Ser de izquierda no es una abstracción. Hay valores en el individuo que lo identifican en qué parte de un espectro político está. Así de esta forma se podrían identificar a Cristo, Hitler, Obama o Chavez de que lado están. De esta forma identificamos que el Che Guevara y Cristo tienen mucho en común, como así también se atan cabos entre Hitler y Bush.
Hay valores que señalan a los individuos entre izquierda y derecha.
La política uruguaya también tiene sus bemoles. Se puede ser de izquierda siendo de derecha?. Para ser de izquierda no alcanza solamente autoproclamarse.
Los hechos y los dichos confirman a cada cual en su lugar. No alcanza un disfraz.
Nadie acusaría de izquierdas a un banquero, ni a un especulador, menos a un corrupto, a un torturador, un dogmático, o un individualista. Hay índices que ubican a la gente en su lugar.
De la misma forma en Uruguay cuando se habla por ejemplo de la Ley de Caducidad, marca una línea clara entre izquierda y derecha. Son los hechos. Quien está a la izquierda y quien a la derecha.
Hay también otras líneas que determinan quien es quien. Si un político sigue a rajatabla las politicas del Banco Mundial no se puede considerar de izquierda. Por mas que la vistan de seda.
Hay síntomas que deschavan a los personajes que podrán hacer alianzas, por conveniencia, pero que a la larga, están defendiendo intereses que no son de los de abajo, sur, trabajadores, pobres, de a pié, rebeldes, oprimidos y hombres nuevos.
No, se me hace difícil ver en Nin Novoa o Gonzalo Fernandez un hombre nuevo. Ni oprimido, ni de a pié. Con solo ver la foto lo ubico en el lado de afuera del espectro, de los valores, de lo que ineludiblemente hay que ser.
El Fiambre (Extraído de El Muerto)
Entre Mafiosos se Cuídan
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| Gonzalo Fernandez y Rodolfo Nin Novoa |
Entre Todos Nos Cuídamos
Informe del Frente defiende a Fernández, Salom y Abreu
Senado. Fue elaborado por asesor de Mujica e hijo de Nin
SEBASTIÁN CABRERA
El Frente concluyó que Gonzalo Fernández no actuó "por motivos espurios o ilegítimos" y no fue "protagonista" en la derogación del delito por el que procesaron a los Peirano. Y que el senador Abreu, "alma mater" de la ley, se manejó con "autonomía".
Esas son algunas conclusiones del informe del oficialismo en la investigadora del Senado, elaborado por los asesores Homero Guerrero (abogado de confianza del presidente José Mujica y del MPP), Rodolfo Nin (hijo del senador Rodolfo Nin Novoa) y Héctor Di Giácomo (abogado socialista, ex director de la Fiscalía Letrada de la Policía y de Asuntos Internos del Ministerio del Interior), bajo las directivas de los senadores Jorge Saravia (Espacio 609), Nin Novoa (Alianza Progresista), Mónica Xavier (Partido Socialista) y Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay).
Allí se afirma que el ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández, la abogada Cecilia Salom (su mujer) y el senador blanco Sergio Abreu no tuvieron interés particular en la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, que luego habilitó la clausura del expediente de los hermanos Peirano Basso. El objetivo de la ley fue "evitar duplicar figuras delictivas", dice el informe, al que accedió El País.
"Resulta prístino el espíritu que moviera al legislador que promueve la norma (Abreu) y su casual interlocutor (Fernández). No puede concluirse que haya existido ninguna suerte de presión o elemento que apunte a dubitación en cuanto a la actitud al promover la norma", dice el informe oficialista, que será votado por el Senado.
Saravia envió ayer el texto a todos los senadores del Frente Amplio (FA) para que lo estudien y digan si "quieren sacar o poner algo", según contó a El País. El informe debe ser aprobado el lunes por la bancada de senadores de la coalición.
Todo indica que el texto tendrá diferencias con las conclusiones de la investigadora que funciona en el FA, donde está casi terminado el trabajo. Allí hubo visiones críticas de las bases, el Partido Comunista y el MPP. También habrá diferencias con el informe del Partido Nacional y del Partido Colorado en torno a la actuación de Fernández, ya que ese informe mencionará "contradicciones y omisiones" del ex funcionario de gobierno, aunque no juzga su actuación y marca como correcta la derogación del artículo 76 de la ley 2.230. No se sabe si el dictamen de la oposición tendrá el visto bueno de Vamos Uruguay, sector mayoritario del Partido Colorado que tiene una visión crítica sobre el proceso.
De tres carillas y media, el informe del FA dice que no hay "mérito para la prosecución de la labor de la investigadora" y que "corresponde el archivo de las actuaciones y documentos".
Sin perjuicio de eso, el juez Jorge Díaz -que investiga si hubo delito en la conducta de Fernández en relación a la derogación del artículo 76 de la ley 2.230- pidió que se remita lo actuado por la investigadora.
LEGÍTIMO. El informe del FA dice que "no existió en el accionar de Fernández conducta tendiente a influenciar la aprobación de la norma por motivos espurios o ilegítimos". Y agrega que "por el contrario, su aporte se debió a consultas de terceros; no habiendo tenido actuación impulsora o protagónica en el proceso y alertando cuando entendió que se estaría al borde de cometer un acto equivocado (en 2006 avisó al ex ministro Danilo Astori que no derogara el artículo 76 porque podía liberar a los Peirano)".
Respecto a la labor de los senadores, el informe concluye que se "actuó con autonomía y fundamento" y que hay coincidencias "entre todos los legisladores" en que se intentó "evitar la multiplicación de normas en nuestro sistema jurídico".
El FA define a Abreu como "propulsor y alma mater del proyecto aprobado" y recuerda la "conversación casual" que tuvo "en el despacho de la Cancillería con el ex canciller Gonzalo Fernández, quien le sugiriera a través de un comentario puntual la conveniencia de la derogación de los artículos 42 a 44 y 76 de la ley 2.230 con la finalidad de evitar la duplicación de figuras delictivas". El informe recuerda que Abreu "tomó buena nota de una sugerencia de un destacado jurista que incluso tenía un libro de su autoría a este respecto".
El texto también recuerda que Abreu definió la "sugerencia" de Fernández como "de pura técnica jurídica". Cuando el tema se trate en la Cámara de Senadores es probable que Abreu no esté en sala, ya que pidió licencia en noviembre.
Con respecto a la defensa del ex director del Banco de Montevideo Juan Domingo Ratti por parte del estudio de Fernández, y en particular de la abogada, el informe frenteamplista indica que "excede claramente el objeto de la investigación" del Senado.
"No obstante, puede decirse que su accionar en esa área no tuvo nada que ver con el proceso de aprobación de la norma en cuestión, ni se puede sostener que ella o el doctor Fernández hayan intentado aprovechar la condición de este último para obtener un beneficio procesal particular", advierte el FA.
Y agrega: "Toda otra interpretación consiste en tratar de desvirtuar los elementos probatorios, tanto testimoniales como documentales, obrantes en esta investigación".
El informe recuerda la "única duda momentánea" durante el proceso legislativo, ocurrida en la Cámara de Diputados a partir de una advertencia del diputado blanco Álvaro Lorenzo, oportunidad en la cual se consultó a Fernández "teléfono de por medio" y este aportó su visión como "conocedor" del derecho procesal penal.
El oficialismo aclara que el informe "no pretende invadir la investigación judicial" y "no pretende agotar el análisis más allá de las fronteras del proceso de aprobación de la ley". Los partidos elevarán los informes al vicepresidente Danilo Astori.
El Frente concluyó que Gonzalo Fernández no actuó "por motivos espurios o ilegítimos" y no fue "protagonista" en la derogación del delito por el que procesaron a los Peirano. Y que el senador Abreu, "alma mater" de la ley, se manejó con "autonomía".
Esas son algunas conclusiones del informe del oficialismo en la investigadora del Senado, elaborado por los asesores Homero Guerrero (abogado de confianza del presidente José Mujica y del MPP), Rodolfo Nin (hijo del senador Rodolfo Nin Novoa) y Héctor Di Giácomo (abogado socialista, ex director de la Fiscalía Letrada de la Policía y de Asuntos Internos del Ministerio del Interior), bajo las directivas de los senadores Jorge Saravia (Espacio 609), Nin Novoa (Alianza Progresista), Mónica Xavier (Partido Socialista) y Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay).
Allí se afirma que el ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández, la abogada Cecilia Salom (su mujer) y el senador blanco Sergio Abreu no tuvieron interés particular en la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, que luego habilitó la clausura del expediente de los hermanos Peirano Basso. El objetivo de la ley fue "evitar duplicar figuras delictivas", dice el informe, al que accedió El País.
"Resulta prístino el espíritu que moviera al legislador que promueve la norma (Abreu) y su casual interlocutor (Fernández). No puede concluirse que haya existido ninguna suerte de presión o elemento que apunte a dubitación en cuanto a la actitud al promover la norma", dice el informe oficialista, que será votado por el Senado.
Saravia envió ayer el texto a todos los senadores del Frente Amplio (FA) para que lo estudien y digan si "quieren sacar o poner algo", según contó a El País. El informe debe ser aprobado el lunes por la bancada de senadores de la coalición.
Todo indica que el texto tendrá diferencias con las conclusiones de la investigadora que funciona en el FA, donde está casi terminado el trabajo. Allí hubo visiones críticas de las bases, el Partido Comunista y el MPP. También habrá diferencias con el informe del Partido Nacional y del Partido Colorado en torno a la actuación de Fernández, ya que ese informe mencionará "contradicciones y omisiones" del ex funcionario de gobierno, aunque no juzga su actuación y marca como correcta la derogación del artículo 76 de la ley 2.230. No se sabe si el dictamen de la oposición tendrá el visto bueno de Vamos Uruguay, sector mayoritario del Partido Colorado que tiene una visión crítica sobre el proceso.
De tres carillas y media, el informe del FA dice que no hay "mérito para la prosecución de la labor de la investigadora" y que "corresponde el archivo de las actuaciones y documentos".
Sin perjuicio de eso, el juez Jorge Díaz -que investiga si hubo delito en la conducta de Fernández en relación a la derogación del artículo 76 de la ley 2.230- pidió que se remita lo actuado por la investigadora.
LEGÍTIMO. El informe del FA dice que "no existió en el accionar de Fernández conducta tendiente a influenciar la aprobación de la norma por motivos espurios o ilegítimos". Y agrega que "por el contrario, su aporte se debió a consultas de terceros; no habiendo tenido actuación impulsora o protagónica en el proceso y alertando cuando entendió que se estaría al borde de cometer un acto equivocado (en 2006 avisó al ex ministro Danilo Astori que no derogara el artículo 76 porque podía liberar a los Peirano)".
Respecto a la labor de los senadores, el informe concluye que se "actuó con autonomía y fundamento" y que hay coincidencias "entre todos los legisladores" en que se intentó "evitar la multiplicación de normas en nuestro sistema jurídico".
El FA define a Abreu como "propulsor y alma mater del proyecto aprobado" y recuerda la "conversación casual" que tuvo "en el despacho de la Cancillería con el ex canciller Gonzalo Fernández, quien le sugiriera a través de un comentario puntual la conveniencia de la derogación de los artículos 42 a 44 y 76 de la ley 2.230 con la finalidad de evitar la duplicación de figuras delictivas". El informe recuerda que Abreu "tomó buena nota de una sugerencia de un destacado jurista que incluso tenía un libro de su autoría a este respecto".
El texto también recuerda que Abreu definió la "sugerencia" de Fernández como "de pura técnica jurídica". Cuando el tema se trate en la Cámara de Senadores es probable que Abreu no esté en sala, ya que pidió licencia en noviembre.
No buscaron lograr "beneficio procesal"
El informe del Frente Amplio (FA) defiende la actuación de la abogada Cecilia Salom, esposa del ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández, además de asesora socialista y de la coalición.Con respecto a la defensa del ex director del Banco de Montevideo Juan Domingo Ratti por parte del estudio de Fernández, y en particular de la abogada, el informe frenteamplista indica que "excede claramente el objeto de la investigación" del Senado.
"No obstante, puede decirse que su accionar en esa área no tuvo nada que ver con el proceso de aprobación de la norma en cuestión, ni se puede sostener que ella o el doctor Fernández hayan intentado aprovechar la condición de este último para obtener un beneficio procesal particular", advierte el FA.
Y agrega: "Toda otra interpretación consiste en tratar de desvirtuar los elementos probatorios, tanto testimoniales como documentales, obrantes en esta investigación".
El informe recuerda la "única duda momentánea" durante el proceso legislativo, ocurrida en la Cámara de Diputados a partir de una advertencia del diputado blanco Álvaro Lorenzo, oportunidad en la cual se consultó a Fernández "teléfono de por medio" y este aportó su visión como "conocedor" del derecho procesal penal.
El oficialismo aclara que el informe "no pretende invadir la investigación judicial" y "no pretende agotar el análisis más allá de las fronteras del proceso de aprobación de la ley". Los partidos elevarán los informes al vicepresidente Danilo Astori.
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Fuente: La Republica
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