El Frente Amplio Se Alinea Para Eliminarla.
El compromiso que asumieron ayer los cabeza de lista con el presidente del Frente Amplio (FA), Jorge Brovetto, allana el camino para que la dirección de la izquierda confirme la convocatoria del Plenario Nacional para el sábado, oportunidad en que se aprobará el texto definitivo para eliminar la norma del Derecho Positivo vigente.
El oficialismo necesita 16 votos en el Senado para aprobar el proyecto y de acuerdo a lo acordado ayer, los sufragios estarían. En el FA se da por descontado que el senador Jorge Saravia votará con la oposición.
La Mesa Política de la coalición levantará hoy a las 13:00 el cuarto intermedio en el que ingresó el lunes, para terminar de decidir la forma en que se desarrollará la sesión del sábado.
Luego de casi dos horas de reunión entre los senadores Lucía Topolansky (MPP), Eleuterio Fernández Huidobro(CAP-L), Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), Eduardo Lorier (Partido Comunista), Rafael Michelini (Nuevo Espacio), Rodolfo Nin Novoa(Alianza Progresista), Mónica Xavier (Partido Socialista) y la diputada Daniela Payssé (Asamblea Uruguay), varios de los asistentes aseguraron que hubo "humo blanco", más allá de aclarar que los legisladores disidentes ratificaron su posición contraria a la iniciativa del FA, pero votarán por disciplina.
Según las fuentes, Fernández Huidobro estaría dispuesto a votar el proyecto, si la izquierda así lo resuelve por mayoría. No obstante, el conductor de la CAP-L argumentaría en contra al momento de sufragar.
En cuanto a Nin Novoa, los informantes remarcaron que el ex vicepresidente insistió en su negativa y advirtió que él "no vota". No obstante, la Alianza Progresista decidió el lunes que acompañará lo que resuelva el FA.
Una de las alternativas que se manejan en el grupo es que al momento de votar ingrese a sala el ex diputado Gustavo Guarino, suplente de Nin Novoa.
Los asistentes a la reunión que se desarrolló en la sede del FA, indicaron que los senadores acordaron retomar "la unidad de acción", en el marco de la conmemoración de los 40 años de la fundación de la coalición.
El texto que se pondrá a consideración del Plenario será el de la ley interpretativa, con las modificaciones del ex senador socialista, José Korzeniak.
De acuerdo a los informantes el texto en el que trabajó la comisión especial sobre Caducidad del FA, agrega un nuevo artículo a los originales, al tiempo que cambia la conjugación de algunos verbos.
"Declárase como interpretación obligatoria y en cumplimiento de la jurisprudencia pacífica y constante de la Suprema Corte de Justicia, que los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 15.848 (Caducidad) presentan una ilegitimidad manifiesta. Son incompatibles con los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno", precisa el artículo.
Empero, las fuentes explicaron que a la sesión del Plenario -que se realizará en el Centro de Viajantes de la calle Fernández Crespo a las 13:00 horas- se presentarán todos los textos alternativos y el proyecto redactado por Korzeniak.
Fuente: La República
El reconocimiento explícito de la independencia del Poder Judicial, la alusión a los sucesivos dictámenes de inconstitucionalidad como "jurisprudencia pacífica y constante de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)" y la incorporación de tres palabras en un artículo fueron suficientes para lograr la unidad de la izquierda. Las modificaciones al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad a estudio del Senado fueron sugeridas por el constitucionalista José Korzeniak e incorporadas ayer en forma definitiva por la Mesa Política del FA.
"Declárase que la independencia del Poder Judicial y el ejercicio pleno de la función jurisdiccional por la SCJ, los Tribunales y Juzgados (artículo 233 de la Constitución de la República) derivan esencial e insoslayablemente de la forma republicana de gobierno (artículo 72 de la Constitución de la República)", establece la nueva norma. Asimismo, agrega las palabras "en su caso" para definir que lo dispuesto en la ley se aplicará "a las nuevas denuncias que se presenten".
Con el nuevo texto como base y el compromiso de la Corriente de Acción y Pensamiento (Cap-L) y la Alianza Progresista (AP) de dar su voto en el Senado, mañana se reunirá el Plenario Nacional de la izquierda para aprobar el envío del proyecto al Parlamento. Para evitar malentendidos, esta vez habrá un mandato imperativo a ambas Cámaras, dado que el proyecto debe ser votado nuevamente por diputados y senadores.
El senador Jorge Saravia (E.609) es el único que se niega a votar el proyecto. Rodolfo Nin Novoa (AP) dejará entrar a su suplente, Gustavo Guarino, y Eleuterio Fernández Huidobro (Cap-L) votará pero dejará clara su posición contraria en Cámara. Con ese cambio de postura, los votos estarán y se estima que en pocas semanas la ley de Caducidad dejará de existir.
El acuerdo llegó tras una negociación de varios meses, que incluyó reuniones bilaterales del presidente de la fuerza política, Jorge Brovetto, con los senadores "disidentes" y un encuentro de "cabezas de lista" que permitió incorporar a Fernández Huidobro a la discusión. Ayer, la Mesa Política aprobó por unanimidad la propuesta con modificaciones y la pasó al Plenario, que mañana comenzará a sesionar a las 13 horas en el Centro de Vendedores y Viajantes de Plaza.
Allí el planteo fundamental será el mandato imperativo. "Las resoluciones que adopta el FA a través del Plenario siempre constituyen un mandato. En este caso, nos enfrentamos a la evidencia de que cuando el proyecto original llegó al Senado, algunos no estuvieron dispuestos a cumplir. Por eso esta vez va a quedar claro", dijo a Ultimas Noticias el dirigente socialista Manuel Núñez. "Mañana el Plenario retomará su potestad de ejercer un mandato imperativo sobre los legisladores, que no llegaron solos a las bancas sino por el FA", agregó Daniel Bentancor, dirigente de la Vertiente Artiguista (VA).
Aun con mandato imperativo, Saravia reiteró que no votará (ver nota aparte), pero hoy una comisión de la Mesa Política intentará convencerlo de que revea su posición y concurra al Plenario. Brovetto, Núñez, Roberto Miranda (Fidel) y Alejandro Arismendi (bases) le entregarán el borrador del nuevo proyecto y lo invitarán a concurrir al Plenario, donde tiene voz pero no voto.
Saravia no participa de ningún organismo del FA y los dirigentes del Espacio 609 que lo hacen afirman que no lo representan, por lo que la fuerza política le reclamará que cumpla con las resoluciones que adopta la mayoría.
Mañana se pretende contar con su presencia en el Plenario, que tendrá al proyecto de Caducidad como único tema. Si bien estaba previsto tratar también los dictámenes del Tribunal de Conducta Política (TCP) sobre diversos temas, entre ellos la negativa de los comunistas Eduardo Lorier y Alicia Pintos a votar la ley de Educación, no se dará ingreso a los mismos para no "distraer" la atención. El tratamiento de las resoluciones necesita cuatro quintos de votos y ayer la Mesa Política resolvió que ese porcentaje no estará en el Plenario de mañana.
Nuevo proyecto de ley interpretativo
Artículo 1º.- Interprétase de conformidad con el artículo 85, numeral 20 de la Constitución de la República, que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional rati- ficadas por la República y por las normas de "ius cogens", están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.
Nuevo Artículo: Declárase que la independencia del Poder Judicial y el ejercicio pleno de la función jurisdiccional por la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales y Juzgados (artículo 233 de la Constitución de la República) deriva esencial e insoslayablemente de la forma republicana de gobierno (artículo 72 de la Constitución de la República).
Artículo 2º.- Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, artículo 12), y en cumplimiento de la jurisprudencia pacífica y constante de la Suprema Corte de Justicia, que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, presentan una ilegitimidad manifiesta, son incompatibles con los artículos 4º, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno.
Artículo 3º.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de esta ley:
A) El archivo de las actuaciones decretadas por el juez competente por aplicación del artículo 3º de la Ley Nº 15.848 no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada.
B) Toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida o archivada por aplicación de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, o por actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas y/o archivadas indagatorias o acciones penales, continuará de oficio, o por solicitud del interesado o del Ministerio Público.
C) Sin perjuicio de aquellos delitos imprescriptibles, respecto de aquellos delitos que fueren prescriptibles, y hayan sido o pudieren haber sido comprendidos en la Caducidad dispuesta por el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, no podrá computarse a los efectos de la prescripción el período transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigor de esta ley.
Artículo 4º.- Asimismo, lo dispuesto en esta ley se aplicará en su caso a las nuevas denuncias que se presenten.
Fuente: Ultimas Noticias
El senador frenteamplista Jorge Saravia advirtió que la decisión del Plenario del FA de obligar a los legisladores oficialistas a votar el proyecto alternativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad, llevará a que ese movimiento político pase por encima de la decisión popular y de la Constitución.
El oficialismo necesita 16 votos en el Senado para aprobar el proyecto y de acuerdo a lo acordado ayer, los sufragios estarían. En el FA se da por descontado que el senador Jorge Saravia votará con la oposición.
La Mesa Política de la coalición levantará hoy a las 13:00 el cuarto intermedio en el que ingresó el lunes, para terminar de decidir la forma en que se desarrollará la sesión del sábado.
Luego de casi dos horas de reunión entre los senadores Lucía Topolansky (MPP), Eleuterio Fernández Huidobro(CAP-L), Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), Eduardo Lorier (Partido Comunista), Rafael Michelini (Nuevo Espacio), Rodolfo Nin Novoa(Alianza Progresista), Mónica Xavier (Partido Socialista) y la diputada Daniela Payssé (Asamblea Uruguay), varios de los asistentes aseguraron que hubo "humo blanco", más allá de aclarar que los legisladores disidentes ratificaron su posición contraria a la iniciativa del FA, pero votarán por disciplina.
Según las fuentes, Fernández Huidobro estaría dispuesto a votar el proyecto, si la izquierda así lo resuelve por mayoría. No obstante, el conductor de la CAP-L argumentaría en contra al momento de sufragar.
En cuanto a Nin Novoa, los informantes remarcaron que el ex vicepresidente insistió en su negativa y advirtió que él "no vota". No obstante, la Alianza Progresista decidió el lunes que acompañará lo que resuelva el FA.
Una de las alternativas que se manejan en el grupo es que al momento de votar ingrese a sala el ex diputado Gustavo Guarino, suplente de Nin Novoa.
Los asistentes a la reunión que se desarrolló en la sede del FA, indicaron que los senadores acordaron retomar "la unidad de acción", en el marco de la conmemoración de los 40 años de la fundación de la coalición.
El texto que se pondrá a consideración del Plenario será el de la ley interpretativa, con las modificaciones del ex senador socialista, José Korzeniak.
De acuerdo a los informantes el texto en el que trabajó la comisión especial sobre Caducidad del FA, agrega un nuevo artículo a los originales, al tiempo que cambia la conjugación de algunos verbos.
"Declárase como interpretación obligatoria y en cumplimiento de la jurisprudencia pacífica y constante de la Suprema Corte de Justicia, que los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 15.848 (Caducidad) presentan una ilegitimidad manifiesta. Son incompatibles con los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno", precisa el artículo.
Empero, las fuentes explicaron que a la sesión del Plenario -que se realizará en el Centro de Viajantes de la calle Fernández Crespo a las 13:00 horas- se presentarán todos los textos alternativos y el proyecto redactado por Korzeniak.
Fuente: La República
El reconocimiento explícito de la independencia del Poder Judicial, la alusión a los sucesivos dictámenes de inconstitucionalidad como "jurisprudencia pacífica y constante de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)" y la incorporación de tres palabras en un artículo fueron suficientes para lograr la unidad de la izquierda. Las modificaciones al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad a estudio del Senado fueron sugeridas por el constitucionalista José Korzeniak e incorporadas ayer en forma definitiva por la Mesa Política del FA.
"Declárase que la independencia del Poder Judicial y el ejercicio pleno de la función jurisdiccional por la SCJ, los Tribunales y Juzgados (artículo 233 de la Constitución de la República) derivan esencial e insoslayablemente de la forma republicana de gobierno (artículo 72 de la Constitución de la República)", establece la nueva norma. Asimismo, agrega las palabras "en su caso" para definir que lo dispuesto en la ley se aplicará "a las nuevas denuncias que se presenten".
Con el nuevo texto como base y el compromiso de la Corriente de Acción y Pensamiento (Cap-L) y la Alianza Progresista (AP) de dar su voto en el Senado, mañana se reunirá el Plenario Nacional de la izquierda para aprobar el envío del proyecto al Parlamento. Para evitar malentendidos, esta vez habrá un mandato imperativo a ambas Cámaras, dado que el proyecto debe ser votado nuevamente por diputados y senadores.
El senador Jorge Saravia (E.609) es el único que se niega a votar el proyecto. Rodolfo Nin Novoa (AP) dejará entrar a su suplente, Gustavo Guarino, y Eleuterio Fernández Huidobro (Cap-L) votará pero dejará clara su posición contraria en Cámara. Con ese cambio de postura, los votos estarán y se estima que en pocas semanas la ley de Caducidad dejará de existir.
El acuerdo llegó tras una negociación de varios meses, que incluyó reuniones bilaterales del presidente de la fuerza política, Jorge Brovetto, con los senadores "disidentes" y un encuentro de "cabezas de lista" que permitió incorporar a Fernández Huidobro a la discusión. Ayer, la Mesa Política aprobó por unanimidad la propuesta con modificaciones y la pasó al Plenario, que mañana comenzará a sesionar a las 13 horas en el Centro de Vendedores y Viajantes de Plaza.
Allí el planteo fundamental será el mandato imperativo. "Las resoluciones que adopta el FA a través del Plenario siempre constituyen un mandato. En este caso, nos enfrentamos a la evidencia de que cuando el proyecto original llegó al Senado, algunos no estuvieron dispuestos a cumplir. Por eso esta vez va a quedar claro", dijo a Ultimas Noticias el dirigente socialista Manuel Núñez. "Mañana el Plenario retomará su potestad de ejercer un mandato imperativo sobre los legisladores, que no llegaron solos a las bancas sino por el FA", agregó Daniel Bentancor, dirigente de la Vertiente Artiguista (VA).
Aun con mandato imperativo, Saravia reiteró que no votará (ver nota aparte), pero hoy una comisión de la Mesa Política intentará convencerlo de que revea su posición y concurra al Plenario. Brovetto, Núñez, Roberto Miranda (Fidel) y Alejandro Arismendi (bases) le entregarán el borrador del nuevo proyecto y lo invitarán a concurrir al Plenario, donde tiene voz pero no voto.
Saravia no participa de ningún organismo del FA y los dirigentes del Espacio 609 que lo hacen afirman que no lo representan, por lo que la fuerza política le reclamará que cumpla con las resoluciones que adopta la mayoría.
Mañana se pretende contar con su presencia en el Plenario, que tendrá al proyecto de Caducidad como único tema. Si bien estaba previsto tratar también los dictámenes del Tribunal de Conducta Política (TCP) sobre diversos temas, entre ellos la negativa de los comunistas Eduardo Lorier y Alicia Pintos a votar la ley de Educación, no se dará ingreso a los mismos para no "distraer" la atención. El tratamiento de las resoluciones necesita cuatro quintos de votos y ayer la Mesa Política resolvió que ese porcentaje no estará en el Plenario de mañana.
Nuevo proyecto de ley interpretativo
Artículo 1º.- Interprétase de conformidad con el artículo 85, numeral 20 de la Constitución de la República, que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional rati- ficadas por la República y por las normas de "ius cogens", están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.
Nuevo Artículo: Declárase que la independencia del Poder Judicial y el ejercicio pleno de la función jurisdiccional por la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales y Juzgados (artículo 233 de la Constitución de la República) deriva esencial e insoslayablemente de la forma republicana de gobierno (artículo 72 de la Constitución de la República).
Artículo 2º.- Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, artículo 12), y en cumplimiento de la jurisprudencia pacífica y constante de la Suprema Corte de Justicia, que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, presentan una ilegitimidad manifiesta, son incompatibles con los artículos 4º, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno.
Artículo 3º.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de esta ley:
A) El archivo de las actuaciones decretadas por el juez competente por aplicación del artículo 3º de la Ley Nº 15.848 no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada.
B) Toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida o archivada por aplicación de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, o por actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas y/o archivadas indagatorias o acciones penales, continuará de oficio, o por solicitud del interesado o del Ministerio Público.
C) Sin perjuicio de aquellos delitos imprescriptibles, respecto de aquellos delitos que fueren prescriptibles, y hayan sido o pudieren haber sido comprendidos en la Caducidad dispuesta por el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, no podrá computarse a los efectos de la prescripción el período transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigor de esta ley.
Artículo 4º.- Asimismo, lo dispuesto en esta ley se aplicará en su caso a las nuevas denuncias que se presenten.
Fuente: Ultimas Noticias
Saravia Más Derechista Que Nunca
(se acordó de sus raíces blancas).
El Plenario del Frente Amplio aprobó el sábado votar esta iniciativa, que altera el texto original que no prosperó en la cámara alta, al no contar con el respaldo necesario de todos sus legisladores. En esa oportunidad los senadores Jorge Saravia, Eleuterio Fernández Huidobro y Rodolfo Nin Novoa no aprobaban el texto que ya había obtenido la mayoría necesaria en diputados.
"La resolución del Plenario ya estaba prevista porque había habido una negociación al interior con los otros legisladores que no estaban dispuestos a votar. Nosotros fuimos muy claros y mantenemos nuestra postura. No vamos a acatar la decisión del Plenario", dijo Saravia.
"Vamos a estar en sala y vamos a dar el debate y votar en contra del proyecto porque va más allá de la redacción mejorada o no mejorada. Acá es un tema de contenido republicano o no. Acá se viola la Constitución o no se la viola. Se pasa por encima de la decisión popular o no se pasa. Ese es el debate de fondo más allá del texto. El texto sigue violando fraglantemente el artículo 82 de la Constitución porque va a pasar por la vía parlamentaria sin un plebiscito previo . Y esto va contra de los principios republicanos y constitucionales que nosotros defendemos", añadió.
Para el senador, perteneciente al Movimiento Patria Grande, del Espacio 609, la soberanía popular ya dio su voto en dos plebiscitos.
"El tema ya está laudado. Los caminos para los reclamos están abiertos en la Suprema Corte de Justicia y así está funcionando y es por donde se debe de ir. El tema lo laudó la ciudadanía en dos plebiscitos", opinó en diálogo con radio El Espectador.
"Yo lo que dije fue que si los compañeros entendían, había que juntar firmas y convocar a otro plebiscito, pero yo no iba a acompañar a otro plebiscito porque entendía que este tema estaba laudado", agregó Saravia.
Saravia está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias y no dará el brazo a torcer, aunque es consciente de que su decisión puede traer problemas en la interna del Frente Amplio.
"Cuando asumo una postura que tiene profundas raíces republicanas, además de que es de contenido muy profundo para mí, asumo la responsabilidad de todo lo que venga".
El proyecto interpretativo de la ley de caducidad ingresará esta semana al senado.
Fernández Huidobro y Nin Novoa ya expresaron que si el plenario lo ordenaba, votarían.
Fuente: El País Digital
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Lo Que Posibilita la Anulación.
En resumen, el texto más significativo señala que: "Declárase como interpretación obligatoria y en cumplimiento de la jurisprudencia pacífica y constante de la Suprema Corte de Justicia, que los artículos 1, 3, y 4 de la Ley 15.848, presentan una ilegitimidad manifiesta. Son incompatibles con los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno".
Para el ex senador y constitucionalista José Korzeniak, autor del proyecto base acordado en el plenario del Frente Amplio, de aprobarse el proyecto de ley interpretativa que anula la Ley de Caducidad, la situación sería similar a la existente cuando la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la Ley en varias denuncias, con la ventaja de que ahora la declaración de inconstitucionalidad es previa. De esta manera, los familiares de personas detenidas desaparecidas, no deben recurrir a la Suprema Corte para obtener ese dictamen en cada caso presentado ante la Justicia.
En cuanto a los casos ya fallados, donde la Justicia desestimó investigar al entender que cabían en la protección de la ley, Korzeniak señaló que la "cosa juzgada" rige para una denuncia en particular, por lo que la misma denuncia puede ser presentada por otra persona para exigir una investigación. De esta manera, si bien no tiene un efecto retroactivo, se permite volver a presentar casos juzgados si el patrocinante es otra persona, y contando ya con la ley que considera de interpretación obligatoria la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley que establecían la inmunidad a militares y policías que cometieron delitos de violación a los derechos humanos.
La misma interpretación hace el integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea. Consultado por LA REPUBLICA dijo que hay que esperar ahora que el proyecto de ley interpretativa acordado por el Frente Amplio se vote en el Parlamento, para que después se dé paso a la Justicia a todos los culpables de violaciones a los derechos humanos.
Señaló que para acabar con la impunidad no alcanza con la ley, sino que es necesario hacer justicia. Que el Estado entregue información para alcanzar la verdad y hacer justicia.
En cuanto a la posibilidad de que se vuelvan a presentar casos ya juzgados y amparados por los jueces en la Ley de impunidad, Errandonea recordó que los primeros militares procesados ya habían sido denunciados anteriormente y declarados amparados por la ley 15.848 (de Caducidad) por el Ejecutivo. Posteriormente se volvió a presentar otra denuncia, y fue cuando el gobierno de Tabaré Vázquez afirmó que no estaban comprendidos en el amparo de esa Ley. Por lo tanto, no la asociación, sino los particulares están dispuestos a volver a presentar casos ya juzgados ante la Justicia. Vamos a tratar de que impulsen todas las denuncias, subrayó Errandonea.
Uriarte: "No hay cosa juzgada"
Para el abogado Daoiz Uriarte, que trabajó en el proyecto de Ley Interpretativa a discusión en el Senado, la modificación aprobada en el Frente Amplio está bien, y considera el caso como positivo.Dijo que el proyecto se puede aplicar en cuanto la Suprema Corte de Justicia, en forma reiterada ha declaro la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad. Destacó que la ley 15.848 violenta los principios del derecho, lo que ha sido reconocido por juristas de todos lados.
La no aceptación de la ley interpretativa significa obligar a los denunciantes a un sinnúmero de trámites burocráticos, a recurrir en cada caso a solicitar una declaración de inconstitucionalidad cuando la misma resulta obvia.
Uriarte recordó que en nuestro sistema jurídico hay muchos casos en que los jueces no aplican normas inconstitucionales sin recurrir a declaraciones previas de inconstitucionalidad.
Desvirtuando las críticas a la supuesta inconstitucionalidad de la norma interpretativa, Uriarte dijo que en todo caso será la misma suprema Corte de Justicia, que ya dijo que la ley de Caducidad era inconstitucional, la que determine el carácter de la ley interpretativa.
En cuanto a la interpretación de que habilita juzgar casos ya juzgados, Uriarte sostuvo que en estos casos no existe "cosa juzgada" por cuanto la ley de Caducidad ha impedido el juicio. La decisión de algún juez de amparar a algún denunciado en la ley de Caducidad, no es cosa juzgada, ya que lo ley impide.
Fuente: La República
La Historia de la Represión.
Antes del surgimiento de la guerrilla, y aún antes de la Revolución Cubana, la Policía uruguaya fichaba y reprimía a militantes de izquierda. Las pruebas de esta tesis, que confirma la inserción del país en el conflicto que enfrentó a EE.UU y la Unión Soviética a partir de 1945, pero que también da cuenta de iniciativas propias del conservadurismo local, serán publicadas en un libro de los investigadores de la Facultad de Humanidades (Udelar) Roberto García Ferreira, Mercedes Terra y Fernando Aparicio.
Su trabajo se suma a la corriente de “estudios comunistas” que han comenzado a aparecer en los últimos meses, dado que la vigilancia del Partido Comunista del Uruguay (PCU) era una alta prioridad para los servicios de inteligencia. la diaria conversó con García Ferreira y también con Wladimir Turiansky, veterano militante de la dirección comunista y del movimiento sindical, que da cuenta de cómo la Guerra Fría penetró en la vida cultural y política del país, hasta la muerte de Líber Arce en 1968, un episodio que desde su punto de vista “cambió el tono de todo”.
Se tuvieron que alinear dos circunstancias inusuales para que el grupo de García Ferreira, Terra y Aparicio tuviera acceso a los archivos policiales de los años 40, 50 y 60. Primero, el aire de relativa apertura que inevitablemente acarreó el acceso del Frente Amplio al gobierno en 2005. Segundo, la cercanía personal con José Díaz, el primer ministro del Interior de la administración de Tabaré Vázquez. Ambos factores permitieron que los investigadores pudieran revisar los archivos de los Servicios de Inteligencia y Enlace (SIE), luego transformados en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).
“El proyecto apunta a mostrar la documentación de la inteligencia policial y a partir de ella, cómo distintos episodios de la Guerra Fría, en Uruguay y en América Latina, iban involucrando a nuestro país en esa dinámica. La parte central es poner de manifiesto, no con documentos de las grandes potencias, sino con documentos de archivos latinoamericanos, la creciente participación del continenteç antes de la revolución cubana y antes de las guerrillas, en la Guerra Fría”, explica García Ferreira.
“La investigación comprende lo ocurrido entre los años 40 y 1964; intencionalmente termina en esa fecha porque lo que queremos mostrar es que cuando la guerrilla irrumpió en la escena política, en realidad se trataba de gente bastante conocida, porque en Uruguay ya se espiaba y había estrategias de control social y político sobre la disidencia. Esa disidencia a su vez era muy ambigua: eran los comunistas, eran los trotskistas, eran los socialistas, y algunos nacionalistas también”.
La relevancia de los documentos policiales para este trabajo es clara. No se trata sólo de que los archivos militares son prácticamente impenetrables para el estudio periodístico o académico, sino también de que fue la SIE, un organismo policial, el que centralizó, desde 1946, el fichado y la vigilancia de las agrupaciones de izquierda. “Recientemente, el coronel Ramas afirmó que cuando las Fuerzas Conjuntas se deciden a actuar contra el PCU en 1975, poco sabían acerca de éste y tuvieron que recurrir a la DNII”, señala el historiador al reivindicar la orientación de su trabajo. A su vez, admite que posiblemente haya habido varias instituciones o reparticiones involucradas en estas actividades, y exhibe como prueba el hecho de que los “Boletines Mensuales sobre Comunismo” que se conservan en los archivos policiales, están numerados, lo cual indica que otras dependencias u organismos habrían recibido otros ejemplares.
Un estado dentro del Estado
En Los conservadores uruguayos (1870-1933), José Pedro Barrán afirma que el “huevo de la serpiente de la última dictadura está en el conservadurismo de los años 30. “Lo que nosotros queremos hacer”, apunta García, “es ver cómo se desarrolló el embrión. Las policías políticas son inherentes a la naturaleza del Estado; el tema es qué se hizo con esa información después. Nosotros estamos viendo el proceso de acumulación de información, y sabemos qué hizo el Estado con esa información que acumuló”. Por su parte, el historiador británico Leslie Bethell, les aconsejó a los investigadores uruguayos evitar el rastreo de los orígenes de la represión coordinada interestatalmente a movimientos de izquierda, ya que comienza mucho antes del surgimiento del Partido Comunista y tiene por centro a la actividad sindical.
La “tradición antiizquierdista” enraizada en la Policía, entonces, explica en parte la autonomía de la Policía respecto al poder político en estos temas. Como si se tratara de una auténtica política de Estado, el accionar de la SIE y sus sucesoras se regía por una lógica propia, más allá de las distintas facciones políticas que se rotaban en el poder.
García, que estudió a fondo el periplo del presidente de Guatemala Jacobo Arbenz (en La CIA y los Medios en Uruguay: El caso Arbenz) destaca cómo sus familiares se creían protegidos por el gobierno uruguayo, durante su exilio en este país, al mismo tiempo que eran vigilados estrechamente por la Policía.
Otro aspecto clave para comprender el accionar independiente de la SIE, y tal vez el más obvio, es la influencia externa. “No encontramos pruebas como un sello o un escudo, pero sí papelitos, anotaciones, que indicarían que había conexión estrecha entre la SIE y la embajada de EE.UU”. Malas traducciones, como la escritura de “Brazil” (con zeta, tal como se escribe en inglés) en informes policiales y otros detalles de este tipo apuntan a la vinculación de la CIA y los servicios uruguayos. “Distintos policías trabajaban como infiltrados o a sueldo de la CIA. El trabajo de Clara Aldrighi [El aparato paralelo de la CIA] y las memorias del comisario [Alejandro] Otero aclaran que buena parte de esa documentación iba a parar a la CIA”, revela el entrevistado.
“En 1957 se denuncia la existencia de una oficina en la Jefatura de Policía donde los grabadores son proporcionados por la embajada de EE.UU. Diez años después de que se funda la inteligencia policial se levanta un censo; ese registro de vecindad -saber quién vivía en cada lugarlo había pedido la policía, por el control de fronteras. Ante diversas denuncias de Marcha, El Popular y otro medios, El Día termina reconociendo que quienes asesoraron para hacer ese registro fueron personas de la embajada de EE.UU”, dijo García.
La mencionada creación de la SIE se produce en setiembre de 1947, tras la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca suscrito por los estados de las tres Américas y que avalaba la intervención extranjera en caso de amenaza a las instituciones democráticas. “Una de sus cláusulas prevé el intercambio de información entre los países para reprimir las actividades de los comunistas. Eso se vuelve a repetir cuando se conforma la OEA en 1948”, recuerda García. Sin embargo, “lo que nosotros vimos es que el anticomunismo era muy sistemático para los policías y le debía poco a la CIA. Era anterior a ella”.
Causa popular
Otro de los supuestos que la investigación cuestiona lateralmente es la creencia de que el anticomunismo estaba restringido a ciertos ámbitos. La documentación policial prueba que la denuncia de actividades sospechosas era una práctica extendida, y que muchas veces eran los vecinos los que daban el alerta. Así ocurre, por ejemplo, en 1960, cuando un morador de Sayago avisa sobre una “escuela comunista” ubicada en la calle General Haig.
Pero, además de los “ciudadanos independientes”, existieron numerosas organizaciones anticomunistas, desde el grupo Alerta, a otros menos beligerantes, como el Medel (Movimiento Estudiantil para la Defensa de la Libertad) y el Mondel (Movimiento Nacional de la Defensa de la Libertad, con el que supo colaborar el escritor Felisberto Hernández). El seguimiento que hacía la SIE de estos grupos era bastante distinto al practicado con los comunistas: “Eran fichados, pero como los agredidos, los apedreados, como los pobres estudiantes. A su vez, hay pedidos de protección por parte de estos grupos hacia la policía”, asegura García Ferreira.
Montevideo roja
Por otra parte, Uruguay era un lugar en el que los servicios de inteligencia tenían trabajo extra: el nuestro fue uno de los pocos países en los que el Partido Comunista permaneció ininterrumpidamente en la legalidad durante los años 40 y 50. Es decir, en medio de lo que el historiador norteamericano Greg Grandin (especialista en las relaciones de EE.UU con América Latina durante la Guerra Fría), describe como reacción de las élites conservadoras, Uruguay parecía una excepción notorial.
Para explicar esto, a la orientación más bien liberal de la mayoría de los gobiernos que se sucedieron -García ejemplifica que es el ex presidente Luis Batlle Berres el que “manda parar” el proceso de desafuero al dirigente comunista Rodney Arismendi en 1948, tras los incidentes del cine Trocadero- hay que sumarle motivaciones estratégicas: “Partidos de izquierda legales, capaces de organizar actos públicos y tener órganos de prensa propios son más fáciles de controlar y seguir”, afirma el informe de un fiscal policial encontrado por los investigadores.
Si ya desde los años 30 los diplomáticos estadounidenses consideraban a Montevideo “un nido de comunistas” (como prueban los estudios de Ana María Rodríguez Ayçaguer), en los 40 y 50 nuestra capital se vuelve un lugar de citas usual y obligado para militantes comunistas de diversas nacionalidades: en Uruguay se permiten hacer congresos del Partido Comunista y de organizaciones afines, aunque son estrechamente vigilados por la policía.
Debut de la tortura
Dividido en 11 capítulos que abordan distintos episodios del accionar policial respecto a la izquierda, el libro de García Ferreira, Torres y Aparicio posiblemente lleve por título Espionaje y política, como el proyecto de investigación, financiado por CSIC, que hizo posible el inicio del estudio.
Uno de los capítulos, que García y Aparicio ya se dieron a conocer en la revista Contemporánea, trata sobre lo ocurrido en 1948, cuando militantes comunistas intentaron impedir la exhibición del film La cortina de hierro. La brutal represión y la violencia de los incidentes llevaron al ministro del Interior a comparecer ante el Parlamento.
Allí “la integración de la comisión en el Senado era extremadamente conservadora, obviamente no iban a encontrar nada. Sin embargo, el ministro dice que a ‘casi ninguno’ de los detenidos se le aplicó tortura. No dice ‘ninguno’, a pesar de que está tratando de desestimar las denuncias de varios detenidos que quisieron generar un hecho político”. El episodio del Trocadero es el debut público de la SIE, a la que uno de sus funcionarios ya describe como “la institución que se ocupa de los delitos contra la patria”.
Fuente: La Diaria
Se tuvieron que alinear dos circunstancias inusuales para que el grupo de García Ferreira, Terra y Aparicio tuviera acceso a los archivos policiales de los años 40, 50 y 60. Primero, el aire de relativa apertura que inevitablemente acarreó el acceso del Frente Amplio al gobierno en 2005. Segundo, la cercanía personal con José Díaz, el primer ministro del Interior de la administración de Tabaré Vázquez. Ambos factores permitieron que los investigadores pudieran revisar los archivos de los Servicios de Inteligencia y Enlace (SIE), luego transformados en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).
“El proyecto apunta a mostrar la documentación de la inteligencia policial y a partir de ella, cómo distintos episodios de la Guerra Fría, en Uruguay y en América Latina, iban involucrando a nuestro país en esa dinámica. La parte central es poner de manifiesto, no con documentos de las grandes potencias, sino con documentos de archivos latinoamericanos, la creciente participación del continenteç antes de la revolución cubana y antes de las guerrillas, en la Guerra Fría”, explica García Ferreira.
“La investigación comprende lo ocurrido entre los años 40 y 1964; intencionalmente termina en esa fecha porque lo que queremos mostrar es que cuando la guerrilla irrumpió en la escena política, en realidad se trataba de gente bastante conocida, porque en Uruguay ya se espiaba y había estrategias de control social y político sobre la disidencia. Esa disidencia a su vez era muy ambigua: eran los comunistas, eran los trotskistas, eran los socialistas, y algunos nacionalistas también”.
La relevancia de los documentos policiales para este trabajo es clara. No se trata sólo de que los archivos militares son prácticamente impenetrables para el estudio periodístico o académico, sino también de que fue la SIE, un organismo policial, el que centralizó, desde 1946, el fichado y la vigilancia de las agrupaciones de izquierda. “Recientemente, el coronel Ramas afirmó que cuando las Fuerzas Conjuntas se deciden a actuar contra el PCU en 1975, poco sabían acerca de éste y tuvieron que recurrir a la DNII”, señala el historiador al reivindicar la orientación de su trabajo. A su vez, admite que posiblemente haya habido varias instituciones o reparticiones involucradas en estas actividades, y exhibe como prueba el hecho de que los “Boletines Mensuales sobre Comunismo” que se conservan en los archivos policiales, están numerados, lo cual indica que otras dependencias u organismos habrían recibido otros ejemplares.
Un estado dentro del Estado
En Los conservadores uruguayos (1870-1933), José Pedro Barrán afirma que el “huevo de la serpiente de la última dictadura está en el conservadurismo de los años 30. “Lo que nosotros queremos hacer”, apunta García, “es ver cómo se desarrolló el embrión. Las policías políticas son inherentes a la naturaleza del Estado; el tema es qué se hizo con esa información después. Nosotros estamos viendo el proceso de acumulación de información, y sabemos qué hizo el Estado con esa información que acumuló”. Por su parte, el historiador británico Leslie Bethell, les aconsejó a los investigadores uruguayos evitar el rastreo de los orígenes de la represión coordinada interestatalmente a movimientos de izquierda, ya que comienza mucho antes del surgimiento del Partido Comunista y tiene por centro a la actividad sindical.
La “tradición antiizquierdista” enraizada en la Policía, entonces, explica en parte la autonomía de la Policía respecto al poder político en estos temas. Como si se tratara de una auténtica política de Estado, el accionar de la SIE y sus sucesoras se regía por una lógica propia, más allá de las distintas facciones políticas que se rotaban en el poder.
García, que estudió a fondo el periplo del presidente de Guatemala Jacobo Arbenz (en La CIA y los Medios en Uruguay: El caso Arbenz) destaca cómo sus familiares se creían protegidos por el gobierno uruguayo, durante su exilio en este país, al mismo tiempo que eran vigilados estrechamente por la Policía.
Otro aspecto clave para comprender el accionar independiente de la SIE, y tal vez el más obvio, es la influencia externa. “No encontramos pruebas como un sello o un escudo, pero sí papelitos, anotaciones, que indicarían que había conexión estrecha entre la SIE y la embajada de EE.UU”. Malas traducciones, como la escritura de “Brazil” (con zeta, tal como se escribe en inglés) en informes policiales y otros detalles de este tipo apuntan a la vinculación de la CIA y los servicios uruguayos. “Distintos policías trabajaban como infiltrados o a sueldo de la CIA. El trabajo de Clara Aldrighi [El aparato paralelo de la CIA] y las memorias del comisario [Alejandro] Otero aclaran que buena parte de esa documentación iba a parar a la CIA”, revela el entrevistado.
“En 1957 se denuncia la existencia de una oficina en la Jefatura de Policía donde los grabadores son proporcionados por la embajada de EE.UU. Diez años después de que se funda la inteligencia policial se levanta un censo; ese registro de vecindad -saber quién vivía en cada lugarlo había pedido la policía, por el control de fronteras. Ante diversas denuncias de Marcha, El Popular y otro medios, El Día termina reconociendo que quienes asesoraron para hacer ese registro fueron personas de la embajada de EE.UU”, dijo García.
La mencionada creación de la SIE se produce en setiembre de 1947, tras la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca suscrito por los estados de las tres Américas y que avalaba la intervención extranjera en caso de amenaza a las instituciones democráticas. “Una de sus cláusulas prevé el intercambio de información entre los países para reprimir las actividades de los comunistas. Eso se vuelve a repetir cuando se conforma la OEA en 1948”, recuerda García. Sin embargo, “lo que nosotros vimos es que el anticomunismo era muy sistemático para los policías y le debía poco a la CIA. Era anterior a ella”.
Causa popular
Otro de los supuestos que la investigación cuestiona lateralmente es la creencia de que el anticomunismo estaba restringido a ciertos ámbitos. La documentación policial prueba que la denuncia de actividades sospechosas era una práctica extendida, y que muchas veces eran los vecinos los que daban el alerta. Así ocurre, por ejemplo, en 1960, cuando un morador de Sayago avisa sobre una “escuela comunista” ubicada en la calle General Haig.
Pero, además de los “ciudadanos independientes”, existieron numerosas organizaciones anticomunistas, desde el grupo Alerta, a otros menos beligerantes, como el Medel (Movimiento Estudiantil para la Defensa de la Libertad) y el Mondel (Movimiento Nacional de la Defensa de la Libertad, con el que supo colaborar el escritor Felisberto Hernández). El seguimiento que hacía la SIE de estos grupos era bastante distinto al practicado con los comunistas: “Eran fichados, pero como los agredidos, los apedreados, como los pobres estudiantes. A su vez, hay pedidos de protección por parte de estos grupos hacia la policía”, asegura García Ferreira.
Montevideo roja
Por otra parte, Uruguay era un lugar en el que los servicios de inteligencia tenían trabajo extra: el nuestro fue uno de los pocos países en los que el Partido Comunista permaneció ininterrumpidamente en la legalidad durante los años 40 y 50. Es decir, en medio de lo que el historiador norteamericano Greg Grandin (especialista en las relaciones de EE.UU con América Latina durante la Guerra Fría), describe como reacción de las élites conservadoras, Uruguay parecía una excepción notorial.
Para explicar esto, a la orientación más bien liberal de la mayoría de los gobiernos que se sucedieron -García ejemplifica que es el ex presidente Luis Batlle Berres el que “manda parar” el proceso de desafuero al dirigente comunista Rodney Arismendi en 1948, tras los incidentes del cine Trocadero- hay que sumarle motivaciones estratégicas: “Partidos de izquierda legales, capaces de organizar actos públicos y tener órganos de prensa propios son más fáciles de controlar y seguir”, afirma el informe de un fiscal policial encontrado por los investigadores.
Si ya desde los años 30 los diplomáticos estadounidenses consideraban a Montevideo “un nido de comunistas” (como prueban los estudios de Ana María Rodríguez Ayçaguer), en los 40 y 50 nuestra capital se vuelve un lugar de citas usual y obligado para militantes comunistas de diversas nacionalidades: en Uruguay se permiten hacer congresos del Partido Comunista y de organizaciones afines, aunque son estrechamente vigilados por la policía.
Debut de la tortura
Dividido en 11 capítulos que abordan distintos episodios del accionar policial respecto a la izquierda, el libro de García Ferreira, Torres y Aparicio posiblemente lleve por título Espionaje y política, como el proyecto de investigación, financiado por CSIC, que hizo posible el inicio del estudio.
Uno de los capítulos, que García y Aparicio ya se dieron a conocer en la revista Contemporánea, trata sobre lo ocurrido en 1948, cuando militantes comunistas intentaron impedir la exhibición del film La cortina de hierro. La brutal represión y la violencia de los incidentes llevaron al ministro del Interior a comparecer ante el Parlamento.
Allí “la integración de la comisión en el Senado era extremadamente conservadora, obviamente no iban a encontrar nada. Sin embargo, el ministro dice que a ‘casi ninguno’ de los detenidos se le aplicó tortura. No dice ‘ninguno’, a pesar de que está tratando de desestimar las denuncias de varios detenidos que quisieron generar un hecho político”. El episodio del Trocadero es el debut público de la SIE, a la que uno de sus funcionarios ya describe como “la institución que se ocupa de los delitos contra la patria”.
Fuente: La Diaria
La Derecha Defendiendo La Impunidad.
Crimen Perfecto.
Varios abogados, entre ellos el ex presidente Jorge Batlle y el ex vice Gonzalo Aguirre, dedicaron este mes a fustigar a la jueza penal Mariana Mota en defensa del coronel Carlos Calcagno, procesado por la desaparición de los militantes izquierdistas uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana en Paraguay. Ante un pedido de reconsideración del procesamiento, Motta sentenció el 1º de diciembre que “la vieja máxima de que nadie puede estar obligado a suministrar pruebas contra sí mismo” es “obsoleta y profundamente injusta”.
Batlle y Aguirre se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, para presentarle su queja en persona y por escrito. Ayer la reiteraron en conferencia de prensa, sin mencionar a Mota. Según los abogados que comparten esas críticas, “el derecho a no incriminarse” es un “principio jurídico” sobre el cual “no hay dos bibliotecas”, tal como lo resumió Miguel Langón, ex fiscal y actual defensor de Calcagno.
No es así. Hay más de una. Que la carga de la prueba corresponda en exclusiva a la acusación dista mucho de ser un principio absoluto, como sí lo es el de presunción de inocencia, según el cual toda persona es inocente hasta que se compruebe que delinquió. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
En unos cuantos países, y en delitos muy especiales, la carga de la prueba se invierte y el acusado debe demostrar su inocencia. En países de Europa y en Colombia, por ejemplo, los empleadores demandados por discriminación tienen que presentar las pruebas en su defensa. Lo mismo sucede en México con los delitos ambientales. En Gran Bretaña, el acusado por difamación, no el difamado, debe comprobar la veracidad de sus afirmaciones y su buena fe. El actual gobierno de Uruguay presentó al Parlamento un proyecto que obligaría a los imputados de “enriquecimiento ilícito” a justificar sus fortunas, como ya sucede en Argentina y en otros países.
La defensa de Calcagno admitió que el entonces mayor y comandante de la Compañía de Contrainformación del Ejército estuvo en Asunción del 5 al 7 de abril de 1977, poco después de que Inzaurralde y Santana fueran detenidos, el 29 de marzo. Testimonios y gran cantidad de documentos, entre ellos los del Archivo del Terror paraguayo, comprueban que el militar integró un “grupo de trabajo” que interrogó a los prisioneros uruguayos luego desaparecidos.
De acuerdo con la jurisprudencia interamericana, anotó en su escrito la fiscal Mirtha Guianze, “es el Estado el que detenta el control de los medios para aclarar los hechos ocurridos bajo su jurisdicción” y “a éste […] corresponde la carga de la prueba”. Y agregó: “La defensa no puede descansar en la imposibilidad de los demandantes de allegar la prueba al proceso, porque no tienen acceso a registros que los propios imputados llevaban, o porque esos requisitos están ocultos o fueron destruidos”.
“Un gobierno de facto ordena, o al menos permite y facilita, que sus funcionarios secuestren y hagan desaparecer a ciudadanos de los que no volvió a saberse. Ese gobierno de facto y sus agentes son los que deben explicaciones, los que deben rendir prueba sobre el destino de esas personas”, apuntó la fiscal.
La jueza Mota advirtió al confirmar el procesamiento que, en estos casos, “la prueba debe ser más estricta porque el paso del tiempo hace casi imposible hallar elementos […], los testigos olvidan o reconstruyen deficientemente lo que vieron u oyeron, etcétera”. Y advirtió: “No es correcto analizar las pruebas en forma aislada e individualmente, sino que debe atenderse su unidad contextual, relacionando las pruebas entre sí alcanzando de esta manera una conclusión lógica”.
De acuerdo con el criterio promovido por los abogados que desacreditan la sentencia de Mota, resulta insuficiente presentar un cúmulo abrumador de pruebas documentales y testimonios, aun tratándose de un delito cometido hace 34 años y de un caso de desaparición forzada en el cual, por definición, no hay un cadáver. Para cometerlo y borrar las huellas, sus autores materiales contaron con la asistencia de casi todos los gobiernos de un continente. Calcagno ni coartadas tiene.
Pero Batlle y Aguirre, en un alarde de malabarismo jurídico, amparan a este criminal. En la superficie, esta defensa se basa sobre un principio de derecho bastante relativo. En lo más profundo, lo que dicen el ex presidente y el ex vicepresidente es que cualquier delincuente zafará de la cana si elimina las pruebas de su delito y mantiene la boca cerrada, como Calcagno y sus camaradas. Si eso no basta, siempre podrá apelar a amigos políticos para obligar al Parlamento a absolverlos, como en 1986, o para presionar a los jueces, como ahora.
La única posibilidad de procesamiento es que el acusado confiese, según Batlle y Aguirre. Si tal criterio prevalece, esta manga de asesinos, torturadores, secuestradores, violadores y chorros concurrirá al tribunal, saludará al juez y saldrá libre por la misma puerta por la que entró. Pavada de inseguridad.
Fuente: La Diaria
Batlle y Aguirre se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, para presentarle su queja en persona y por escrito. Ayer la reiteraron en conferencia de prensa, sin mencionar a Mota. Según los abogados que comparten esas críticas, “el derecho a no incriminarse” es un “principio jurídico” sobre el cual “no hay dos bibliotecas”, tal como lo resumió Miguel Langón, ex fiscal y actual defensor de Calcagno.
No es así. Hay más de una. Que la carga de la prueba corresponda en exclusiva a la acusación dista mucho de ser un principio absoluto, como sí lo es el de presunción de inocencia, según el cual toda persona es inocente hasta que se compruebe que delinquió. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
En unos cuantos países, y en delitos muy especiales, la carga de la prueba se invierte y el acusado debe demostrar su inocencia. En países de Europa y en Colombia, por ejemplo, los empleadores demandados por discriminación tienen que presentar las pruebas en su defensa. Lo mismo sucede en México con los delitos ambientales. En Gran Bretaña, el acusado por difamación, no el difamado, debe comprobar la veracidad de sus afirmaciones y su buena fe. El actual gobierno de Uruguay presentó al Parlamento un proyecto que obligaría a los imputados de “enriquecimiento ilícito” a justificar sus fortunas, como ya sucede en Argentina y en otros países.
La defensa de Calcagno admitió que el entonces mayor y comandante de la Compañía de Contrainformación del Ejército estuvo en Asunción del 5 al 7 de abril de 1977, poco después de que Inzaurralde y Santana fueran detenidos, el 29 de marzo. Testimonios y gran cantidad de documentos, entre ellos los del Archivo del Terror paraguayo, comprueban que el militar integró un “grupo de trabajo” que interrogó a los prisioneros uruguayos luego desaparecidos.
De acuerdo con la jurisprudencia interamericana, anotó en su escrito la fiscal Mirtha Guianze, “es el Estado el que detenta el control de los medios para aclarar los hechos ocurridos bajo su jurisdicción” y “a éste […] corresponde la carga de la prueba”. Y agregó: “La defensa no puede descansar en la imposibilidad de los demandantes de allegar la prueba al proceso, porque no tienen acceso a registros que los propios imputados llevaban, o porque esos requisitos están ocultos o fueron destruidos”.
“Un gobierno de facto ordena, o al menos permite y facilita, que sus funcionarios secuestren y hagan desaparecer a ciudadanos de los que no volvió a saberse. Ese gobierno de facto y sus agentes son los que deben explicaciones, los que deben rendir prueba sobre el destino de esas personas”, apuntó la fiscal.
La jueza Mota advirtió al confirmar el procesamiento que, en estos casos, “la prueba debe ser más estricta porque el paso del tiempo hace casi imposible hallar elementos […], los testigos olvidan o reconstruyen deficientemente lo que vieron u oyeron, etcétera”. Y advirtió: “No es correcto analizar las pruebas en forma aislada e individualmente, sino que debe atenderse su unidad contextual, relacionando las pruebas entre sí alcanzando de esta manera una conclusión lógica”.
De acuerdo con el criterio promovido por los abogados que desacreditan la sentencia de Mota, resulta insuficiente presentar un cúmulo abrumador de pruebas documentales y testimonios, aun tratándose de un delito cometido hace 34 años y de un caso de desaparición forzada en el cual, por definición, no hay un cadáver. Para cometerlo y borrar las huellas, sus autores materiales contaron con la asistencia de casi todos los gobiernos de un continente. Calcagno ni coartadas tiene.
Pero Batlle y Aguirre, en un alarde de malabarismo jurídico, amparan a este criminal. En la superficie, esta defensa se basa sobre un principio de derecho bastante relativo. En lo más profundo, lo que dicen el ex presidente y el ex vicepresidente es que cualquier delincuente zafará de la cana si elimina las pruebas de su delito y mantiene la boca cerrada, como Calcagno y sus camaradas. Si eso no basta, siempre podrá apelar a amigos políticos para obligar al Parlamento a absolverlos, como en 1986, o para presionar a los jueces, como ahora.
La única posibilidad de procesamiento es que el acusado confiese, según Batlle y Aguirre. Si tal criterio prevalece, esta manga de asesinos, torturadores, secuestradores, violadores y chorros concurrirá al tribunal, saludará al juez y saldrá libre por la misma puerta por la que entró. Pavada de inseguridad.
Fuente: La Diaria
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