El Fraude Amplio Sigue en la Discusión Sobre Condenar o Dejar en la Impunidad a las Fuerzas Armadas.
La expectativa es que el tema quede resuelto el lunes en el marco de la Mesa Política del Frente Amplio. Ayer, tras la reunión de la comisión redactora del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad en la sede frenteamplista, las fuentes consultadas por la diaria destacaron “el ambiente de acuerdo” y el hecho de que “hay posibilidades de que salga para adelante” el proyecto, aunque todavía no se pueda hablar de un “compromiso definitivo”.
En representación de los senadores Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista, AP) y Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) asistieron al encuentro Julio Pérez, delegado de AP en la Mesa Política, y el diputado Carlos Gamou, suplente del segundo en el Senado. La comisión quedó a la espera de que ambos legisladores “den una respuesta” en el correr del fin de semana. Según las fuentes, el plazo quedó determinado por el hecho de que el lunes la Mesa Política debe cerrar el informe que elevará al plenario previsto para el sábado siguiente. La CAP-L, por lo pronto, fijó la reunión del ejecutivo nacional para mañana.
En la reunión de ayer también participó el canciller, Luis Almagro, quien fue convocado por la comisión. Desde su entorno, afirmaron a la diaria que no asistió en representación del Poder Ejecutivo sino “a título personal, como un militante frenteamplista más” y en esa calidad participa del ámbito desde el inicio. De la misma manera, aseguraron que el canciller respalda la modificación manejada ayer y que abre la posibilidad de un acuerdo para que el proyecto tenga los votos en el Senado, ya que “no se afectó” el contenido sustancial: la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad y la posibilidad de que se puedan reabrir causas archivadas.
Según pudo saber la diaria, el texto en cuestión es la versión aprobada en Diputados, pero con algunos cambios, tomando en cuenta los aportes de la propuesta presentada por el ex senador y socialista José Korzeniak (ver la diaria del 10/03/10). Entre las modificaciones se incluye un reconocimiento explícito de la independencia del Poder Judicial y de que “el ejercicio de la función jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) deriva de la forma republicana de gobierno”. Asimismo, se declara como “interpretación obligatoria y en cumplimento de la jurisprudencia pacífica y constante de la SCJ que los artículos 1, 3 y 4 presentan una ilegitimidad manifiesta y son incompatibles con la Constitución”. Esto significa que, si el texto prospera en el Senado, volverá a la Cámara de Representantes.
Jorge Saravia (Espacio 609) no fue convocado a participar en las negociaciones iniciadas en octubre ya que en una reunión con el presidente del FA, Jorge Brovetto, dejó claro que su postura no cambiaría. Para aprobar el proyecto se requiere mayoría simple, es decir, 16 de los 17 votos que tiene la bancada oficialista; por lo tanto, el de Saravia no es necesario.
Fuente: La Diaria
En tanto, el diputado Carlos Gamou de la CAP-L dijo a LA REPUBLICA que su sector no "acepta la ley interpretativa con las modificaciones", que se introdujeron en base a la propuesta de Korzeniak.
El legislador informó que al término de la reunión de la Dirección de la CAP-L, Fernández Huidobro le comunicó a Brovetto la decisión del grupo.
"Nosotros nos ajustamos a la declaración del 14 de noviembre. Cualquier solución debe pasar por el pronunciamiento popular", advirtió.
Gamou recordó que ya hubo dos pronunciamientos de la ciudadanía sobre la Ley de Caducidad. "Hay que aceptar el resultado de los dos pronunciamientos anteriores", expresó.
El sector no acepta la propuesta del FA que apunta a que la iniciativa que se impulse contempla la "retroactividad", por considerar que es "inconstitucional".
En la declaración de noviembre, la CAP-L instó a presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
"Tomando en cuenta las últimas sentencias de inconstitucionalidad sobre la ley de Caducidad de la Suprema Corte de Justicia, convocamos públicamente a todas aquellas víctimas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país, que así lo entiendan pertinente a que presenten los recursos legales correspondientes, ya sea aquellos que no se hayan presentado o lo hayan hecho y por efecto de la ley de Caducidad no hayan sido atendidos sus reclamos", puntualiza el texto.
Fuente: La República
Uno de los cables de la embajada estadounidense en Uruguay revela que Nelson Bardesio era efectivamente agente de la CIA. Bardesio que fue procesado con prisión por la causa que analizaba las actividades del escuadrón de la muerte y particularmente el homicidio del militante Héctor Castagneto.
En representación de los senadores Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista, AP) y Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) asistieron al encuentro Julio Pérez, delegado de AP en la Mesa Política, y el diputado Carlos Gamou, suplente del segundo en el Senado. La comisión quedó a la espera de que ambos legisladores “den una respuesta” en el correr del fin de semana. Según las fuentes, el plazo quedó determinado por el hecho de que el lunes la Mesa Política debe cerrar el informe que elevará al plenario previsto para el sábado siguiente. La CAP-L, por lo pronto, fijó la reunión del ejecutivo nacional para mañana.
En la reunión de ayer también participó el canciller, Luis Almagro, quien fue convocado por la comisión. Desde su entorno, afirmaron a la diaria que no asistió en representación del Poder Ejecutivo sino “a título personal, como un militante frenteamplista más” y en esa calidad participa del ámbito desde el inicio. De la misma manera, aseguraron que el canciller respalda la modificación manejada ayer y que abre la posibilidad de un acuerdo para que el proyecto tenga los votos en el Senado, ya que “no se afectó” el contenido sustancial: la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad y la posibilidad de que se puedan reabrir causas archivadas.
Según pudo saber la diaria, el texto en cuestión es la versión aprobada en Diputados, pero con algunos cambios, tomando en cuenta los aportes de la propuesta presentada por el ex senador y socialista José Korzeniak (ver la diaria del 10/03/10). Entre las modificaciones se incluye un reconocimiento explícito de la independencia del Poder Judicial y de que “el ejercicio de la función jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) deriva de la forma republicana de gobierno”. Asimismo, se declara como “interpretación obligatoria y en cumplimento de la jurisprudencia pacífica y constante de la SCJ que los artículos 1, 3 y 4 presentan una ilegitimidad manifiesta y son incompatibles con la Constitución”. Esto significa que, si el texto prospera en el Senado, volverá a la Cámara de Representantes.
Jorge Saravia (Espacio 609) no fue convocado a participar en las negociaciones iniciadas en octubre ya que en una reunión con el presidente del FA, Jorge Brovetto, dejó claro que su postura no cambiaría. Para aprobar el proyecto se requiere mayoría simple, es decir, 16 de los 17 votos que tiene la bancada oficialista; por lo tanto, el de Saravia no es necesario.
Fuente: La Diaria
Huidobro Ya Dijo Que No, Quiere Que Reine La Impunidad.
La Dirección Nacional de la CAP-L resolvió no votar el proyecto que combina la ley interpretativa y la iniciativa elaborada por el senador socialista José Korzeniak, al ratificar su resolución del 14 de noviembre de 2010.
"La solución jurídica y política a este tema debe necesariamente respetar nuestra Constitución y los principios de nuestro ordenamiento jurídico y a la vez ser avalada indefectiblemente por un pronunciamiento popular de democracia directa", expresaba la declaración del año pasado. Pese a las infructuosas negociaciones de las últimas semanas de Brovetto por lograr una fórmula que concitara el respaldo de todos los grupos del FA para anular la norma, la CAP-L, al igual que el senador Jorge Saravia, no variaron de posición, más allá de las modificaciones que se le introdujeron al proyecto de ley interpretativa.
Fuentes del Frente Amplio (FA) señalaron a LA REPUBLICA que si bien Brovetto "agotará todos los esfuerzos", el Plenario Nacional convocado para el sábado 19 podría ser postergado, al ser el tema de la Caducidad el motivo de la convocatoria.
"Si no están los votos, lo racional sería aplazar el Plenario, porque no favorece al Frente forzar un tema en el que no hay acuerdo", subrayó otra alta fuente consultada.
Añadió que menos debería realizarse el Plenario, cuando otro de los puntos polémicos será el fallo del Tribunal de Conducta Política sobre la actitud de los legisladores comunistas Eduardo Lorier y Alicia Pintos, quienes se negaron a votar en ambas cámaras la ley de Educación, y argumentaron en las sesiones plenarias en contra.
"¿Qué tipo de sanción se puede aplicar a esos dirigentes si hay por lo menos dos senadores que se niegan a votar el proyecto interpretativo con las modificaciones de la Ley de Caducidad?", se preguntó el dirigente al insistir en que el Plenario debe ser postergado.
Empero, el tema será debatido mañana en la Mesa Política del FA, luego de conocer la decisión que adopte la Alianza Progresista.
El senador Rodolfo Nin Novoa coincidía con los dos compañeros de bancada que no votan el proyecto. No obstante, su posición definitiva se conocerá mañana.
"Aceptar resultado"
"La solución jurídica y política a este tema debe necesariamente respetar nuestra Constitución y los principios de nuestro ordenamiento jurídico y a la vez ser avalada indefectiblemente por un pronunciamiento popular de democracia directa", expresaba la declaración del año pasado. Pese a las infructuosas negociaciones de las últimas semanas de Brovetto por lograr una fórmula que concitara el respaldo de todos los grupos del FA para anular la norma, la CAP-L, al igual que el senador Jorge Saravia, no variaron de posición, más allá de las modificaciones que se le introdujeron al proyecto de ley interpretativa.
Fuentes del Frente Amplio (FA) señalaron a LA REPUBLICA que si bien Brovetto "agotará todos los esfuerzos", el Plenario Nacional convocado para el sábado 19 podría ser postergado, al ser el tema de la Caducidad el motivo de la convocatoria.
"Si no están los votos, lo racional sería aplazar el Plenario, porque no favorece al Frente forzar un tema en el que no hay acuerdo", subrayó otra alta fuente consultada.
Añadió que menos debería realizarse el Plenario, cuando otro de los puntos polémicos será el fallo del Tribunal de Conducta Política sobre la actitud de los legisladores comunistas Eduardo Lorier y Alicia Pintos, quienes se negaron a votar en ambas cámaras la ley de Educación, y argumentaron en las sesiones plenarias en contra.
"¿Qué tipo de sanción se puede aplicar a esos dirigentes si hay por lo menos dos senadores que se niegan a votar el proyecto interpretativo con las modificaciones de la Ley de Caducidad?", se preguntó el dirigente al insistir en que el Plenario debe ser postergado.
Empero, el tema será debatido mañana en la Mesa Política del FA, luego de conocer la decisión que adopte la Alianza Progresista.
El senador Rodolfo Nin Novoa coincidía con los dos compañeros de bancada que no votan el proyecto. No obstante, su posición definitiva se conocerá mañana.
"Aceptar resultado"
En tanto, el diputado Carlos Gamou de la CAP-L dijo a LA REPUBLICA que su sector no "acepta la ley interpretativa con las modificaciones", que se introdujeron en base a la propuesta de Korzeniak.
El legislador informó que al término de la reunión de la Dirección de la CAP-L, Fernández Huidobro le comunicó a Brovetto la decisión del grupo.
"Nosotros nos ajustamos a la declaración del 14 de noviembre. Cualquier solución debe pasar por el pronunciamiento popular", advirtió.
Gamou recordó que ya hubo dos pronunciamientos de la ciudadanía sobre la Ley de Caducidad. "Hay que aceptar el resultado de los dos pronunciamientos anteriores", expresó.
El sector no acepta la propuesta del FA que apunta a que la iniciativa que se impulse contempla la "retroactividad", por considerar que es "inconstitucional".
En la declaración de noviembre, la CAP-L instó a presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
"Tomando en cuenta las últimas sentencias de inconstitucionalidad sobre la ley de Caducidad de la Suprema Corte de Justicia, convocamos públicamente a todas aquellas víctimas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país, que así lo entiendan pertinente a que presenten los recursos legales correspondientes, ya sea aquellos que no se hayan presentado o lo hayan hecho y por efecto de la ley de Caducidad no hayan sido atendidos sus reclamos", puntualiza el texto.
Fuente: La República
Todavía El Gobierno Quiere Contratar a Ex-Torturadores de la Mente.
La Asociación de expres@s polític@s del Uruguay, Crysol, expresó su "repudio" ante la eventual contratación por parte del Estado de una empresa integrada por el siquiatra Martín Gutiérrez Oyhambruno y el sicólogo Dolcey Britos.
En una carta dirigida al ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, el colectivo de ex presos recordó que Gutiérrez y Britos aplicaron técnicas para la destrucción de la personalidad en el ejercicio de sus funciones como profesionales de la tortura.
Tanto Gutiérrez como Britos fueron colaboradores de la dictadura civil y militar que mantuvieron un trato directo con los presos políticos, y "aplicaron sus conocimientos para inducir a la locura y a la muerte a las y los prisioneros", denunció Crysol.
La empresa señalada se "postula a la prestación de servicios para varias instituciones del Estado", alertó Crysol. "Repudiamos que se contrate directa o indirectamente a profesionales que asesoraron y/o actuaron al servicio de los torturadores en la dictadura".
Fuente: La República
Viera explicó que cuando surgió el video del Ejército Libertador Nacional, ninguna autoridad de gobierno se comunicó con los integrantes de la Comisión de Defensa del Senado.
El senador del Partido Colorado y vicepresidente de la Comisión de Defensa del Senado,�comentó que se decidió convocar al ministro Rosadilla cuando la noticia sobre el video circulaba a través de la prensa.
"Nos pareció que con esos trascendidos era suficiente como para que el Parlamento se interese si los videos existen, cómo está siendo tratado el tema y conocerlos en definitiva. Sobre todo con la preocupación manifiesta del origen y la intención de quienes lo produjeron. Por lo que se sabe a través de la prensa, es un video que difícilmente haya salido de círculos militares. Más bien puede ser incluso un intento por enrarecer el clima democrático del país", subrayó Viera.
Para el legislador colorado, "este video tiene otras características del comunicado emitido en su momento por el Foro Libertad y Concordia. Para empezar el video es anónimo y tiene una escenografía muy parecida a los videos que los fundamentalistas árabes utilizan. Hay que verlo para analizarlo y qué investigo el gobierno a través de sus servicios".
En comisión
La Comisión de Defensa del Senado resolvió este lunes convocar al ministro de la cartera, Luis Rosadilla, para que brinde información sobre el video grabado por militares en actividad, del que informó el semanario Búsqueda la semana pasada, pero que pocos reconocen haber visto. Uno de ellos es el presidente José Mujica, que, en Brasil, le dijo al periodista Mariano López, de Canal 12, que lo había visto.
Rosadilla deberá comparecer en el Parlamento porque, según explicó a Subrayado el senador frenteamplista Jorge Saravia, "tomamos como serio lo que dice Búsqueda, leímos la transcripción, y no encontramos parámetros de redacción militar", pero aclaró que "hay preocupación", y se nota "una intención de ensuciar la cancha".
En video
Según publicó el semanario Búsqueda en su última edición, en la filmación puede apreciarse tres presuntos soldados con uniforme camuflado y las caras cubiertas por pasamontañas. Delante de ellos hay un atril cubierto por una bandera de Uruguay sobre la que se apoya un sable. Detrás de los presuntos militares se aprecian las banderas de José Artigas y de los Treinta y Tres Orientales. El único de los militares que habla es el que está en el medio, que parece ser el mayor de los tres.
El grupo, autodenominado Ejército Libertador Nacional, anuncia en el video "el inicio de operaciones militares en el territorio nacional con el objetivo de asegurar el estricto cumplimiento de la Constitución de la República, así como la recuperación del Estado de Derecho que garantice al pueblo oriental la seguridad individual y el respeto a sus derechos constitucionales".
Ver el video
Según publica el diario Últimas Noticias en su edición de hoy, "jefes militares pidieron al ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, ver el contenido del video a través del cual tres uniformados amenazaron con realizar operaciones militares en Uruguay para la liberación de sus presos políticos".
El jefe del Estado Mayor de la Defensa, general José Bonilla, Bonilla afirmó que pidió al ministro Rosadilla para ver el video. Además señaló que ayer estuvo reunido con uno de los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, quien le confirmó que también solicitó al ministro ver la cinta.
Bonilla prefirió mantener en reserva la identidad del mando con el que estuvo reunido.
Fuente: Montevideo Portal
"Existe una fuerte probabilidad de que el caso resulte políticamente explosivo en Uruguay. La historia confirmará algunas sospechas uruguayas de que el gobierno de Estados Unidos estuvo activamente involucrado en las tácticas represivas de la dictadura militar".
En una carta dirigida al ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, el colectivo de ex presos recordó que Gutiérrez y Britos aplicaron técnicas para la destrucción de la personalidad en el ejercicio de sus funciones como profesionales de la tortura.
Tanto Gutiérrez como Britos fueron colaboradores de la dictadura civil y militar que mantuvieron un trato directo con los presos políticos, y "aplicaron sus conocimientos para inducir a la locura y a la muerte a las y los prisioneros", denunció Crysol.
La empresa señalada se "postula a la prestación de servicios para varias instituciones del Estado", alertó Crysol. "Repudiamos que se contrate directa o indirectamente a profesionales que asesoraron y/o actuaron al servicio de los torturadores en la dictadura".
Fuente: La República
El Presidente Lo Confirma en Brasil, El Video Existe.
Leer Más: Montevideo Portal
El Ratón Al Parlamento.
El senador del Partido Colorado y vicepresidente de la Comisión de Defensa del Senado,�comentó que se decidió convocar al ministro Rosadilla cuando la noticia sobre el video circulaba a través de la prensa.
"Nos pareció que con esos trascendidos era suficiente como para que el Parlamento se interese si los videos existen, cómo está siendo tratado el tema y conocerlos en definitiva. Sobre todo con la preocupación manifiesta del origen y la intención de quienes lo produjeron. Por lo que se sabe a través de la prensa, es un video que difícilmente haya salido de círculos militares. Más bien puede ser incluso un intento por enrarecer el clima democrático del país", subrayó Viera.
Para el legislador colorado, "este video tiene otras características del comunicado emitido en su momento por el Foro Libertad y Concordia. Para empezar el video es anónimo y tiene una escenografía muy parecida a los videos que los fundamentalistas árabes utilizan. Hay que verlo para analizarlo y qué investigo el gobierno a través de sus servicios".
En comisión
La Comisión de Defensa del Senado resolvió este lunes convocar al ministro de la cartera, Luis Rosadilla, para que brinde información sobre el video grabado por militares en actividad, del que informó el semanario Búsqueda la semana pasada, pero que pocos reconocen haber visto. Uno de ellos es el presidente José Mujica, que, en Brasil, le dijo al periodista Mariano López, de Canal 12, que lo había visto.
Rosadilla deberá comparecer en el Parlamento porque, según explicó a Subrayado el senador frenteamplista Jorge Saravia, "tomamos como serio lo que dice Búsqueda, leímos la transcripción, y no encontramos parámetros de redacción militar", pero aclaró que "hay preocupación", y se nota "una intención de ensuciar la cancha".
En video
Según publicó el semanario Búsqueda en su última edición, en la filmación puede apreciarse tres presuntos soldados con uniforme camuflado y las caras cubiertas por pasamontañas. Delante de ellos hay un atril cubierto por una bandera de Uruguay sobre la que se apoya un sable. Detrás de los presuntos militares se aprecian las banderas de José Artigas y de los Treinta y Tres Orientales. El único de los militares que habla es el que está en el medio, que parece ser el mayor de los tres.
El grupo, autodenominado Ejército Libertador Nacional, anuncia en el video "el inicio de operaciones militares en el territorio nacional con el objetivo de asegurar el estricto cumplimiento de la Constitución de la República, así como la recuperación del Estado de Derecho que garantice al pueblo oriental la seguridad individual y el respeto a sus derechos constitucionales".
Ver el video
Según publica el diario Últimas Noticias en su edición de hoy, "jefes militares pidieron al ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, ver el contenido del video a través del cual tres uniformados amenazaron con realizar operaciones militares en Uruguay para la liberación de sus presos políticos".
El jefe del Estado Mayor de la Defensa, general José Bonilla, Bonilla afirmó que pidió al ministro Rosadilla para ver el video. Además señaló que ayer estuvo reunido con uno de los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, quien le confirmó que también solicitó al ministro ver la cinta.
Bonilla prefirió mantener en reserva la identidad del mando con el que estuvo reunido.
Fuente: Montevideo Portal
Lo Confirmaron Los Propios Yanquis, Actuaron en la Dictadura Uruguaya Ayudando Al Escuadrón de la Muerte.
Con este párrafo concluía la diplomática estadounidense Robin Matthewman un despacho que trasmitió a Washington el 24 de julio de 2008, bajo el encabezamiento: "La prensa alega vínculos de la CIA con uruguayo-estadounidense (...) supuestamente involucrado en escuadrones de la muerte de la era dictatorial".
El informe, que forma parte de los cables secretos filtrados por WikiLeaks, fue elaborado por Matthewman poco después de conocerse la detención en Argentina de Nelson Bardesio, ex fotógrafo de la policía uruguaya, secuestrado por los Tupamaros en 1972 y acusado en esa época de integrar el "Escuadrón de la Muerte".
La diplomática hace referencia a "un artículo de investigación" del semanario Brecha donde se relevaba la presencia de Bardesio en Argentina, país al que había ingresado en junio de 2006 "con un pasaporte de Estados Unidos".
"El artículo asevera que (Bardesio) abandonó probablemente Uruguay en noviembre de 1972" (luego de ser liberado de su cautiverio), "posiblemente asistido por agentes de la CIA destacados en Montevideo (...). Se informó que contrajo matrimonio en Texas".
Más adelante Matthewman da cuenta que Bardesio fue detenido esa misma noche del 24 de julio en Argentina y que "los noticieros televisivos cubrieron ampliamente" el tema.
"Hemos confirmado que Bardesio es ciudadano naturalizado de Estados Unidos. El Oficial de Asuntos Regionales (RAO) de Montevideo también confirmó, por contactos en Washington, que Bardesio tuvo algún tipo de relación con el RAO entre 1967 y 1971. Hemos solicitado más información sobre los detalles de esa conexión y cualquier asistencia que el gobierno de Estados Unidos pueda haber provisto para su reubicación fuera de Uruguay", señaló la diplomática.
El informe resume una entrevista que Bardesio mantuvo con un oficial consular de Estados Unidos en Buenos Aires la víspera de su detención.
El uruguayo había acudido al American Citizens Service (ACS), en la capital argentina, para informar la presencia de periodistas uruguayos en la puerta de su residencia, y solicitar asistencia.
"Al hablar con el oficial consular, Bardesio confirmó algunos de los detalles que han aparecido en el artículo de Brecha", contó Matthewman.
"Dijo que había colaborado con la Embajada de Estados Unidos en Montevideo hace unos 30 años, pasando mensajes de integrantes del gobierno uruguayo a oficiales de la Embajada (CIA). Bardesio también mencionó su secuestro por los Tupamaros durante 90 días. Una vez que fue liberado por ese grupo, sostiene que el gobierno de Estados Unidos lo ayudó a ingresar a Estados Unidos, donde permaneció por los siguientes 24 años y obtuvo la ciudadanía", escribió Matthew-man, en un memorándum clasificado como "SECRETO".
Fuente: El País Digital
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| Nelson Bardesio, Ex-Fotógrafo Integrante del Escuadrón de la Muerte. |
"La historia confirmará algunas sospechas uruguayas de que el gobierno de Estados Unidos estuvo activamente involucrado en las tácticas represivas de la dictadura militar", señala uno de los cables enviado desde la embajada de Estados Unidos en Uruguay, filtrado por Wikileaks y revelado este sábado por el diario El País.
El cable está escrito por el diplomático Robin Matthewman el 24 de julio de 2008. Entre los elementos dados en el cable está la confirmación de que Bardesio era agente de la CIA durante la dictadura y contribuyó con los intereses del gobierno de Estados Unidos en los 70.
Bardesio tuvo algún tipo de relación con el RAO entre 1967 y 1971. Hemos solicitado más información sobre los detalles de esa conexión y cualquier asistencia que el gobierno de Estados Unidos pueda haber provisto para su reubicación fuera de Uruguay (.) había colaborado con la Embajada de Estados Unidos en Montevideo hace unos 30 años, pasando mensajes de integrantes del gobierno uruguayo a oficiales de la Embajada (CIA). Bardesio también mencionó su secuestro por los Tupamaros durante 90 días. Una vez que fue liberado por ese grupo, sostiene que el gobierno de Estados Unidos lo ayudó a ingresar a Estados Unidos, donde permaneció por los siguientes 24 años y obtuvo la ciudadanía", señala el documento diplomático.
Cuando los periodistas del semanario Brecha fueron a buscar a Bardesio a su casa en Buenos Aires, donde fue detenido, el ex agente de la CIA se comunicó con el un servicio de asistencia a ciudadanos americanos para denunciar la situación y pedir ayuda.
Fuente: Montevideo Portal
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