La Ley de Caducidad fue declarada nuevamente inconstitucional e inaplicable para el juzgamiento de los crímenes de la dictadura. El fallo permitirá investigar el homicidio en Uruguay de cinco personas, así como casos conexos de tortura y sustracción de menores.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró nuevamente, por el mecanismo de resolución anticipada, la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", para un nuevo caso en el que se investigan crímenes de la dictadura.
El máximo órgano del Poder Judicial firmó, el pasado 15 de diciembre de 2010, un nuevo fallo promoviendo la inconstitucionalidad de la Ley, por cuanto "por sentencias Nos. 365/2009 y 1525/2010, la Corte hizo lugar a planteos de inconstitucionalidad formulados contra las disposiciones normativas impugnadas en autos, en términos que por su exacta adecuación al caso se tendrán por reproducidos", según el fallo al cual accedió LA REPUBLICA.
En este sentido, la declaración de inconstitucionalidad fue adoptada en la causa caratulada "García Hernández, Amaral y otros", Ficha 173-318/2006, por el cual se indaga el fusilamiento en la localidad de Soca de cinco militantes del MLN-T, trasladados en forma clandestina hacia Uruguay desde la República Argentina, en diciembre de 1974.
El 8 de noviembre de 1974 fueron detenidos en Buenos Aires (Argentina) los militantes del MLN-T Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Daniel Brum, María de los Angeles Corbo y Graciela Estefanell, los que fueron sometidos a incesantes torturas. Posteriormente, los cinco militantes fueron trasladados en forma clandestina hacia Uruguay en el denominado "Vuelo Cero", en el marco de la concertación represiva de los países del Cono Sur, denominado "Plan Cóndor". Los cinco militantes fueron ejecutados en Uruguay y sus cuerpos abandonados en Soca (Canelones).
Caso testigo
La excepción de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad promovida por la fiscal Ana María Tellechea en la causa "Fusilados de Soca", incluyó además la petición para investigar la desaparición del niño recuperado Amaral García, hijo del matrimonio de Floreal García y Mirtha Hernández, y hoy activo militante por la investigación de los crímenes de la dictadura.
En este sentido, la abogada María del Pilar Elhodoy, patrocinante en la causa penal por los "Fusilados de Soca", destacó la relevancia del fallo de la Corte, por cuanto, permite indagar los delitos perpetrados contra Amaral García, entre ellos, sustracción de menores y cambio de identidad.
"La Corte mantiene un criterio de acción y declara la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, manifestándose a favor del derecho y la normativa internacional de derechos humanos. Sin embargo, ahora se amplía porque no solo se habilita la investigación sobre personas asesinadas por la dictadura, sino los crímenes contra personas que hoy están vivas", explicó Elhordoy a LA REPUBLICA.
Amaral García fue apropiado y entregado a una familia adoptiva, cuando sus padres Floreal García y Mirtha Hernández fueron secuestrados en Buenos Aires; sus padres adoptivos eran agentes del Servicio de Información del Estado (SIDE), cuya misión era infiltrarse en grupos considerados subversivos.
El joven permaneció 10 años desaparecido hasta ser recuperado en 1985 tras una investigación de las Abuelas de Plaza de Mayo. Su aparición puso al descubierto el traslado clandestino de sus padres hacia Uruguay, donde fueron fusilados. "Amaral es el primer hijo que logra una inconstitucionalidad de la Ley por los delitos contra sus padres y para si mismo", explicó Elhordoy.
Asimismo, la abogada destacó que el nuevo fallo de la Corte permitirá indagar el secuestro, traslado clandestino y torturas contra Julio Abreu, sobreviviente y testigo directo de las circunstancias que rodearon el crimen de Soca. Abreu fue detenido en Buenos Aires junto a los cinco militantes del MLN-T y trasladado hacia Uruguay, donde fue alojado en la casona de Punta Gorda, hasta ser liberado con vida. "La indagatoria por el secuestro de Abreu podría seguir asentando algo que es sabido: la participación de militares y represores uruguayos en las prácticas represivas en la República Argentina. Podría estarse ante la primera sentencia por el traslado ilegal de una persona viva", expresó Elhordoy.
El máximo órgano del Poder Judicial firmó, el pasado 15 de diciembre de 2010, un nuevo fallo promoviendo la inconstitucionalidad de la Ley, por cuanto "por sentencias Nos. 365/2009 y 1525/2010, la Corte hizo lugar a planteos de inconstitucionalidad formulados contra las disposiciones normativas impugnadas en autos, en términos que por su exacta adecuación al caso se tendrán por reproducidos", según el fallo al cual accedió LA REPUBLICA.
En este sentido, la declaración de inconstitucionalidad fue adoptada en la causa caratulada "García Hernández, Amaral y otros", Ficha 173-318/2006, por el cual se indaga el fusilamiento en la localidad de Soca de cinco militantes del MLN-T, trasladados en forma clandestina hacia Uruguay desde la República Argentina, en diciembre de 1974.
El 8 de noviembre de 1974 fueron detenidos en Buenos Aires (Argentina) los militantes del MLN-T Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Daniel Brum, María de los Angeles Corbo y Graciela Estefanell, los que fueron sometidos a incesantes torturas. Posteriormente, los cinco militantes fueron trasladados en forma clandestina hacia Uruguay en el denominado "Vuelo Cero", en el marco de la concertación represiva de los países del Cono Sur, denominado "Plan Cóndor". Los cinco militantes fueron ejecutados en Uruguay y sus cuerpos abandonados en Soca (Canelones).
Caso testigo
La excepción de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad promovida por la fiscal Ana María Tellechea en la causa "Fusilados de Soca", incluyó además la petición para investigar la desaparición del niño recuperado Amaral García, hijo del matrimonio de Floreal García y Mirtha Hernández, y hoy activo militante por la investigación de los crímenes de la dictadura.
En este sentido, la abogada María del Pilar Elhodoy, patrocinante en la causa penal por los "Fusilados de Soca", destacó la relevancia del fallo de la Corte, por cuanto, permite indagar los delitos perpetrados contra Amaral García, entre ellos, sustracción de menores y cambio de identidad.
"La Corte mantiene un criterio de acción y declara la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, manifestándose a favor del derecho y la normativa internacional de derechos humanos. Sin embargo, ahora se amplía porque no solo se habilita la investigación sobre personas asesinadas por la dictadura, sino los crímenes contra personas que hoy están vivas", explicó Elhordoy a LA REPUBLICA.
Amaral García fue apropiado y entregado a una familia adoptiva, cuando sus padres Floreal García y Mirtha Hernández fueron secuestrados en Buenos Aires; sus padres adoptivos eran agentes del Servicio de Información del Estado (SIDE), cuya misión era infiltrarse en grupos considerados subversivos.
El joven permaneció 10 años desaparecido hasta ser recuperado en 1985 tras una investigación de las Abuelas de Plaza de Mayo. Su aparición puso al descubierto el traslado clandestino de sus padres hacia Uruguay, donde fueron fusilados. "Amaral es el primer hijo que logra una inconstitucionalidad de la Ley por los delitos contra sus padres y para si mismo", explicó Elhordoy.
Asimismo, la abogada destacó que el nuevo fallo de la Corte permitirá indagar el secuestro, traslado clandestino y torturas contra Julio Abreu, sobreviviente y testigo directo de las circunstancias que rodearon el crimen de Soca. Abreu fue detenido en Buenos Aires junto a los cinco militantes del MLN-T y trasladado hacia Uruguay, donde fue alojado en la casona de Punta Gorda, hasta ser liberado con vida. "La indagatoria por el secuestro de Abreu podría seguir asentando algo que es sabido: la participación de militares y represores uruguayos en las prácticas represivas en la República Argentina. Podría estarse ante la primera sentencia por el traslado ilegal de una persona viva", expresó Elhordoy.
Fuente: La República
La Impunidad Puede Ser Herida de Muerte.
El senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio), presidente de la comisión de Constitución, dijo a El País que el Parlamento seguirá "escuchando voces jurídicas", mientras que el FA "retomará las negociaciones" durante las próximas semanas. La idea es que entre marzo y abril la coalición de izquierda logre una solución. En ese sentido, hay una fecha clave: el 19 de marzo sesionará el Plenario Nacional del FA, donde se decidiría qué hacer en el Senado.
El dirigente del PVP Carlos Coitiño dijo a El País que el FA tiene una definición "y deberá cumplirla". Dijo que "el problema es de aquellos que desacaten las decisiones de la fuerza política".
Además del PVP, la Vertiente Artiguista y el Nuevo Espacio han sido los más reacios a dar marcha atrás respecto al proyecto interpretativo, pero en el FA hay consenso en que -al no tener los votos para sancionarlo- debe buscarse una propuesta alternativa.
En ese sentido, el vicepresidente Danilo Astori planteó un proyecto que derogue la ley de Caducidad. Eso, a diferencia de la anulación, no tiene retroactividad y no afecta los casos ya estudiados por la Justicia.
El diputado Víctor Semproni (Espacio 609) maneja un proyecto que anula la ley y faculta al Poder Judicial a abrir los casos cerrados. También está el planteo del exsenador socialista José Korzeniak de impulsar una iniciativa popular, para lo que se necesita el 25% de las firmas del padrón electoral.
Fuente: El País Digital
Luego de un receso de dos meses en su análisis, el Parlamento retomará mañana el tratamiento del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. La iniciativa cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. Ahora lo analizará el Senado.
Leer Más: La República
La Impunidad en Retirada.
La Suprema Corte habilitó juzgar Fusilamientos en Soca, Amaral y Trabal.
La “ofensiva psicopolítica” de los militares retirados parece derrotada. Su carta pública no tuvo apoyo político y sus amenazas a la prensa provocaron repudio público y alejamiento de la institución militar. Varios miembros del Foro Libertad y Concordia dejaron su Facebook, ahora copado por ultraderechistas. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Caducidad y la justicia investigará los fusilamientos de Soca, la desaparición de Amaral García y la muerte de Trabal. Los militares siguen desfilando por los juzgados y la impunidad se resquebraja.
ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
La ofensiva “psicopolítica” lanzada por el autodenominado “Foro de Libertad y Concordia”, donde se reúnen militares retirados que pueden ser indagados por la justicia en causas de violaciones a los derechos humanos, comenzó a cumplir sus amenazas de llegar a “extremos” cuando desde su Facebook “de apoyo” se intentó intimidar a la prensa y en particular a Caras&Caretas, que había revelado la composición y origen del grupo y sus conexiones con organizaciones de ultraderecha a nivel internacional.
Uno de los miembros del Foro, el teniente coronel Héctor Marcos Varela González, publicó en Internet los datos personales y domicilio de éste cronista y alentó a que otros miembros del Facebook publicaran un mapa de lugar, lo que generó incluso debates internos en la web donde se amenazó con la posibilidad de hacer, por lo menos, un “escrache” al periodista que había divulgado información y documentos sobre las relaciones del grupo con el extremista UnoAmérica y represores argentinos.
Héctor Varela González, quien está radicado en un camino aledaño a la ciudad de San Carlos, es el prosecretario de la Agrupación Maldonado de la Organización de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas que encabezan los torturadores coroneles José A. Baudean y Eduardo Ferro, dos de los militares que podrían ser indagados por la justicia penal por sus crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Varela González, generación 1970 del Liceo Militar, es egresado del “Basic Combat and Counterinsurgency Course C-6” que dictaba la norteamericana Escuela de las Américas (SOA) en 1975. Revistó a principios de los ochenta en el Regimiento de Caballería Nº 1, donde regresó en 1992, bajo el mando del entonces coronel Manuel Fernández (saliente presidente del Centro Militar) y junto al mayor Enrique Mangini, denunciado judicialmente por el homicidio de Santiago Rodríguez Muela en 1972.
Repudio a amenaza
La amenaza a la prensa fue denunciada por las redes sociales, donde se divulgó una “captura” del Facebook del Foro Libertad y Concordia en que Varela González decía: “el citado es de a ratos periodista del pasquín difamatorio La República, en otras “investigador privado sin patente” y testigo de oídas (cuando lo dejan). De algo hay que vivir y éste es su curro” y pedía la ubicación de la calle Luis Kossuth, donde el periodista vivió hasta unos meses atrás.
El episodio fue informado a la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) que emitió una declaración en la que alertó al Ministerio del Interior sobre las implicancias del hecho (método utilizado en Colombia y México para atentar contra periodistas) y rechazó todo intento de intimidación y amenaza contra los trabajadores en el libre desempeño de su tarea de investigación, expresión y difusión a la opinión pública. Directivos de APU se reunieron al respecto con el ministro Eduardo Bonomi.
La intimidación lanzada por el Foro Libertad y Concordia generó inmediatas reacciones locales e internacionales, donde se produjeron declaraciones de condena por parte de personalidades y organizaciones por los derechos humanos como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la organización Reporteros Sin Fronteras con sede en París y hasta empresarial Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) asentada en Miami. El Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre y la Unión de Trabajadores de la Alimentación (UITA) enviaron una carta al propio presidente José Mujica.
El ataque a la prensa provocó también diferencias internas dentro del propio Foro, en cuyas páginas de Internet dejó de figurar su fundadora, la psicóloga María Noel Larrosa Rombys, sindicada como hija del torturador sanducero Ramón Larrosa y de la maestra Diva “Mayita” Rombys docente del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) hasta el 2008. Larrosa era cuñado del ex candidato a intendente blanco David Dotti, a quien se sospechó en el caso del robo de los restos de Leandro Gómez.
Espíritu homicida
Dentro del Fecebook del Foro también se generaron algunas ríspidas discusiones sobre la conveniencia de haber publicado los datos del periodista y no faltaron quienes consideraron que la página había sido “infiltrada” a través de algún familiar o contacto. Dos miembros del Foro “hackearon” en la madrugada de ayer el Facebook del periodista de Caras&Caretas para publicar luego en su página el diálogo que intercambiaron cuando fueron descubiertos.
La página web pasó a ser administrada ahora por el anticomunista Jorge Guidobono e Isabel Silva, divulgadora de discursos del venezolano Alejandro Peña Esclusa, presidente de la ultraderechista UnoAmérica y actualmente preso en Caracas, acusado de organizar atentados en las últimas elecciones legislativas de su país. También interviene con asiduidad Juliana de Sarro, la “amiga” que 1986 desmintiera ante el parlamento el testimonio de la enfermera Haydée Trías, quien denunció al coronel Pedro Mato como asesino de Zelmar Michelini. De Sarro es hoy esposa de Mato.
El propio Varela González debió salir a la prensa a explicar que sólo había dado información."La idea es que la gente sepa dónde vive y dónde trabaja, de repente precisan hablar con él, como es un hombre tan inquieto", dijo con ironía el militar quien opinó que durante la dictadura no hubo violaciones de mujeres ni secuestros de niños. "Por mis camaradas pongo las manos en el fuego de que ninguno tuvo un espíritu homicida (...) hubo errores pero no por espíritu homicida", sostuvo.
El Foro Libertad y Concordia emitió una declaración en la que dice que no es su intención “causar ningún tipo de disturbios a la sociedad, ni al gobierno” y replica que “apreciaciones peyorativas y ajenas a nuestra realidad que aparecen en diarios y revistas menores, no se consideran en este comunicado, por entenderse fuera de lugar y ajenas a la cultura de los Orientales”. En su local de la calle Las Heras, sin embargo, los principales de la organización habrían valorado negativamente su exposición en prensa que lo alejó del objetivo de “sumar” a la oficialidad activa de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, la legisladora Daniela Payssé, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, haría un planteo parlamentario ante la presencia de varios legisladores y dirigentes políticos entre los “amigos” del grupo en la web. Entre otros aparecen los colorados Ope Pasquet, Washington Abadala, Daniel García Pintos, Juan Justo Amaro Cedrés, Yañet Puñales, Martín Aguirrezabala y Fernando Amado, y los blancos Luis Lacalle Pou, Gustavo Penadés, Jaime Trobo, Verónica Alonso, Juan Carlos Cardoso, Gustavo Borsari, Juan Carlos Raffo y Carmelo Vidalín; además de las páginas oficiales del Liceo Militar y la Armada Nacional.
Información de “dentro”
En su pasada edición Caras&Caretas informó que la creación del Foro por Libertad y Concordia implicaba un nuevo paso en la “guerra psicopolítica” que protagonizan los militares retirados implicados en violaciones a los derechos humanos para perpetuar su decadente impunidad. El Foro, es una continuación de la acción desplegada primero desde los clubes (Centro y Círculo Militar) y luego desde las cooperativas de oficiales y suboficiales.
“La ofensiva de los indagables”, se tituló el artículo donde se narraba que la nueva organización de defensa de los criminales de lesa humanidad había surgido de debates en el foro “uruguaymilitaria.com” y desde la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las FFAA, donde en una comunicación interna el vocero de prensa del grupo, coronel Juan Carlos Araújo, hizo explícito el origen y estrategia de la nueva agrupación pública.
El propio Araújo se contactó con los coroneles Manuel Urrutia, Julio C. Morinelli, Carlos Oscar Angelero, Walter Forichi y Walter Villanueva, para que los militares retirados se organizaran a través de sus “promociones” como había ocurrido espontáneamente con la tandas a las que pertenecían el general Miguel Ángel Dalmao, tras su procesamiento por el homicidio en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, y el coronel Juan Carlos Gómez, preso por el asesinato de Roberto Gomensoro Jossman en 1973.
Araújo aceleró la reorganización del grupo, en particular para defender a su compañero de promoción, coronel Tranquilino Machado Badaracco, cuyo pedido de procesamiento con prisión fue realizado por el fiscal Juan Gomez y está a estudio del juez que atiende el caso de homicidio especialmente agravado del estudiante Ramón Peré, primer muerto de la dictadura en julio de 1973.
El vocero del Foro, admitió allí que se reunió con el coronel argentino Horacio Gugliemone, defensor de los represores en su país, a quien conoció en una reunión realizada en Montevideo por la organización ultraderechista UnoAmérica, que preside el venezolano Peña Esclusa. Ambos grupos asesoraron y dieron logística al Foro Libertad y Concordia y son hoy sus “amigos” en Facebook.
Fusilados, Amaral y Trabal
Si la ofensiva de los militares retirados se vio dificultada por las malas repercusiones políticas que tuvo a nivel de gobierno su carta a los comandantes en jefe y a nivel público su amenaza a la prensa, el objetivo de incidir en las causas judiciales que volvieron a reabrirse este mes sufrió otro duro revés con una nueva e históricas sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la ley de caducidad para el caso de los fusilados de Soca.
La sentencia Nº 2337, firmada el 15 de diciembre pasado pero divulgada el miércoles, volvió a imponer los mismos argumentos por los que en octubre de 2009 el máximo órgano judicial uruguayo había dejado fuera de la impunidad la causa de Nibia Sabalsagaray y en noviembre de 2010 habilitó la investigación de 19 casos de muertes por tortura durante la presidencia del dictador Juan María Bordaberry. Por esta causa más de 20 militares retirados serán convocados por la justicia.
Estos juicios se suman al de Horacio Gelós Bonilla, desaparecido en enero de 1976 en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce por el que han sido citados al juzgado penal de la calle Misiones los oficiales retirados Gregorio Álvarez, Aquiles U. Morales, Carlos Techera, Víctor H. Stocco Anglet, Eduardo J. Giordano, Dardo Barrios Hernández, Jorge R. Premoli Picaroni, Juan A. Cirilo Umpiérrez, Roberto Echevarría Ballesteros, Omar Raúl Lacasa Antelo, Dr. Francisco Pons, Nelson Silvera Argencio, Dardo Barrios, Hugo Aguilera y Daniel Gordillo.
El caso de los Fusilados de Soca implica el secuestro en Buenos Aires, el 8 de noviembre de 1974, de los tupamaros Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Daniel Brum, María de los Angeles Corbo (embarazada) y Graciela Estefanell, quienes fueron trasladados a Montevideo y terminaron siendo ejecutados el 20 de diciembre de ese año como supuesta represalia por el homicidio en París del agregado militar, coronel Ramón Trabal, cuya muerte también permanece impune.
La decisión judicial incluye el caso de desaparición de Amaral García, hijo de Floreal y Mirtha, quien fue entregado a una pareja de la SIDE Argentina y terminó siendo el primer niño recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo y traído a Uruguay gracias a gestiones de José Germán Araújo. También incorpora el secuestro de Julio Abreu, único sobreviviente de los seis trasladados en el denominado “vuelo cero”, quien luego de 30 años de silencio denunció el primer traslado masivo en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras de la época que luego sería denominada Plan Cóndor.
Una futura decisión de la Suprema Corte podría terminar de desmoronar la impunidad que aún sostiene a los represores de la dictadura, si habilita la indagación de nuevas denuncias de casos de tortura (tipificada como crimen de lesa humanidad e imprescriptible por la jurisprudencia internacional), que se suman al ya presentado a través de Crysol por las víctimas de Boisso Lanza.
ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
La ofensiva “psicopolítica” lanzada por el autodenominado “Foro de Libertad y Concordia”, donde se reúnen militares retirados que pueden ser indagados por la justicia en causas de violaciones a los derechos humanos, comenzó a cumplir sus amenazas de llegar a “extremos” cuando desde su Facebook “de apoyo” se intentó intimidar a la prensa y en particular a Caras&Caretas, que había revelado la composición y origen del grupo y sus conexiones con organizaciones de ultraderecha a nivel internacional.
Uno de los miembros del Foro, el teniente coronel Héctor Marcos Varela González, publicó en Internet los datos personales y domicilio de éste cronista y alentó a que otros miembros del Facebook publicaran un mapa de lugar, lo que generó incluso debates internos en la web donde se amenazó con la posibilidad de hacer, por lo menos, un “escrache” al periodista que había divulgado información y documentos sobre las relaciones del grupo con el extremista UnoAmérica y represores argentinos.
Héctor Varela González, quien está radicado en un camino aledaño a la ciudad de San Carlos, es el prosecretario de la Agrupación Maldonado de la Organización de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas que encabezan los torturadores coroneles José A. Baudean y Eduardo Ferro, dos de los militares que podrían ser indagados por la justicia penal por sus crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Varela González, generación 1970 del Liceo Militar, es egresado del “Basic Combat and Counterinsurgency Course C-6” que dictaba la norteamericana Escuela de las Américas (SOA) en 1975. Revistó a principios de los ochenta en el Regimiento de Caballería Nº 1, donde regresó en 1992, bajo el mando del entonces coronel Manuel Fernández (saliente presidente del Centro Militar) y junto al mayor Enrique Mangini, denunciado judicialmente por el homicidio de Santiago Rodríguez Muela en 1972.
Repudio a amenaza
La amenaza a la prensa fue denunciada por las redes sociales, donde se divulgó una “captura” del Facebook del Foro Libertad y Concordia en que Varela González decía: “el citado es de a ratos periodista del pasquín difamatorio La República, en otras “investigador privado sin patente” y testigo de oídas (cuando lo dejan). De algo hay que vivir y éste es su curro” y pedía la ubicación de la calle Luis Kossuth, donde el periodista vivió hasta unos meses atrás.
El episodio fue informado a la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) que emitió una declaración en la que alertó al Ministerio del Interior sobre las implicancias del hecho (método utilizado en Colombia y México para atentar contra periodistas) y rechazó todo intento de intimidación y amenaza contra los trabajadores en el libre desempeño de su tarea de investigación, expresión y difusión a la opinión pública. Directivos de APU se reunieron al respecto con el ministro Eduardo Bonomi.
La intimidación lanzada por el Foro Libertad y Concordia generó inmediatas reacciones locales e internacionales, donde se produjeron declaraciones de condena por parte de personalidades y organizaciones por los derechos humanos como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la organización Reporteros Sin Fronteras con sede en París y hasta empresarial Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) asentada en Miami. El Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre y la Unión de Trabajadores de la Alimentación (UITA) enviaron una carta al propio presidente José Mujica.
El ataque a la prensa provocó también diferencias internas dentro del propio Foro, en cuyas páginas de Internet dejó de figurar su fundadora, la psicóloga María Noel Larrosa Rombys, sindicada como hija del torturador sanducero Ramón Larrosa y de la maestra Diva “Mayita” Rombys docente del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) hasta el 2008. Larrosa era cuñado del ex candidato a intendente blanco David Dotti, a quien se sospechó en el caso del robo de los restos de Leandro Gómez.
Espíritu homicida
Dentro del Fecebook del Foro también se generaron algunas ríspidas discusiones sobre la conveniencia de haber publicado los datos del periodista y no faltaron quienes consideraron que la página había sido “infiltrada” a través de algún familiar o contacto. Dos miembros del Foro “hackearon” en la madrugada de ayer el Facebook del periodista de Caras&Caretas para publicar luego en su página el diálogo que intercambiaron cuando fueron descubiertos.
La página web pasó a ser administrada ahora por el anticomunista Jorge Guidobono e Isabel Silva, divulgadora de discursos del venezolano Alejandro Peña Esclusa, presidente de la ultraderechista UnoAmérica y actualmente preso en Caracas, acusado de organizar atentados en las últimas elecciones legislativas de su país. También interviene con asiduidad Juliana de Sarro, la “amiga” que 1986 desmintiera ante el parlamento el testimonio de la enfermera Haydée Trías, quien denunció al coronel Pedro Mato como asesino de Zelmar Michelini. De Sarro es hoy esposa de Mato.
El propio Varela González debió salir a la prensa a explicar que sólo había dado información."La idea es que la gente sepa dónde vive y dónde trabaja, de repente precisan hablar con él, como es un hombre tan inquieto", dijo con ironía el militar quien opinó que durante la dictadura no hubo violaciones de mujeres ni secuestros de niños. "Por mis camaradas pongo las manos en el fuego de que ninguno tuvo un espíritu homicida (...) hubo errores pero no por espíritu homicida", sostuvo.
El Foro Libertad y Concordia emitió una declaración en la que dice que no es su intención “causar ningún tipo de disturbios a la sociedad, ni al gobierno” y replica que “apreciaciones peyorativas y ajenas a nuestra realidad que aparecen en diarios y revistas menores, no se consideran en este comunicado, por entenderse fuera de lugar y ajenas a la cultura de los Orientales”. En su local de la calle Las Heras, sin embargo, los principales de la organización habrían valorado negativamente su exposición en prensa que lo alejó del objetivo de “sumar” a la oficialidad activa de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, la legisladora Daniela Payssé, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, haría un planteo parlamentario ante la presencia de varios legisladores y dirigentes políticos entre los “amigos” del grupo en la web. Entre otros aparecen los colorados Ope Pasquet, Washington Abadala, Daniel García Pintos, Juan Justo Amaro Cedrés, Yañet Puñales, Martín Aguirrezabala y Fernando Amado, y los blancos Luis Lacalle Pou, Gustavo Penadés, Jaime Trobo, Verónica Alonso, Juan Carlos Cardoso, Gustavo Borsari, Juan Carlos Raffo y Carmelo Vidalín; además de las páginas oficiales del Liceo Militar y la Armada Nacional.
Información de “dentro”
En su pasada edición Caras&Caretas informó que la creación del Foro por Libertad y Concordia implicaba un nuevo paso en la “guerra psicopolítica” que protagonizan los militares retirados implicados en violaciones a los derechos humanos para perpetuar su decadente impunidad. El Foro, es una continuación de la acción desplegada primero desde los clubes (Centro y Círculo Militar) y luego desde las cooperativas de oficiales y suboficiales.
“La ofensiva de los indagables”, se tituló el artículo donde se narraba que la nueva organización de defensa de los criminales de lesa humanidad había surgido de debates en el foro “uruguaymilitaria.com” y desde la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las FFAA, donde en una comunicación interna el vocero de prensa del grupo, coronel Juan Carlos Araújo, hizo explícito el origen y estrategia de la nueva agrupación pública.
El propio Araújo se contactó con los coroneles Manuel Urrutia, Julio C. Morinelli, Carlos Oscar Angelero, Walter Forichi y Walter Villanueva, para que los militares retirados se organizaran a través de sus “promociones” como había ocurrido espontáneamente con la tandas a las que pertenecían el general Miguel Ángel Dalmao, tras su procesamiento por el homicidio en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, y el coronel Juan Carlos Gómez, preso por el asesinato de Roberto Gomensoro Jossman en 1973.
Araújo aceleró la reorganización del grupo, en particular para defender a su compañero de promoción, coronel Tranquilino Machado Badaracco, cuyo pedido de procesamiento con prisión fue realizado por el fiscal Juan Gomez y está a estudio del juez que atiende el caso de homicidio especialmente agravado del estudiante Ramón Peré, primer muerto de la dictadura en julio de 1973.
El vocero del Foro, admitió allí que se reunió con el coronel argentino Horacio Gugliemone, defensor de los represores en su país, a quien conoció en una reunión realizada en Montevideo por la organización ultraderechista UnoAmérica, que preside el venezolano Peña Esclusa. Ambos grupos asesoraron y dieron logística al Foro Libertad y Concordia y son hoy sus “amigos” en Facebook.
Fusilados, Amaral y Trabal
Si la ofensiva de los militares retirados se vio dificultada por las malas repercusiones políticas que tuvo a nivel de gobierno su carta a los comandantes en jefe y a nivel público su amenaza a la prensa, el objetivo de incidir en las causas judiciales que volvieron a reabrirse este mes sufrió otro duro revés con una nueva e históricas sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la ley de caducidad para el caso de los fusilados de Soca.
La sentencia Nº 2337, firmada el 15 de diciembre pasado pero divulgada el miércoles, volvió a imponer los mismos argumentos por los que en octubre de 2009 el máximo órgano judicial uruguayo había dejado fuera de la impunidad la causa de Nibia Sabalsagaray y en noviembre de 2010 habilitó la investigación de 19 casos de muertes por tortura durante la presidencia del dictador Juan María Bordaberry. Por esta causa más de 20 militares retirados serán convocados por la justicia.
Estos juicios se suman al de Horacio Gelós Bonilla, desaparecido en enero de 1976 en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce por el que han sido citados al juzgado penal de la calle Misiones los oficiales retirados Gregorio Álvarez, Aquiles U. Morales, Carlos Techera, Víctor H. Stocco Anglet, Eduardo J. Giordano, Dardo Barrios Hernández, Jorge R. Premoli Picaroni, Juan A. Cirilo Umpiérrez, Roberto Echevarría Ballesteros, Omar Raúl Lacasa Antelo, Dr. Francisco Pons, Nelson Silvera Argencio, Dardo Barrios, Hugo Aguilera y Daniel Gordillo.
El caso de los Fusilados de Soca implica el secuestro en Buenos Aires, el 8 de noviembre de 1974, de los tupamaros Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Daniel Brum, María de los Angeles Corbo (embarazada) y Graciela Estefanell, quienes fueron trasladados a Montevideo y terminaron siendo ejecutados el 20 de diciembre de ese año como supuesta represalia por el homicidio en París del agregado militar, coronel Ramón Trabal, cuya muerte también permanece impune.
La decisión judicial incluye el caso de desaparición de Amaral García, hijo de Floreal y Mirtha, quien fue entregado a una pareja de la SIDE Argentina y terminó siendo el primer niño recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo y traído a Uruguay gracias a gestiones de José Germán Araújo. También incorpora el secuestro de Julio Abreu, único sobreviviente de los seis trasladados en el denominado “vuelo cero”, quien luego de 30 años de silencio denunció el primer traslado masivo en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras de la época que luego sería denominada Plan Cóndor.
Una futura decisión de la Suprema Corte podría terminar de desmoronar la impunidad que aún sostiene a los represores de la dictadura, si habilita la indagación de nuevas denuncias de casos de tortura (tipificada como crimen de lesa humanidad e imprescriptible por la jurisprudencia internacional), que se suman al ya presentado a través de Crysol por las víctimas de Boisso Lanza.
Nota Publicada en el Semanario Caras y Caretas el 12 de Febrero de 2011.
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