Deróguese

Ante el Fracaso de la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad, el Fraude Amplio busca el Consenso en la Derogación de la Ley de Caducidad, lo que Significa que la Ley deja de Existir de Ahora en Adelante, Pero NO Tiene Efecto Retroactivo. O Sea que La Impunidad de los Ahora Ex. Represores y Torturadores, Seguirá en Pie.

En el marco de la celebración del 17 aniversario de Asamblea Uruguay, Astori planteó "seguir levantando la bandera de la derogación de la ley de Caducidad".
Si bien la derogación tiene efectos a futuro, Astori aseguró que es la mejor solución jurídica para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la que se solicitó a Uruguay "eliminar los obstáculos para la investigación de los crímenes cometidos en la dictadura".
El vicepresidente añadió que la derogación se debe complementar con la firma de decretos de revocación de actos administrativos, que en períodos anteriores ampararon a militares bajo la ley de Caducidad. Por esta vía, el presidente José Mujica permitió la reapertura de la investigación de la muerte del militante comunista, Álvaro Balbi.
Para lograr la derogación de la Caducidad, Astori llamó al resto de la coalición a buscar "un gran acuerdo entre todo el sistema político y social".
Además pidió a los sectores que integran la coalición "a no pasarse factura", ya que "todos cometieron errores sin excepción".
A su vez, el vicepresidente sostuvo que el proceso que recorrió el Frente para intentar anular la Caducidad dejó en descubierto "la contradicción que existe entre la estructura del FA y el pueblo frentista".
"No podemos ignorar que ya son demasiados los ejemplos de que esto nos puede volver a pasar en el futuro. Luchamos por la democracia en el país y queremos más democracia en el Frente", sentenció Astori en una clara alusión al poder que tiene el Partido Comunista a través de las bases en los organismos de conducción.
Astori defendió el papel que jugó Asamblea Uruguay (AU) en el debate del proyecto interpretativo de la Caducidad y destacó la responsabilidad de sus dirigentes al acatar la disciplina partidaria. "Sobre eso a los integrantes de la AU no hay que explicarles nada, porque nunca fallamos en nuestros 17 años de vida, siempre aceptamos lo que resolvió la mayoría".
Según Astori, el proceso por el cual el FA intentó anular la Caducidad "se destacó por su desprolijidad política y por haber actuado sin objetivos claros. Tampoco se respetó a los compañeros, se atribuyeron intenciones y eso compromete la esencia que es la unidad del Frente Amplio", remarcó.
Sin nombrar directamente, Astori arremetió contra el Partido Comunista y el Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP), impulsores del proyecto anulatorio de la Caducidad. "Ha quedado en evidencia nuestra tendencia desde el FA a limitar el concepto de derechos humanos a los que han sido criminalmente agredidos por los autores de atentados de lesa humanidad, tendemos a limitar el concepto a los que han sido agredidos y nos olvidamos que son todos los derechos de las personas", aseguró.
En la misma línea, el vicepresidente pidió a la fuerza política de gobierno "construir un proceso de unidad nacional y dejar de mirar el pasado".
"La reconciliación no se construye con gestos espectaculares y tampoco menospreciando las heridas y los dolores. Tampoco con olvidos, no se construye atropellando. Tenemos que aprender a desarrollar esta lucha trasmitiendo valores, como el valor de la memoria, pero sin el odio", afirmó Astori.
Mesa Política. Mañana se reunirá la Mesa Política del FA para analizar las consecuencias generadas a partir de la decisión del diputado Víctor Semproni (Espacio 609) de no votar el proyecto anulatorio de la Caducidad. Los sectores que integran la coalición están de acuerdo en impulsar un proyecto para derogar la ley de Caducidad. Como alternativas complementarias a la derogación se maneja por parte del MPP y AU, la revocación de actos administrativos de gobiernos anteriores que ampararon a militares en la Caducidad.
También está a consideración la modificación del artículo 239 de la Constitución, para que los fallos internacionales sobre derechos humanos sean considerados como ley.
Por otra parte, el Partido Comunista planteará la convocatoria de una Asamblea Constituyente, para incluir dentro de una reforma constitucional una norma que establezca que los delitos cometidos bajo la dictadura son de "lesa humanidad" y no prescriben.

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Desarchívese.

La inminente prescripción de los delitos cometidos por militares durante la dictadura se transformó en la principal preocupación de la izquierda tras el fracaso del proyecto de ley interpretativo de la Caducidad. Más allá de la posibilidad de derogar la norma o de buscar soluciones alternativas hacia el futuro, sectores y bases comenzarán a trabajar desde hoy sobre la idea de iniciar los juicios a todos los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos antes del 30 de setiembre, cuando el delito de homicidio prescribirá.
Si bien los delitos de lesa humanidad no prescriben, hasta el momento ningún juez ha calificado los hechos de la dictadura dentro de ese concepto, por lo que los militares son juzgados por delitos prescriptibles.
Mientras los comunistas plantearán la necesidad de avanzar en una norma que considere a los crímenes cometidos por militares como delitos de lesa humanidad, el resto de los sectores entiende que se deben desarchivar los casos amparados por gobiernos anteriores. La solución que el presidente José Mujica dio al caso del militante tupamaro Álvaro Balbi es considerada como el mejor “camino inmediato” y varios sectores, así como las bases, plantearán hoy en la Mesa Política la posibilidad de avanzar en un “decreto global”.
Sin embargo, la propuesta choca con la idea del mandatario, que en la coalición de izquierda es defendida por el Movimiento de Participación Popular (MPP). Fuentes del FA dijeron a Ultimas Noticias que Mujica “dejó claro que no quiere desarchivar todos los casos porque las familias de algunas víctimas prefieren que no se revuelva más el tema”. El argumento presidencial es resistido por la mayoría de la izquierda. Las fuentes indicaron que “cualquier decreto se puede redactar de manera que se puedan dejar afuera los casos que no se quieran remover. Acá hay que poner voluntad política. A veces parece que la dificultad está ahí”.
Mujica analizará hoy el tema en su reunión de gabinete, pero desde el gobierno se informó que no tiene intención de actuar más allá de los pedidos concretos que se le realicen para que deje sin efecto las resoluciones administrativas de gobiernos anteriores, lo que permitiría juzgar parte de los 88 casos comprendidos en esa situación.
Con ese escenario, la interna frenteamplista se apresta a seguir marcando sus diferencias en relación a la Caducidad, con el MPP como representante de la postura presidencial y el resto de la izquierda preparada para presionar. El Ejecutivo del Partido Socialista (PS) abordará hoy el tema antes de la reunión de la Mesa Política con “la preocupación de la prescripción de los plazos como norte”, según dijo a Ultimas Noticias la senadora Mónica Xavier. Tras las divisiones internas que el FA reveló en la sesión del jueves pasado, la intención de la coalición es avanzar en una propuesta de consenso, que considere la necesidad de dar respuestas rápidas para juzgar a los responsables.
El senador Eduardo Lorier indicó que para el PCU “el camino de la revocación de los actos administrativos ya está tomado. Ahora hay que trabajar en la imprescriptibilidad de los delitos”. En ese sentido, tanto los comunistas como los demás sectores confían en la posibilidad de “desbloquear” el tema a través de la nueva comisión que se creará esta tarde.
“La fuerza política ya definió que habrá una comisión y que allí estarán todas las alternativas a la ley interpretativa. Hay que apostar a eso”, dijo a Ultimas Noticias el diputado Aníbal Pereyra (MPP).
Sin embargo, la mayoría no quiere esperar que la comisión resuelva y exigirá respuestas a Mujica.

Comisión estudiará solución por vía de la SCJ

La comisión del Frente Amplio (FA) que se instalará hoy analizará la opinión del catedrático en Derecho Constitucional Alberto Pérez Pérez, quien considera que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el caso Gelman es “obligatorio e inapelable”, por lo que para anular los efectos de la Caducidad “hay que partir de la aplicación de la sentencia”.
El secretario general del Partido Comunista (PCU), Eduardo Lorier, dijo a Ultimas Noticias que el planteo de Pérez Pérez será analizado entre las propuestas alternativas al proyecto interpretativo que fracasó en la Cámara de Diputados el jueves pasado.
El constitucionalista sostiene que un camino posible para eliminar los efectos de la norma sería impulsar un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declare la incompatibilidad de la Caducidad con las normas del derecho internacional. Dicho pronunciamiento dejaría sin efectos prácticos la ley de Caducidad. Pérez Pérez insiste en que la SCJ tiene potestad para hacerlo por el artículo 239 de la Constitución, que establece que al órgano máximo de justicia le corresponde “conocer en los casos previstos por el Derecho Internacional”.
Para el especialista, de este artículo surge la “aplicabilidad directa” del fallo de la Cidh, que estableció que el estado deberá “asegurar que la ley de Caducidad no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos” y que en ese marco debe disponer que “ninguna otra norma análoga como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada” se interponga en la investigación judicial.


El caso de Álvaro Balbi

El único caso que el presidente José Mujica desarchivó hasta el momento es el del militante comunista Álvaro Balbi, asesinado en 1975 en el centro clandestino “Infierno Grande” que se encontraba dentro del Batallón de Infantería Nº 13. En 1985, su esposa Lille Carusso presentó una denuncia por “crimen con intencionalidad”, pero Julio María Sanguinetti, entonces presidente, amparó el caso bajo la ley de Caducidad con un decreto firmado por el ministro de Defensa, Hugo Medina. Por ese motivo nunca pudo realizarse una investigación judicial. El jueves 12, el presidente José Mujica firmó una resolución para revocar el acto administrativo de Sanguinetti y permitir la investigación.
El ex presidente colorado declaró su inconformidad con la resolución de Mujica, porque a su criterio desconoce los dos pronunciamientos populares con respecto a la Caducidad que en 1989 y en 2009 decidieron mantener la ley.

Diferencias. La fuerza política y el Poder Ejecutivo siguen sin encontrar un camino común en Caducidad.

Fuente: Ultimas Noticias

Hipocresía, Porque No Anulo La Ley Cuando Era Presidente?.

El ex mandatario exhortó a una necesaria "articulación" entre todos los sectores y niveles de la vida pública del país para lograr el cometido de hacer desaparecer del orden jurídico uruguayo la ley de Caducidad. A 72 horas de que la interpretación de la ley de Caducidad propuesta por la mayoría del FA naufragara en el Parlamento, Vázquez rompió el silencio y se refirió al tema en un acto partidario.
El ex presidente participó como orador principal en el 40º aniversario del Comité de Base "18 de Mayo", en la zona de Colón. Ante unas cien personas, Vázquez planteó lo que "modestamente" entiende como hipótesis de trabajo para "necesariamente" encarar el asunto.
Dijo estar seguro que la mayoría del oficialismo no está de acuerdo con la ley de Caducidad y por lo tanto no quiere que esta siga integrando el sistema legal del país, "por indigna e injusta, y porque no pone a todos iguales ante la ley, y mucho menos ante la vida".
Vázquez dijo estar convencido que muchos ciudadanos blancos, colorados e independientes tampoco están de acuerdo con la polémica ley, y tampoco quieren verla más. Dijo que esta es una hipótesis "seria, aceptable y real". En ese sentido, también aseguró que no solo los ciudadanos, sino muchos dirigentes de la oposición tampoco quieren que la ley siga vigente.
"Si esto es así, y si es lógico y natural que este es un problema de todos, ¿por qué no abrimos una etapa de reflexión? ¿Por qué no nos sentamos alrededor de una mesa todos los que estamos en contra de esta ley y buscamos entre todos una salida para que esta ley no esté más presente?", se preguntó el ex mandatario ante el aplauso de los presentes.
Vázquez evitó en todo momento profundizar las marchas y contramarchas del oficialismo en torno a este tema, aunque dijo que la izquierda debe analizarlo con "serenidad y seriedad, sin dramatizar y además y sin demonizar a nadie" por su posición. Asimismo, aseguró que "con seriedad y con serenidad, entre la mayoría de los uruguayos debemos buscar el camino de salida".
En coincidencia con la alternativa manejada en el oficialismo, Vázquez sugirió la derogación de la ley de Caducidad, la anulación por parte del Poder Ejecutivo de los actos administrativos que ampararon determinados hechos en la ley, y permitir que el Poder Judicial siga actuando.
Sobre los acuerdos que se requieren para encontrar ese camino, el ex presidente dijo estar convencido "luego de haber ejercido la Presidencia, que uno puede elaborar la mejor ley, apoyado por los mejores técnicos y juristas, que si esa ley no logra los consensos políticos y sociales necesarios, terminará en el cajón de los trastos viejos".
Por el contrario, aseguró, "si esa ley logra esos consensos, está destinada a salir adelante". El ex presidente puso como ejemplo la iniciativa que regula del consumo de tabaco, promulgada en su administración.


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Ojo!!! Planteo Militar.

Ante el planteo que realizó el presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrez, de crear la figura del "testigo colaborador" para otorgar garantías a quienes quieran informar sobre el destino de los desaparecidos, la postura del gobierno es de cautela.
En ese marco, Breccia indicó a LA REPUBLICA que Cedrez realizó su propuesta en forma "pública, pero no la ha hecho en forma oficial, por lo cual el Ejecutivo no lo ha analizado".
De todos modos, el jerarca resaltó que desde Presidencia se reitera la convicción de realizar los mayores esfuerzos para encontrar los caminos y mecanismos que puedan llevar a aclarar el destino de los desaparecidos, por ello, dijo que "todo lo que pueda colaborar en ese sentido será bienvenido".
"Si esta propuesta es procedente o conducente aún no lo sabemos porque necesitamos contar con mayor cantidad de detalles para poder determinar cuál será el papel que jugarán tanto el Ejecutivo como el Legislativo", indicó Breccia.
A la vez, manifestó que a su juicio es importante tener en cuenta que cualquier situación que lleve a colaborar en la búsqueda de los desaparecidos "el gobierno la tratará de procesar siempre en el marco de lo normativamente posible y siempre que haya acuerdo en el sistema político en general".
Añadió que los acuerdos son necesarios "para evitar desencuentros tanto en la interna del Frente Amplio como en la sociedad toda, porque ello genera frustración y ésta lleva al enojo, lo cual es negativo".
El presidente, José Mujica, señaló el pasado viernes que en el futuro habrá "mecanismos" para acceder a la información sobre el destino de los detenidos desaparecidos en dictadura.
El jueves, en su audición radial de M-24, Mujica aseguró que la información que "no se ha tenido en todos estos años debe estar en la cabeza de algunos de los mandos, de los oficiales superiores retirados de las FFAA que nunca han buscado la forma de que esa información por lo menos llegue y ese problema, siquiera parcialmente, lo podamos saldar".
Fuentes cercanas al mandatario expresaron que una preocupación del gobierno es lograr una solución cuanto antes, porque los plazos son perentorios en el entendido de que los jueces que han procesado con prisión a militares lo hicieron por el delito de homicidio muy especialmente agravado, que prescribe a los 20 años de cometidos, y no por delitos de lesa humanidad que no prescriben.

Fuente: La República

El abogado Juan Errandonea estimó que el planteo del coronel (r) Cedrez debe analizarse desde el plano jurídico y desde el plano ético. "Desde el punto de vista jurídico no habría ningún impedimento porque el principio de retroactividad de la ley más benigna estipula que la Justicia puede reducir la pena para un delito". Sin embargo, "desde el punto de vista ético, me resulta difícil de admitir", dijo Errandonea a LA REPUBLICA. "Me resulta difícil porque en realidad lo que se está admitiendo con este planteo es que algunos militares tienen información y no la van a dar si no obtienen un beneficio. Parece que les importa muy poco el dolor de la gente; es como que en su momento obtuvieron un botín, que es la información, y ahora lo quieren negociar. Eticamente me parece de lo último", expresó Errandonea.
En este sentido, el abogado estimó "improbable" que se aporten nuevos datos por esta vía, porque "durante 20 años tuvieron el amparo total de la Ley de Caducidad, 20 años de absoluta impunidad en el que ninguno llegó a declarar ante un Juzgado, y nunca aportaron un dato". "¿Recién ahora se dieron cuenta de la información que tenían?", se preguntó.
Sin embargo, el abogado estimó que la decisión final sobre el tema la deberían tener "los familiares de las víctimas".
"Le reconozco la derecha a los familiares para tener la última palabra (en el tema), porque son los principales necesitados de verdad", aseguró Errandonea.

Fuente: La República

Asonada Marcha

Escribe el Periodista Marcelo Jelen

Diccionario de la Real Academia Española: Reunión tumultuaria y violenta para conseguir algún fin, por lo común político.
Código Penal, artículo 145: Cometen asonada los que se reúnen en número que no baje de cuatro personas para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito que no esté comprendido en los delitos [contra el orden político interno de un Estado] precedentes, para perturbar con gritos, injurias o amenazas una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta.
Una asonada: El Frente Amplio, el sector wilsonista del Partido Nacional, la CNT, la FEUU y la Universidad de la República convocaron para el 9 de julio de 1973, a las cinco de la tarde, una manifestación en 18 de Julio contra la dictadura impuesta 13 días antes. El llamado fue de boca en boca y a través de un elíptico mensaje radial, el de Rubén Castillo leyendo el poema “Llanto por Ignacio Sánchez Mejía”, de Federico García Lorca, que repite casi verso por medio “a las cinco de la tarde”. Acudieron miles. La represión fue monstruosa: tanques, guanacos, chanchitas, sablazos, gases lacrimógenos, disparos. La marcha se disolvía y volvía a armarse, una y otra vez, durante horas, hasta la madrugada. “Turbas organizadas trataron hoy de dar una asonada en el centro de la ciudad”, informó el régimen ese mismo lunes. Hubo decenas de heridos y medio millar de detenidos, entre ellos los generales Liber Seregni y Víctor Licandro y el coronel Carlos Zufriategui. La Justicia Militar los condenaría luego por “asonada”.
Otra asonada: El domingo 21 de diciembre de 1986, la Cámara de Representantes se aprestaba a aprobar lo que sería la Ley 15.848, la de caducidad. La de impunidad. Cientos, tal vez miles, de personas indignadas se concentraron a la entrada de la cámara. Algunos legisladores sufrieron al retirarse agresiones de palabra o físicas. El entonces senador José Germán Araújo, hoy fallecido, se dirigió a la multitud y llamó, por un lado, a la calma, y por otro, a mantenerse activos en defensa de la Justicia. Dos días más tarde, el Senado se reunía para expulsarlo. Tres colorados (Eduardo Paz Aguirre, Américo Ricaldoni y Juan Carlos Fa Robaina) y el principal redactor de la norma, el diputado herrerista Héctor Martín Sturla, lo acusaron de haber instigado una “asonada”. “Ustedes sostienen que esto es por la prédica de un senador. Nosotros creemos que este clima reinante es consecuencia de la ley que ha sido aprobada”, acusó Araújo. Los cinco frenteamplistas presentes fueron los únicos que levantaron la mano para impedir su expulsión. En vano. Todos los demás consideraron que Araújo había incurrido en “actos de conducta que lo hacen indigno del cargo que ocupa”.
Una más. La bancada de diputados del Partido Nacional acusó al Frente Amplio y al PIT-CNT de convocar para el jueves pasado una “manifestación de presión al Parlamento” en favor del proyecto de ley que buscaba desactivar la caducidad, rechazado horas después. El coordinador de la bancada, Jaime Trobo, calificó la concentración de “asonada”. El gobierno no dijo nada, pero por las dudas apostó por ahí un centenar de policías. Estuvo tranquilaza la cosa. Triste, también.
La palabra huele a vintage. Ya en 1869, el general español José Almirante y Torroella la definía así en su Diccionario militar: “En rigor, asonada es el prólogo, en general inocente, de todo movimiento popular”. Se la ha gastado tanto que hoy puede aludir a cualquier reunión pública en protesta contra algo defendido por quien la dice. Y si a Seregni lo acusaron de asonada no debe ser algo malo. Hasta lindo suena. Asonada. Asonar. Asonar. ¿Estuviste en la asonada? Hay asonada mañana, ¿venís? Qué asonada la del otro día.
Dieciséis asonadas. A tal punto sirve esta palabra para cualquier cosa que vale hasta el capricho de usarla por puro gusto. Por ejemplo, para referirse a ciertas marchas silenciosas por la montevideana 18 de Julio y por otras avenidas del interior, nada tumultuarias, nada violentas, sin gritos, injurias ni amenazas. Las que se cumplen todos los 20 de mayo desde 1996, por memoria, verdad y justicia. Fuenteovejuna sin comendadores muertos, Fuenteovejuna con comendadores impunes. La del viernes pasado asonó a los 49 diputados (todos los opositores y un oficialista) que esa madrugada habían consagrado la vigencia ominosa de la caducidad. También asonó al presidente de la República y a los miembros de su gabinete y de su partido que marearon el cuadro. Asonó el silencio. Asonó el “presente” en miles de bocas, cuando los parlantes propalaron el nombre de cada desaparecido y cada desaparecida. Asonó el “tiranos temblad” del himno. Asonó esa gente que había perdido una, otra, otra, otra, otra y otra vez. Esa gente que tal vez vuelva a perder, pero que no ha sido ni será derrotada.

Fuente: La Diaria