijando y controlando precios y eliminando la intermediación parasitaria. Se constituirán inmediatamente, a estos efectos, organismo de control popular, integrados por productores y consumidores.
Hacer efectivo el derecho al trabajo
La efectividad del derecho al trabajo, surgirá de la política agropecuaria, que asegure la permanencia en la tierra de los productores medianos y pequeños y de los trabajadores del campo y el aumento de la producción y la productividad, de la reactivación e intenso desarrollo de la industria, como consecuencia del aumento de la exportación y de la demanda interna, de la ejecución de un plan de obras públicas, así como de la creación de nuevas fuentes de trabajo. A esos efectos:
13 - Promoveremos la plena utilización del equipo instalado de las industrias fundamentales (frigorífica, textil, del cuero, metalúrgica y otras).
Estimularemos el desarrollo de nuevas industrias, particularmente la pesquera y sus derivadas. Promoveremos la prospección y la explotación, en su caso, de nuestras riquezas del subsuelo.
14 - Aceleraremos la aplicación de la ley nacional de viviendas atendiendo sus aspectos de mayor interés social. Facilitaremos y estimularemos la construcción de viviendas por los vecinos dando prioridad a los regímenes de subsidios, cooperativas de ayuda mutua, y regulando el precio de los terrenos destinados a la construcción habitacional para eliminar la especulación.
Elevación del bienestar social
La elevación del nivel de bienestar social resultará de las medidas que crean fuentes de trabajo y redistribuyen el ingreso. Pero éstas deben ser complementadas por otras específicas, por cuanto la tarea de liberación nacional y de desarrollo exige el concurso de todas las energías de nuestro pueblo y es necesario resolver los déficit sociales actuales en materia de salud, educación y vivienda.
15 - En tanto se procesa el establecimiento del Seguro Nacional de Salud, mejoraremos la atención de la salud de la población, a través de la reorganización del Ministerio de Salud Pública y de la iniciación del proceso de coordinación de todos los recursos preventivos y asistenciales existentes en el país.
16 - Instalaremos policlínicas con consultorios materno-infantiles en barrios y centros poblados, utilizando las sedes de organismos estatales y sociales o construyendo locales adecuados. Prestaremos preferente atención a la asistencia médica en el medio rural.
Racionalizaremos y mejoraremos el abastecimiento de medicamentos, abaratando su costo e impulsando su producción por organismos públicos.
17 - Reintegraremos a la escuela a los niños en edad escolar que no hayan completado el ciclo.
Realizaremos un campaña de alfabetización con participación activa y voluntaria de los educadores, estudiantes y pueblo en general.
Promoveremos la sanción de las leyes orgánicas que resuelvan los problemas institucionales de la educación primaria, media y física.
Fomentaremos la educación física, creando campos deportivos en cada barrio y centro poblado y concertando convenios con las instituciones deportivas privadas, a fin de que la Comisión Nacional de Educación Física comparta la utilización de us instalaciones.
18 - Promoveremos la sanción de un ley de medios de comunicación que proteja el trabajo nacional, garantice la información objetiva, asegure la defensa de la cultura nacional y la disponibilidad equitativa de espacios para todas las organizaciones políticas, sindicales, culturales y religiosas.
Fomentaremos y protegeremos la industria nacional del libro. Crearemos una editorial del Estado, dedicada fundamentalmente a la impresión de textos didácticos y obras de autores nacionales.
19 - Aseguraremos medios litro de leche diaria a cada niño. Entregaremos los rubros necesarios para asegurar a los escolares la copa de leche y otros alimentos, ropa, calzado, libros y útiles, así como primera asistencia médica y odontológica.
Reestructuraremos el Consejo del Niño en todas sus dependencias y sanearemos su administración. Combatiremos la explotación infantil.
Ubicaremos en la residencia presidencial de la Estancia Anchorena una Colonia de Vacaciones para niños.
20 - Desarrollaremos, en acuerdo con los municipios y con activa participación popular los centros de barrio que comprendan biblioteca, salas culturales, guardería, jardín de infantes, expendidos, lavadero y otros servicios.
Incrementaremos en todo el país los comedores populares a través del Instituto Nacional de Alimentación.
21 - Promoveremos la sanción en el plazo de 120 días a contar de la instalación de este gobierno de una ley de alquileres que contemple los intereses de los inquilinos y propietarios de condición modesta; hasta tanto se suspenderán los desalojos y lanzamientos.
22 - Aseguraremos transporte eficaz a los habitantes de villas y pueblos cercanos a Montevideo. Pondremos en marcha un plan de recuperación de AFE y PLUNA que aseguren servicios adecuados.
Pacificación del país
23 - Restituiremos a sus lugares de trabajo, con todos sus derechos a los destituidos, suspendidos y traslados por medidas persecutorias, con reparación de las sanciones y perjuicios económicos.
24 - Promoveremos la sanción de una ley de amnistía para lograr la libertad de todos los presos políticos, que permita reintegrar a la convivencia política legal a todos los sectores de la sociedad. Restituiremos la plena vigencia del derecho de asilo político.
25 - Reorientaremos el instituto policial a las características civiles y predominantemente preventivas de sus cometidos, quitando a la
función policial su carácter represivo de los movimientos populares. Destinaremos los medios de comunicación y transporte utilizarse para la represión del pueblo al servicio de la salud, la educación y otras necesidades sociales.
Participación Popular y saneamiento de la administración pública
La ejecución de todas las medidas anteriores, exige la continua participació popular en el proceso de construcción de la nueva sociedad, como asimismo la moralización de la función pública.
Aquella participación y la moralización que se señala, tomarán múltiples forma y con varios mecanismos:
26 - El 1º de marzo de 1972, designaremos el Directorio del Banco de Previsión Social, incluyendo en el mismo a los delegados de las organizaciones más representativas de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores y de los empresarios.
27 - En la misma fecha designaremos los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, incluyendo en ellos a representantes electos por los trabajadores de dichos organismos. Iguales criterios se aplicarán en el caso del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal y otros organismos similares.
28 - Aplicaremos una política que suprima privilegios y logre economías en la conducción de gobierno. Eliminaremos toda forma de remuneración de los cargos electivos, políticos y de confianza, que signifique una situación de privilegio.
29 - Reestructuraremos el servicio exterior, tanto en lo administrativo como en la designación de los funcionarios políticos del mismo, para transformarlo en un instrumento eficaz para la defensa de los intereses políticos y económicos de la República.
30 - Ninguna persona puede ser candidato del Frente Amplio, sin presentar declaración jurada abierta de bienes e ingresos: un régimen similar aplicaremos en la designación de funcionarios de confianza.
Crearemos los mecanismos legales que impidan toda forma de implicación entre el desempeño de cargos públicos e intereses privados, así como el uso de cargos públicos con fines de aprovechamiento personal.
V
Estas primeras medidas son un compromiso político que asume públicamente el Frente Amplio como punto de partida de su plan de gobierno y que marcan el estilo de éste.
Lograrlas exigirá un esfuerzo intenso y sacrificado no sólo de los gobernantes sino de todo el pueblo. Ese esfuerzo y sacrifico son el precio que se logren los cambios estructurales, capaces de asentar sólidamente la prosperidad de la nación y el bienestar de sus habitantes. El Frente Amplio entiende que la activa participación popular, a través de los Comités de Base, los sindicatos y otras organizaciones constituye la garantía de la realización del plan y del control de los gobernantes que deben ejecutarlo.
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