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CORONEL (r) GUILLERMO CEDREZ - Presidente del Centro Militar
“Los bandos deberíamos ponernos de acuerdo para terminar la beligerancia”

El presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrez, considera que la “guerra” comenzada hace cuarenta años con el enfrenamiento entre los tupamaros y las Fuerzas Armadas continúa. “Acá no hay inocentes”, dijo a Ultimas Noticias. Agregó que los militares no merecen las “afrentas” y responsabilizó al Estado por la dictadura y por los “excesos” que “pueden haber existido”. Aseguró que nunca recibió “la orden de matar” y que en las acciones de la época participaron “todos”. En alusión al presidente José Mujica y al Frente Amplio (FA) afirmó: “En algún momento el cacique, que es un hombre muy persuasivo, va a tener que juntar a los indios. Coronel (R.) Guillermo Cedres

En el comunicado del Centro Militar donde se anuncia la creación de la Oficina de Defensas Penales se aludió a una “guerra revolucionaria en la que estamos inmersos desde hace más de cuarenta años”. ¿Esa guerra continúa? -Sí, claro. Una situación de guerra se puede llevar a cabo sin acciones militares ni beligerancia. Las acciones legales también son un acoso y una forma de llevar a cabo determinada política contra algunas personas, en este caso particular contra las Fuerzas Armadas. Han pasado casi cuarenta años y somos acusados y criticados. Yo entiendo que es una forma de guerra. ¿Se sigue tratando de dos bandos, dos partes específicas como cuando ocurrían los enfrentamientos? -Aquí se declaró un estado de guerra y no se dejó sin efecto. Si bien las acciones militares fundamentales fueron el primer año, después se siguieron realizando acciones de ese tipo. Se reorganizaron en otros países y se llevaron a cabo desde el exterior también. Es obvio que hubo dos bandos y que acá no hay inocentes. Los que hacíamos estas acciones éramos todos grandes. Yo no digo que siga habiendo dos bandos, sino que por las acciones de la Justicia y por las declaraciones de algunas personas se sigue con este tema. Nosotros somos permanentemente criticados y recibimos afrentas que a esta altura del partido, no las merecemos. -¿Quién fue el responsable? -Cuando empezó todo esto nosotros teníamos veintitantos años y no decidíamos lo que se hacía. Aquí el responsable fue el Estado porque fue desde allí que se actuó contra la sedición. No fue una banda que actuó contra los sediciosos. Aquí no hubo ninguna orden de matar a nadie. Yo nunca recibí la orden de matar. Al contrario, tratábamos de actuar con el máximo de cautela para que no sucediera ese tipo de cosas pero éramos servidores del Estado. -En la época de los enfrentamientos y en los primeros años de la dictadura, ¿qué rango tenía? ¿Participó en las acciones? -Era teniente primero. No quiero hablar de esa época porque pasó hace casi cuarenta años y la memoria me puede fallar pero participé en las acciones. Los oficiales participamos todos y la gente estaba muy conforme. En esa época nos aplaudían en las esquinas cada vez que hacíamos un procedimiento. -¿Y no hubo “excesos”? -Pero es el Estado el que se tiene que responsabilizar, más allá que puedan haber existido excesos. Si los hubo, que se comprueben y entonces se tomen las medidas del caso pero acá tenemos procesados a los cuales les han adjudicado 28 homicidios al barrer. No están relacionados entre sí, no se encontró el cuerpo del delito, no hay armas, estaban geográficamente en distintos lugares. No es muy fácil determinar eso. Pero el responsable fue el Estado uruguayo, que si hoy ocurre algo va a mandar al mismo Ejército a combatir de la misma forma porque para eso lo tiene. -Más allá de la responsabilidad del Estado, ustedes mantienen el concepto de los bandos, al punto de tener en la puerta del Centro un cartel que prohíbe la entrada a las personas vinculadas a la sedición… -El cartel es la foto de un momento y pinta lo que fue toda esa historia, nada más. El Centro Militar tiene conferencias a las que entra el público. Obviamente a usar el gimnasio entran solo los socios pero eso es así en cualquier institución. Nosotros no prohibimos la entrada a nadie. El cartel fue una resolución de una asamblea en un momento determinado. -Pero está allí y hoy personas que integraron el MLN son el gobierno, como el presidente de la República y el ministro de Defensa. ¿Los recibirían? -Por supuesto. Son autoridades de gobierno. Nosotros no discriminamos a nadie y el cartel es una anécdota que marca la historia de algo que no podemos ni debemos negar. -¿Cómo se termina con este estado de guerra? -Voluntad política. Las personas que pueden hacer algo por esto deberían hacerlo y los bandos deberíamos ponernos de acuerdo para terminar la beligerancia. Nosotros estamos dispuestos. Siempre lo estuvimos. -Cuando comenzó el gobierno, ¿vieron los mensajes del presidente José Mujica como una posibilidad de reconciliación? -Sí, claro que lo vimos. Nosotros, los que están en Domingo Arena y los que están en Chile. Seguimos esperando. En algún momento el cacique, que es un hombre muy persuasivo, va a tener que juntar a los indios. Unanimidades nunca va a haber y no es bueno que las haya. De las discrepancias sale la luz. Yo estimo mucho que se pueda discrepar e intercambiar opiniones y me sale la frase: “Sería capaz de dar la vida defendiendo tu derecho a discrepar conmigo”. Hemos madurado y nos hemos dado cuenta de muchas cosas. El Centro Militar está a la orden para sentarnos a conversar. “Confío en la Justicia, pero son humanos” -¿Cómo se compone la Oficina de Defensas Penales? -Es un equipo de abogados nuestros al que los socios pueden recurrir cuando son convocados. Se va a financiar con el aporte voluntario de cien pesos mensuales de socios y allegados. Además si se juzga a alguien que no es socio del Centro Militar sino de otra institución vinculada, también podría recurrir previa coordinación de las directivas porque ese club va a hacer su aporte. Siendo del entorno de la familia militar, lo vamos a defender. -¿Por qué decidieron crearla? ¿Se ha complicado la situación legal para los militares? -Aparentemente necesitamos más abogados. La situación parece haberse acelerado. Al declarar inconstitucional la Suprema Corte de Justicia la ley de Caducidad para la causa Bordaberry, abarcó todos los casos comprendidos en ese período. -¿Sienten que en los casos de juicios a militares tienen las garantías necesarias o entienden que de alguna manera se los está prejuzgando? -Me remito a las declaraciones de la doctora Azucena Berrutti, que dijo que estaban procesados sin pruebas. Ese es el concepto y el doctor (Miguel) Langón habló también de un derecho penal para el enemigo. Estas dos personalidades plantean algo de eso. No lo digo yo sino la doctora Berrutti. -¿Confía en la Justicia? -Confío en la Justicia pero son humanos. Un tema es la confianza que yo tengo de que como personas intentan hacer las cosas bien pero otra cosa es que se pueden equivocar, como todos los seres humanos.

Fuente: Ultimas Noticias Leer Más: El País Digital Caminos Hay Mirtha Guianze habló sobre la Corte Interamericana, la eliminación de la Ley de Caducidad y la idea de que los delitos de la dictadura prescribirán.

Tras su comparecencia como perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la demanda contra el Estado en el caso Gelman, la fiscal Mirtha Guianze profundizó, en entrevista con la diaria, en algunos de los puntos centrales. Dio explicaciones en torno a la posible prescriptibilidad de los crímenes de la dictadura en 2011 y el no reconocimiento de éstos, por parte de la jurisprudencia uruguaya, como delitos de lesa humanidad. Discrepó con la visión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, respecto a que los delitos de la dictadura no pueden considerarse de lesa humanidad debido a que el Estatuto de Roma se ratificó en 2006. “Entiendo que el doctor Chediak dio una opinión de lo que está pasando en la jurisprudencia y no un adelanto de lo que la SCJ pueda resolver en esos casos que tiene a estudio, porque eso sería un prejuzgamiento”, advirtió.

Un antes y un después

Guianze afirma que “ahora” no recibe presiones en su trabajo, “ni explícitas ni implícitas”, incluso en casos conflictivos como lo fue el procesamiento del militar en actividad Miguel Dalmao. En cambio, “en este país hubo épocas en que supuestamente la Justicia funcionaba de forma independiente, pero por otro lado se hacían llamadas telefónicas para tratar de que se procediera de determinada manera”, sostiene. “Cada cual sabe si aceptó o no en su conciencia”, agrega. Para la fiscal, el Poder Judicial “funciona de forma independiente, pero también, como cualquier otro organismo del Estado, tiene que aceptar las críticas”. “Por mí, el comandante [Jorge] Rosales, como persona, puede decir si yo no actué bien. Cualquiera, incluyendo el Centro Militar, puede opinar si estuve bien o mal. Todo el mundo tiene derecho a expresar su pensamiento. No es presión la crítica”, considera

-¿Qué evaluación hace de la instancia de la Corte IDH? -Muy interesante. Estas instancias de juicios orales existen en toda América; en Uruguay todavía conservamos el proceso escrito. Además, la corte es muy garantista: dan instancias de preguntas después del interrogatorio y después de los alegatos. Todos los jueces interrogan sobre lo que se dijo en los alegatos y les dan a las partes la oportunidad de que vayan armando el suyo en relación con lo que a la corte específicamente no le quedó claro. Hay una función orientadora. -Durante su comparecencia advirtió que los crímenes en dictadura podrían prescribir el 1º de noviembre de 2011 dado que la figura de “homicidio muy especialmente agravado” se aplica en la mayoría de las condenas. -Lo que la corte preguntó en mi peritaje fue si la jurisprudencia uruguaya utiliza los instrumentos de derechos humanos como base para sus sentencias y si se tenían en cuenta los criterios interpretativos de la corte sobre la Convención Americana, que es lo que en general se utiliza en todos los países y lo que Uruguay está obligado a usar como pauta. Acá en general no se ha utilizado, salvo en excepciones. En el caso de [Nelson] Bardesio la jueza, si bien no lo entendió como desaparición forzada, dijo que era crimen de lesa humanidad. -¿Por qué le parece importante que se tipifique “desaparición forzada”? -Si se considera que es desaparición forzada, se entiende que es un delito permanente, que no prescribe hasta que no se encuentra a la víctima o se tiene la certeza de que falleció de alguna manera fehaciente, no como hasta ahora que tenemos presunciones. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. En Argentina, Perú, Chile, en las sentencias a las que he tenido acceso, está aceptado que lo que se cometió en el marco de las dictaduras del Cono Sur es lesa humanidad. -¿En nuestro marco jurídico dónde está contemplada esta tipificación? -Desde Nuremberg para acá, con todas las elaboraciones doctrinarias que se fueron haciendo. Establece que hay determinados delitos que tienen una gravedad tal que la humanidad tiene la obligación de perseguirlos, por eso son de lesa humanidad. El Estatuto de Roma es posterior, por eso acá no vamos a considerar la ley que lo implementó, la 18.026. -El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, afirmó, en cambio, que esa norma, que prevé la figura de desaparición forzada, es la que impide tipificar ese delito porque rige desde 2006 y tiene vigencia para los crímenes que ocurran después de ese año. -La SCJ no se ha expedido todavía sobre mis expedientes. Por lo tanto entiendo que el doctor Chediak dio una opinión de lo que está pasando en la jurisprudencia y no un adelanto de lo que la SCJ pueda resolver en esos casos que tiene a estudio, porque eso sería un prejuzgamiento. -¿Cómo se vincula, entonces, la vigencia de la Ley de Caducidad con la prescriptibilidad? -La Ley de Caducidad lo que hizo fue retardar las investigaciones. Si los casos hubieran sido juzgados en su debido momento no estaríamos planteando ahora estos problemas de prescriptibilidad. La interpretación de la Corte IDH es obligatoria porque es la intérprete última de la convención y Uruguay aceptó su competencia desde abril de 1985. La ratificó por ley. Si hay una convención o tratado que va en contra de una legislación interna todos los países pueden depositar las observaciones y reservas que entiendan necesario. Uruguay no ha hecho ninguna. Entonces, al aprobar la Ley de Caducidad en 1986 violó la convención. Yo no sé cuál va a ser el contenido del fallo [de la Corte IDH], pero cualquiera sea, obliga a Uruguay. No estamos hablando de una indemnización, se está pidiendo el derecho a las garantías judiciales y, sobre todo, la eliminación de la Ley de Caducidad.

Interpretación o anulación

-¿Qué opinión tiene del texto interpretativo de la caducidad? -Prefiero no emitir una opinión. Uruguay tiene que encontrar el camino para eliminar la Ley de Caducidad. Podrá ser consensuado entre determinados grupos políticos pero yo no puedo pronunciarme sobre eso, me lo impide la Constitución. Hay que buscar la solución más acorde para que no deje fisuras a la presentación de nuevos recursos de inconstitucionalidad. -¿El Parlamento uruguayo puede anular? -Yo entiendo que sí. Hay antecedentes. También sé que el punto es discutible. Es un camino que hay que buscar, pero no es mi rol interferir en que lo pueda hacer el Parlamento. -Algunos juristas, como el constitucionalista José Korzeniak, han sugerido como salida la presentación caso a caso de un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ. -No es el camino. Porque la mayor parte de las causas que se iniciaron en el 85 interpusieron el recurso en su momento y fue rechazado por mayoría. En esos expedientes, la inconstitucionalidad ya no se puede volver a plantear. Pero además sigue vigente el obstáculo. -El Partido Independiente propone una reforma constitucional que permita a la SCJ realizar pronunciamientos generales. ¿Qué opina? -De ninguna manera. Le damos un poder omnímodo a la SCJ para cualquier ley que se promulgue. Hay otros organismos en otros países, las cortes constitucionales, que tienen un componente más democrático porque tienen otro sistema de elección, por ejemplo. Pero en el caso de la SCJ sería colocarnos bajo el gobierno de los jueces. -¿Cómo han salido otros países de la región ante situaciones similares? -Todos fueron buscando el camino modificando su legislación interna. Algunos dieron más potestades a los jueces. No hay que ir a la SCJ, sino que cada juez va desaplicando la ley por ser incompatible… -¿Y eso es jurídicamente viable en nuestro país? -Hay muchos que piensan que sí, yo pienso que se podría hacer. Pero no hay antecedentes. Hay que repensar cómo se aplican los instrumentos de derecho internacional. Caminos jurídicos para encontrar una salida existen. -La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la corte que se pronuncie, por primera vez, acerca de que los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a democracia directa. ¿Concuerda con este punto? -Sí, eso es claro. Los derechos fundamentales no son plebiscitables y eso lo dijo la SCJ [en la declaración de inconstitucionalidad de Nibia Sabalsagaray]. Que se busque los mecanismos de democracia directa no quiere decir que se renuncie a esos derechos. No hay manera de que la voluntad popular pase por encima de determinado núcleo de derechos humanos indisponibles e irrenunciables.

Lourdes Rodríguez

 

Fuente: La Diaria