EX JUEZ ÁLVAREZ PETRAGLIA PROPONE MODIFICAR EL CÓDIGO PENAL
Fueron asesinados en la tortura antes y durante la dictadura. Sus muertes se ocultaron en falsos certificados de defunción o con mentiras oficiales. Los casos se ampararon luego en la ley de caducidad. Ahora, la verdad y la justicia luchan contra la prescripción. La fiscal Tellechea y la jueza Mota aceleran las indagatorias y comienzan a citar a testigos e indagados cuando faltan 73 días para que venza el plazo. El Estado uruguayo no termina de acatar la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
El Poder Judicial uruguayo vuelve a acelerar sus investigaciones sobre 19 casos de muertes por tortura (ver nota adjunta) que fueron excluidos de la Ley de Caducidad y en las próximas semanas comenzará a convocar a decenas de testigos e indagados, cuando sólo faltan 73 días para la eventual prescripción de las causas de violaciones a los derechos humanos sin que el Estado uruguayo tome medidas que lo eviten.
La carrera contra las posibles prescripciones se disputa en el Juzgado Penal de 7º turno, donde la jueza Mariana Mota y la fiscal Ana María Tellechea estudian la abundante información y testimonios que rodean la causa conocida como “Organizaciones de Derechos Humanos denuncian” en la que se incluyeron 19 casos de muertes por tortura que surgieron de la inicial indagatoria de la Causa contra Juan María Bordaberry.
La hipótesis sobre la prescripción de los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura había sido advertida un año atrás por la fiscal Mirtha Guianze durante su testimonio en el Caso Gelman ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien finalmente condenó al Estado uruguayo a indagar sobre la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman y dejar sin efectos la Ley de Caducidad.
El presidente José Mujica, revocó los actos administrativos por los que sus predecesores en el Poder Ejecutivo ampararon desde 1986 todas las denuncias judiciales contra la dictadura, pero ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo han adoptado aún medidas para evitar que el próximo 1º de noviembre prescriban las causas a cumplirse el plazo de 28 años y siete meses contabilizado desde la asunción del primer gobierno electo.
En el Parlamento, el tema derechos humanos ha sido sacado de la agenda legislativa luego del fracaso del oficialismo en su intento de anular la Ley de Caducidad y, por su parte, la Suprema Corte de Justicia ha rechazado en dos ocasiones la tipificación de crimen de lesa humanidad (imprescriptible) en casos de desaparición forzada y pese a un fallo contrario de un tribunal de apelaciones no promete cambiar de posición.
Paradójicamente, el gobierno habría decidido solicitar información oficial a Estados Unidos, a través de la desclasificación de documentos secretos que puedan dar luz en los casos de desaparecidos, cuando todavía no se ha permitido al equipo de investigadores acceder a la documentación del Ministerio de Defensa Nacional. Sólo se abrieron 400 mil carpetas existentes en el Hospital Militar, trascendió.
Modificar el Código Penal
En los últimos días ha trascendido una propuesta del ex juez Federico Álvarez Petraglia quien considera que las prescripciones pueden interrumpirse a través de denuncias de oficio por parte de las víctimas de tortura, de los familiares de desaparecidos o de organizaciones no gubernamentales, a través de un agregado al artículo 120 del Código Penal que no podría ser tachada de inconstitucional. Sólo se necesita voluntad política.
Álvarez Petraglia propone agregar un inciso 2° al artículo 120 del Código Penal con la siguiente redacción (en negrita lo que se agrega): “(De la interrupción de la prescripción por actos de procedimiento) El término de la acción penal se interrumpe por la orden judicial de arresto, empezando a correr de nuevo, desde que el proceso se paraliza. En los delitos perseguibles de oficio, la prescripción también se interrumpe por denuncia judicial de los hechos presentada por la víctima de los mismos, por sus familiares en situaciones de ausencia, por cualquier organismo de Defensa de los Derechos Humanos con personería reconocida, por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura e Intendencias Municipales de todo el país, o por el Ministerio Público. En los delitos que no procede el arresto, el término se interrumpe por la simple interposición de la denuncia”.
“La razón para recurrir a esta modalidad es tratar de evitar la tacha de inconstitucionalidad de la ley por ser retroactiva en sus efectos directos, ya que en lo que propongo lo que interrumpe la prescripción no es la norma sino un acto procesal posterior, que además se puede dar o no, independientemente de la voluntad del legislador, descartando con ello cualquier tipo de reproche hacia la ley, endilgándole efecto retroactivo”, explica el ex juez
“Esta modificación introduce una nueva forma de interrumpir la prescripción de delitos, pero en nada modifica o altera la discusión de si los delitos son de lesa humanidad o no, sólo zanja un peligro eventual de que la postura de la corte se mantenga y todo prescriba en noviembre. Es decir, que lo que se introduce no será en el futuro impedimento para que la jurisprudencia varíe su actual postura y considere todos los injustos cometidos como de lesa humanidad e imprescriptibles”, agrega.
“En definitiva, la solución que se propugna intenta dar una herramienta eficaz para cumplir con el objetivo (al menos en parte, porque abarcaría solamente aquellos delitos cuya prescripción aún no se ha consumido), que no sea fácilmente atacable por su inconstitucionalidad, y que tampoco ingrese al fondo del asunto dejando tiempo y espacio mientras se sigue juzgando para que la justicia cambié de parecer sobre estos temas”, concluye el jurista.
Los 19 homicidios
NICANOR ALDABALDE, minuano, tenía 66 años. Era corredor del BSE y cajero en un Molino. Casado, cuatro hijos. Votaba PDC. Una vez fue a su casa Juan Pablo Terra. Lo detuvieron el 1º de febrero de 1976 en su domicilio. Lo torturaron en la División de Ejército IV. No le dieron su medicina. Lo liberaron y a los pocos días su principal cliente canceló la renovación del seguro. Por su delicada condición física y stress lo llevaron a su casa en Playa Hermosa, donde murió un mes después de ser torturado.
GERARDO ALTER era argentino. Tenía 27 años. Militaban en el ERP y en julio de 1973 viajo a Montevideo. WALTER ARTECHE, nació en Rocha. Tenía 28 años. Integraba el MLN-Tupamaros. Ambos fueron detenidos el 11 de agosto del 73 y llevados al Batallón Florida, donde mueren en la tortura con pocas horas de diferencia. La versión oficial dijo que Alter murió de “Edema Agudo Pulmonar” y que Arteche intentó fugar y fue baleado.
CARLOS ARGENTA, de 63 años era de Montevideo. Dirigente del SUANP y militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Lo detuvo la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) el 9 de diciembre de 1975 y lo llevaron al Batallón de Infantería 3 de Camino Maldonado en el marco de la Operación Morgan. Su esposa Matilde Labraga fue obligada a presenciar su tortura hasta que muere una semana después. También torturada, cuando la liberaron ella se suicidó.
GILBERTO COGHLAN había nacido en Fray Bentos. De 36 años, casado y con dos hijos. Obrero ferroviario y sindicalista pertenecía al OPR-33. Lo detuvieron el 31 de julio de 1973 en una asamblea sindical. Fue llevado a distintos centros de tortura, hasta derivar al Regimiento de Caballería Nº 4. Iban a trasladarlo al Penal de Libertad el 13 de diciembre, pero se “sintió mal”. Muere al día siguiente en el Hospital Militar por falta de asistencia médica.
CARLOS CURUCHAGA, era de Rocha, pero vivía en Mercedes. Tenía 63 años y estaba casado. Militaba en el PCU y fue candidato del Fidel en 1966. Estaba convaleciente de una hemiplejía, cuando lo detuvieron el 10 de julio de 1975 y lo llevaron a la DNII en Maldonado y Paraguay. Lo “interrogaron” durante 8 días. Antes de pasarlo al juez militar lo internan en el Hospital de Clínicas donde muere el 26 de setiembre por un supuesto “tumor maligno en el cerebro”.
OSCAR FERNANDEZ MENDIETA tenía 26 años y militaba en el Partido Comunista Revolucionario (PCR). Su homicidio no figura en las listas de víctimas del terrorismo de Estado porque fue muerto el 24 de mayo de 1973 (un mes antes del golpe dictatorial). Ese día lo detuvieron en una chacra y lo llevaron al Regimiento de Caballería Nº 2 de Durazno. Tres jóvenes alféreces (dos recién egresados de la Escuela de las Américas en Panamá) lo torturaron y mataron, según el testimonio de subalterno.
IVO FERNÁNDEZ NIEVES tenía 42 años. Trabajaba como changador en el puerto de Paysandú y militaba en el SUNTMA. Afiliado al PCU figuró en una lista de la 2001 en las elecciones de 1971. Detenido el 18 de enero de 1976 en la Operación Morgan, lo torturaron en el Batallón de Infantería Nº 8 sanducero, donde lo matan tres días después. Murió por “congestión cerebro meníngea que le produjo síncope neurogénico”. No hubo autopsia.
AMELIA LAVAGNA DE TIZZE tenía 54 años. Era ama de casa. Con su esposo José Pedro Tizze, vivían en Manantiales, Maldondo. Votaban al Partido Socialista. Sus hijos José Pedro y Amanda militaban en el Movimiento Marxista y el Comité de Resistencia Anti Fascista (CRAF). El esposo fue detenido el 27 de abril de 1975 posiblemente confundido con su hijo y llevado al Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce. Al día siguiente, ella murió envenenada con “fosdrín” (el mismo químico que tres años después mató a Cecilia Fontana de Heber).
PEDRO LERENA MARTÍNEZ era de Treinta y Tres. Tenía 34 años, casado, dos hijas. Militaba en el MLN-T. Fue detenido el 25 de mayo de 1975 en Santa Catalina. Lo torturaron en varios centros de represión. Falleció en el Regimiento Nº 9 de Caballería el 29 de setiembre. Al ser entregado, el cuerpo presenta quemaduras múltiples, falanges quebradas y otras señas de tortura. Dijeron que se había ahorcado.
JULIAN BASILICIO LÓPEZ nació en Tacuarembó. Tenía 66 años. Trabajó en el transporte, era militante sindical y del PCU. Lo detienen el 31 de diciembre de 1975 durante la Operación Morgan. Lo llevaron al “300 Carlos” y al Batallón de Artillería Nº 1 de La Paloma donde muere el 5 de enero de 1976 por “politraumatismo con hemorragia aguda consecutiva”. Dijeron que se tiró por una escalera luego de una hora de “interrogatorio”.
EDUARDO MONDELLO era de Lavalleja, pero vivía en Piriápolis. De 30 años, casado y con dos hijos. Fue candidato de la Lista 190 en 1971. Había estado procesado en 1972 por “asistencia” al MLN-T. Lo vuelven a detener el 6 de marzo de 1976 y fue llevado al Batallón 4 de Laguna del Sauce. Murió por las torturas el 9 de marzo. En 1985 el forense que hizo la autopsia explicó que entonces no supo reconocer las señas de que había sido víctima del “submarino”.
IVAN MORALES nació en Bella Unión, Artigas. Militaba en el OPR-33. Tenía 25 años. Estaba exiliado en Argentina y viajó a conocer a su primer hijo, pero no pudo. La DNII lo detuvo el 20 de noviembre de 1974. Lo llevaron al Regimiento de Caballería Nº 6 donde murió por torturas. Un documento desclasificado en 2008 muestra el “parte” de su muerte escrito por el entonces mayor Manuel Cordero. Toda una confesión.
OSCAR BONIFACIO OLIVERA tenía 56 años. Era de Durazno. Casado, dos hijos, era obrero de CINOCA y militaba en el PCU y el UNTMRA. Lo detienen el 16 de diciembre de 1975 en la Operación Morgan. Estuvo en el “300 Carlos” del Batallón de Infantería Nº 13 y en Artillería Nº 1 donde muere el 27 de enero de 1976. Recibió un balazo que lo atravesó e hirió a otro detenido quien fallecería un año más tarde.
HUMBERTO PASCARETTA tenía 46 años. Era empleado de UTE y trabajaba en la papelera CICSSA. Militaba en el PCU. Lo capturaron en mayo de 1977 y lo llevaron a un centro de torturas donde muere el 4 de junio siguiente. El soldado desertor Hugo Walter García Rivas, en su libro “Memorias de un ex torturador” señala a los militares Armando Méndez y Carlos Calcagno como responsables.
HUGO PEREYRA CUNHA nació en Tacuarembó. De 52 años y casado, trabajaba en la construcción y militaba en el SUNCA y el PCU. Lo detuvieron el 16 de diciembre de 1975 en la Operación Morgan. Torturado en el “300 Carlos” fallece el 28 de agosto de 1977 en Artillería 1 por un “accidente vascular encefálico grave”. Pese a su hipertensión lo bañaron con agua fría y sufrió una parálisis. Murió en el Hospital Militar.
ALDO PERRINI GUALO vivía en Carmelo, Colonia. Tenía 34 años, casado y con tres hijos. Trabajaba en la Heladería Perrini. Militaba en el Fidel. Fue detenido el 26 de febrero de 1974 y llevado al Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia. Otros detenidos señalan la particular saña con que lo torturaron. El 4 de marzo entregaron su cuerpo a la familia. Dijeron que murió por “edema agudo de pulmón”.
SILVINA SALDAÑA LAPEIRA era de Salto. De 32 años, era empleada doméstica y estudiante de Servicio Social. Militaba en la UJC y en el PCU. Fue detenida en Montevideo en febrero de 1976 en el marco de la Operación Morgan. El 7 de marzo llegó al “300 Carlos” y el 31 de ese mes la bañaron y vistieron para trasladarla al ex Hospital Marítimo de Maldonado. Dijeron que murió por “ahorcadura”.
NUBLE DONATO YIC nació en Maldonado. Casado, cuatro hijas. Obrero de frigoríficos, militaba en el FOICA y en el PCU. Tenía 47 años. Lo detienen el 22 de octubre de 1975 en la Operación Morgan. Permanece desaparecido hasta el 2 de noviembre. 20 días después lo procesan y lo encarcelan en el Batallón de Infantería 2, donde fallece de un infarto el 15 de marzo de 1976 durante su primera salida al aire libre luego de cinco meses de torturas.
Publicado en Caras y Caretas el día 19 de Agosto de 2011.
Más Pericias.
La jueza penal de 2º Turno de Maldonado, doctora Adriana Graziuso, inició nuevos peritajes vinculados a la muerte de un militante del Partido Nacional ocurrida en 1972 en el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4 de Laguna del Sauce. El caso había sido denunciado por una hija de la víctima y una edila del Frente Amplio. La denuncia por el asesinato de Francisco Chocho (militante del Partido Nacional), ocurrido en tiempos previos a la dictadura, fue presentada ante el Juzgado Penal de 2º Turno de Maldonado por su hija, Ana María Chocho, y la edila departamental Beatriz Jaurena, del PVPFA.
Chocho fue detenido en la ciudad de Maldonado, conducido a la sede del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4 de Laguna del Sauce, y luego entregado a su familia muerto y mutilado.
La solicitud para que se iniciara una investigación por parte del juez Penal de 2º Turno de entonces, doctor Federico Álvarez Petraglia, apuntaba a lograr el esclarecimiento del asesinato de este hombre, que en los años 70 manejaba un taxi y tenía negocios gastronómicos en la zona. La edila Beatriz Jaurena recordó que en 1972, durante el gobierno de Juan María Bordaberry, el popular "Negro" Chocho fue muerto en circunstancias muy extrañas luego de ser detenido y conducido a la sede del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4.
El cuerpo de Francisco Chocho fue entregado a su hijo, militar de carrera, "un día después de la detención, cosido con alambre. En el acta de defunción figura que el motivo de la muerte fue una embolia cerebral. Las ropas del occiso aún estaban mojadas cuando llegaron a manos de su familia", narró Beatriz Jaurena.
Uno entre varios
Este caso había sido denunciado en la Junta Departamental de Maldonado por la edila Beatriz Jaurena del PVP Frente Amplio, en el año 2006, según consta en actas. "La muerte de Chocho fue la primera de aquel período en el Batallón Nº 4. No hubo móviles ideológicos o políticos en este caso, tampoco una guerra; eran asesinos que torturaban y mataban a sus propios vecinos, como animales cebados por la sangre, sin escrúpulos", denunciaba Jaurena.
La unidad militar, ubicada entre la Ruta Interbalnearia y la laguna del Sauce, es señalada insistentemente como centro de torturas durante la dictadura. Hace algunos años fue objeto de una profunda investigación por parte del equipo de antropólogos que encabezaba José López Mazz. Hay múltiples denuncias sobre torturas, pero además un ex militar, ahora funcionario municipal, denunció el enterramiento de al menos dos personas en 1975.
Más allá de que por el momento no se han obtenido resultados positivos, esa unidad militar es señalada como centro de torturas y asesinatos de varios militantes de izquierda de este departamento, como Horacio Gelós Bonilla (fernandino) y José "Pepe" Mondelo (piriapolense).
La pasada semana, la titular del Juzgado Penal de 2º Turno, doctora Adriana Graziuso, realizó una visita a la unidad militar y recorrió algunas instalaciones donde habría estado Chocho. Para la ocasión citó a algunos militares retirados de la época y también a testigos de lo que ocurrió, aunque algunos no se hicieron presentes.
El Grupo del Presidente se Opone.
“Nosotros no vamos a presentar ningún proyecto", afirmaron varios legisladores del MPP a Ultimas Noticias al ser consultados sobre la posibilidad de impulsar una iniciativa legislativa para frenar la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, que entrará en vigencia el 1º de noviembre. Sin embargo, la postura del sector mayoritario del Espacio 609 se contradice con la del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), sector minoritario del espacio que presentará a la Mesa Política del Frente Amplio (FA) y a la bancada de diputados un proyecto de ley para establecer en forma explícita que los delitos cometidos durante la dictadura no prescriban.
El diputado Luis Puig explicó a Ultimas Noticias que “el objetivo es que el Parlamento dicte una ley en la cual establezca el reconocimiento de que el Estado uruguayo debe cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Ciddhh)” y en ese marco se declare en forma explícita que "los delitos no prescriben", ya que la sentencia de la Corte asegura que la prescripción no puede ser un "obstáculo" para la investigación de los crímenes.
Dado que hasta el momento la Justicia no consideró los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad, la prescripción mantiene vigentes sus plazos. Los que argumentan que se podrían establecer tiempos diferentes, indican que durante el periodo de facto la Justicia se vio inhibida de actuar. En el otro extremo, los defensores de respetar la norma vigente, afirman que la Justicia actuaba ante los delitos comunes y que los crímenes que se atribuyen a los ex represores están considerados dentro de ese rango.
Si bien todavía se encuentran en una etapa de consultas con juristas, Puig aseguró que esta semana habrá novedades y que van a entablar contacto con "varios sectores del FA que están preocupados por el tema". El objetivo es que el proyecto se presente en forma colectiva, y los primeros sectores que Puig reconoció como posibles acompañantes son el Nuevo Espacio (NE) y el Partido Socialista (PS), dado el intenso trqabajo desarrollado por ambos para intentar eliminar los efectos de la ley de Caducidad.
Sin embargo, un importante escollo para quienes intentarán extender los plazos judiciales está en el MPP, que no tiene voluntad de acompañar ninguna propuesta en ese sentido, aún si la misma surge de filas del Espacio 609. Fuentes del sector mayoritario aseguraron a Ultimas Noticias que es "casi imposible" que se someta a votación del Parlamento una nueva ley relacionada con el tema después de lo sucedido en mayo, cuando el texto interpretativo de la ley de Caducidad no pudo ser anulado debido a que Víctor Semproni no lo votó en la Cámara de Diputados. Desde el MPP consideran que el "bochorno" en que incurrió la fuerza política en esa ocasión salió "bastante barato" para el costo a nivel político que pudo haber tenido, pese a que derivó en la renuncia a su banca del líder de la Corriente de Acción y Pensamiento y actual ministro de Defensa, Eluterio Fernández Huidobro.
Sin embargo, advierten que la consecuencia podría ser peor si por segunda vez el FA impulsa un proyecto contra los efectos de la Caducidad y no logra aprobarlo con votos propios en el Parlamento. Al respecto, el diputado Aníbal Pereyra explicó a Ultimas Noticias que “ya tuvimos una experiencia bastante complicada y no queremos cometer los mismos errores". Consideró que el MPP está dispuesto a "analizar" cualquier texto que se presente, pero insistió en que lo importante es lograr el cumplimiento del fallo de la Corte a través de una herramienta que no genere las situaciones que ya han tenido.
En el sector del presidente José Mujica hay "absoluta confianza" en el trabajo que el gobierno hace para cumplir con la sentencia de la Corte, a partir de una comisión integrada por la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría de Presidencia y Cancillería. Desde esta comisión, el secretario Alberto Breccia confirmó que el Poder Ejecutivo no impulsaría ningún proyecto de ley para ampliar los plazos de prescripción.
Por otra parte, la comisión del FA que analiza los posibles caminos para anular los efectos de la ley de Caducidad tampoco ha tenido grandes avances hasta el momento. La comisión funciona desde mayo, antes que naufragara en Diputados el texto interpretativo, y todavía no ha logrado tomar decisiones sobre los mecanismos a impulsar.
Exigen que se convoque a elecciones internas en el FA
El Movimiento de Participación Popular (MPP) insistirá en que este año se realicen las elecciones internas del Frente Amplio (FA) porque la conducción actual es "ineficiente", según un editorial publicado por el sector en su perfil de Facebook. El artículo establece que el FA está "sin una conducción con peso político ni firmeza" por lo que es incapaz de hacer cumplir el acuerdo político, la disciplina y la unidad de acción. "Deberían ser las máximas autoridades quienes transmitieran la confianza necesaria en todos los frenteamplistas para las transformaciones que se requieren. Sin embargo, esto no es lo que ocurre", apuntó.
Por este motivo, el sector mayoritario informó que insistirá en que las nuevas autoridades que se elijan tengan "el reconocimiento de todo el pueblo frenteamplista". El sector del presidente José Mujica advirtió que la "nueva derecha" y la "ultraizquierda" han avanzado en sectores donde su presencia era "impensable", por ejemplo a nivel del movimiento sindical, y que han establecido una "alianza no escrita" que se puede ver en los hechos, basada en el FA como enemigo común. Por eso, llamó a la coalición de izquierda a dar "batalla" contra estas fuerzas y no contra el gobierno nacional.
Desde el MPP se reiteró el llamado a elecciones a padrón abierto con adhesión simultánea que deben hacerse este año, en el entendido de que el año próximo los partidos comenzarán a delinear sus "estrategias electorales". Consideraron también que la convocatoria a una Asamblea Constituyente, descartada por la fuerza política como posible para este período de gobierno, debe ser "construida y elaborada" con la ciudadanía frenteamplista.
El artículo también criticó la "dispersión" de la fuerza política, que se hace explícita en la creación de grupos políticos que no tienen diferencias con otros que ya existen. Este hecho fue atribuido a "objetivos puramente electorales" y al surgimiento de nuevas formas de "acción política" que no están contenidas en la estructura actual de la coalición.
A Contrarreloj.
La agrupación Hijos Uruguay está filmando un clip basado en una canción de Ismael Collazo. Con el video se busca profundizar la conciencia social sobre el problema de los desaparecidos. Se estrenará el 30 de agosto.
Fuente:
Teledoce
