El Frente Amplio No Se Pone de Acuerdo Por la Ley Interpretativa.
El Frente Amplio convocará a un Plenario Nacional para el sábado 14 y el domingo 15 para analizar el pedido presidencial de revisar la decisión de votar en Diputados la eliminación de la ley de Caducidad, ya aprobada en el Senado. La coalición quedó al borde de una crisis en la medida que esa decisión solo puede adoptarse por unanimidad, ya que los estatutos exigen una votación igual a la que se pretende cambiar. Sin embargo, el Movimiento de Participación Popular decidió respaldar al mandatario y la mayoría de sus legisladores están dispuestos a desoír un mandato orgánico del Frente Amplio que los obligue a votar el proyecto, según un sondeo de El Observador.
La mayoría integrada por el Movimiento de Participación Popular, Asamblea Uruguay y los sectores vazquistas pretenden lograr un acuerdo político con el Partido Comunista y el Nuevo Espacio para cumplir con la solicitud del Poder Ejecutivo, respaldada por el ex presidente Tabaré Vázquez. En ese sentido se maneja la posibilidad de un entendimiento que permita la libertad de acción y habilite a la mayoría a votar en contra del proyecto en Diputados. Pero si la minoría no acepta y apela a la facultad de bloqueo, la mayoría, alineada con Mujica, maneja la posibilidad estatutaria de convocar a un plebiscito entre los adherentes.
Pero el MPP ya adelantó que respaldará a Mujica y ello se traduce en que en ningún caso votará la ley. Igual actitud se disponen a adoptar la mayoría de los grupos del FA.
En filas frentistas se considera que el proyecto está liquidado y que ahora se abre un proceso político que someterá a grave tensión a una estructura frentista de decisión con rigidez extrema.
La decisión de pedir a la Mesa Política que convoque a un nuevo plenario fue adoptada este jueves por el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. Estuvo precedida por una fuerte discusión en la que los defensores de la anulación criticaron al presidente José Mujica por su sorpresivo giro y el pedido que hizo el miércoles a sus diputados.
La convocatoria al Plenario la resolverá el lunes 9 la Mesa Política del FA, el órgano encargado de citarlo.
Una mayoría compuesta por dirigentes leales a Mujica y al vicepresidente Danilo Astori decidió respaldar la solicitud del mandatario y promoverá que el Plenario deje sin efecto el mandato político que pesa sobre todos los legisladores del FA para votar la anulación de la Caducidad.
En esa línea se ubican el Movimiento de Participación Popular, Asamblea Uruguay, Alianza Progresista y la Corriente de Acción y Pensamiento -Libertad. De este lado también se pararon los vazquistas, ya que el ex presidente respaldó la posición de Mujica y Astori (ver nota aparte).
Un legislador de Asamblea Uruguay aseguró a El Observador que todos estos sectores tienen la mayoría en el Plenario. Pero puede no alcanzar.
Del otro lado, a favor de votar esta iniciativa el jueves 19, quedaron el Partido Comunista, el Nuevo Espacio y dos de los grupos menores que integran el Espacio 609: el Partido por la Victoria del Pueblo y Claveles Rojos.
En la tarde de este viernes los legisladores del MPP se reunirán con sus socios del Espacio 609 para intentar convencerlos de que respalden a Mujica, líder de toda esta agrupación, la mayor del partido de gobierno.
La Vertiente Artiguista no fijó posición y comunicó ayer al Secretariado que ahora hay un nuevo escenario y que será el Plenario el que resuelva.
El Partido Socialista analizó el jueves por la noche de qué lado pararse en esta encrucijada. A priori los legisladores socialistas sostienen que el FA ya decidió eliminar la ley de Caducidad, después de meses de discusión, y esto sigue vigente.
Todo este lío se desencadenó cuando Mujica irrumpió el miércoles en el Parlamento y en una breve reunión con los diputados del FA advirtió sobre el costo político y electoral que tendrá para la izquierda eliminar la ley de Caducidad, cuando esa posibilidad fue rechazada por la ciudadanía en dos oportunidades: 1989 y 2009.
Ahora bien, pase lo que pase en el Plenario del 14 y 15, ya se sabe que, producto de la movida de Mujica, el FA perdió la mayoría que tiene en Diputados para aprobar el proyecto anulatorio.
El diputado Víctor Semproni (Congreso Frenteamplista) socio del MPP en el Espacio 609, aseguró a El Observador que no votará en contra de lo que pidió Mujica. “En contra de mi presidente no voy a votar, y menos en contra de mi presidente, mi vicepresidente y mi ex presidente”, advirtió Semproni.
El FA tiene 50 bancas en Diputados, la mayoría absoluta justa. Si pierde un voto, como el de Semproni, el proyecto que elimina la ley de Caducidad no sale.
Los diputados del MPP no lo quieren anunciar aún públicamente, pero según dijeron a El Observador legisladores del sector, tampoco votarán en contra de la postura de Mujica, su máximo líder. La misma actitud adoptarían los liderados por Astori.
El Espacio 609 tiene 24 de los 50 diputados del FA. De ellos, 20 son del MPP y cuatro de los grupos aliados.
En total, entre los que respaldan a Mujica y a Astori en su pedido de no votar la eliminación de la ley, suman 30 de los 50 diputados del FA: 21 del MPP y aliados (Semproni) seis de Asamblea Uruguay, dos de la CAP-L (sector que lidera Eleuterio Fernández Huidobro) y uno de Alianza Progresista.
El jueves, en la reunión del Secretariado Ejecutivo del FA, ningún sector expresó que no votará la ley que anula la Caducidad. Esto se resolverá después del sábado 14 y el domingo 15, cuando se sepa si el Plenario respaldó o no a Mujica.
Si el Plenario decide darle la espalda al presidente y ratifica el mandato político vigente de votar el jueves 19, entonces el FA podría vivir una situación de extrema tensión ante la posibilidad de que mujiquistas y astoristas lo desacaten.
Portagonistas
Portagonistas
Tabaré Vázquez
Ex presidente de la república
Vázquez se comprometió a respetar la Ley de Caducidad en su discurso de asunción en 2005. En aplicación del artículo cuarto autorizó juicios contra los principales represores, actualmente presos. No firmó para anular la ley, pero luego apoyó el voto en ese sentido. El 22 de marzo respaldó el texto impulsado por el FA y dijo, en relación con los dos plebiscitos, que las mayorías no siempre tienen la razón. Ahora apoya dar marcha atrás.
Ex presidente de la república
Vázquez se comprometió a respetar la Ley de Caducidad en su discurso de asunción en 2005. En aplicación del artículo cuarto autorizó juicios contra los principales represores, actualmente presos. No firmó para anular la ley, pero luego apoyó el voto en ese sentido. El 22 de marzo respaldó el texto impulsado por el FA y dijo, en relación con los dos plebiscitos, que las mayorías no siempre tienen la razón. Ahora apoya dar marcha atrás.
José Mujica
Presidente de la República
José Mujica repitió que el tema de las pasadas violaciones a los derechos humanos se resolverá cuando los actores se mueran. A pesar de no creer en las vías legales, el 19 de agosto de 2009 firmó por la anulación. “Voy a acompañar a la gente que junta firmas, aunque había prometido en la campaña que no iba a tocar ese asunto”. Tras la derrota, y ya en su gobierno, dejó al canciller Almagro que se embarcara en la eliminación de la ley.
Presidente de la República
José Mujica repitió que el tema de las pasadas violaciones a los derechos humanos se resolverá cuando los actores se mueran. A pesar de no creer en las vías legales, el 19 de agosto de 2009 firmó por la anulación. “Voy a acompañar a la gente que junta firmas, aunque había prometido en la campaña que no iba a tocar ese asunto”. Tras la derrota, y ya en su gobierno, dejó al canciller Almagro que se embarcara en la eliminación de la ley.
Danilo Astori
Vicepresidente de la República
El líder de Asamblea Uruguay no firmó para anular la ley, pero votó en ese sentido. También se pronunció por respetar los pronunciamientos populares. Luego que tomara cuerpo el proyecto para eliminar la norma, planteó sin éxito el camino de la derogación. En el Senado sufragó junto a la mayoría por la anulación de la ley de Caducidad. Posteriormente trató de impulsar el camino de la derogación por decreto del archivo de los juicios.
Vicepresidente de la República
El líder de Asamblea Uruguay no firmó para anular la ley, pero votó en ese sentido. También se pronunció por respetar los pronunciamientos populares. Luego que tomara cuerpo el proyecto para eliminar la norma, planteó sin éxito el camino de la derogación. En el Senado sufragó junto a la mayoría por la anulación de la ley de Caducidad. Posteriormente trató de impulsar el camino de la derogación por decreto del archivo de los juicios.
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| Se viene una votaciòn polèmica en la interna del FA. |
Fuente: Observa
Alineados con Mujica y con el vicepresidente Danilo Astori, diputados del Movimiento de Participación Popular (MPP) y de Asamblea Uruguay (AU) mantienen una seguidilla prácticamente interminable de reuniones y contactos con los otros sectores del FA para intentar convencerlos de dos cosas. La primera es que la situación cambió en torno al tema de la Caducidad y que por ello es necesaria una nueva discusión, que se dará en un nuevo Plenario del FA, el próximo fin de semana. Para rever la decisión de anular la ley, ese organismo debe votar por la misma mayoría más 10%, lo que significa unanimidad. El Partido Comunista y el Nuevo Espacio están firmes en mantener esta decisión y ello trae el riesgo de bloqueo, lo cual obliga a una transacción (ver Plenario del FA).
Si bien algunos sostienen que el pedido de Mujica no cambió nada y ratificaron que quieren votar el jueves 19 el proyecto como estaba previsto, es un hecho que la Mesa Política del FA, el lunes 9, convocará al Plenario para evaluar la nueva situación.
Mujiquistas y astoristas pretenden además convencer al resto de la coalición de izquierda de que el proyecto de anulación es inconveniente jurídica y políticamente, por lo que se impone una nueva solución.
En ese sentido, legisladores de ambos sectores analizan una alternativa para poder juzgar a militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1975-1985) y que hasta ahora están amparados en la ley de Caducidad.
Legisladores de Asamblea Uruguay dijeron a El Observador que la salida que manejan junto al MPP es básicamente la que presentó en el Parlamento el catedrático en derecho constitucional, de la Universidad Católica, Martín Risso.
El experto advirtió que Mujica puede revocar los decretos que otros presidentes firmaron para incluir en la ley de Caducidad a ciertos militares acusados de violar los derechos humanos.
“Nosotros apostamos a una solución alternativa en la línea de lo que planteó Risso, que nos parece mucho mejor que eliminar o anular la ley de Caducidad”, dijo una fuente del entorno de Astori.
Fue precisamente el vicepresidente quien acordó con Mujica, el viernes 29 de abril, tramitar con los diputados del FA una postergación de la votación prevista para el 19 de mayo, y así ganar tiempo para discutir esta alternativa. Antes de convenir esto con Mujica, Astori habló por teléfono con el ex presidente Tabaré Vázquez (de viaje en Rusia) para obtener su respaldo. Vázquez apoyó la movida política de último momento y con el peso de los tres líderes de la izquierda el gobierno pidió frenar la votación del proyecto anulatorio y estudiar una solución distinta. Esto es lo que discutirá el Plenario el sábado 14.
Ese Plenario puede resolver muchas cosas: postergar la votación y discutir una solución alternativa, ratificar la votación o directamente enterrar el proyecto que elimina la ley de Caducidad. Todo esto lo revelan los legisladores y dirigentes del FA en reserva, pero públicamente el discurso es otro.
La senadora Lucía Topolansky (MPP), esposa del presidente Mujica, dijo ayer que lo más probable es que el Plenario no cambie la decisión ya adoptada de votar la ley. Pero sugirió que Diputados aprobará modificaciones a la propuesta de anulación.
“Creo que va a tomar la misma resolución”, dijo en Maldonado, donde participó en una actividad de la Intendencia Departamental.
“El Plenario será trascendente para que todos los compañeros sepan exactamente la parada que nos jugamos y la información que hay. No sé lo que va a decir el Plenario, no me preocupa demasiado, y estoy convencida de que va a ser la misma resolución, pero no es lo mismo ser consciente y saber que se puede desatar una catarata de impugnaciones”, dijo consultada por los medios locales.
La senadora aludió de esa forma a los informes de los juristas que advierten de una andanada de recursos de inconstitucionalidad contra la ley que elimina la Caducidad. “No podemos mirar para el costado y decir no va a pasar nada. La idea es que todos los miembros del Plenario estén absolutamente informados, que vean algunos peligros y se valoren, y que nos hagamos cargo al dar el paso”, advirtió.
De todas formas, opinó que “no hay que dramatizar la situación” y que se deben evitar “posiciones extremas”. “No se puede poner esto en blanco y negro”, sentenció. Con relación a las críticas de la oposición respecto a que Mujica está preocupado por los costos políticos y no porque la iniciativa legal que impulsa el FA desconoce el resultado de dos consultas a la ciudadanía (1989 y 2009), la esposa del presidente respondió: “Usted señáleme algún político que no se preocupe por el costo político de sus acciones”.
Las declaraciones de Topolansky operan en línea con la advertencia que hizo Mujica el miércoles a los diputados del FA y el consiguiente pedido de no votar la ley.
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| Tres actores fuertes en el seno del FA. |
De Plenario en Plenario.
La mitad del Plenario representa a las bases y la otra mitad a los sectores. En el caso de las bases, más del 60% responde directamente al Partido Comunista y el resto al MPP, pese a ser el sector con más votos del Frente Amplio y soporte político del presidente Mujica.
De la correlación de fuerzas entre las coordinadoras del Partido Comunista y la suma de los votos de los delegados del Nuevo Espacio, el Partido Socialista y la Vertiente Artiguista, se desprende que no hay mayoría para revocar el mandato del último Plenario. Para hacerlo se requieren más de 136 votos, es decir más delegados presentes que en el último Plenario cuando se mandató a los legisladores, explicaron a El País fuentes de la coalición de izquierda
En las últimas horas, tanto el MPP como Asamblea Uruguay se han reunido con otros sectores para negociar un "acuerdo político" que permita consensuar una alternativa a la anulación de la ley de Caducidad. El MPP y Asamblea Uruguay manejan como alternativa la derogación de la ley de Caducidad y la revocación de actos administrativos de gobiernos anteriores que impidieron juzgar a militares porque consideraron que esos casos estaban comprendidos por la norma
Si bien el bloque compuesto por el PCU, el Nuevo Espacio y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) mantiene su posición a favor de la ley interpretativa, los comunistas abrieron ayer una puerta a la negociación para lograr una salida alternativa a la anulación.
El senador Eduardo Lorier, secretario general del PCU, dijo a El País que el Comité Ejecutivo Nacional comunista está dispuesto a alcanzar un acuerdo previo a la votación del proyecto el 19 de mayo en Diputados.
En la declaración se expresa que "el PCU tiene disposición a discutir y analizar, si es que se plantea, una nueva propuesta, si contiene todos los elementos políticos que están planteados en el proyecto que fue votado en el Senado y que está a consideración en Diputados. Para ser explícitos, si establece la anulación de la Ley de Caducidad".
Además, los comunistas entienden que no se debe cambiar la fecha de votación del proyecto, en tanto se plantea la creación de una "Comisión de Verdad" para investigar los casos de desapariciones durante la dictadura.
Por otra parte, el MPP definirá hoy si sus legisladores votan la anulación de la ley de Caducidad. Los diputados del sector vinculados al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaro (MLN-T) están en contra de la ley interpretativa y respaldan la posición de Mujica.
Sin embargo, algunos de los sectores aliados al Espacio 609 mantienen diferencias con el MPP y votarán afirmativamente el proyecto.
Una reunión del Espacio 609 que se realizó ayer en la tarde en el Parlamento dejó entrever el quiebre de la bancada. El diputado Luis Puig (PVP) se excusó de concurrir y envió el comunicado de su grupo político por el que se reclama la aprobación de la anulación.
El sector Claveles Rojos está en la misma posición que el PVP. El diputado Oscar Groba dijo a El País que votará la anulación de la Caducidad.
Por su parte, los demás sectores que componen el Espacio 609 acompañan la postura del MPP. El diputado Rubén Martínez Huelmo (Participación Masoller) dijo a El País que "responde a Mujica y que tratará que los delegados "arbitren un tipo de fórmula para acordar otra alternativa al proyecto interpretativo".
Por su parte, Lucía Topolansky -primera senadora del MPP y esposa del presidente Mujica- dijo ayer que "el proyecto que anula la Caducidad será aprobado el 19 por la bancada de Diputados".
A su vez, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, también hizo referencia ayer a la posición de Mujica contraria a la anulación de la ley de Caducidad. "El Poder Ejecutivo nunca tomó posición sobre ese proyecto interpretativo. No lo debatió, no lo discutió, por lo tanto no hay cambio de posición".
El ministro Rosadilla pertenece a la CAP-L, sector del senador Eleuterio Fernández Huidobro, que renunció a su banca luego de votar la anulación de la ley de Caducidad por "disciplina partidaria".
Fuente: El País Digital
Leer Más: La República
Familiares y Artistas en Contra de la Postura de Mujica.
Familiares de detenidos desaparecidos y ex presos políticos siguen con atención la discusión que por estos días tiene lugar al interior del Frente Amplio y del gobierno por el la Ley de Caducidad. Discrepan con las nuevas propuestas para eliminar la ley y con el cambio de postura del presidente José Mujica.
Desde la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, su vocero Óscar Urtazún dijo a El Observador que la organización “está atenta a que lo que quede después de esta movida no sea peor que lo que está”.
“Nosotros estamos contra la impunidad y contra esta ley inmoral. Sabemos que hay propuestas, he escuchado que hay unas muy bonitas, pero que sus efectos pueden ser tan nocivos como los que hay hoy”, señaló Urtazun y puso como ejemplo que “los juristas manejan que la derogación o que la ley que venga no puede ser más perjudicial para los reos “.
Para Urtazún, de acuerdo a “cómo viene la mano, ‘cedo esto, me das aquello’, puede que no se llegue a buen puerto, que aquello que quede sea un amasijo que no le guste a nadie”.
Familiares entiende que tanta discusión sobre el modo de eliminar la ley de Caducidad “no es garantía de nada”. “Por algo nosotros nunca nos largamos a la política”, sostuvo Urtazún, quien señaló que una vez culminada la discusión y definida la fórmula que se utilizará (proyecto interpretativo, derogación, eliminación de la prescripción de delitos) la Asociación de Familiares dará su opinión.
Por su parte la asociación de ex presos y ex presas políticos Crysol manifestó su desacuerdo con la derogación de la ley de Caducidad, ya que se inclinan por la anulación.
“Derogar significa validar todo lo pasado hasta ahora. Y nosotros queremos que se investiguen los hechos”, dijo a El Observador Baldemar Tarocco, presidente de Crysol. “Uruguay tiene que eliminar la ley por la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó, Tarocco y agregó que “con la ley interpretativa se lograba eso e investigar”.
Crysol convoca a una concentración para este miércoles de 14 a 16.30 frente al Palacio Legislativo.
Tarocco remarcó que la reunión que tuvo el presidente José Mújica la semana pasada con la bancada de diputados del Frente Amplio, para advertirles sobre las consecuencias para el futuro electoral del partido de gobierno si se aprueba el proyecto interpretativo, se produjo después de que el mandatario se reunió con Crysol.
“No contestó nada a nada, pero tomó nota, como que había que solucionar el problema”, comentó Tarocco sobre esa reunión. “Por supuesto que nos molestó la reunión que tuvo con los diputados, porque nos molesta que interfiera en algo que tiene que resolver el Parlamento”, expresó Tarocco.
Asimismo, cuestionó: “No entendemos si él (Mujica) tenía esa posición antes o es que habló con el Ñato (Eleuterio Fernández Huidobro) y con Saravia. No entendemos por qué cambió” de postura.
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| Las organizaciones sociales critian la última movida del FA. |
Mediante una carta abierta un grupo de artistas y políticos del Frente Amplio (FA) manifestaron su disconformidad con la iniciativa del presidente José Mujica de presentar una alternativa al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad.
Entre los integrantes del grupo se encuentra el cantautor Daniel Viglietti y el escritor Eduardo Galeano. Además entre los firmantes se destaca Margarita Percovich, Belela Herrera, Guillermo Chifflet, Ana Olivera, José Díaz, Zelmar Michelini (h), Marina Arismendi, Miguel Fernández Galeano, Victorio Casartelli, Maria Elia Topolansky, Fernando Pereira, Edgardo Oyenard, Juan Faroppa, Sara Méndez, Coriún Aharonian, Mariano Arana, Ricardo Elena, general (r) Juan Antonio Rodríguez Orlando, Pablo Anzalone, Marcelo Pereira, Gabriel Mazzarovich, Carlos Caillabet, Juan Castillo, Jorge Mazzarovich, Alejandro Zavala, Milton Romani, Ricardo Posada y Henry Engler.
En la carta, publicada este lunes en el diario La República, se indica que "el compañero José Mujica, presidente de la República, ha sostenido que el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, elaborado por el Frente Amplio y aprobado por el Senado con votos frenteamplistas, pone en peligro la victoria que todos deseamos en 2014".
Los integrantes del grupo “contra la impunidad” advierten que "el Plenario Nacional estableció un claro mandato a nuestros legisladores, aprobado sin votos en contra y con sólo tres abstenciones, que ya fue cumplido en la Cámara de Senadores".
"Nos permitimos señalar que no es momento para improvisaciones en un asunto tan importante. Está bien que nos esforcemos por buscar la mejor solución posible, pero tengamos presente que demasiadas idas y venidas causan confusión y desánimo", indican en la misiva.
Además consideran que la Caducidad es "inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales" y que sus "efectos deben ser eliminados, por elementales razones éticas".
"No soñemos con que hay un modo simple e indiscutible de resolver el problema. Si nos empeñamos en buscar una fórmula perfecta que no existe, el resultado puede ser que todo quede como está (…) La impunidad fue impulsada con amenazas y engaños. Ahora se intentará mantenerla con recursos jurídicos y políticos. Es una señal de que hemos avanzado: sigamos adelante".
La carta concluye diciendo que “sería un error grave, como elegir entre la libertad y la seguridad, entre el crecimiento y la distribución, entre la unidad y la diversidad, entre los cambios y la paz".
Fuente: Observa
Leer Más: El País Digital
A todos/as los frenteamplistas y la opinión pública en general:
CARTA de Soledad González Baica, el Domingo, 08 de mayo de 2011
Queridos compañeros, queridas compañeras:
Una vez más se plantean debates dentro de nuestro Frente Amplio sobre la mejor forma de erradicar la Ley de Caducidad y sus efectos. Esto nos sorprende, porque el Plenario Nacional estableció un claro mandato a nuestros legisladores, aprobado sin votos en contra y con sólo tres abstenciones, que ya fue cumplido en la Cámara de Senadores, pero la discusión es un hecho y debemos afrontarla.
En los últimos días el compañero José Mujica, presidente de la República, ha sostenido que el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, elaborado por el Frente Amplio y aprobado por el Senado con votos frenteamplistas, pone en peligro la victoria que todos deseamos en 2014, y con ella la profundización del proceso de cambios iniciado desde que alcanzamos el gobierno nacional.
Durante el proceso de elaboración de ese proyecto interpretativo se tuvieron en cuenta diversas objeciones y propuestas, entre ellas las aportadas por el compañero José Korzeniak, experto en derecho constitucional. Si aparecen otras ideas, habrá que considerarlas con el mayor respeto, pero nos permitimos señalar que no es momento para improvisaciones en un asunto tan importante. Está bien que nos esforcemos por buscar la mejor solución posible, pero tengamos presente que demasiadas idas y venidas causan confusión y desánimo.
El fondo de la cuestión es que la legislación uruguaya incluye, desde diciembre de 1986, una norma inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales firmados por Uruguay. Una norma que permite la impunidad de delitos de lesa humanidad y cuyos efectos deben ser eliminados, por elementales razones éticas y porque así lo decidió, en marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy debe quedar claro que nuestra voluntad política de terminar con la impunidad sigue firme. Con ese objetivo, ya es hora de que el sistema judicial recupere las potestades que le arrebató la Ley de Caducidad, y que en los últimos años sólo ha podido ejercer cuando le dieron permiso desde la presidencia de la República.
La historia de la Ley de Caducidad es intrincada y llevamos muchos años atrapados en ella, por las malas artes de quienes quieren la impunidad y por nuestros propios errores. No soñemos con que hay un modo simple e indiscutible de resolver el problema. Si nos empeñamos en buscar una fórmula perfecta que no existe, el resultado puede ser que todo quede como está.
La impunidad fue impulsada con amenazas y engaños. Ahora se intentará mantenerla con recursos jurídicos y políticos. Es una señal de que hemos avanzado: sigamos adelante.
Nos dicen y nos dirán que la Ley de Caducidad fue respaldada por la mayoría de la población en el plebiscito de octubre de 2009, y que por ese motivo debemos dejarla en pie, que se ha vuelto invulnerable por la voluntad popular. Es un argumento eficaz pero mentiroso.
En ese plebiscito se votó con una sola papeleta, y por lo tanto sólo fue posible contar cuántos votamos en contra de la impunidad. Ignoramos cuántos estaban a favor, y seguramente muchas personas no pusieron el Sí rosado en el sobre porque no tenían una opinión formada. Se abstuvieron. Decir que ésos fueron votos de apoyo a la Ley de Caducidad es como atribuir opinión definida a los encuestados que terminan en el casillero “no sabe / no contesta”.
No nos enredemos una vez más: la Ley de Caducidad es inconstitucional, como lo han señalado la Suprema Corte de Justicia, la Asamblea General y el Poder Ejecutivo; no puede ser contrario al derecho anular todos sus efectos, que nunca fueron legítimos.
Se ha dicho que la profundización del proyecto frenteamplista, en el tercer gobierno nacional consecutivo que todos queremos conquistar, es el mejor modo de defender los derechos humanos, que nada es más importante y que todo lo logrado se puede perder si, al aprobar el proyecto interpretativo, ponemos al FA en una situación vulnerable ante las críticas de otros partidos.
Discrepamos fraternalmente con ese punto de vista. No aceptamos que sea necesario elegir entre la continuidad y el contenido de nuestro proyecto de gobierno.
Sería un error grave, como elegir entre la libertad y la seguridad, entre el crecimiento y la distribución, entre la unidad y la diversidad, entre los cambios y la paz.
Uno de los enemigos más poderosos que enfrentamos está dentro de nuestras propias cabezas, y nos dice que no es posible escapar a esas alternativas, que no podemos pensar fuera de ellas.
Si nos convencemos de que debemos dejar por el camino nuestra identidad, no importará cuáles sean los resultados electorales: estaremos derrotados aunque ganemos.
De nuestra conducta en estos días dependen muchas cosas: respetar la memoria de quienes ya no están, y también cuidar la esperanza de los que vienen. Podemos hacerlo juntos, si no se nos olvida quiénes somos.
Queridos compañeros, queridas compañeras:
Una vez más se plantean debates dentro de nuestro Frente Amplio sobre la mejor forma de erradicar la Ley de Caducidad y sus efectos. Esto nos sorprende, porque el Plenario Nacional estableció un claro mandato a nuestros legisladores, aprobado sin votos en contra y con sólo tres abstenciones, que ya fue cumplido en la Cámara de Senadores, pero la discusión es un hecho y debemos afrontarla.
En los últimos días el compañero José Mujica, presidente de la República, ha sostenido que el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, elaborado por el Frente Amplio y aprobado por el Senado con votos frenteamplistas, pone en peligro la victoria que todos deseamos en 2014, y con ella la profundización del proceso de cambios iniciado desde que alcanzamos el gobierno nacional.
Durante el proceso de elaboración de ese proyecto interpretativo se tuvieron en cuenta diversas objeciones y propuestas, entre ellas las aportadas por el compañero José Korzeniak, experto en derecho constitucional. Si aparecen otras ideas, habrá que considerarlas con el mayor respeto, pero nos permitimos señalar que no es momento para improvisaciones en un asunto tan importante. Está bien que nos esforcemos por buscar la mejor solución posible, pero tengamos presente que demasiadas idas y venidas causan confusión y desánimo.
El fondo de la cuestión es que la legislación uruguaya incluye, desde diciembre de 1986, una norma inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales firmados por Uruguay. Una norma que permite la impunidad de delitos de lesa humanidad y cuyos efectos deben ser eliminados, por elementales razones éticas y porque así lo decidió, en marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy debe quedar claro que nuestra voluntad política de terminar con la impunidad sigue firme. Con ese objetivo, ya es hora de que el sistema judicial recupere las potestades que le arrebató la Ley de Caducidad, y que en los últimos años sólo ha podido ejercer cuando le dieron permiso desde la presidencia de la República.
La historia de la Ley de Caducidad es intrincada y llevamos muchos años atrapados en ella, por las malas artes de quienes quieren la impunidad y por nuestros propios errores. No soñemos con que hay un modo simple e indiscutible de resolver el problema. Si nos empeñamos en buscar una fórmula perfecta que no existe, el resultado puede ser que todo quede como está.
La impunidad fue impulsada con amenazas y engaños. Ahora se intentará mantenerla con recursos jurídicos y políticos. Es una señal de que hemos avanzado: sigamos adelante.
Nos dicen y nos dirán que la Ley de Caducidad fue respaldada por la mayoría de la población en el plebiscito de octubre de 2009, y que por ese motivo debemos dejarla en pie, que se ha vuelto invulnerable por la voluntad popular. Es un argumento eficaz pero mentiroso.
En ese plebiscito se votó con una sola papeleta, y por lo tanto sólo fue posible contar cuántos votamos en contra de la impunidad. Ignoramos cuántos estaban a favor, y seguramente muchas personas no pusieron el Sí rosado en el sobre porque no tenían una opinión formada. Se abstuvieron. Decir que ésos fueron votos de apoyo a la Ley de Caducidad es como atribuir opinión definida a los encuestados que terminan en el casillero “no sabe / no contesta”.
No nos enredemos una vez más: la Ley de Caducidad es inconstitucional, como lo han señalado la Suprema Corte de Justicia, la Asamblea General y el Poder Ejecutivo; no puede ser contrario al derecho anular todos sus efectos, que nunca fueron legítimos.
Se ha dicho que la profundización del proyecto frenteamplista, en el tercer gobierno nacional consecutivo que todos queremos conquistar, es el mejor modo de defender los derechos humanos, que nada es más importante y que todo lo logrado se puede perder si, al aprobar el proyecto interpretativo, ponemos al FA en una situación vulnerable ante las críticas de otros partidos.
Discrepamos fraternalmente con ese punto de vista. No aceptamos que sea necesario elegir entre la continuidad y el contenido de nuestro proyecto de gobierno.
Sería un error grave, como elegir entre la libertad y la seguridad, entre el crecimiento y la distribución, entre la unidad y la diversidad, entre los cambios y la paz.
Uno de los enemigos más poderosos que enfrentamos está dentro de nuestras propias cabezas, y nos dice que no es posible escapar a esas alternativas, que no podemos pensar fuera de ellas.
Si nos convencemos de que debemos dejar por el camino nuestra identidad, no importará cuáles sean los resultados electorales: estaremos derrotados aunque ganemos.
De nuestra conducta en estos días dependen muchas cosas: respetar la memoria de quienes ya no están, y también cuidar la esperanza de los que vienen. Podemos hacerlo juntos, si no se nos olvida quiénes somos.
FIRMAN: Eduardo GALEANO, Margarita PERCOVICH, Belela HERRERA, Guillermo CHIFFLET, Ana OLIVERA, Daniel VIGLIETTI, José DÍAZ, Zelmar MICHELINI (h), Marina ARISMENDI, Miguel FERNANDEZ GALEANO, Victorio CASARTELLI, Maria Elia TOPOLANSKI, Fernando PEREIRA, Edgardo OYENART, Juan FAROPPA, Sara MÉNDEZ, Coriún AHARONIAN, Mariano ARANA, Ricardo ELENA, General ® Juan Antonio RODRIGUEZ ORLANDO, Pablo ANZALONE, Marcelo PEREIRA, Gabriel MAZZAROVICH, Carlos CAILLABET, Juan CASTILLO, , Jorge MAZZAROVICH, Alejandro ZAVALA, Milton ROMANI, Ricardo POSADA.
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