Un grupo de 28 mujeres que estuvieron presas en la dictadura presentó este viernes denuncias contra decenas de policías, militares, médicos y enfermeros, por abusos y torturas.
“Los denunciados tuvieron activa participación durante la detención y prisión de las denunciantes en los distintos establecimientos carcelarios, siendo todos ellos responsables directos e indirectos por acción u omisión de la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad cometidos en forma sistemática y planificada consistentes en delitos sexuales (violencia sexual, violación, desnudez, tocamientos, entre otros) y torturas (tales como plantones, picana, submarino, entre otros), afectando su integridad física y mental y su derecho a la dignidad, principalmente, tal como surgen de los relatos que se adjuntan de cada una de las denunciantes”, señala el documento de la denuncia.
El grupo de mujeres está integrado por militantes de distintos partidos políticos y gremios, en el momento de la dictadura.
Por su parte, entre los denunciados se encuentran Jorge Silveira, José Nino Gavazzo, Gilberto Vázquez, Miguel Dalmao y Manuel Cordero, entre otros.
También se incluye a todos los oficiales y suboficiales que entre 1972 y 1985 se encontraban en los establecimientos: Penal de Punta de Rieles, 300 Carlos, Regimiento de Caballería No. 9, Cuartel Km. 14 Cno. Maldonado, Establecimiento La Tablada, Casa de Punta Gorda, Cárcel de Pueblo (Parque Rodó), Regimiento de Caballería No. 4, Hospital Militar, Artillería No. 1 (Cuartel La Paloma), Batallón de Ingenieros No. 1, Batallón de Infantería No. 5 de Mercedes, Batallón 5o. de Artillería, Cuartel de Infantería No. 7 de Salto, Cuartel No. 13, Cuartel No. 6 de Caballería.
En la denuncia se agrega que las detenidas eran doblemente victimizadas, tanto por su ideología como por su condición de mujer, utilizándose su cuerpo como un botín de guerra.
“Todas estas prácticas realizadas no sólo buscaban destruir a las detenidas sino que también procuraban morbosamente el placer de los torturadores en sus distintas manifestaciones, ya sea tocándolas, impidiéndoles el aseo por tiempo prolongado y cuando lo permitían observándoles permanentemente y apuntándoles con un arma, realizándoles plantones totalmente desnudas, no dejándolas dormir, soltándoles perros, no brindándoles agua ni alimentos, impidiéndoles realizar sus necesidades básicas e incluso colocándole ratas en los genitales habiendo sido previamente untadas con grasa”, añade.
Fuente: Observa
Los torturas físicas y psicológicas y los delitos sexuales cometidos contra 28 ex presas políticas forman parte de una nueva denuncia penal, por las violaciones a los derechos humanos perpetrados por decenas de agentes del Estado, durante la última dictadura cívico-militar.
La denuncia narra los ilícitos perpetrados por agentes estatales, hombres y mujeres, contra las mujeres detenidas por motivos político-ideológicos, en varias unidades militares, como el Penal de Punta de Rieles, el centro clandestino de detención “300 Carlos”, el Regimiento de Caballería Nº 9, el Establecimiento La Tablada y el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes, entre otros.
“Los denunciados tuvieron activa participación durante la detención y prisión de las denunciantes en los distintos establecimientos carcelarios, siendo todos ellos responsables directos e indirectos, por acción u omisión, de la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad cometidos en forma sistemática y planificada consistentes en delitos sexuales y torturas, afectando su integridad física y mental y su derecho a la dignidad”, expresa el escrito promovido por los abogados Federido Álvarez Petraglia y Martha Scarpita, al cual accedió LA REPÚBLICA.
La conducta de los represores tenía como finalidad “la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres”, mediante un menoscabo de su integridad con prácticas como “la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y ano, tocamientos (…) llegando en muchos casos a la consumación de la violación”, agrega. “De lo sumariamente expuesto se desprende que las detenidas eran doblemente victimizadas, tanto por su ideología como por su condición de mujer, utilizándose su cuerpo como un botín de guerra”.
Los represores buscaban “morbosamente el placer” con estas prácticas, por cuanto “no se contentaban con utilizar mecanismos reñidos con la ley para obtener información, sino que por el contrario disfrutaban perversamente de sus acciones”, expresa.
En este sentido, “la violación sistemática de los derechos humanos de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres se traduce indudablemente en violencia de género ejercida por agentes del Estado”.
Por tanto, el escrito solicita la categorización de los crímenes como delitos de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles, en virtud de los preceptos del derecho internacional de los derechos humanos y de violencia sexual contra las mujeres.
Fuente: La República
Jornadas de Denuncias.
Fuente: Subrayado
Procesados por Caso Gelman.
El presidente Mujica promulgó la ley que deja sin efecto la Caducidad. El juez Pedro Salazar procesó a cuatro militares y un policía por el asesinato de María Claudia García y más de 20 expresas políticas presentaron una denuncia penal por abusos.
Las secuelas de las violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura (1973-1985) tuvieron ayer viernes un capítulo destacado.
Cuando en el Parlamento aún no se silenciaron los ecos de las discusiones que en Diputados y el Senado se dieron en torno a la ley que determinó que no prescriben los delitos de terrorismo de Estado cometidos hasta 1985, cuatro militares y un policía fueron procesados por el homicidio de María Claudia García de Gelman.
El juez penal Pedro Salazar procesó con prisión a los militares retirados José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira y del expolicía Ricardo Medina (todos en prisión por otros casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura) como coautores de un delito de homicidio muy especialmente agravado de García, la nuera del poeta argentino Juan Gelman.
El magistrado también solicitó la extradición del coronel retirado Manuel Cordero (detenido en Argentina) y no hizo lugar a los pedidos de procesamientos Luis Maurente y José Sande Lima.
El fiscal Ariel Cancela solicitó el procesamiento de todos ellos por el delito de desaparición forzada o en su defecto por homicidio muy especialmente agravado. El representante del Ministerio Público analizará si apela la decisión. Los abogados de los procesados ya tienen decidido que apelarán lo resuelto por el juez Salazar ayer viernes.
El caso de María Claudia García -secuestrada en Argentina cuando estaba embarazada de Macarena Gelman y traslada a Uruguay clandestinamente en 1976, donde fue dada por desaparecida- es uno de los de mayor repercusión nacional e internacional y el que generó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA estableciera que Uruguay debía investigar y determinar responsabilidades, sin que la ley de Caducidad lo impida.
También en la pasada jornada, un grupo de 24 expresas políticas durante la dictadura presentó una denuncia penal contra decenas de militares por delitos que califican de lesa humanidad y que incluyen violaciones y diversas formas de tortura.
Abusos. El abogado y exjuez Federico Alvarez Petraglia, quien representa a las denunciantes, dijo a El País que la particularidad es que "se trata de mujeres que estuvieron presas y soportaron torturas y abuso sexual de parte de diferentes personas".
"Acá no había combate, eran personas detenidas, desarmadas, que no representaban peligro para nadie, pero que eran sometidas a violaciones, tocamientos sistemáticos, mantenidas desnudas y obligadas a hacer sus necesidades a la vista, lo que muestra el sadismo de estas personas que con uniforme realizaban estas practicas", expresó el abogado. Alvarez Petraglia explicó que en el grupo que apoya a esta mujeres hay abogados, psicólogos y asistentes sociales que ayudaron "a que verbalizaran y pudieran llevar al papel esto que les sucedió hace 35 años".
Agregó que "hubiera existido o no esta ley de prescriptibilidad, ellas querían igual presentar la denuncia, dar este paso, ejercer su derecho a denunciar a esta gente". Reconoció que la ley aprobada esta semana "da argumento para investigar".
Ayer, en tanto, la secretaria de seguimiento de la Comisión para la Paz emitió un comunicado en que da cuenta del hallazgo el pasado 21 de octubre de restos óseos presuntamente pertenecientes a un detenido desaparecido en el Batallón 14.
Añade que cuando se obtengan resultados primarios de las pericias ordenados por la Justicia, se notificará a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos por intermedio de su representante" en esta secretaría y se convocará a conferencia de prensa.
Salto. A estos hechos se sumaron seis denuncias sobre delitos de lesa humanidad que involucran a cuatro exjerarcas de la unidad militar de Salto y también a un exmédico de las Fuerzas Armadas que fueron presentadas en la tarde de ayer viernes, en el Juzgado Penal de 4° Turno de Salto, por un grupo de personas que pertenecen al Partido Comunista y estuvieron presos durante la dictadura.
Estas denuncias irán aumentando en el correr de los próximos días y podrán llegar a una treintena, manifestó a El País el abogado patrocinante, Gustavo Bonifacio.
Explicó el abogado que tienen "identificados" a cinco participantes en las torturas, cuatro militares de la unidad local de la época "y un médico asesor de los torturadores", para agregar que los mismos hoy se encuentran "caminando libremente por las calles".
Fuente: El País Digital
Ex militares procesados por caso Gelman.
Gavazzo, Arab, Medina, Gilberto Vázquez y Silveira comparecieron ante el juez Salazar y fueron procesados por homicidio muy especialmente agravado.
Por otro lado un grupo de ex presas políticas denunció torturas y violaciones durante su prisión en la dictadura.
A su vez, el juez Eduardo Pereyra procesó con prisión a dos militares retirados por el asesinato de Gerardo Alter en 1973.
El caso había sido incluido en la ley de caducidad en el primer gobierno de Sanguinetti, pero fue excluido en la administración Vázquez.
A su vez, el juez Eduardo Pereyra procesó con prisión a dos militares retirados por el asesinato de Gerardo Alter en 1973.
El caso había sido incluido en la ley de caducidad en el primer gobierno de Sanguinetti, pero fue excluido en la administración Vázquez.
Fuente: Teledoce
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