Los Generales No Avisaron.
En el día de hoy el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, se refirió a la sanción disciplinaria aplicada a ocho generales que visitaron al militar retirado Tranquilino Machado, preso por un asesinato cometido durante la dictadura.
Rosales dijo que las sanciones no se fundamentan por el hecho de haber visitado a un militar que está preso. Explicó que se centra en que fue una actividad, previamente coordinada, realizada por un grupo de oficiales generales sin el conocimiento del mando superior y que produjo alteraciones en el cumplimiento del servicio, de acuerdo a lo que publica el portal de Presidencia.
En tanto, el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez (cumpliendo tareas como ministro interino) dijo que luego de que su cartera tomara conocimiento de lo sucedido se evaluó con el ministro Luis Rosadilla, con el comandante Rosales y con el presidente de la República, José Mujica, cuál era la sanción que ameritaba.
El jerarca dijo que se trata de un hecho que se debe evaluar desde el punto de vista "funcional y político" y agregó que finalmente se decidió aplicar a los ocho generales en cuestión la sanción de tres días de arresto simple, explica el mismo portal.
Fuente: El País Digital
Rosales dijo que la sanción fue aplicada por una reunión de oficiales generales que se realizó días atrás, y que no tuvo nada que ver con la visita al militar preso por la muerte del militante Ramón Peré en 1976.
Fuente: Canal 10
Apoyando a los Compañeros Asesinos.
Integrantes del Foro Libertad y Concordia expresaron que no realizarán ningún comentario sobre la decisión del mando de sancionar a los ocho generales con arresto simple.
No obstante subrayaron que la visita de los oficiales al coronel retirado Tranquilino Machado, procesado por el asesinato de Ramón Peré, fue vista "con amplia satisfacción, al ser un gesto de camaradería, que no tiene significación política".
Fuentes de la entidad dijeron a LA REPÚBLICA que "el gesto de camaradería tiene su máxima expresión cuando el camarada está en desgracia.
Por eso la actitud de los generales fue vista con beneplácito".
Consideraron "contradictorio" que el mando superior "que son el Presidente y el ministro de Defensa", den su aval a la sanción y luego aseguren que "se quiere liberar a los militares de la mochila del pasado y la mochila es cada vez más pesada".
El Foro Libertad y Concordia cobró notoriedad con la creación de un facebook y manifestaciones públicas sumamente críticas hacia la gestión del gobierno y le hicieron un escrache a un periodista que se destacó por investigar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Fuente: La República
La Interna Verde Intranquila.
No obstante subrayaron que la visita de los oficiales al coronel retirado Tranquilino Machado, procesado por el asesinato de Ramón Peré, fue vista "con amplia satisfacción, al ser un gesto de camaradería, que no tiene significación política".
Fuentes de la entidad dijeron a LA REPÚBLICA que "el gesto de camaradería tiene su máxima expresión cuando el camarada está en desgracia.
Por eso la actitud de los generales fue vista con beneplácito".
Consideraron "contradictorio" que el mando superior "que son el Presidente y el ministro de Defensa", den su aval a la sanción y luego aseguren que "se quiere liberar a los militares de la mochila del pasado y la mochila es cada vez más pesada".
El Foro Libertad y Concordia cobró notoriedad con la creación de un facebook y manifestaciones públicas sumamente críticas hacia la gestión del gobierno y le hicieron un escrache a un periodista que se destacó por investigar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Fuente: La República
La Interna Verde Intranquila.
A pedido del comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rosales, el presidente José Mujica resolvió sancionar con tres días de arresto simple a los ocho generales que visitaron el viernes en la Guardia de Coraceros al coronel retirado Tranquilino Machado, procesado por el asesinato del militante comunista Ramón Peré en 1973. La actitud de estos generales se suma a un intento de resistencia al arresto del general relevado Luis Pérez, y configura un cuadro que preocupa a las autoridades del Ministerio de Defensa.
El viernes, la mitad de los generales en actividad acudieron al lugar de reclusión de Machado y recién avisaron a Rosales cuando estaban en la puerta de la Guardia. Las autoridades ministeriales se enteraron del hecho a través de la llamada telefónica de un medio de prensa.
Desde el gobierno se había informado que el tema se analizaría en una reunión del gabinete de seguridad, pero la evaluación se adelantó y ayer por la mañana hubo una reunión en la casa del ministro de Defensa, Luis Rosadilla, que se encuentra con problemas de salud, donde los jerarcas de la cartera analizaron el tema. Por un lado se descartó el relevo de los generales, porque ésta sería una medida que generaría un alto grado de confrontación en un contexto ya de por sí complicado, dado que implicaría relevar a la mitad del generalato en actividad. Por otra parte, se consideró que ameritaba una sanción, en primer término por la "forma" en que se realizó la visita. Si bien la actitud de los generales no implicó la violación de alguna norma escrita en particular, sí se violaron "normas de la práctica". "En la verticalidad de mando va de suyo que tenés que comunicar hechos como éstos", señaló una fuente del ministerio.
A esto se suma una "actitud corporativa" de los generales, ya que no se trató de una visita aislada sino coordinada. El coronel retirado José Carlos Araújo, integrante del Foro Concordia y Libertad, dijo a Montevideo Portal que la del gobierno es "una sanción leve para quedar bien con dios y con el diablo".
Lo sucedido el viernes no es un hecho aislado. Un grupo importante de generales en actividad ha expresado en diversas instancias su discrepancia con la forma de conducción de Rosales, porque entienden que es "demasiado tibio" o que no defiende en forma adecuada los intereses de la institución. En el caso del relevo del general de la División Ejército 1 (la más importante del país), Luis Pérez, el general relevado y Rosales discutieron especialmente por el tema Ley de Caducidad, y por la forma de conducirse de Rosales en general. El comandante en Jefe solicitó la destitución de Pérez.
Según informaron a la diaria fuentes del Ministerio de Defensa y del Ejército, cuando Rosales comunicó a Pérez su voluntad de relevarlo, hubo un intento de resistencia por parte de Pérez y algunos militares de su entorno, y eso motivó su posterior arresto. Consultado al respecto por la diaria, el ministro Luis Rosadilla aseguró desconocer el hecho.
Los jerarcas del ministerio son conscientes de las tensiones en la interna militar y evalúan constantemente la distribución de fuerzas. Por este motivo, entre otros, cuando Rosales deje su cargo este año, lo más probable es que asuma en su lugar un militar de confianza del gobierno, Daniel Castellá, actual jefe de la División Ejército 1 y hermano del subsecretario fallecido, Gabriel Castellá.
El evangelio según Langón
En este contexto, el abogado de Machado, Miguel Langón, presentó ayer la apelación a la sentencia del juez Ruben Saravia. Según explicó Langón a la diaria, se reiteraron los argumentos de que Machado actuó “bajo órdenes” y que hubo “un enfrentamiento
armado”. Alegó que su defendido tiene varios testimonios a su favor y que la otra parte tiene sólo las declaraciones de “un testigo único” y la trayectoria de la bala, y sostuvo que “cuando las versiones son contradictorias se anulan mutuamente”. Langón afirmó que “no se trata de un homicidio cualquiera”, sino que es “eventualmente exceso del uso de la fuerza por parte del oficial”. El catedrático de derecho penal consideró además que el argumento de que Machado actuó con “brutal ferocidad es un error técnico del juez” y que “el argumento de que Machado es peligroso es circunstancial”,
ya que el coronel retirado “se recibió después de abogado por la Universidad de la República” y esto muestra que “no representa un peligro” para la sociedad.
Respecto a la decisión del gobierno de sancionar a los generales que visitaron a Machado, evaluó que “visitar a los presos no es falta administrativa en ninguna parte del mundo”. Recordó que Mujica visitó al militar en actividad procesado Miguel Dalmao y acotó que es “una de las obras de caridad que está en el evangelio”.
armado”. Alegó que su defendido tiene varios testimonios a su favor y que la otra parte tiene sólo las declaraciones de “un testigo único” y la trayectoria de la bala, y sostuvo que “cuando las versiones son contradictorias se anulan mutuamente”. Langón afirmó que “no se trata de un homicidio cualquiera”, sino que es “eventualmente exceso del uso de la fuerza por parte del oficial”. El catedrático de derecho penal consideró además que el argumento de que Machado actuó con “brutal ferocidad es un error técnico del juez” y que “el argumento de que Machado es peligroso es circunstancial”,
ya que el coronel retirado “se recibió después de abogado por la Universidad de la República” y esto muestra que “no representa un peligro” para la sociedad.
Respecto a la decisión del gobierno de sancionar a los generales que visitaron a Machado, evaluó que “visitar a los presos no es falta administrativa en ninguna parte del mundo”. Recordó que Mujica visitó al militar en actividad procesado Miguel Dalmao y acotó que es “una de las obras de caridad que está en el evangelio”.
Fuente: La Diaria
Caso a Caso, Paso a Paso.
El Poder Ejecutivo se inclina por la revocación de los actos administrativos de los gobiernos de los partidos tradicionales, sobre el archivo de las investigaciones en casos de detenidos desaparecidos, siempre y cuando sus familiares así lo soliciten ante el gobierno.
El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, explicó que el gobierno continúa estudiando los informes de los servicios jurídicos para poder determinar la decisión a adoptar en el caso de la revocación de los actos administrativos de los dos gobiernos de Julio María Sanguinetti y de los de Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle.
En todos los casos las decisiones de los gobiernos anteriores se ampararon en el artículo 4º de la Ley de Caducidad, el cual otorga al Presidente de la República la potestad de determinar si el caso está comprendido en la norma. En todos los casos la Justicia decidió el archivo.
Breccia señaló que los gobiernos anteriores incluyeron en la Caducidad muchos hechos de homicidios, desapariciones y violaciones a los derechos humanos durante el período de facto y lo comunicaron a la Justicia a través de diversos mecanismos, tales como respuestas de oficio y resoluciones presidenciales. En ese marco, el gobierno de José Mujica estudia si es conveniente por los distintos casos que existen (mensajes, respuestas de oficio, decretos) si procede a solicitar la revocación de esos actos administrativos en forma masiva o a través de varios decretos particulares.
Aclaró que si se lo hace a través de un único decreto para los 88 casos, ello podría eventualmente desencadenar un recurso de la contraparte, lo que haría caer los demás decretos, por lo cual las resoluciones particulares pueden ser de recibo.
Otro de los aspectos que estudia el gobierno es si efectivamente todos los familiares de detenidos desaparecidos están dispuestos a proceder a la apertura de las investigaciones sobre sus familiares, motivo por el cual el Ejecutivo uruguayo también se inclina por solicitar el desarchivo de las causas cuando los involucrados así lo soliciten.
Fuentes gubernamentales comentaron a LA REPÚBLICA que los familiares también tienen "derecho a la privacidad" cuando consideran que "han procesado su duelo", por ello el gobierno tiene que actuar con extremo cuidado.
Hasta el momento, el último caso sobre el cual el gobierno solicitó el desarchivo es por la muerte del militante comunista Álvaro Balbi. Mujica autorizó a proseguir con la causa el jueves 12 de mayo.
Por otro lado, el Ejecutivo estudia el planteo que realizaron tiempo atrás los familiares de detenidos desaparecidos, de reformular la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.
Fuente: La República
El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, explicó que el gobierno continúa estudiando los informes de los servicios jurídicos para poder determinar la decisión a adoptar en el caso de la revocación de los actos administrativos de los dos gobiernos de Julio María Sanguinetti y de los de Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle.
En todos los casos las decisiones de los gobiernos anteriores se ampararon en el artículo 4º de la Ley de Caducidad, el cual otorga al Presidente de la República la potestad de determinar si el caso está comprendido en la norma. En todos los casos la Justicia decidió el archivo.
Breccia señaló que los gobiernos anteriores incluyeron en la Caducidad muchos hechos de homicidios, desapariciones y violaciones a los derechos humanos durante el período de facto y lo comunicaron a la Justicia a través de diversos mecanismos, tales como respuestas de oficio y resoluciones presidenciales. En ese marco, el gobierno de José Mujica estudia si es conveniente por los distintos casos que existen (mensajes, respuestas de oficio, decretos) si procede a solicitar la revocación de esos actos administrativos en forma masiva o a través de varios decretos particulares.
Aclaró que si se lo hace a través de un único decreto para los 88 casos, ello podría eventualmente desencadenar un recurso de la contraparte, lo que haría caer los demás decretos, por lo cual las resoluciones particulares pueden ser de recibo.
Otro de los aspectos que estudia el gobierno es si efectivamente todos los familiares de detenidos desaparecidos están dispuestos a proceder a la apertura de las investigaciones sobre sus familiares, motivo por el cual el Ejecutivo uruguayo también se inclina por solicitar el desarchivo de las causas cuando los involucrados así lo soliciten.
Fuentes gubernamentales comentaron a LA REPÚBLICA que los familiares también tienen "derecho a la privacidad" cuando consideran que "han procesado su duelo", por ello el gobierno tiene que actuar con extremo cuidado.
Hasta el momento, el último caso sobre el cual el gobierno solicitó el desarchivo es por la muerte del militante comunista Álvaro Balbi. Mujica autorizó a proseguir con la causa el jueves 12 de mayo.
Por otro lado, el Ejecutivo estudia el planteo que realizaron tiempo atrás los familiares de detenidos desaparecidos, de reformular la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.
Fuente: La República
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