Nunca los terratenientes se enriquecieron tanto: más de 31 mil millones de dólares entre 2003 y 2010 (cuando el PIB del Uruguay de este último año fue de 35 mil millones).
El conjunto de sectores de la economía paga impuestos por entre un 25 y un 30% de su PBI, y el agropecuario el 7%.
Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU).
Cambiando la convulsionada agenda centrada en los Derechos Humanos, el Presidente abordó los impuestos al agro, lo cual es positivo. Pero es preciso no debatir aisladamente un tributo sino en el contexto de la producción agropecuaria, y analizar los mitos que la rodean.
UNO.
A pesar de lo mucho que se afirma, es discutible considerar al agro como el “alma económica” del Uruguay, es discutible.
La producción agropecuaria representa bastante menos del 10% de la producción total de bienes y servicios del país.
Pero se impone aclarar que representa un porcentaje muy importante de las exportaciones.
O sea, representa un factor relevante en la capacidad del país para importar infinidad de productos.
Esto se debe, en lo esencial, a que como nación no se logra desarrollar un sector industrial de magnitud, que evite lo anterior. Entre otros elementos, si algo caracteriza el desarrollo, es precisamente la capacidad de un país de depender cada vez menos de sus producciones de materia prima.
En este sentido se puede afirmar que en estos últimos años, el país agravó su situación; pues esta dependencia aumentó.
DOS.
Se reitera permanentemente, tal como afirmó entre muchos otros el presidente de la República hace pocos días, que el sector experimenta un “crecimiento explosivo”.
Esto no es cierto ni en relación a la economía en general [1], ni en relación al propio sector, si se considera que en 2001 el país vivió la epidemia de aftosa y es previo al aumento de la soja.
Si no se consideran las tendencias de largo plazo de la economía, no se comprende su funcionamiento ni se pueden elaborar políticas públicas adecuadas para el desarrollo productivo del país.
Y, sinceramente, nos llama la atención que nadie se haya detenido a reflexionar sobre este relativo estancamiento de la producción [2].
Primero: los datos del Banco Central de 1997 a 2010 ilustran el mínimo crecimiento, ya que el PIB agropecuario crece apenas un promedio anual de 1.4 por ciento.
En esos 13 años, este PIB crece algo más del 18% por ciento cuando, en comparación, el PIB total del Uruguay crece un 37%, por ciento o sea, un 2.8% por ciento anual; más del doble que el agropecuario.
Segundo, retrocediendo en el tiempo, en el período 1991–1996 se observa un notorio crecimiento: 35 por ciento en cinco años o, lo que es lo mismo, una tasa de 6.5% por ciento anual.
Por último, en el tramo anterior: 1983–1990 nuevamente se tiene estancamiento agropecuario; el crecimiento es insignificante.
En definitiva, pese a los evidentes cambios cualitativos, es posible resumir la evolución productiva del campo uruguayo durante los últimos 28 años separando tres períodos claramente diferenciados:
Estricto estancamiento en los siete años de 1983 a 1990.
Notorio crecimiento (y destacable en la historia del país) de 6.5 por ciento anual de 1991 a 1996
Un estancamiento “relativo” los 13 años siguientes, de 1997 hasta la actualidad, con un crecimiento algo superior al 1 por ciento anual.
No hay, ni en el corto, ni en el largo plazo, nada que justifique hablar de un “crecimiento explosivo”.
TRES.
Las causas de esta evolución son sin duda complejas, pero importa recordar que en 1996 se eliminó el último vestigio del Impuesto a la Producción Mínima Exigible (IMPROME): el IMAGRO.
Parecería, entonces, que disminuir en gran medida la tributación sobre la tierra no conduce a aumentar la producción.
Y esto es evidente también para el actual período. Seguramente es difícil encontrar en la historia del país un período de tiempo tan favorable para el sector en términos de renta de la tierra y ganancias para los propietarios y/o productores.
Nunca antes tantas empresas extranjeras se volcaron a comprar tierra y activos industriales vinculados al sector (frigoríficos, molinos arroceros, etc.).
Y, como contrapartida, seguramente será difícil encontrar un período en que el sector haya pagado tan pocos impuestos en proporción a su producción y sus ganancias.
Resumiendo: muy altos precios por impulso externo; grandes ganancias; precios insólitamente elevados de la tierra; escasos impuestos y, sin embargo... una producción prácticamente estancada.
Debe agregarse: un serio deterioro del ecosistema de la mano de un masivo recurso a la agricultura continua en los mejores campos del país, agravado por la incorporación de excelentes praderas naturales (ecosistema muy difícil o imposible de recuperar) para producir soja o troncos.
La propiedad y explotación de la tierra se ha extranjerizado y concentrado, con una “derrama” que, en lo esencial, se da para beneficio de unos pocos individuos y empresas, extranjeros y nacionales.
CUATRO.
El racconto anterior de la realidad agropecuaria avala una conclusión también desde un punto de vista más teórico.
En primer lugar, un campo “próspero”[3] y con precios elevados de la tierra no es sinónimo de mayor producción. Y tampoco es sinónimo de mayor cuidado del recurso.
En segundo lugar: ¿qué puede afirmarse del efecto que generan los impuestos?
Casi treinta años muestran que no es posible argumentar que para que haya elevada producción los impuestos deben ser mínimos.
El vicepresidente Astori afirma lo contrario; que sólo con bajos impuestos y alto precio de la tierra hay prosperidad en el agro[4]. Su exposición es muy clara; pero “la evidencia disponible” (como él mismo señala) de 28 años, lo desmiente.
Conceptualmente, lo correcto es señalar [5] la importancia de la renta de la tierra y de las rentas de monopolio en general como factores retardatarios del desarrollo capitalista en cuanto sean apropiadas por un reducido sector de la sociedad.
Y esto refiere directamente al actual debate.
CINCO.
Propuestas, el gobierno maneja varias; pero si bien al inicio se señala la justeza de plantear el tema y apuntar a objetivos necesarios como atacar la concentración de la tierra, lo difundido no representa avances significativos en la materia.
Sea porque la cifra de los posibles 60 millones de dólares a recaudar, según la Presidencia, es apenas algo menos de un 2 por ciento PIB agropecuario de 2010 y afecta mínimamente las enormes ganancias del agro.
Sea porque se habla de un “aporte” (ya se llega a tal nivel que hasta la palabra “impuesto” se vuelve políticamente incorrecta).
Sea porque se desconoce incluso quiénes deberían gravarse (dado el insólito atraso en el Censo Agropecuario).
El fondo del abordaje debiera contemplar que no hay un impuesto mágico que todo lo puede; debe ser un sistema impositivo que aporte a un objetivo común, cuyas prioridades deben adoptarse colectivamente en un plan nacional de desarrollo, hoy inexistente, que apunte hacia nuevos equilibrios económicos y sociales donde los sectores populares deben fortalecerse.
Habrá que debatir este sistema tributario que incluya una tendencia a la redistribución de los activos básicos en el largo plazo, que resguarde decisiones centrales sobre los bienes comunes para ámbitos fuera de los mercantiles (públicos, nacionales, estatales, cooperativos, etcétera).
Ese sería un paso central para redistribuir poder en la sociedad.
Lo inicial y por elemental justicia: llevar la tributación global del sector al mismo nivel que la nacional[6], y que pague el impuesto de Primaria.
Los instrumentos impositivos a debatir pudieran ser varios y complementarios: impuestos al patrimonio; a las ganancias y/o rentas derivadas de la tierra; detracciones (que regulen ganancias extraordinarias, el consumo interno, y sancionen el bajo valor agregado); un impuesto a la producción mínima exigible que castigue las conductas rentistas; otros específicos para defender el suelo, el agua e impedir la contaminación ambiental, y normas para regular la extranjerización y defender la soberanía nacional.
[1] “Entre 2001 y 2009 la tasa de crecimiento del agro fue de 4.1por ciento, levemente superior a la tasa de 4.0 por ciento del conjunto de la economía”. C. Paolino, Dr. de OPyPA, Anuario 2010, Pág. 9.
[2] Registramos una excepción: un reciente artículo publicado por el Ing. Agr. Joaquín Secco.
[3] Entrecomillado, pues importa ¿para quién?
[4] En el 40º aniversario de OPYPA, afirmó: “Hay toda una polémica en la que nos hemos anotado siempre: impuesto a la tierra vs. Impuesto a la renta real (…) Incluso desde los primeros tiempos de la OPYPA, levantamos la propuesta del impuesto a la productividad mínima exigible (…) que no es otra cosa que un impuesto a la tierra. Y hoy nos damos cuenta, a partir de la evidencia disponible, que ese impuesto y los impuestos a la tierra tienden a deprimir el precio del recurso. Y no hay prosperidad en el agro con precios bajos de la tierra, y esa es otra evidencia que tenemos que extraer”. http://www.vet.uy.com/noticias(2005/feb_05/ext_not/not034.htm
[5] Como lo hizo la economía política clásica y, por ejemplo, actualizó y aplicó al Uruguay el fallecido Ing. Agr. Ricardo Caysialls.
[6] De algo más de 200 millones de dólares anuales pasaría a entre 800 y 900 (25 a 30 por ciento de su PBI).
Publicado en Brecha, el viernes 2 de julio de 2011.
Aratirí es Negativo.
Entrevista Completa: El Espectador
Más Transgénicos al Uruguay.
Ahora son Ocho.
Cinco nuevos eventos de maíz genéticamente modificado acaban de ser aprobados para cultivo y producción comercial en Uruguay, donde se detectó hace ya dos años la contaminación transgénica en variedades de maíz convencional. Algunas organizaciones sociales nacionales alertan sobre los inefectivos procesos de consulta pública aplicados para las nuevas autorizaciones y denuncian la falta de información.
En Uruguay ya estaban liberados los maíces transgénicos MON 810 (2003) y BT11 (2004), de la empresa estadounidense Monsanto y la suiza Syngenta respectivamente, resistentes a ataques de insectos plaga. También ya estaba aprobada la soja RR (1999), también de Monsanto y resistente al herbicida glifosato.
Las variedades aprobadas ahora son: el GA21 y el NK603 (las dos de Monsanto y resistentes al glifosato), el híbrido surgido del BT11 y el GA21 y el creado a partir de la cruza entre el MON810 y el NK603 (los dos resistentes a ciertos insectos lepidópteros y con tolerancia al glifosato), y el TC1507 (conocido comercialmente como Herculex, de las empresas estadounidenses Dow AgroSciences y Pioneer, resistente a ciertos insectos lepidópteros y con tolerancia al herbicida glufosinato de amonio).
Los nuevos eventos son los primeros aprobados en Uruguay luego de siete años y de que rigiera en el país una moratoria de 18 meses a la aprobación de nuevos transgénicos, que se levantó a mediados de 2008. “Lo nuevo es que ahora vamos a tener maíces tolerantes a herbicidas”, dijo a Radio Mundo Real el investigador Pablo Galeano, que trabaja en la Facultad de Química de la Universidad de la República de Uruguay y en REDES – Amigos de la Tierra de ese país. Galeano es licenciado en Bioquímica y fue uno de los responsables del estudio científico que hace dos años detectó contaminación transgénica en predios de maíz no modificado genéticamente.
Uno de los puntos más preocupantes para REDES – AT Uruguay es lo que tiene que ver con los procesos de consulta pública realizados para aprobar los nuevos transgénicos. Galeano explicó que antes esos procesos eran abiertos y en reuniones cara a cara. “En este caso todo fue hecho por internet, con poca difusión de las instancias de consulta, y lo más grave es que fue con mucha restricción con respecto a la información que se brinda en la página web del Ministerio de Ganadería”, se lamentó el científico.
De hecho, varios técnicos encargados de evaluar el comportamiento de los cinco nuevos organismos genéticamente modificados alertaron en una primera instancia que se les dio muy poco tiempo para hacer su trabajo.
Autorizaciones con información parcial y escasa
La aprobación de transgénicos en Uruguay pasa por una instancia política que es el Gabinete Nacional de Bioseguridad, en el que están representados los ministerios de Salud Pública, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Ganadería, Economía e Industria. Los que firman las autorizaciones finalmente son los ministros correspondientes.
Ese Gabinete se guía por el trabajo de la Comisión para la Gestión de Riesgo, dirigida por el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Enzo Benech. A su vez, esta instancia delega el trabajo de evaluación a la Evaluación de Riesgo en Bioseguridad, que a su vez consulta a un comité de articulación institucional, en el que están: el INIA, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Facultad de Agronomía, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), el Ministerio de Ganadería, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Instituto Pasteur y el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Los representantes de estas instituciones se unen en grupos de trabajo. “Lo que hacen es leer los dossiers que mandan las empresas y en base a eso, si tienen dudas, piden una ampliación de información a esas empresas y consultan alguna bibliografía más”, explicó Galeano. “No es que esa instancia haga ningún estudio. Lo que hacen es leer los resultados de los estudios que básicamente presentan las empresas”, agregó.
El investigador de la Universidad de la República y de REDES - AT denunció que en el proceso de aprobación de los cinco nuevos maíces transgénicos los representantes del MSP que leyeron los dossiers de evaluaciones toxicológicas presentados por las empresas, consideraron que la información era insuficiente. Pero la Comisión para la Gestión de Riesgo evaluó el informe del MSP como preliminar y decidió basarse en autorizaciones hechas en otros países para decir que no había un riesgo toxicológico. “REDES hizo varios señalamientos”, e inclusive argumentó que algunos países evaluaron que sí había riesgos toxicológicos con los mismos transgénicos, “pero eso no fue tenido en cuenta”, se lamentó Galeano. “Esto es bastante grave o por lo menos de cuidado, porque refleja que hay una política de que se quiere ir para adelante con la aprobación de nuevos eventos más allá de que hayan ciertas incertidumbres con respecto a los posibles efectos en la salud de la población en el largo plazo”, enfatizó.
El investigador contó que la semana pasada hubo una reunión entre representantes de la Comisión para la Gestión de Riesgo y de las organizaciones que mandaron comentarios en las consultas públicas, que solo fueron la oficina uruguaya de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL) y REDES – AT. Esa escasa participación “habla bastante mal de la consulta pública”, consideró Galeano. Relató que los integrantes de la Comisión plantearon que es muy costoso económicamente a nivel local hacer los estudios de evaluación de nuevos eventos transgénicos, razón por la que no se hacen nuevas investigaciones y sólo se guían por la información de las empresas. Ante ese panorama “planteamos que esta tecnología no es apropiada, no se puede liberar”, señaló Galeano. “Lamentablemente no logramos que para las consultas públicas se cambie de mecanismo ni que se brinde más información que la que se da actualmente, que es muy poca”, agregó.
Contaminación creciente
Una investigación realizada por las facultades de Agronomía, Química y Ciencias de la Universidad de la República, solicitada por REDES – AT, certificó en octubre de 2009 la contaminación transgénica en el país en cultivos de maíz no modificado genéticamente. El estudio de las facultades se llamó “Interpolinización entre cultivos de maíz transgénico y no transgénico comerciales en Uruguay”. Galeano fue uno de los investigadores que condujo el trabajo, que encontró contaminación transgénica en tres de los cinco casos estudiados, con muestras de maizales de varios campos del país. Ahora se está ampliando ese estudio en un proceso que inició este año y llevará dos en total.
Radio Mundo Real preguntó a Galeano sobre los riesgos de contaminación transgénica con las nuevas variedades aprobadas. “En el mediano plazo esta contaminación transgénica va a llegar a los maíces criollos o a los maíces mantenidos por los productores”, empezó diciendo. “Como estos productores no venden todo lo que cosechan, porque una parte la guardan como semilla, van a empezar a reproducir esa semilla (contaminada) y vamos a empezar a tener de a poco una acumulación de presencia de transgenes en esos maíces”, agregó.
Además, se acaba de levantar en Uruguay la reglamentación que obligaba a que los predios con transgénicos estuvieran a por lo menos 250 metros de los predios con cultivos convencionales. La Comisión para la Gestión de Riesgo argumentó que la reglamentación anterior era muy difícil de aplicar, al igual que el control de su cumplimiento. Aquellos productores que quieran resguardar su producción convencional deberán avisarle a la Comisión, que visitará a los agricultores pero aún no definió un mecanismo para contemplar su preocupación. “Es como asumir que van a fluir los transgenes y aquel que no quiera que avise”, resumió Galeano.
Fuente: Radio Mundo Real
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