El Plenario del Frente Amplio Ratifíco el Voto al Proyecto Interpretativo.
El diputado Víctor Semproni se reunirá hoy con el presidente José Mujica para decidir su postura en relación al proyecto interpretativo de la Caducidad que se votará el jueves en la Cámara Baja. La senadora Lucía Topolansky lo llamó antes del Plenario Nacional para coordinar el encuentro con Mujica apenas retorne de Lima y le pidió que no se "inmole", según informó ayer Subrayado.
Más allá del encuentro que tendrá lugar hoy, fuentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijeron a Ultimas Noticias que mantuvieron contactos telefónicos con él luego del Plenario para convencerlo de la necesidad de votar este jueves el proyecto interpretativo que anulará los efectos de la Caducidad y aseguraron que "los votos estarán este jueves".
En principio, el diputado sostuvo que no iba a votar un proyecto que se opusiera a la voluntad del presidente, que se manifestó contrario al texto interpretativo en varias ocasiones, pero la situación cambió cuando el propio José Mujica declaró que iba a pedirle el voto porque "el gobierno necesita que la fuerza responda en forma unitaria".
A partir de la reunión de la Mesa Política de hoy (ver recuadro), el FA comenzará a estudiar la propuesta del senador Enrique Rubio (VA) para someter a referéndum la ley que apruebe Diputados el jueves. El senador argumentó que es necesario que el proceso de anulación de la Caducidad finalice con una consulta popular y sostuvo que el presidente lo apoya pese a que el propio Mujica declaró que la propuesta de Rubio está todavía "muy verde".
Sin embargo, la idea no contará con el respaldo político necesario para prosperar. El MPP sostiene que una tercera consulta popular "no ayuda a solucionar el problema, entrevera el proceso, complica el escenario" y genera más confusión en la ciudadanía "para la que el asunto ya es demasiado complejo", según dijo a Ultimas Noticias un legislador del sector. A esta posición desfavorable se suma la del Partido Comunista (PCU). La senadora suplente Alicia Pintos argumentó que "la anulación estaba en el programa aprobado en el Congreso pasado, los votantes sabían que el FA iba a trabajar para que se anulara la Caducidad".
Si bien insistió que la realidad en las bases "es muy plural", las bases de Montevideo y Canelones responden mayoritariamente al PCU y las bases del resto del interior al MPP. Esto quedó de manifiesto en la Mesa Política del jueves pasado, cuando todos los votos en contra de la realización del Plenario fueron de comunistas y bases de Montevideo y Canelones. El diputado de Asamblea Uruguay (AU) Luis Gallo declaró que la iniciativa del senador Rubio le genera reservas porque tiene "serias dudas sobre si los derechos humanos fundamentales deberían plebiscitarse", al tiempo que se planteó la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie a favor de mantener la ley de Caducidad.
Sin embargo, aclaró que esa opinión es estrictamente personal y que su sector estudiará mañana la propuesta en el Consejo Político.
El Nuevo Espacio (NE), el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) se mostraron favorables a acompañar la iniciativa de la VA.
Según explicó el senador Rafael Michelini (NE) luego de la Mesa Política del jueves, el temor a que el referéndum resulte contrario para el FA es injustificado porque "sólo con que la gente que puso la papeleta en el plebiscito de 2009 apoye el interpretativo, basta" para saber que hay mayoría a favor de eliminar la norma.
El debate sobre la posibilidad de convocar a un referéndum quedó planteado el sábado, cuando se reunió el Plenario Nacional del FA. En dicha instancia se ratificó, aunque no en forma expresa, el mandato a votar el texto interpretativo este jueves. También se analizó un proyecto alternativo original del constitucionalista Martín Risso que obtuvo 51 votos provenientes del MPP, la AU y Alianza Progresista (AP), pero que no logró la mayoría necesaria para reemplazar al texto que se encuentra a estudio de la Cámara de Diputados.
La declaración final del Plenario, con 137 votos a favor, ocho abstenciones y uno en contra, incluyó una convocatoria a la ciudadanía a participar de la sesión de la Cámara de Diputados este jueves.
También reiteró el respaldo del Plenario a la gestión de los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica en lo que refiere a las políticas adoptadas en derechos humanos.
“Los derechos humanos no se plebiscitan”
El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) está dispuesto a acompañar la convocatoria a un referéndum pese a considerar que "los derechos humanos no se plebiscitan".
El sector que encabezó las convocatorias de 1989 y 2009 entiende que la nueva consulta popular que impulsa la Vertiente Artiguista (VA) no es necesaria porque "son claras las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de que se deben perseguir los crímenes desarrollados por el terrorismo de Estado en forma independiente de los resultados".
El diputado Luis Puis dijo a Ultimas Noticias que aún con esa convicción su sector acompañará el planteo porque "consideramos que las formas de consulta democrática siempre son importantes".
Sin embargo, advirtió que "ya existen mecanismos" para convocar a la ciudadanía sin necesidad de realizar modificaciones a la normativa vigente.
A modo de ejemplo, destacó la campaña de recolección de firmas que encabeza el Partido Colorado para bajar la edad de imputabilidad. Si bien no comparte el espíritu de lo que se quiere impulsar, afirmó que "está muy bien que usen ese mecanismo, que además va a demostrar que la mayoría está en contra".
A su entender, el mejor camino que puede recorrer la izquierda en este tema será "aprovechar la instancia para analizar la responsabilidad de los gobiernos blancos y colorados en generar las condiciones económicas y sociales que llevaron a esta situación. El debate tiene que estar centrado en ese tema".
Mesa nombra comisión
La Mesa Política del Frente Amplio (FA) designará hoy a los responsables de debatir la propuesta presentada por la Vertiente Artiguista (VA) para que se convoque a un referéndum. Además, el organismo de conducción analizará las posibilidades adicionales que abre el desarchivo de casos a través de la anulación de actos administrativos de gobiernos anteriores por parte del presidente José Mujica.
La iniciativa, adoptada por el mandatario la semana pasada por primera vez para habilitar la apertura del caso del tupamaro Álvaro Balbi, es considerada un "complemento" de la aprobación del proyecto interpretativo por la mayoría de la izquierda. Sin embargo, hay dudas de que el sistema permita reabrir todos los casos, ya que algunos fueron archivados mediante resoluciones judiciales.
Respecto al planteo de la VA, la comisión especial tendrá 30 días para expedirse respecto a la conveniencia de convocar a un referéndum. La mayoría de la izquierda se opone a la propuesta. Mientras algunos entienden que un referéndum abrirá un nuevo flanco hacia la oposición, otros reconocen su temor de que la ciudadanía reitere su respaldo a la ley de Caducidad como en las dos instancias anteriores.
Más allá del encuentro que tendrá lugar hoy, fuentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijeron a Ultimas Noticias que mantuvieron contactos telefónicos con él luego del Plenario para convencerlo de la necesidad de votar este jueves el proyecto interpretativo que anulará los efectos de la Caducidad y aseguraron que "los votos estarán este jueves".
En principio, el diputado sostuvo que no iba a votar un proyecto que se opusiera a la voluntad del presidente, que se manifestó contrario al texto interpretativo en varias ocasiones, pero la situación cambió cuando el propio José Mujica declaró que iba a pedirle el voto porque "el gobierno necesita que la fuerza responda en forma unitaria".
A partir de la reunión de la Mesa Política de hoy (ver recuadro), el FA comenzará a estudiar la propuesta del senador Enrique Rubio (VA) para someter a referéndum la ley que apruebe Diputados el jueves. El senador argumentó que es necesario que el proceso de anulación de la Caducidad finalice con una consulta popular y sostuvo que el presidente lo apoya pese a que el propio Mujica declaró que la propuesta de Rubio está todavía "muy verde".
Sin embargo, la idea no contará con el respaldo político necesario para prosperar. El MPP sostiene que una tercera consulta popular "no ayuda a solucionar el problema, entrevera el proceso, complica el escenario" y genera más confusión en la ciudadanía "para la que el asunto ya es demasiado complejo", según dijo a Ultimas Noticias un legislador del sector. A esta posición desfavorable se suma la del Partido Comunista (PCU). La senadora suplente Alicia Pintos argumentó que "la anulación estaba en el programa aprobado en el Congreso pasado, los votantes sabían que el FA iba a trabajar para que se anulara la Caducidad".
Si bien insistió que la realidad en las bases "es muy plural", las bases de Montevideo y Canelones responden mayoritariamente al PCU y las bases del resto del interior al MPP. Esto quedó de manifiesto en la Mesa Política del jueves pasado, cuando todos los votos en contra de la realización del Plenario fueron de comunistas y bases de Montevideo y Canelones. El diputado de Asamblea Uruguay (AU) Luis Gallo declaró que la iniciativa del senador Rubio le genera reservas porque tiene "serias dudas sobre si los derechos humanos fundamentales deberían plebiscitarse", al tiempo que se planteó la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie a favor de mantener la ley de Caducidad.
Sin embargo, aclaró que esa opinión es estrictamente personal y que su sector estudiará mañana la propuesta en el Consejo Político.
El Nuevo Espacio (NE), el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) se mostraron favorables a acompañar la iniciativa de la VA.
Según explicó el senador Rafael Michelini (NE) luego de la Mesa Política del jueves, el temor a que el referéndum resulte contrario para el FA es injustificado porque "sólo con que la gente que puso la papeleta en el plebiscito de 2009 apoye el interpretativo, basta" para saber que hay mayoría a favor de eliminar la norma.
El debate sobre la posibilidad de convocar a un referéndum quedó planteado el sábado, cuando se reunió el Plenario Nacional del FA. En dicha instancia se ratificó, aunque no en forma expresa, el mandato a votar el texto interpretativo este jueves. También se analizó un proyecto alternativo original del constitucionalista Martín Risso que obtuvo 51 votos provenientes del MPP, la AU y Alianza Progresista (AP), pero que no logró la mayoría necesaria para reemplazar al texto que se encuentra a estudio de la Cámara de Diputados.
La declaración final del Plenario, con 137 votos a favor, ocho abstenciones y uno en contra, incluyó una convocatoria a la ciudadanía a participar de la sesión de la Cámara de Diputados este jueves.
También reiteró el respaldo del Plenario a la gestión de los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica en lo que refiere a las políticas adoptadas en derechos humanos.
“Los derechos humanos no se plebiscitan”
El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) está dispuesto a acompañar la convocatoria a un referéndum pese a considerar que "los derechos humanos no se plebiscitan".
El sector que encabezó las convocatorias de 1989 y 2009 entiende que la nueva consulta popular que impulsa la Vertiente Artiguista (VA) no es necesaria porque "son claras las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de que se deben perseguir los crímenes desarrollados por el terrorismo de Estado en forma independiente de los resultados".
El diputado Luis Puis dijo a Ultimas Noticias que aún con esa convicción su sector acompañará el planteo porque "consideramos que las formas de consulta democrática siempre son importantes".
Sin embargo, advirtió que "ya existen mecanismos" para convocar a la ciudadanía sin necesidad de realizar modificaciones a la normativa vigente.
A modo de ejemplo, destacó la campaña de recolección de firmas que encabeza el Partido Colorado para bajar la edad de imputabilidad. Si bien no comparte el espíritu de lo que se quiere impulsar, afirmó que "está muy bien que usen ese mecanismo, que además va a demostrar que la mayoría está en contra".
A su entender, el mejor camino que puede recorrer la izquierda en este tema será "aprovechar la instancia para analizar la responsabilidad de los gobiernos blancos y colorados en generar las condiciones económicas y sociales que llevaron a esta situación. El debate tiene que estar centrado en ese tema".
Mesa nombra comisión
La Mesa Política del Frente Amplio (FA) designará hoy a los responsables de debatir la propuesta presentada por la Vertiente Artiguista (VA) para que se convoque a un referéndum. Además, el organismo de conducción analizará las posibilidades adicionales que abre el desarchivo de casos a través de la anulación de actos administrativos de gobiernos anteriores por parte del presidente José Mujica.
La iniciativa, adoptada por el mandatario la semana pasada por primera vez para habilitar la apertura del caso del tupamaro Álvaro Balbi, es considerada un "complemento" de la aprobación del proyecto interpretativo por la mayoría de la izquierda. Sin embargo, hay dudas de que el sistema permita reabrir todos los casos, ya que algunos fueron archivados mediante resoluciones judiciales.
Respecto al planteo de la VA, la comisión especial tendrá 30 días para expedirse respecto a la conveniencia de convocar a un referéndum. La mayoría de la izquierda se opone a la propuesta. Mientras algunos entienden que un referéndum abrirá un nuevo flanco hacia la oposición, otros reconocen su temor de que la ciudadanía reitere su respaldo a la ley de Caducidad como en las dos instancias anteriores.
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| Plenario. El organismo rechazó la idea de derogar la ley y mantuvo el mandato a los legisladores. |
Fuente: Ultimas Noticias
De esta manera, el órgano máximo del Frente Amplio, hizo caso omiso a la posición del presidente de la República, José Mujica, quien había instado a los legisladores a no votar la ley Interpretativa.
Además, el Frente Amplio alcanzó un acuerdo para pasar a una comisión especial que analice la conveniencia de realizar una tercera consulta popular sobre la ley de Caducidad. En este caso será para que la ciudadanía confirme o revoque la ley que el FA aprobará el jueves 19, y que en los hechos anula la ley de Caducidad.
El entendimiento se logró este viernes en una reunión entre los principales referentes de los sectores de la coalición de gobierno con el presidente del FA, Jorge Brovetto y fue ratificado por el Plenario.
Para propiciar de forma rápida esta nueva consulta a la ciudadanía el FA se propone modificar la ley que reglamenta los referendos para que puedan ser convocados por el Parlamento, con la mayoría absoluta de cada cámara que tiene el oficialismo.
Pero este extremo ya es criticado con dureza por la oposición y calificado de inconstitucional por el catedrático en derecho constitucional de la Universidad de la Empresa, el ex senador colorado Rúben Correa Freitas.
El jurista sostiene que el Parlamento no puede convocar a un referéndum porque la Constitución establece que “el titular de este recurso es únicamente la ciudadanía, el cuerpo electoral”.
Sin embargo, otro constitucionalista consultado por El Observador, que prefirió no opinar públicamente, dijo que la iniciativa de que el Parlamento convoque a un referéndum es perfectamente posible.
Fuente: Observa
La posición del presidente José Mujica y del vicepresidente Danilo Astori representada por sus grupos políticos este sábado en el Plenario del Frente Amplio fue derrotada. A pesar de las insistentes advertencias lanzadas por los dos máximos jerarcas del gobierno, el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad será considerado el jueves que viene en la Cámara de Diputados.
Mujica decidió en los últimos días jugar todas sus fichas en busca de frenar la aprobación de la iniciativa. Primero en forma privada, se reunió con toda la bancada de diputados para fijar su posición y luego reafirmó esos conceptos públicamente en varias oportunidades.
Esta postura del presidente fue llevada este sábado al Plenario Nacional por el Movimiento de Participación Popular (MPP) y otras agrupaciones que responden al liderazgo de Astori pero fracasaron.
Con la firma del MPP, Asamblea Uruguay, Alianza Progresistas y las bases de Colonia, hubo una moción presentada que proponía derogar la ley de Caducidad y revocar por actos administrativos las resoluciones de gobiernos anteriores que incluyeron casos en la norma e impidieron de esa manera que se investigara.
Sin embargo, esa propuesta solo tuvo 51 votos y fracasó debido a que requería mayorías especiales. Aún con el impulso de los dos sectores mayoritarios de la coalición de izquierda, los grupos de menor caudal electoral y las bases le dieron la espalda a esa iniciativa y representaron, por lo tanto, un revés para las intenciones manifiestas del presidente Mujica y Astori.
El Plenario Nacional convocado por el MPP para revertir la situación y evitar lo que consideran un error político no logró su cometido y la izquierda seguirá adelante con los planes que tenía desde marzo.
En definitiva, la declaración que logró las mayorías este sábado en la reunión fueron una “reafirmación” del camino por “verdad y justicia” que terminará el jueves 19 con la votación del proyecto en el Parlamento.
“Convocamos a todo el pueblo uruguayo a concurrir a la Cámara de Diputados a la sesión del próximo 19 de mayo”, dice la declaración final que fue aprobada por 137 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones.
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El Partido Comunista No Le Cree a Mujica.
"Mujica no es ningún distraído y es imposible que ignorara el contenido del proyecto interpretativo cuando miembros del Ejecutivo participaron en el armado", declaró a Ultimas Noticias el dirigente Vittorio Casartelli. Por esta razón no comprende la demora del presidente en opinar, cuando en la fuerza política "siempre tiene su lugar como compañero para expresar su punto de vista".
De esa manera respondió el PCU a una de las polémicas declaraciones que Mujica realizó ayer en una entrevista con el diario La República, donde dijo que nadie del Frente Amplio (FA) se acercó a hablarle por el proyecto interpretativo y que "se va a cagar" el que pone esta votación en el plano de la ética porque él podría hacer el planteo inverso y decir que "respetar los plebiscitos es una cuestión ética democrática".
El dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Carlos Coitiño dijo, por el contrario, que no está dispuesto a polemizar sobre los dichos de Mujica "justo antes del Plenario". El resto de los sectores también se negó a formar un juicio público al respecto. El senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista (VA), precisó que es "un asunto demasiado delicado como para manejarlo en forma mediática".
El Partido Socialista, por su parte, hizo hincapié en que no comentaría sobre la postura del presidente de la misma forma que no hizo comentarios públicos cuando Mujica asistió a la bancada de Diputados, según aclaró el diputado Julio Bango. De esta forma respondió al reproche del presidente a los diputados que a su entender "salieron a vomitar como cotorras" todo lo que había hablado en forma confidencial con la bancada el 4 de mayo.
Sin embargo, fuentes de la izquierda aseguraron que las palabras del presidente generaron "profundo malestar" en la fuerza política, como ya lo habían hecho en ocasión de la comparecencia del mandatario en la bancada de Diputados y que serán un componente de "fuerte discusión" en el Plenario. Para el dirigente de Alianza Progresista (AP) Julio Pérez, lo que diga Mujica "no es solo un dato más", en especial "lo que dijo en la bancada de Diputados, que no es lo mismo que decirlo en un partido de fútbol".
En el otro extremo se encuentran el PCU y el PVP, quienes consideran que los dichos son secundarios en la discusión del Plenario porque el único objetivo que tienen es la votación del proyecto interpretativo este 19. Solo el MPP ratificó que sigue intacto su apoyo hacia el presidente.
Fuente: Ultimas Noticias
El FA le dá de Comer a las Fieras.
“Conmemorando el Bicentenario, cambiaron: 'Mi autoridad emana de vosotros y ella no cesa ante vuestra presencia soberana'". Esto lo afirmó, parafraseando al general José Artigas, el senador Pedro Bordaberry.
Esa fue la lectura que el líder colorado hizo a través de Twitter sobre la decisión del plenario del Frente Amplio (FA) de avanzar con el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad. En la misma línea y por el mismo medio, el nacionalista Jorge Larrañaga señaló: "Mi autoridad emana del Plenario del FA y ella cesa ante la presencia soberana de él".
Conceptos similares se repitieron en la consideración de las principales figuras de la oposición. Bordaberry consideró que el oficialismo "perdió totalmente la brújula", lo cual puede ser peligroso para la democracia. Señaló que el FA desoye la voluntad del presidente Mujica de no anular la ley y señaló que quien declara inconstitucional una ley es la Suprema Corte de Justicia, "no los partidos políticos".
Aseguró que "la República y el respeto al voto de los uruguayos" está en manos del diputado Víctor Semproni (E.609), quien anunció una postura contraria a votar el proyecto aunque ya fue contactado desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) y está dispuesto a rever su postura. "¿Aguantará la presión Semproni como la aguantó Saravia? ¿Qué hará Gonzalo Mujica?", se preguntó Bordaberry.
El líder colorado cuestionó que el país "termine de rehén de grupos minoritarios, con muy poco respaldo electoral, como el Partido Comunista (PCU), que imponen su voluntad sobre Mujica, (Danilo) Astori, (Tabaré) Vázquez, colorados y blancos". En su opinión, el manejo que se hizo desde el FA y desde el propio gobierno en torno a este asunto resulta "muy turbio".
Bordaberry anunció que el próximo jueves, cuando la iniciativa sea considerada en la Cámara Baja, sus diputados "defenderán la democracia y el voto de los uruguayos frente al atropello a la voluntad popular", llamando, además, a señalar "a aquellos que no creen en ello y desconocen" esa voluntad.
Larrañaga, por su parte, consideró que Mujica y el ex presidente Tabaré Vázquez "perdieron con algo que se llama Plenario, que resolvió modificar lo que los uruguayos decidieron en dos plebiscitos". En su opinión, el FA fragiliza la institucionalidad, que quedó supeditada a la decisión de la instancia interna del oficialismo. En ese sentido, dejó constancia de que el Plenario les impone su voluntad "a las personas más votadas del país: Vázquez y Mujica". Su correligionario Francisco Gallinal señaló que se abre un "camino al totalitarismo" al promover una ley "inconstitucional".
Desde el Partido Independiente, Pablo Mieres consideró "alarmante" el hecho de que el presidente "haya quedado desautorizado por su propio partido". Consideró inevitable que el FA pague "un alto costo político" por esta decisión. En la oposición se cuestionó, además, la voluntad de promover una consulta popular luego de la aprobación de la ley. Larrañaga precisó que "se consultará al pueblo si el gobierno puede desconocer dos plebiscitos"
Aseguró que la tercera consulta es "casi una iniciativa de un estudiante de Derecho". Se preguntó si el FA "no se enteró" de los dos pronunciamientos anteriores y lo relacionó con las apreciaciones del ex presidente. "Vázquez dijo que los derechos humanos no se plebiscitan. ¿En qué quedamos?", se preguntó.
La oposición volvió a reclamar, por otra parte, que el presidente Mujica ejerza sus potestades para frenar el proyecto interpretativo. Larrañaga precisó que "si la ley sale, Mujica debe vetarla para recomponer la defensa de la voluntad de la gente". Para Gallinal, deberá optar por ser "el presidente de todos los uruguayos o de algunos de los sectores del FA".
En ese sentido, el colorado Tabaré Viera dijo que Mujica está obligado a respetar la Constitución y la ley. "El presidente dijo estar convencido de que esta iniciativa no es buena. Debe vetarla", concluyó.
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| Molestia. Los senadores Pedro Bordaberry y Jorge Larrañaga hicieron sentir su disgusto a través de Twitter. |
Militantes y Familiares Reclaman lo que se Prometió.
Fuente: Ultimas Noticias
Aporte de Familiares y Su Profundo y Meditado Sentir.
En el último mes se ha desatado una enorme discusión en torno a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. La discusión sobre esa norma opaca la discusión sobre el gran tema de fondo, que es la impunidad. Es a esto a lo que nos queremos referir, porque entendemos que tal como se está discutiendo, el grave problema de la impunidad se unilateraliza, se caricaturiza, se banaliza y genera aún más confusión en la opinión pública. La ley de Caducidad es una de las fuentes de impunidad, pero no es la única.
Desde que detuvieron y desaparecieron a nuestros familiares, hemos tenido siempre la misma lógica y primigenia aspiración: saber que fue de ellos.
Durante la dictadura sólo se nos mintió y desinformó. Luego, ya en un Estado de Derecho, nuestras simples preguntas fueron ignoradas o recibieron evasivas y se pusieron obstáculos para no investigar. El Estado siguió incumpliendo con sus obligaciones, que no son obligaciones meramente morales o declaraciones de buenas intenciones: son obligaciones jurídicas, exigibles y ejecutables nacional e internacionalmente.
Estos obstáculos fueron múltiples y de diferente tipo: desde la indiferencia gubernamental, pasando por la negligencia burocrática hasta la aprobación por el Parlamento, con las mayorías de la época, de la inconstitucional Ley de Caducidad. No debe dejarse pasar por alto, que la ley de Caducidad contraría además a una Ley que la precede en pocos meses, votada por ese mismo Parlamento: la Ley de Amnistía (Nº 15.737) del 8/03/85 que dice “Artículo 5º.-Quedan excluidos de la amnistía los delitos cometidos por funcionarios policiales o militares, equiparados o asimilados, que fueran autores, coautores o cómplices de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes o de la detención de personas luego desaparecidas, y por quienes hubieren encubierto cualquiera de dichas conductas. Esta exclusión se extiende asimismo a todos los delitos cometidos aun por móviles políticos, por personas que hubieren actuado amparadas por el poder del Estado en cualquier forma o desde cargos de gobierno”. Dicha ley invoca e incorpora –además- a los instrumentos regionales e internacionales firmados y ratificados por nuestro país.
Todos los obstáculos fueron puestos en el marco de una campaña política que a veces atemorizaba a la población con un eventual golpe de Estado; a veces la embelesaba con la idea de de que se estaba llevando adelante un original “cambio en paz” o se la sermoneaba con la reiterada frase “no hay que tener los ojos en la nuca”.
Fue en ese período que el encubrimiento y la impunidad se hicieron política de Estado más allá de lo jurídico. Fue el período en que el Estado se puso de rodillas ante el poder militar. Nunca, durante esos gobiernos, se buscó la verdad, nunca se cambió nada de las FFAA. Se promovió a oficiales con responsabilidad en torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. No se realizó ningún cambio a la doctrina institucional ni en la educación de las Fuerzas para adecuarlos a las necesidades de un Estado Democrático de Derecho. No hubo críticas ni exigencias. Es más: todo se desarrolló en un entorno más cercano a la complicidad que con la necesidad de verdad y justicia de víctimas, familiares y de toda la sociedad uruguaya.
La ley de Caducidad es perversa, pero su aplicación, en esa época, fue aún peor.
Por otra parte, importa recordar que la forma represiva de la desaparición forzada contempla la impunidad desde su ejecución (además de los aparatos represivos habituales; grupos de oficiales actuando clandestinamente y en colaboración con paramilitares; seudónimos; vehículos con matrículas falsas; vuelos de aeronaves no declarados y centros clandestinos de tortura y detención, etc.). Los criminales ocultaban sus fechorías no sólo para que estas fueran más terroríficas, también para no asumir, ni en ese momento ni después, su responsabilidad. Ahora, terminada la represión, se escudan en la ignorancia y en ese ignominioso silencio que llaman “deber de lealtad entre camaradas”.
Uruguay, el Estado no propició ninguna comisión investigadora como en Argentina o en Chile, dos países hermanos y tan ligados a nosotros en este tema por el Plan Cóndor.
Los primeros gobiernos post dictadura apostaron a la dilución del problema, a nuestro cansancio, al olvido, al paso del tiempo, a la minimización del crimen. Los proclamados “grandes estadistas”, con su complicidad privaron a nuestra patria de la dignidad. Lo saben: es su peor mancha. Eso no lo pueden disimular aplicando, como ahora, las artes del camaleón.
Los primeros 20 años de retorno a la democracia, jamás el Estado –salvo el tardío esfuerzo de la Comisión para la Paz de recabar información- hizo algo profundo, exigente, en serio…Ese era y es su deber. No había antes ni hay ahora ley alguna que impida el cumplimiento de, al menos, su obligación de investigar e informar la verdad.
Así se asentó la impunidad, así se cristalizó el statu quo de permitir continuar con la desaparición de aquellas personas para las que no hay respuesta. Así el Estado sigue teniendo zonas de no-control sobre parte de sus funcionarios, que están al servicio del pueblo uruguayo y no de interés corporativo alguno. Así se le mintió al Presidente Vázquez; así se llevó a que grupos de ciudadanos deban investigar, excavar…para lograr pedacitos de verdad mientras los que realmente saben qué pasó, callan. Así, ahora, tiene que ser una sentencia internacional la que, para nuestro bochorno, le recuerde al país sus obligaciones incumplidas… Así se llega a esta situación compleja en la que aún no hemos podido comenzar calma, firme y consecuentemente el camino de restituir plenamente el derecho.
Por todo esto es que deseamos transmitir, como lo hacemos desde 1985, algunas de nuestras convicciones:
No hay camino a la verdad sin una investigación profunda. Ella requiere de una seria, confiable y correcta relación con la población. También requiere una enérgica y eficiente coordinación de diversos organismos estatales y no-estatales, nacionales y extranjeros. Requiere de un equipo articulador capacitado, dedicado y con iniciativa. Así, desde hace un año, lo estamos planteando a la Presidencia.
Requiere, como dice la sentencia de la Corte Interamericana, a propósito del caso planteado (pero que tiene validez para todos los casos similares), la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Requiere que se logre información procedente de dependencias militares y policiales, lo cual implica un cambio de actitud de los jerarcas políticos y de los mandos profesionales. Leamos bien y completamente la sentencia.
Nosotros nunca alentamos la venganza ni el irrespeto a las normas del derecho que rigen en nuestra sociedad y en el mundo. No son palabras, es nuestra trayectoria. Tratamos de llevar sinceramente, con sencillez y sin dobleces, nuestro pensamiento a nuestros compatriotas. Nunca hicimos caudal político, religioso, personal ni de ningún tipo de nuestra lucha con la cual –además de trabajar contra la desaparición forzada- pretendemos contribuir en la construcción de un país más respetuoso de los deberes y de los derechos de todas las personas y de la sociedad. No tenemos tapujos ni intenciones aviesas.
No nos engañemos, la grave y compleja situación en que hoy estamos es jurídica; es también política y afecta compromisos internacionales. Es todo eso, pero es más que eso, es un problema de decencia. Esto no se arregla “cortando el nudo”, tomando el atajo de soluciones en el papel, imponiendo olvidos ni levantando polvaredas para echar tierra a los ojos ciudadanos.
Desde el fondo de nuestros corazones creemos que hay que apelar a lo que tal vez muchos piensen que es un imposible: a generar un nuevo clima que ayude a lograr que la verdad se abra camino.
Empecemos a reconocer que estamos frente a un problema nacional. Es más que un problema del gobierno o del partido de gobierno. No partidicemos un problema de Estado, no se puede responsablemente seguir acumulando idas y venidas, malentendidos y entredichos.
¿A dónde se está llevando al país?: hay una norma que todos los poderes del Estado reconocen que es inconstitucional, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un vacío aberrante de investigación. ¿No se puede solucionar este problema?
Sabemos que la mayoría de los parlamentarios, fuera y dentro del partido de gobierno, honradamente quiere que el país salde esta deuda de una vez por todas. A algunos los conocemos desde la época del “voto verde”: Son los legisladores que, en este mismo período, votaron que la ley es inconstitucional.
El Parlamento, ¿qué va a hacer?, ¿van a seguir los unos, “balconeando” el empantanamiento de las soluciones propuestas y pegándose, de hecho, con el cogollo de políticos que desde siempre optaron por la impunidad de los terroristas de Estado?, ¿van a seguir los otros, empecinados en una propuesta con problemas evidentes? Sería trágico que quedaran ellos y nos dejaran a todos, aprisionados por estas circunstancias.
La sentencia de la Corte Interamericana obliga a todo el Estado -incluyendo al cuerpo electoral- a cumplir las obligaciones internacionales; como “hecho atribuible al Estado y generador, por tanto, de la responsabilidad internacional de aquél” pg 238. Nos obliga a todos nosotros. Esto lo tiene que comprender el sistema político y consecuentemente asumir su función más esencial: conducir al país de acuerdo a los principios democráticos y republicanos, a las normas nacionales e internacionales que nos rigen. Esperamos que se halle una solución. Es necesaria para resolver globalmente el problema de la impunidad.
Hay mucho para hacer:
*explicar claramente a los ciudadanos que están alejados del tema, que esto nos incumbe a todos.
despejar la enorme confusión y decepción que hoy afecta a muchos compatriotas.
*de una vez por todas, poner todos los recursos humanos y materiales por parte del Estado para investigar a fondo y en serio la situación de las personas detenidas-desaparecidas.
*trabajar con los actuales miembros de las FFAA; que comprendan que este caprichoso silencio que hoy mantienen no es parte de ningún combate: que es sólo maldad, lisa, pura, llana e innecesaria. Maldad para con los jóvenes que fueron secuestrados de niños y aún no saben quiénes son; para con la sociedad que habiendo sido víctima en múltiples formas durante la dictadura, aspira a mejores niveles de convivencia; para con nosotros. Los mandos de las FFAA pueden y deben contribuir a erradicar las viejas doctrinas de los tiempos de la guerra fría, para llevar a sus filas el aire de respeto y humanitarismo con sólidas raíces en los ejércitos artiguistas y propias de las nuevas concepciones democráticas de las fuerzas militares. Entonces, en ese nuevo clima, esta odiosa postura de silencio de hoy no sería de recibo.
Todo esto requiere una necesaria rectificación de la doctrina y la formación democrática de las instituciones armadas.
A veces, cuando la razón oscurece, el corazón ilumina.
Entonces, si todos trabajáramos en ese sentido, comenzaríamos a poner a nuestro país en el camino de la dignidad perdida, comenzaríamos a generar las condiciones para la reconciliación y coherencia institucional.
Entonces… tal vez comprenderíamos aquello tan viejo y tan actual de que “la verdad nos hace libres”.
Los invitamos el 20 de mayo a las 19 hrs. a marchar, en todo el país, bajo la consigna
Verdad y justicia: derechos de todos, responsabilidad del Estado.
Fuente: Blog de Madres y Familiares de Desaparecidos
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