Cada Vez Más Parecido a la Derecha.
Copia de ese contrato había sido solicitada por el Ministerio Público – fiscal Enrique Viana – pero se le negó el acceso alegando que el contrato incluía una cláusula de “confidencialidad” donde ambas partes se obligaban a no divulgar información relacionada con dicho convenio. El Fiscal considera que estas negociaciones secretas del Poder Ejecutivo atentan contra lo que es un asunto de interés general o público de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República; contra las previsiones del marco jurídico ambiental; contra la ley de libre acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y contra la transparencia democrática (2).
La chancha y los cuatro reales
Mediante un contrato leonino Montes del Plata se aseguró un conjunto de condiciones productivas y económicas para toda su vida útil, al cual ningún empresario nacional hubiera soñado acceder para su negocio. Esta bendición inicial del Poder Ejecutivo opera, además, como un pase libre para las sucesivas instancias que deben recorrer proyectos de esta magnitud. Algunos puntos claves se sintetizan a continuación.
1. Beneficios tributarios de todos los colores.
El proyecto –en su ubicación industrial y puerto- operará bajo el régimen de zona franca recargada, y por si fuera poco, es promovido con los beneficios que determina la ley de inversiones. Las plantaciones y las faenas asociadas de manejo, cosecha y transportes, reciben todos los beneficios de la ley forestal vigente.
“En cuanto a la zona franca en que operará Montes del Plata, el documento indica que la empresa podrá solicitar la ampliación de la superficie del enclave en caso de que en el futuro el emprendimiento celulósico aumente su capacidad de producción o incorpore industrias conexas. La extensión de la zona franca será hasta un área máxima del doble de la superficie ya otorgada (361 hectáreas)”. Por si fuera poco, “el Poder Ejecutivo se comprometió a autorizar a esa empresa, como usuaria de la zona franca, a emplear un porcentaje mayor de personal extranjero” que según la Ley de Zonas Francas es de hasta un máximo del 25% de la plantilla.
2. Rentabilidad blindada para siempre.
“Si hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto de Montes del Plata, el gobierno y esa empresa revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar’ los eventuales perjuicios.”
La empresa concesionaria de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo (la belga Katoen Natie) ya mostró la reacción de estos inversores al menor evento que afecte las condiciones de rentabilidad, sea por una acción directa del Gobierno (régimen tributario o similares), o simplemente por permitir actuar a otros agentes que compitan con sus productos, por sus materias primas, o que encarezcan servicios industriales básicos.
3. El Gobierno reclasificará los suelos
De acuerdo a la conveniencia de la empresa – para incrementar sus ganancias. El Gobierno y Montes del Plata acordaron hacer los “mejores esfuerzos para lograr una superficie forestable de 100.000 hectáreas de [nuevos suelos declarados de aptitud forestal] con posibilidad de ser plantadas dentro del radio de 200 kilómetros de la futura fábrica”. “Las partes acordaron la necesidad de ir sustituyendo las plantaciones más alejadas de la planta por otras ubicadas en un radio máximo de 200 kilómetros de Punta Pereira”.
“En el contrato se señala que la Dirección de Recursos Naturales Renovables (RENARE) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) inició un estudio que permitirá el enriquecimiento de la cartografía de suelos y una subdivisión de los categorizados como 5.02b”. “De ese estudio debería surgir una cantidad de suelos recategorizados, suficiente para las necesidades del proyecto, según el documento. Y adelanta que en caso que así no fuera, las partes harán los mejores esfuerzos para encontrar soluciones alternativas para lograr una superficie forestable de 100.000 hectáreas, con posibilidad de ser plantadas dentro del radio de 200 kilómetros de Punta Pereira”.
“El estudio o las soluciones alternativas deberán completarse en no más de tres años, sin perjuicio de ir consensuando soluciones parciales a partir de la decisión definitiva de implementar el proyecto, establece. Mientras no concluya la recategorización de suelos por parte de la RENARE (MGAP), el gobierno asumió la responsabilidad de que los suelos 5.02b que cuenten con características para ser considerados de prioridad forestal, serán considerados suelos condicionados y deberán contar con la aprobación de esa dependencia. Para cumplir con los planes de plantación de árboles el gobierno acordó emitir resolución respecto de los proyectos de esa compañía en un plazo máximo de cuatro meses, en el caso de los suelos de prioridad forestal o condicionados, y de seis meses para los que no son de prioridad forestal”.
Hasta ahora no se había logrado por parte del movimiento ambiental y por sectores académicos, que el Poder Ejecutivo revisara la definición y extensión de los suelos de aptitud forestal por argumentos de interés público, como otros criterios técnicos adicionales al tipo de suelos que se habían utilizado tradicionalmente, incluyendo características del ecosistema y de los otros recursos naturales, sus relaciones con el ciclo hidrológico, etc. Pero, por los intereses de una empresa – que ya maneja más de 200.000 hectáreas en propiedad y otras formas de tenencia – rápidamente se pone a trabajar al MGAP, y se obliga a plazos terminantes para cumplir el condicionamiento establecido.
Guayubira ya había señalado en un comunicado de noviembre de 2010 declaraciones del Intendente coloniense Walter Zimmer, quien había afirmado que “es un asesinato forestar en esta parte del país”, y remarcó en esa ocasión que “el presidente está totalmente de acuerdo con que no se foreste en Colonia”. También había agregado, “es arruinar el departamento donde somos productores de alimentos y además tenemos una reserva de agua muy importante y acá lo que va a faltar en el futuro son alimentos y agua” (4).
También en ese comunicado se adelantaba que “Montes del Plata estaría presionando al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para que reclasifique los suelos de Colonia y ‘encuentre’ 100.000 hectáreas de prioridad forestal. En ese sentido, estarían apuntando a un grupo de suelos (5.02.b), que son los que están en la parte alta del paisaje, bastante superficiales, pero que han sido históricamente incorporados a la producción lechera, agrícola y ganadera del departamento”.
En este capítulo del memorándum se derivan entonces dos aspectos: se amplía la extensión nacional de suelos categorizados de aptitud forestal a solicitud de una empresa, y no se toman en cuenta las perspectivas de la población local y su gobierno, en aras de mejorar – aún más – la rentabilidad del megaproyecto.
4. ¿Zafando de la ley de seguridad fronteriza?…
En el contrato se establece “realizar un análisis de los eventuales impactos del proyecto de ley de seguridad fronteriza y en caso que dicha norma establezca restricciones a la actividad de esa empresa, ambas partes buscarán en forma conjunta las alternativas que permitan evitar perjuicios a ese proyecto de inversión”. Esa iniciativa, enviada al Parlamento durante el anterior período de Gobierno, propone fijar una franja de 20 kilómetros de distancia de las fronteras seca y fluvial del país con los países vecinos, en la que los propietarios de los campos no podrán ser ciudadanos extranjeros.
5. …¿y del Instituto de Colonización?
“El Gobierno asumió además el compromiso de que el Instituto de Colonización no ejercerá la opción de compra de las tierras que serán transferidas por las empresas Eufores y El Esparragal – vinculadas a Ence – a Montes del Plata, en la medida que se manejen ‘valores de mercado’, según el documento”.
6. Una ley a medida.
El mes pasado, el MGAP autorizó a El Esparragal sociedad anónima a ser titular del derecho de propiedad de inmuebles rurales, una excepción más a favor de las sociedades anónimas pertenecientes a la empresa. El texto de la Ley de Sociedades Anónimas, cuyo espíritu fue dar respuesta a las preocupaciones por la concentración de tierras en manos de empresas extranjeras, ya incluye la excepción a favor de este tipo de empresas. Y, por si no fuera suficiente, “el gobierno se comprometió a exonerar del Impuesto al Patrimonio aplicable a las explotaciones agropecuarias de sociedades vinculadas a esa empresa, cuyos accionistas son personas jurídicas autorizadas expresamente a ser tenedoras de inmuebles rurales, otorgándole el mismo tratamiento que a las sociedades cuyos accionistas son personas físicas. Según el contrato, el gobierno aceptará como válidas esas autorizaciones para las compras futuras de tierras necesarias para el proyecto de Montes del Plata”.
En definitiva, este contrato de inversión, firmado por un funcionario representante del Poder Ejecutivo, que no cuenta con la firma de un solo ministro, que tampoco fue tratado exhaustivamente en el Gabinete de Ministros, que es de carácter secreto, establece beneficios económicos excepcionales y notables para una inversión transnacional, a los que no acceden los empresarios nacionales. Asegura demás que a futuro se compensará a la empresa ante “cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto”. Este contrato secreto define el curso de la utilización de los recursos naturales del país, de su ordenamiento territorial, de su medio ambiente, en fin, el curso del desarrollo nacional, condicionando las posibilidades de intervención de la sociedad nacional y la acción soberana de la nación por un muy largo período.
Grupo Guayubira
17 de mayo de 2010.
(1) las citas entre comillas son extractos del artículo “Si cambia reglas, el Ejecutivo compensará a Montes del Plata” publicado por el semanario Búsqueda, los textos entre paréntesis rectos son agregados de los autores para mejorar la comprensión. Ver artículo completo en http://www.guayubira.org.uy/celulosa/contratoMontesdelPlata.pdf
(2) ver texto completo del escrito presentado por del Fiscal Viana en http://www.guayubira.org.uy/celulosa/MontesdelPlata-abril2011.pdf
(3) ver artículo “Montes del Plata avanza sobre Colonia – La fábrica de celulosa no viene sola” http://www.guayubira.org.uy/2010/11/montes-del-plata-avanza-sobre-colonia-la-fabrica-de-celulosa-no-viene-sola/
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Fuente: Grupo Guayubira
"Aratirí a Cielo Negro"-Escribe el Periodista Daniel Figares.
El pasado viernes 13 de mayo una marcha integrada x unas mil personas, un centenar de ellas a caballo, transitó x la Avenida General Flores hasta llegar al Palacio Legislativo, que fue rodeado x jinetes y personas de a pie al grito de "¡corruptos!", "¡vendepatrias!" y "¡traidores!".
El centro de todas las críticas fue la minera Aratirí, un megaproyecto de minería a cielo abierto que pretende instalarse en el centro del Uruguay, concretamente en la localidad de Valentines (una población de unos 250 habitantes ubicada a unos 20 kilómetros de Cerro Chato en la unión de los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres), pero que abarcará en forma directa o indirecta a los departamentos de Treinta y Tres, Durazno, Florida, Cerro Largo, Lavalleja y Rocha.
El proyecto de la minera Aratirí tiene como objetivo la extracción de 10 millones de toneladas anuales de hierro. El gobierno lo ha destacado como el mayor emprendimiento minero de la historia del país con una inversión de unos US$ 1.500 millones para un negocio de unos 20 años.
La empresa Aratirí (filial local del grupo anglo-suizo Zamin Ferrous) pretende extraer hierro para su exportación en bruto, a través de un puerto que construirá en Rocha, hacia China e India.
Los mineroductos que utilizaría Aratirí para llegar al puerto son de 212 kilómetros, bordearían la Laguna Negra y saldrían a la costa uruguaya entre los balnearios de La Esmeralda y Punta del Diablo, en una terminal portuaria.
Todo, dentro del contexto de los proyectos que ya están a estudio esperando la inminente aprobación de la ley de asociación público –privada; de la promoción keynesiana que hace este gobierno de los puertos nacionales como centros de entrada para toda la región, buscando asociaciones con empresas de logística y distribución; y de la creciente demanda de infraestructura portuaria como consecuencia del fuerte incremento del comercio exterior. (Solamente en la comparación interanual de los primeros cuatro meses del año, la Administración Nacional de Puertos (ANP) consignó un incremento de un 45 % de la actividad.)
Algunos números: hasta el momento se sabe x las prospecciones realizadas que hay unas 250 millones de toneladas de material mineralizado pero se estima que habría unas 1100 millones. Para que la perforación sea rentable basta con 600 millones.
Luego de extraer el mineral, se realiza un tratamiento para obtener el hierro beneficiado y ese producto se exporta al exterior. Si bien el precio del producto internacional varía según la época, se estima que una tonelada de hierro beneficiado se vende a entre 60 y 100 dólares. El Estado uruguayo se lleva un 3% y el propietario del campo un 5% del valor medio del hierro en el mercado, menos los costos de producción y traslado. (Un productor que era uno de los manifestantes de la marcha del pasado viernes dijo en televisión que mientras la minera podría llevarse unos 1000 millones de dólares al año, el canon que establecía el gobierno como su ganancia era de 90 millones de dólares anuales; cosa que es cierta.)
La Comisión de Productores Agropecuarios de Cerro Chato y Valentines, entregó a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado, unas muestras de agua sucia, supuestamente contaminadas, de las prospecciones que está realizando la minera Aratirí, y expresaron su desconfianza hacia ese proyecto. (Unos 200 productores de Florida y Durazno han presentado recursos jurídicos para impedir el ingreso de la minera a sus predios.)
Otro productor, de apellido Bacchetta, informó que según la propuesta de Aratirí presentada ante la Dinama el pasado 4 de marzo, se destaca que para depositar la tierra removida y descartada -solo se rescata alrededor de un tercio del total del volumen de tierras removido en minerales-, se construirá un tanque de 53 metros de profundidad y 2.400 hectáreas de superficie. Al terminar el período de explotación, estimado en 20 años, la empresa "sellaría" ese depósito, con una capa de tierra fértil. (Que de todas formas dejaría los residuos en el lugar, y sin mucha posibilidad de que esa capa de tierra fértil no sea más que la alfombra que oculta la basura debajo.)
“Este gobierno se ha comportado como cómplice y co-gestor de emprendimientos de las multinacionales”, dijo el productor.
En las páginas del célebre libro “La Torta y las Migajas”, de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU), Ediciones Trilce-2010, el ingeniero agrónomo Ruben Elías, analiza la cuestión en un artículo llamado sugestivamente “El Hierro del Uruguay para el Futuro de Nuestros Hijos”.
Dice Elías: “El siglo XXI nos muestra una nueva estrategia de las empresas transnacionales, adquirir mediante inversiones extranjeras directas el control de importantes recursos (tierra, agua, diversidad genética, minerales, alimentos, energía, etc.). debemos tener en cuenta que el control estratégico no necesariamente pasa x la propiedad, en la minería pasa x concesiones, en algunos cultivos x arrendamientos, si bien la propiedad parece ser la modalidad dominante de las empresas en la actual fase neocolonial donde la economía uruguaya se inserta.”
Alertando que “los minerales, los hidrocarburos y el agua subterránea son bienes comunes [de la nación], son patrimonio de los habitantes de este territorio, los de hoy y de mañana”, y que “en el caso de la extracción de minerales e hidrocarburos debemos saber que no se reponen, desaparecen. No son renovables, son limitados y muchas de las sustancias minerales son la base de las modernas tecnologías”.
Reflexionando sobre la importancia estratégica del hierro como sustancia en una Sociedad de Acero (componente esencial del siglo 21), Elías se pregunta: “Si no se tiene un proyecto de país productivo, y los destinos de las inversiones lo determinan las empresas multinacionales [transnacionales], solo se pueden esperar malos resultados. ¿Quién y cuándo se determinó que la mayor inversión del quinquenio en Uruguay sería un mega proyecto minero?; ¿A quién se le ocurre que el canon (porcentaje que debe pagar la minera) que puede ser un monto interesante, se fraccione y se distribuya, diluyéndose de manera tal que resulte imposible un gran emprendimiento?; ¿Cuál es la justificación para que el dueño del suelo reciba una parte del canon x el subsuelo del cual somos propietarios todos, cuando la ley prevé que reciba indemnizaciones x las pérdidas que le ocasiona la actividad minera?; si el mineral de hierro es una substancia básica de las tecnologías del siglo XXI, ¿acaso con la misma prontitud que se está dispuesto a votar otras leyes no se debería declarar estratégico el mineral de hierro para que su explotación quede reservada al Estado?”
Sabe muy bien Elías que “es muy difícil compatibilizar los objetivos de desarrollo nacional de un país con los anhelos particulares de las empresas extranjeras, que son sensibles a cambios en la rentabilidad internacional o a reestructuraciones estratégicas lejanas a intereses en clave nacional”.
Y sabe más que bien que DOS TERCIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL OCURRE ENTRE EMPRESAS TRANSNACIONALES, Y QUE LA MITAD DE ESE VOLUMEN COMERCIAL ES INTRAFIRMA, O SEA QUE SE REALIZA AL INTERIOR DE LAS GRANDES CORPORACIONES (un negocio entre ellos mismos). (Observatorio Derechos Económicos, Sociales y Culturales-DESC.)
Ahora me pregunto yo: ¿Que el COUNTRY MANAGER DE ZAMIN FERROUS, EL INGENIERO FERNANDO PUNTIGLIANO HAYA SIDO PRESIDENTE DE LA ANP (ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS) 2005-2009, JUSTO QUE QUIEREN HACER UN PUERTO, NO ES UNA ESPECIE DE VENTAJA?
¿SIGUEN GIRANDO? (FUNCIONARIO PÚBLICO-FUNCIONARIO PRIVADO QUE SE ASOCIA CON EL ESTADO.)
Dice Elías: “Podemos decidir sacrificar una parte de ese [nuestro] patrimonio para financiar un proyecto país, pero no canjearlo x espejitos de colores”.
… Como país, la verdad es que estamos más cerca de las últimas palabras del escritor francés Francois Rabelais que de otra cosa:
“DEBO MUCHO DINERO, NO TENGO NADA. EL RESTO SE LO DEJO A LOS POBRES.”
Fuente: Blog Montevideo Portal
Curritos y Problemas por el Interior.
Dirigentes frenteamplistas manifestaron su sorpresa y preocupación ante la publicación de parte del expediente judicial de un caso que implica a un dirigente de primera línea a escala departamental de la fuerza política.
Se trata del pedido de procesamiento del dirigente de la Liga Federal, Sergio "Pato" Mier (líder de la segunda lista más votada del Frente Amplio en las departamentales de 2010 y ex director de área de la administración Amaral) y de su yerno, sobre el cual informó el semanario Búsqueda en su edición del pasado jueves.
El caso fue investigado por la Junta Departamental del período 2000-2005 y determinó en su momento la expulsión del dirigente de ese órgano y el pasaje a la justicia de las actuaciones.
La investigación de la Junta Departamental fue sobre la contratación de un servicio de traslado de pacientes del Seguro de Salud de los Funcionarios Municipales a Montevideo. La empresa Pampato, propiedad del ex edil, prestó este servicio hasta el año 2000, cuando su titular ingresó a la Junta. A partir de allí los traslados lo hicieron dos empresas. El eje de la investigación fue la vinculación de Mier con estas empresas que contrató la Intendencia, en ese entonces conducida por el nacionalista Wilson Elso Goñi.
De acuerdo a lo publicado por el semanario, citando el expediente del caso, Mier siguió realizando tareas de coordinación con el Seguro de Salud e incluso realizó cobros en persona, así como también admitió que alquiló vehículos a las empresas que continuaron prestando el servicio.
PEDIDO. Ante esta situación el diputado socialista por Treinta y Tres Hermes Toledo adelantó que realizará pedidos de informe tanto a la Suprema Corte de Justicia como al Ministerio de Educación y Cultura, del que depende la fiscalía.
"Nos preocupa en gran medida y hasta nos lleva a la indignación", afirmó el legislador, aludiendo en dos audiones partidarias a lo que considera como una filtración desde las dependencias que entienden en el caso.
"Lo grave de esto es que la parte indagada, ni sus abogados, habían sido aún notificados de esta situación", explicó el legislador.
"Esto está en la etapa del presumario, esta etapa es secreta, absolutamente. Sólo el juez y el fiscal tienen acceso al expediente", dijo el diputado.
Para Toledo se trata de un tema grave y sus pedidos de informe apuntarán a si se han iniciado investigaciones a raíz de esta filtración.
Fuente: El País Digital
La historia, que comenzó en una reunión política en mayo de 2009 en la que se coordinaba una visita del entonces precandidato presidencial José Mujica, llegó hasta el máximo órgano legislativo del país y comenzará a dirimirse en la próxima sesión de la comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta cuando el tema ingrese al orden del día del cuerpo.
En aquella reunión de militantes del MPP hubo un entredicho con un activista de izquierda, Raúl May, que terminó en una denuncia efectuada por otro militante del MPP, Eduardo Perrone. Según este último, en aquel encuentro “le pegaron a May, y de atrás”, porque “él es muy intelectual y los superaba en la discusión”. En cambio, el senador suplente Eduardo Muguruza alegó que fue una discusión en la que May propuso hacer la próxima reunión en un lugar diferente y él le dijo que la reunión debía ser en el lugar donde estaban. “Luego la cosa fue subiendo de tono y él respondió agresivamente, lo que derivó en algunos forcejeos, por lo que yo le pedí que se retirara”, agregó. Según Muguruza: “Después Perrone, que ni siquiera estuvo presente en la reunión, hizo la denuncia [por agresión] y se ocupó de darle publicidad a la misma por todos los medios”.
Luego del episodio Muguruza hizo algunas declaraciones en medios de prensa que motivaron a Perrone a denunciarlo penalmente por difamación e injurias. El actual presidente de la departamental de Salto dijo que cuando fue consultado por los medios acerca de la denuncia de Perrone, contestó que “siempre hubo gente en la izquierda infiltrada que se ocupa de magnificar situaciones para dañarla” y también recordó resaltar que “hay conductas de la gente que se parecen a actitudes que hubo en otros lugares, que hacen parecer a una acción de gente vinculada al fascismo”. “Lo asumió como una acusación personal y lo llevó a la Justicia”, interpretó. Sin embargo, Perrone sostuvo: “Muguruza sale a rebatir la denuncia, dice que soy un infiltrado para romper al Frente Amplio y que soy un neonazi”. “Cuando le hago la denuncia, en lugar de presentarse en el juzgado se ampara en los fueros”, agregó.
En concreto, según el diario Cambio, de Salto, Muguruza dijo que “le falta raparse la cabeza para ser neofascista”, en aparente referencia a Perrone. Hoy el actual senador suplente dice que no tiene problemas en ir a declarar al juzgado, y en caso de ser necesario, votar su propio desafuero.
No es tan fácil
El pedido de desafuero ingresó al Parlamento en noviembre y ahora está en el orden del día de la comisión de Constitución y Legislación. No obstante, los senadores no están seguros de que Muruguza tenga fueros, ya que, por más que tomó juramento, se trata de un senador suplente. “Yo creo que no tiene fueros, sólo los tendría si estuviera ejerciendo la titularidad”, entendió el presidente de la comisión, Francisco Gallinal (Partido Nacional), que, sin embargo, dijo que desde el cuerpo van a hacer las consultas jurídicas pertinentes. la diaria también consultó a Eduardo Lorier (FA) y Ope Pasquet (Partido Colorado), de la misma comisión. Todos repitieron que la asesoría jurídica del Poder Legislativo definirá el tema y ninguno se animó a definir si votará o no el desafuero, salvo el propio Muguruza.
Fuente: La Diaria
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