La Corte Interamericana de Derechos Humanos Condeno a Uruguay. La Impunidad Por Ahora es Rey.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado uruguayo a dejar sin efecto la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva", por cuanto la misma significa un "obstáculo" en la búsqueda de verdad, por los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, en el marco del litigio internacional iniciado en 2006 por la familia Gelman.
La Ley de Caducidad "carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos", señala el fallo del máximo órgano jurisdiccional del contexto americano.
En este sentido, la "interpretación" y "aplicación" de la citada norma significó una violación de "los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial" de los ciudadanos, lo cual ocasionó "la falta de una investigación efectiva de la desaparición forzada de María Claudia García y la sustracción, supresión y sustitución de identidad y entrega a terceros de María Macarena Gelman, en perjuicio de Juan y María Macarena Gelman", dice el fallo.
Ante esto, "el Estado deberá asegurar que aquélla (la Ley de Caducidad) no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay", y deberá disponer "que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada", resalta el fallo.
El Estado deberá, por tanto, desarrollar una investigación efectiva para determinar el paradero de los restos de María Claudia García, por intermedio de una investigación penal u otro procedimiento adecuado y efectivo, en el marco del derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre los hechos del pasado, así como juzgar y sancionar a los responsables de su desaparición y la de Macarena Gelman, "esta última como consecuencia de la sustracción, supresión y sustitución de su identidad", así como de los hechos conexos, dice el fallo.
Asimismo, el Estado deberá realizar "un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional" sobre los hechos vinculados con el caso Gelman, el cual deberá ser llevado a cabo mediante "una ceremonia pública conducida por altas autoridades nacionales" y con presencia de las víctimas.
El fallo de la CIDH ordena, además, implementar, en un plazo razonable, en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU), dependiente del Poder Judicial, un programa permanente sobre derechos humanos dirigido a la capacitación de jueces y fiscales en temas de investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas y de sustracción de niños y niñas.
Empero, el fallo de la CIDH no sólo implica una reparación simbólica a las víctimas, sino que otorga una compensación económica. Macarena Gelman deberá ser resarcida con U$S 300.000 por "lucro cesante como heredera", U$S 180.000 por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre, y U$S 5.000 por gastos por la búsqueda de la verdad. Por su parte, Juan Gelman solicitó expresamente ser excluido de cualquier compensación resarcitoria.
Fuente: La República
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo a resarcir económicamente a Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, e hija de la desaparecida María Claudia García Irureta Goyena.
También exigió al país que deje sin efecto la ley de Caducidad. El organismo internacional entiende que la ley “significa un obstáculo en la búsqueda de la verdad por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura”, si bien esto no está especificado en la sentencia.
Según la Corte, la ley de Caducidad “carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuando puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”.Los incisos que aluden a la indemnización económica sostienen que Macarena Gelman deberá percibir 300.000 dólares por lucro cesante como heredera, 180.000 dólares por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre y 5.000 dólares por gastos “en la búsqueda de la verdad”.
A propósito de la ley de Caducidad, el pasado sábado el Plenario nacional del Frente Amplio mandató a los senadores cabeza de cada lista a votar el proyecto de ley interpretativo que anularía los efectos de la ley, al declararla “inaplicable” en todos los casos.
En relación a si esta condena de la Corte Internacional podría acelerar los tiempos de votación del proyecto de ley interpretativo, el senador del Nuevo Espacio, Rafael Michelini dijo que “la idea es que salga cuanto antes, que no hagamos una nueva Marcha de Silencio con la ley de impunidad todavía en pie. Los plazos para saldar el trabajo en comisión aspiramos que para el 5 de abril estén terminados y a que el próximo viene el canciller y luego pasar a votarlo en el Senado y luego en Diputados. Aspiramos a que el trámite este esté terminad en el mes de abril, a más tardar en la primera semana de mayo.
El abogado Carlos Ramela, que integró la Comisión para la Paz durante la presidencia Jorge Batlle, opinó que la sentencia tiene poder coercitivo, si bien no supo precisar en qué consiste la sanción. Estimó que Uruguay podría llegar a ser expulsado si no cumpliese con la obligación de anular la ley de caducidad.
De todas maneras, Ramela entiende que Uruguay nunca se defendió y abonó el terreno para facilitarle a la
Corte esta condena.
“Uruguay prácticamente se allanó a la demanda de los Gelman, porque ese es quid del problema. Cuando esta demanda se presentó Uruguay, que para esa fecha pensaba tener votada la anulación primaria a la ley de Caducidad, fue Almagro y dijo que la ley de Caducidad había que eliminarla, que se estaban dando los pasos […] Estamos en un caso de un juicio en que la parte demandada no se defendió, entonces eso condicioná todo el resultado, que quizás hubiese sido el mismo”, dijo Ramela.
En tanto, Michelini estimó que la condena del organismo internacional implica una obligación “moral” para Uruguay.
“Son sanciones de carácter moral por un lado y de violentar los principios internacionales que Uruguay voluntariamente ha asumido. Para un país chico, desconocer los tratados internacionales es ponerse en la indefención (sic), es quedar indefenso […] Nosotros deberíamos dejar de cumplir las resoluciones que la CIDH determina”, dijo Michelini.
Macarena García dijo que hablará mañana sobre las 11.00 horas con los medios en conferencia de prensa en la sede de la Asociación de la Prensa del Uruguay, para dar su opinión luego de la sentencia de la CIDH.
Fuente: El Espectador
Macarena Gelman -secuestrada de bebé en 1976, entregada ilegalmente a la familia de un policía y que recuperó su identidad en 2000- aseguró ayer viernes que "no ha habido una investigación seria, profunda", sobre la desaparición de su madre María Claudia García, ocurrida en Uruguay en el año que ella nació.
La Ley de Caducidad "carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos", señala el fallo del máximo órgano jurisdiccional del contexto americano.
En este sentido, la "interpretación" y "aplicación" de la citada norma significó una violación de "los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial" de los ciudadanos, lo cual ocasionó "la falta de una investigación efectiva de la desaparición forzada de María Claudia García y la sustracción, supresión y sustitución de identidad y entrega a terceros de María Macarena Gelman, en perjuicio de Juan y María Macarena Gelman", dice el fallo.
Ante esto, "el Estado deberá asegurar que aquélla (la Ley de Caducidad) no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay", y deberá disponer "que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada", resalta el fallo.
El Estado deberá, por tanto, desarrollar una investigación efectiva para determinar el paradero de los restos de María Claudia García, por intermedio de una investigación penal u otro procedimiento adecuado y efectivo, en el marco del derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre los hechos del pasado, así como juzgar y sancionar a los responsables de su desaparición y la de Macarena Gelman, "esta última como consecuencia de la sustracción, supresión y sustitución de su identidad", así como de los hechos conexos, dice el fallo.
Asimismo, el Estado deberá realizar "un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional" sobre los hechos vinculados con el caso Gelman, el cual deberá ser llevado a cabo mediante "una ceremonia pública conducida por altas autoridades nacionales" y con presencia de las víctimas.
El fallo de la CIDH ordena, además, implementar, en un plazo razonable, en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU), dependiente del Poder Judicial, un programa permanente sobre derechos humanos dirigido a la capacitación de jueces y fiscales en temas de investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas y de sustracción de niños y niñas.
Empero, el fallo de la CIDH no sólo implica una reparación simbólica a las víctimas, sino que otorga una compensación económica. Macarena Gelman deberá ser resarcida con U$S 300.000 por "lucro cesante como heredera", U$S 180.000 por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre, y U$S 5.000 por gastos por la búsqueda de la verdad. Por su parte, Juan Gelman solicitó expresamente ser excluido de cualquier compensación resarcitoria.
Fuente: La República
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo a resarcir económicamente a Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, e hija de la desaparecida María Claudia García Irureta Goyena.
También exigió al país que deje sin efecto la ley de Caducidad. El organismo internacional entiende que la ley “significa un obstáculo en la búsqueda de la verdad por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura”, si bien esto no está especificado en la sentencia.
Según la Corte, la ley de Caducidad “carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuando puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”.Los incisos que aluden a la indemnización económica sostienen que Macarena Gelman deberá percibir 300.000 dólares por lucro cesante como heredera, 180.000 dólares por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre y 5.000 dólares por gastos “en la búsqueda de la verdad”.
A propósito de la ley de Caducidad, el pasado sábado el Plenario nacional del Frente Amplio mandató a los senadores cabeza de cada lista a votar el proyecto de ley interpretativo que anularía los efectos de la ley, al declararla “inaplicable” en todos los casos.
En relación a si esta condena de la Corte Internacional podría acelerar los tiempos de votación del proyecto de ley interpretativo, el senador del Nuevo Espacio, Rafael Michelini dijo que “la idea es que salga cuanto antes, que no hagamos una nueva Marcha de Silencio con la ley de impunidad todavía en pie. Los plazos para saldar el trabajo en comisión aspiramos que para el 5 de abril estén terminados y a que el próximo viene el canciller y luego pasar a votarlo en el Senado y luego en Diputados. Aspiramos a que el trámite este esté terminad en el mes de abril, a más tardar en la primera semana de mayo.
El abogado Carlos Ramela, que integró la Comisión para la Paz durante la presidencia Jorge Batlle, opinó que la sentencia tiene poder coercitivo, si bien no supo precisar en qué consiste la sanción. Estimó que Uruguay podría llegar a ser expulsado si no cumpliese con la obligación de anular la ley de caducidad.
De todas maneras, Ramela entiende que Uruguay nunca se defendió y abonó el terreno para facilitarle a la
Corte esta condena.
“Uruguay prácticamente se allanó a la demanda de los Gelman, porque ese es quid del problema. Cuando esta demanda se presentó Uruguay, que para esa fecha pensaba tener votada la anulación primaria a la ley de Caducidad, fue Almagro y dijo que la ley de Caducidad había que eliminarla, que se estaban dando los pasos […] Estamos en un caso de un juicio en que la parte demandada no se defendió, entonces eso condicioná todo el resultado, que quizás hubiese sido el mismo”, dijo Ramela.
En tanto, Michelini estimó que la condena del organismo internacional implica una obligación “moral” para Uruguay.
“Son sanciones de carácter moral por un lado y de violentar los principios internacionales que Uruguay voluntariamente ha asumido. Para un país chico, desconocer los tratados internacionales es ponerse en la indefención (sic), es quedar indefenso […] Nosotros deberíamos dejar de cumplir las resoluciones que la CIDH determina”, dijo Michelini.
Macarena García dijo que hablará mañana sobre las 11.00 horas con los medios en conferencia de prensa en la sede de la Asociación de la Prensa del Uruguay, para dar su opinión luego de la sentencia de la CIDH.
Fuente: El Espectador
Totalmente Esperable Y Razonable la Condena de la C.I.D.H.
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El Frente Amplio se Apura a Votar. Tuvimos que ser Condenados Internacionalmente para que Caiga la Impunidad en este País.
Con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por el caso María Claudia García sobre la mesa, el Frente Amplio (FA) agilizará el proceso parlamentario para cerrar un tema que genera divisiones en la interna y perjudica la imagen del país a nivel internacional. El próximo martes, la Comisión de Constitución y Códigos del Senado recibirá al canciller Luis Almagro, quien informará sobre el fallo del tribunal y recibirá, en nombre del Poder Ejecutivo, el proyecto de ley interpretativo modificado por el Plenario Nacional del FA. En el transcurso del mes de abril, la Comisión pasará la propuesta al Plenario de la Cámara para su aprobación y pasaje a Diputados, donde está prevista su votación en la primera quincena de mayo.
A diferencia del proyecto anterior, los votos del FA están asegurados por el mandato imperativo y explícito del Plenario, que solo será desobedecido por el senador Jorge Saravia. El partido de gobierno intentó adelantarse al dictamen de la Corte Interamericana y promovió un proyecto. La propuesta fue aprobada con objeciones por parte de varios legisladores en Diputados pero naufragó en el Senado por la negativa a acompañarla de Saravia, Rodolfo Nin Novoa y Eleuterio Fernández Huidobro.
Tras meses de negociación, la izquierda resolvió incluir en la propuesta un artículo elaborado por el constitucionalista José Korzeniak donde se aclara que los sucesivos dictámenes de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en relación a la norma sientan jurisprudencia y determinan su invalidez.
Ningún legislador de los partidos tradicionales está dispuesto a acompañar la propuesta, por considerarla violatoria de los dos plebiscitos. Tanto la oposición como el senador Fernández Huidobro marcarán sus objeciones en el debate parlamentario, pese a lo cual la próxima Marcha del Silencio se hará, por primera vez, sin impunidad.
A diferencia del proyecto anterior, los votos del FA están asegurados por el mandato imperativo y explícito del Plenario, que solo será desobedecido por el senador Jorge Saravia. El partido de gobierno intentó adelantarse al dictamen de la Corte Interamericana y promovió un proyecto. La propuesta fue aprobada con objeciones por parte de varios legisladores en Diputados pero naufragó en el Senado por la negativa a acompañarla de Saravia, Rodolfo Nin Novoa y Eleuterio Fernández Huidobro.
Tras meses de negociación, la izquierda resolvió incluir en la propuesta un artículo elaborado por el constitucionalista José Korzeniak donde se aclara que los sucesivos dictámenes de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en relación a la norma sientan jurisprudencia y determinan su invalidez.
Ningún legislador de los partidos tradicionales está dispuesto a acompañar la propuesta, por considerarla violatoria de los dos plebiscitos. Tanto la oposición como el senador Fernández Huidobro marcarán sus objeciones en el debate parlamentario, pese a lo cual la próxima Marcha del Silencio se hará, por primera vez, sin impunidad.
Fuente: Ultimas Noticias
Que Se Cumpla con el Fallo, es el Reclamo de Macarena Gelman.
Gelman brindó una conferencia de prensa en que dijo estar "satisfecha" con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condena al Estado a repararla por la desaparición de su madre, a investigar lo ocurrido, localizar su paradero y dejar sin efecto la ley de Caducidad.
"El Estado ha manifestado que va a cumplir y yo confío en que así sea", afirmó Gelman.
La Corte ordenó al Estado aprobar un protocolo para la búsqueda de los restos de desaparecidos.
El ex presidente Tabaré Vázquez discrepó con esta parte del fallo de la CIDH, recordó que en Uruguay se hallaron restos de desaparecidos. "En cada lugar donde se presume que hay un enterramiento clandestino, se va a buscar", dijo.
"Para encontrar los restos del Che (Ernesto Guevara) pasaron más de 30 años y se encontraron por un hecho fortuito", dijo Vázquez, para quien "esto demuestra que no es fácil avanzar en estos temas".
Gelman anunció que donará la compensación de casi US$ 200.000 dispuesta por la CIDH a Aldeas Infantiles.
"No me interesa la compensación económica. Lo que quiero es que el Estado, como responsable, investigue en serio los hechos, quiénes participaron y se encuentren sus restos. Hasta ahora no lo han hecho``, dijo.
Fuente: El País Digital
"La sentencia de la CIDH me parece ejemplar: no sólo atiende al caso de María Claudia García de Gelman, mi nuera y madre de mi nieta Macarena, sino que debe aplicarse a todos los casos similares que tuvieron lugar bajo la dictadura cívico-militar uruguaya", expresó Gelman a LA REPUBLICA.
En este sentido, el poeta manifestó su expectativa de un cumplimiento "cabal" de la sentencia por parte del gobierno uruguayo. "Espero que este gobierno de Uruguay cumpla cabalmente todas sus disposiciones a fin de dar, a su vez, un ejemplo cabal de acatamiento a la Justicia", dijo Gelman.
En tanto, su nieta, Macarena Gelman, catalogó el fallo de la CIDH, como "una pequeña victoria", tras "una lucha de más de 30 años". "El Estado ha manifestado que va a cumplir (con el fallo) y confío plenamente en que así sea", dijo Macarena durante una conferencia de prensa. "Espero que ahora haya un reconocimiento de lo que sucedió", expresó la joven, que en las próximas horas mantendrá una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro.
El máximo órgano jurisdiccional del contexto americano condenó al Estado a dejar sin efecto la norma, por cuanto significa un "obstáculo" para el legítimo acceso a verdad y justicia, por parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En este sentido, la Ley de Caducidad "carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos".
"Me ha costado procesar esto ya que, después de tanto tiempo, abre una etapa de mucha expectativa en cuanto al cumplimiento de la sentencia. El Estado ha manifestado también que va a cumplir y yo confío en que así sea", expresó Gelman.
Por su parte, la integrante de Cejil y representante de Gelman en el litigio, Lilián Tojo, dijo que el Estado deberá elaborar un protocolo para una búsqueda "efectiva y diligente" de los restos de los ciudadanos detenidos desaparecidos e impulsar el acceso a los archivos aún clasificados de los servicios de la dictadura.
"Si sólo dependiera de preguntarles a los responsables, no sería necesario siquiera seguir una causa judicial. Hay que investigar, hay que recurrir a los archivos, hay que realizar una investigación efectiva". "María Claudia ha sido desaparecida y ha sido desaparecida por fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, el Estado sabe qué pasó con María Claudia y tiene que explicar lo que pasó (...) No es suficiente que el Estado haga como que busca, el Estado tiene que buscar", expresó Tojo.
La abogada destacó, además, que la sentencia de la CIDH es contra el Estado y no contra un gobierno. "El Estado es continuo, las administraciones cambian, pero los Estados persisten y la información está en el Estado", dijo Tojo.
En tanto, Macarena adelantó que donará una parte de la reparación monetaria obtenida para "Aldeas Infantiles". La CIDH otorgó una compensación económica a Macarena Gelman por "lucro cesante como heredera", daños inmateriales en su contra y en contra de su madre, y gastos por la búsqueda de verdad. Juan Gelman solicitó, expresamente, ser excluido de cualquier compensación resarcitoria.
Fuente: La República
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En este sentido, el poeta manifestó su expectativa de un cumplimiento "cabal" de la sentencia por parte del gobierno uruguayo. "Espero que este gobierno de Uruguay cumpla cabalmente todas sus disposiciones a fin de dar, a su vez, un ejemplo cabal de acatamiento a la Justicia", dijo Gelman.
En tanto, su nieta, Macarena Gelman, catalogó el fallo de la CIDH, como "una pequeña victoria", tras "una lucha de más de 30 años". "El Estado ha manifestado que va a cumplir (con el fallo) y confío plenamente en que así sea", dijo Macarena durante una conferencia de prensa. "Espero que ahora haya un reconocimiento de lo que sucedió", expresó la joven, que en las próximas horas mantendrá una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro.
El máximo órgano jurisdiccional del contexto americano condenó al Estado a dejar sin efecto la norma, por cuanto significa un "obstáculo" para el legítimo acceso a verdad y justicia, por parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En este sentido, la Ley de Caducidad "carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos".
"Me ha costado procesar esto ya que, después de tanto tiempo, abre una etapa de mucha expectativa en cuanto al cumplimiento de la sentencia. El Estado ha manifestado también que va a cumplir y yo confío en que así sea", expresó Gelman.
Por su parte, la integrante de Cejil y representante de Gelman en el litigio, Lilián Tojo, dijo que el Estado deberá elaborar un protocolo para una búsqueda "efectiva y diligente" de los restos de los ciudadanos detenidos desaparecidos e impulsar el acceso a los archivos aún clasificados de los servicios de la dictadura.
"Si sólo dependiera de preguntarles a los responsables, no sería necesario siquiera seguir una causa judicial. Hay que investigar, hay que recurrir a los archivos, hay que realizar una investigación efectiva". "María Claudia ha sido desaparecida y ha sido desaparecida por fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, el Estado sabe qué pasó con María Claudia y tiene que explicar lo que pasó (...) No es suficiente que el Estado haga como que busca, el Estado tiene que buscar", expresó Tojo.
La abogada destacó, además, que la sentencia de la CIDH es contra el Estado y no contra un gobierno. "El Estado es continuo, las administraciones cambian, pero los Estados persisten y la información está en el Estado", dijo Tojo.
En tanto, Macarena adelantó que donará una parte de la reparación monetaria obtenida para "Aldeas Infantiles". La CIDH otorgó una compensación económica a Macarena Gelman por "lucro cesante como heredera", daños inmateriales en su contra y en contra de su madre, y gastos por la búsqueda de verdad. Juan Gelman solicitó, expresamente, ser excluido de cualquier compensación resarcitoria.
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| Esperanza. Familiares esperan cumplimiento cabal de la sentencia. |
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Es Procesado por la Muerte de Roberto Luzardo, Gregorio "Goyo" Álvarez. Es el Segundo Procesamiento del Ex. Dictador.
En 1972, Álvarez, acompañado por sus perros doberman, recibió en el despacho que tenía como jefe del Estado Mayor Conjunto a los familiares de Luzardo. Según se desprende del auto de procesamiento emitido ayer por Fernández Lecchini en base a testimonios, cuando pidieron que se los atendiera les dijo que "no tenían derecho a hacer esa petición dado que había muchos militares muertos y les mostraba fotos. No les respondieron a su petición".
Los ex presos políticos que coincidieron con el fallecido, quien se encontraba parapléjico en la Sala 8 del Hospital Militar, declararon a la Justicia que los militares prohibían que se lo atendiera, al punto que ni médicos, ni enfermeros, ni los propios presos podían asistirlo. Según los testigos, Luzardo casi no recibía alimentos, no se le cambiaba la ropa de cama, no se lo movía y permanecía sentado sobre su propia orina, lo que le provocó escaras que se agravaron con una infección generalizada que determinó su fallecimiento.
Una de las testigos, estudiante de medicina en la época y médica en la actualidad, aseguró que murió de septicemia como consecuencia de la infección en las escaras. "Hasta unas horas antes del fallecimiento estuvo totalmente lúcido, se daba cuenta de todo. Fue una especie de muerte lenta, uno de los fallecimientos más dolorosos, por la agonía", recordó.
Si bien tanto médicos como militares prestaron declaración, el magistrado puso en duda su veracidad. "Los militares que deponen en esta causa evidentemente lo hacen afirmando extremos inverosímiles porque dicen desconocer que hubiera guerra sucia en aquellos tiempos cuando por su posición no podían ignorarlo", afirmó. Para el juez, al joven tupamaro "se le descuidó con premeditación hasta que muriera".
"Si se entiende la tortura omisiva, como debe hacerse por lógica, un método más de un Estado terrorista, la responsabilidad de Álvarez en el abandono asistencial de Luzardo es de coautor", manifestó el magistrado en el auto de procesamiento. Allí estableció que el fallecido fue sometido a "falta de asistencia nosocomial" y explica que el crimen no es culposo porque "la visita de Álvarez a Luzardo moribundo muestra a las claras que conocía su situación y la había ordenado o bien avalado".
El juez indicó que en la época se atravesaba "una fase de terrorismo de derecha notoriamente sangriento e infame", en el cual Álvarez tenía "verdadera autoridad al punto de ser años después presidente de facto, abanderado ideológico y causal de la guerra sucia contra la subversión". A su entender, los "excesos" cometidos durante la "guerra sucia" eran "totalmente previsibles para los dirigentes como Gregorio Álvarez. La tortura activa y pasiva eran instrumentos concebibles entre los necesarios, por lo que lo de Luzardo, intolerablemente abandonado en un hospital, era previsible y previsto en el marco de la guerra sucia. Mucho más desde que los familiares de Luzardo denunciaron su situación. De modo que el abandono de Luzardo en el Hospital Militar es imputable a la cúpula militar y, específicamente, a Gregorio Álvarez".
El procesado, que en sus declaraciones ante el juez deslindó responsabilidad sobre el caso, autorizó a la familia a acompañar al enfermo veinte días antes de su fallecimiento aunque no se les permitía tocarlo ni atenderlo de ninguna manera.
En esos días, concurrió a verlo al Hospital Militar, cuando según testigos se le ofreció asistencia médica a cambio de información. Ayer, Fernández Lecchini hizo lugar al pedido de la fiscal Adriana Costa, quien en diciembre pasado pidió el procesamiento con prisión del ex dictador por el homicidio de Luzardo.
Chofer no identificado
Roberto Luzardo ingresó al Hospital Militar en 1972 con una herida de bala en el cuello que lo había dejado parapléjico. Según los testigos, en los primeros meses fue atendido hasta que se lo vinculó al asesinato del coronel Artigas Álvarez, hermano del jefe del Estado Mayor Conjunto. José Luis Rodríguez y Ulises Costa, quienes se reconocieron responsables de la muerte de Álvarez, fueron confrontados con Luzardo, ya que los militares sospechaban que era "Ruben", el chofer del vehículo en el que escaparon. No lo reconocieron, pero desde entonces dejó de recibir atención.
Los ex presos políticos que coincidieron con el fallecido, quien se encontraba parapléjico en la Sala 8 del Hospital Militar, declararon a la Justicia que los militares prohibían que se lo atendiera, al punto que ni médicos, ni enfermeros, ni los propios presos podían asistirlo. Según los testigos, Luzardo casi no recibía alimentos, no se le cambiaba la ropa de cama, no se lo movía y permanecía sentado sobre su propia orina, lo que le provocó escaras que se agravaron con una infección generalizada que determinó su fallecimiento.
Una de las testigos, estudiante de medicina en la época y médica en la actualidad, aseguró que murió de septicemia como consecuencia de la infección en las escaras. "Hasta unas horas antes del fallecimiento estuvo totalmente lúcido, se daba cuenta de todo. Fue una especie de muerte lenta, uno de los fallecimientos más dolorosos, por la agonía", recordó.
Si bien tanto médicos como militares prestaron declaración, el magistrado puso en duda su veracidad. "Los militares que deponen en esta causa evidentemente lo hacen afirmando extremos inverosímiles porque dicen desconocer que hubiera guerra sucia en aquellos tiempos cuando por su posición no podían ignorarlo", afirmó. Para el juez, al joven tupamaro "se le descuidó con premeditación hasta que muriera".
"Si se entiende la tortura omisiva, como debe hacerse por lógica, un método más de un Estado terrorista, la responsabilidad de Álvarez en el abandono asistencial de Luzardo es de coautor", manifestó el magistrado en el auto de procesamiento. Allí estableció que el fallecido fue sometido a "falta de asistencia nosocomial" y explica que el crimen no es culposo porque "la visita de Álvarez a Luzardo moribundo muestra a las claras que conocía su situación y la había ordenado o bien avalado".
El juez indicó que en la época se atravesaba "una fase de terrorismo de derecha notoriamente sangriento e infame", en el cual Álvarez tenía "verdadera autoridad al punto de ser años después presidente de facto, abanderado ideológico y causal de la guerra sucia contra la subversión". A su entender, los "excesos" cometidos durante la "guerra sucia" eran "totalmente previsibles para los dirigentes como Gregorio Álvarez. La tortura activa y pasiva eran instrumentos concebibles entre los necesarios, por lo que lo de Luzardo, intolerablemente abandonado en un hospital, era previsible y previsto en el marco de la guerra sucia. Mucho más desde que los familiares de Luzardo denunciaron su situación. De modo que el abandono de Luzardo en el Hospital Militar es imputable a la cúpula militar y, específicamente, a Gregorio Álvarez".
El procesado, que en sus declaraciones ante el juez deslindó responsabilidad sobre el caso, autorizó a la familia a acompañar al enfermo veinte días antes de su fallecimiento aunque no se les permitía tocarlo ni atenderlo de ninguna manera.
En esos días, concurrió a verlo al Hospital Militar, cuando según testigos se le ofreció asistencia médica a cambio de información. Ayer, Fernández Lecchini hizo lugar al pedido de la fiscal Adriana Costa, quien en diciembre pasado pidió el procesamiento con prisión del ex dictador por el homicidio de Luzardo.
Chofer no identificado
Roberto Luzardo ingresó al Hospital Militar en 1972 con una herida de bala en el cuello que lo había dejado parapléjico. Según los testigos, en los primeros meses fue atendido hasta que se lo vinculó al asesinato del coronel Artigas Álvarez, hermano del jefe del Estado Mayor Conjunto. José Luis Rodríguez y Ulises Costa, quienes se reconocieron responsables de la muerte de Álvarez, fueron confrontados con Luzardo, ya que los militares sospechaban que era "Ruben", el chofer del vehículo en el que escaparon. No lo reconocieron, pero desde entonces dejó de recibir atención.
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| Álvarez. Ayer de mañana compareció ante la Justicia y fue procesado. |
Fuente: Ultimas Noticias
Haciendo lugar a la solicitud de la fiscal Adriana Costa, el juez Juan Carlos Fernández Lecchini procesó con prisión por coautoría de un delito de homicidio muy especialmente agravado por la muerte del militante tupamaro Roberto Luzardo, en junio de 1973, a Gregorio Goyo Álvarez, entonces en el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto. El pronunciamiento llega nueve años después de que los familiares de Luzardo realizaran la primera denuncia y las indagatorias continuarán para establecer quiénes son los autores materiales.
“No bajamos los brazos sino que vamos a seguir nuestra lucha. Lo estamos viviendo con mesurada felicidad porque en definitiva no vamos a recuperar a Roberto ni a otros fallecidos y desaparecidos, cuyos casos no están aclarados”, valoró Raúl Luzardo, hermano de la víctima. La denuncia fue presentada por su viuda, Ana María Blanco, en junio de 2002 y archivada seis meses después porque el entonces presidente, Jorge Batlle, amparó el caso por la Ley de Caducidad. En diciembre de 2003 fueron reiniciadas las investigaciones para ser cerradas tres meses después y reabiertas definitivamente en agosto de 2005.
El magistrado responsabilizó ayer a Álvarez por el fallecimiento de Luzardo por omisión de asistencia en la sala 8 del Hospital Militar. “Álvarez conocía las condiciones de la sanidad militar para con los sediciosos. El trato no era amable, precisamente. [...] Él sabía que la sanidad militar no era una instancia pietista y caritativa para con el enemigo. En el mejor de los escenarios para el indagado, debió asegurarse de que Luzardo no estuviera siendo mal atendido”, sentenció Fernández Lecchini.
Álvarez llegó al juzgado de Misiones sobre las 14.00 procedente de la cárcel de Domingo Arena, donde se encuentra desde 2007, cuando fue procesado por los traslados clandestinos. Además de los medios de prensa, lo esperaban con varias pancartas y por fuera del vallado numerosos familiares y compañeros de militancia de quienes Álvarez recibió diversas dedicatorias alusivas a su condición de represor durante la dictadura.
“El hecho de la desatención de Luzardo fue tan notorio que trascendió la sala 8 hacia los cuarteles y las cárceles”, destacó el juez. También consideró significativo el hecho de que la historia clínica de Luzardo nunca haya sido encontrada. “O bien se perdió, o bien se destruyó, o bien se ocultó. El indicio es equívoco aún, a esta altura, pero puede acompasarse con la tesis de que dejaron de atender a Luzardo hasta la muerte. A efectos de ocultar este hecho, sería conveniente, en efecto, la desaparición de la historia clínica”, estimó el magistrado.
En sus declaraciones, el imputado se deslindó de toda responsabilidad: “Dice Álvarez que los comandantes en jefe le ordenaron que se comunicara con los parientes de Luzardo. Asume un papel de subordinación, pero ¡él era el jefe del Estado Mayor Conjunto!”, reza el escrito. El auto de procesamiento establece que Álvarez tenía como motivos para dejar sin atención a Luzardo el hecho de que fue partícipe en la muerte del capitán Ernesto Motto y se lo consideró sospechoso de la muerte de Artigas Álvarez, hermano de Gregorio. La declaración de este último sobre el episodio “destila una comprensible amargura y un rencor hacia los que participaron en tan horrible hecho”.
“Pero también el indagado es reticente en sus declaraciones, aportando mucho menos de lo que sabe”, completa. Y concluye: “Como jefe del Estado Mayor Conjunto, era el hombre con más poder y conocimiento en la época en que Luzardo era atendido en el Hospital Militar y en la época en que Luzardo dejó de ser atendido” en ese centro de salud.
Fuente: La Diaria
El magistrado responsabilizó ayer a Álvarez por el fallecimiento de Luzardo por omisión de asistencia en la sala 8 del Hospital Militar. “Álvarez conocía las condiciones de la sanidad militar para con los sediciosos. El trato no era amable, precisamente. [...] Él sabía que la sanidad militar no era una instancia pietista y caritativa para con el enemigo. En el mejor de los escenarios para el indagado, debió asegurarse de que Luzardo no estuviera siendo mal atendido”, sentenció Fernández Lecchini.
Álvarez llegó al juzgado de Misiones sobre las 14.00 procedente de la cárcel de Domingo Arena, donde se encuentra desde 2007, cuando fue procesado por los traslados clandestinos. Además de los medios de prensa, lo esperaban con varias pancartas y por fuera del vallado numerosos familiares y compañeros de militancia de quienes Álvarez recibió diversas dedicatorias alusivas a su condición de represor durante la dictadura.
“El hecho de la desatención de Luzardo fue tan notorio que trascendió la sala 8 hacia los cuarteles y las cárceles”, destacó el juez. También consideró significativo el hecho de que la historia clínica de Luzardo nunca haya sido encontrada. “O bien se perdió, o bien se destruyó, o bien se ocultó. El indicio es equívoco aún, a esta altura, pero puede acompasarse con la tesis de que dejaron de atender a Luzardo hasta la muerte. A efectos de ocultar este hecho, sería conveniente, en efecto, la desaparición de la historia clínica”, estimó el magistrado.
En sus declaraciones, el imputado se deslindó de toda responsabilidad: “Dice Álvarez que los comandantes en jefe le ordenaron que se comunicara con los parientes de Luzardo. Asume un papel de subordinación, pero ¡él era el jefe del Estado Mayor Conjunto!”, reza el escrito. El auto de procesamiento establece que Álvarez tenía como motivos para dejar sin atención a Luzardo el hecho de que fue partícipe en la muerte del capitán Ernesto Motto y se lo consideró sospechoso de la muerte de Artigas Álvarez, hermano de Gregorio. La declaración de este último sobre el episodio “destila una comprensible amargura y un rencor hacia los que participaron en tan horrible hecho”.
“Pero también el indagado es reticente en sus declaraciones, aportando mucho menos de lo que sabe”, completa. Y concluye: “Como jefe del Estado Mayor Conjunto, era el hombre con más poder y conocimiento en la época en que Luzardo era atendido en el Hospital Militar y en la época en que Luzardo dejó de ser atendido” en ese centro de salud.
Fuente: La Diaria
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