Los Archivos Rico

MILES DE DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS Y MILES POR DESCLASIFICAR

  

Los archivos están. No fueron destruidos. En ellos se registra una parte de la “historia oficial” que, contextualizada, permite aproximarse a la verdad de lo ocurrido en los años de la dictadura. Los mismos documentos que antes registraban celosamente la represión de la dictadura, ahora se pueden transformar en prueba de cargo contra los propios represores en las causas planteadas ante la justicia.

ROGER RODRIGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy

El equipo de investigadores de la Universidad de la República que encabeza el profesor Álvaro Rico, realizaba ayer -tras el cierre de esta edición- un informe sobre la nueva documentación hecha pública por el gobierno, en el marco de la indagación sobre los uruguayos desaparecidos durante la dictadura y la represión que se ejerció entonces desde el terrorismo de Estado.

La ampliación de trabajo se produce al acceder a nuevas fuentes documentales que incluyen un archivo (16 CD microfilmados) que había sido encontrado por la ministra de defensa Azucena Berrutti en 2005 tras las asunción del presidente Tabaré Vázquez, y que había permanecido lacrado y sin desclasificar durante más de cinco años.

El millar y medio de nuevos documentos permite ampliar información sobre los casos de desaparecidos (se incluye archivos argentinos sobre el operativo de detención de Roger Julien y Adalberto Soba en 1976) o de muertos en el exterior (hay amplia documentación sobre la uruguaya Mónica Benarroyo muerta en Chile).

La información se divulgó como ampliación de los dos trabajos anteriores (Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos e Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay), y se mantiene un ordenamiento de fichas individuales como de proceso represivos por organización política

El profesor Álvaro Rico ha señalado a la prensa que en su trabajo se confirma la existencia de una lógica represiva de la dictadura uruguaya que se apoyaba en el aspecto monetario. A diferencia de la represión argentina, con apropiación de niños y desaparición masiva de personas, los represores uruguayos buscaban dinero de las organizaciones antidictatoriales.

En la documentación, se incorpora una ampliación de trabajo que han realizado hasta la fecha los integrantes del equipo de antropología forense encabezado por el profesor José López Mazz. Su informe no incluye la reciente aparición de restos óseos en el Batallón 14 de Toledo, pero da una amplia explicación de las tareas previas al hallazgo.

Algunos de los documentos prueban la participación de determinados militares y policías en acciones represivas, permiten confirmar el traslado de uruguayos que habían sido secuestrado o presuntamente desaparecidos en el exterior, detalla operaciones contra militantes montoneros en Uruguay, y aporta elementos de prueba para los procesos judiciales en curso, que deberán ser reclamadas por fiscales y jueces de las respectivas causas.

TE FELICITO

Dos de los documentos desclasificados, se constituyen en prueba de cargo contra oficiales de la Policía y del Ejército, quienes a principios de 1976 son felicitados por su mandos debido a su participación en las operaciones antisubversivas contra el Partido Comunista del Uruguay (PCU) denominadas Operación Morgan que se iniciaron en 1975.

En el Boletín de Órdenes Diarios (BOD) Nº 24.907 de la Jefatura de Policía del 26 de enero de 1976 se felicita a los miembros del Departamento Nº 5 de la Dirección Nacional de Informaciones e Inteligencia (DNII): SubCrio. Miguel Míguez, Of. Pcipal. Boris Torres, Agentes de 1ª Ángel Pantellis Biassotti, Vicente Zapata Rami, Roberto Alfonso Pérez, Mario Silvera Roldán y Agentes de 2da. Ernesto Cativa y Jorge Narancio.

Con fecha 12 de febrero de 1976, en la Orden Nº 130 el comandante de la División de Ejército I, general Esteban Cristi, también felicita por la Operación Morgan a sus subordinados Tte. Cnel. Manuel Calvo, Tte. Cnel. (PAM) Henry Saralegui, Mayores Ernesto Ramas, Victorino Vázquez, Juan Lezama; Capitanes Omar Lacasa, Rubely Pereyra, Rudyard Scioscia y Ttes. 1ros. Julio Tabárez y Jorge Silveira, Antranig Ohannessian, (y) José Paris.

En ese proceso represivo, que se extendió hasta 1984, se produjeron 23 desapariciones forzadas, 16 homicidios bajo torturas, un asesinato en Argentina, 6 muertes en prisión y la tortura de miles de personas en los centros clandestinos conocidos como “300 Carlos” y “La Tablada” con sus “chupaderos” llamados “300 Carlos R” y “La Casona” de Millán.

 “ESE ES MÍO”

Algunos de los documentos dados a conocer revelan internas militares y policiales que, en ocasiones, llegan a resultar paradójicas, como una aclaración del teniente coronel José Gavazzo al Estado Mayor del Ejército (EME) en el que explica que un infiltrado en la red de enlace de la Policía, es un ex comunista que trabaja para las Fuerzas Armadas…

El documento, fechado en junio de 1976 y dirigido al jefe del Departamento II del EME, coronel Nelson B. Viar, aparece firmado por el mayor Herrero y dice: “El suscrito habló con el Tte. Cnel. Gavazzo quien aclaró que el infiltrado en la red de enlace (de la Policía) es un comunista que trabaja para las FF. AA., y los que figuran como colaboradores, son colaboradores de las FF. AA. Por lo tanto, esta información no debe ser pasada a fichas, utilizándose solamente en forma interna”.

TRÓCCOLI

Uno de los archivos que puede llegar a dar mayores resultados en las investigaciones sobre acciones represivas de la dictadura en el exterior, es el de la Dirección Nacional de Migraciones, donde se mantendrían las constancias de quiénes salieron o entraron del país en algunas fechas claves.

Así ocurre con el registro del Libro Fluvial del Aeropuerto de Carrasco, donde consta la lista de pasajeros del “puente aéreo” entre Uruguay y Argentina, que en fecha 20 de diciembre de 1977 confirma que en el vuelo AR215 viajaron a Aeroparque los oficiales Ricardo Dupont, José Uriarte y Jorge Tróccoli, quienes prestaban servicios en el FUSNA.

A partir de aquel 21 de diciembre se desató en Buenos Aires una salvaje represión contra militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el MLN-Tupamaros (“Peludos”). 26 uruguayos fueron secuestrados en los pozos de Quilmes y Banfield. La mayoría habría sido traída a Uruguay, donde fueron desaparecidos.

 “DEJÓ DE EXISTIR”

La Dirección Nacional de Información e Inteligencia en su parte Nº 211 del 31 de julio de 1975, da cuenta de una serie de detenciones sobre militantes del Partido Comunista capturados en un apartamento de la calle Canstatt. En el mismo documento se agrega: “Relacionadas con el procedimiento en cuestión se hace constar que anoche, uno de los detenidos ÁLVARO BALBIS (sic) SALAS, a raíz de un síncope cardíaco dejó de existir”. Se refiere al militante Álvaro Balbi, muerto por torturas en el Regimiento de Coraceros. El caso fue excluido de la Ley de Caducidad y se instruye a nivel judicial.

HISTORIAS CLINICAS

Una de las nuevas fuentes de información obtenida por los investigadores de la Universidad de la República es la documentación administrativa y las fichas clínicas existentes en el Hospital Militar, donde el gobierno pidió una auditoría ante la constancia de que cada vez que se pedía información la misma no era encontrada.

La directora general de Servicios Sociales, Gabriela González, terminó por elaborar un informe en el que se concluyó que no se ha destruido la documentación, pero que no existe un sistema de búsqueda y debería implementarse un mecanismo de clasificación para acceder a la información.

Entre los documentos que ya aparecieron se incluyen recetas y órdenes de exámenes para quienes aparecen identificados como “detenida en Blandengues” o “se ruega traslado de bebe a Sala 8 (pabellón de los presos políticos en el Hospital Militar”. También hay registros de nacimientos en el nosocomio de las Fuerzas Armadas, donde en vez del grado militar se ponía la palabra “detenida”.

“ENTRE-CAZA”…

La abundante información sobre la represión al Partido Comunista, incluye los partes de inteligencia policial sobre un allanamiento en una finca de la calle Estivao, el 8 de febrero de 1976, donde son detenidos la militante Ofelia Fernández y “Alberto GRILLE MOTTA, oriental, casado, de 30 años de edad, C.I. 1.025.004, domiciliado en la calle 20 de Febrero Nº 2460 apto. 304, de profesión Estudiante de Medicina el que funciona en la U. J. C. como encargado de Alianza Política en el Comité Central. La ratonera continúa en el lugar. (…). Otro parte de la DNII, fechado el 4 de junio de 1976, da cuenta de una “Fuga de Procesados” y explica: “Siendo la hora 22.00 se tuvo conocimiento, que del establecimiento Cilindro, se había producido la fuga de los procesados Federico FALKNER DUFFORD, Alberto GRILLE MOTTA, José Enrique BARONI MASEDA y Miguel Arcángel MILLÁN SEQUEIRA, quienes se encontraban allí recluidos por razones locativas. Atento a ello, de inmediato se dispuso el allanamiento a los domicilios de los mismos (…) fueron instalados servicios de vigilancia en la residencia del Embajador de México (…) y en las inmediaciones de la Embajada (…), lugar donde también se encontraban apostados varios equipos de los enviados por OCOA, quienes efectuaban en la zona claves 8 y 9.- Posteriormente se concurrió al Cilindro Municipal, lográndose establecer que la fuga se había llevado a cabo entre las horas 19.00 y 21.00 aproximadamente y para efectuar la misma, los prófugos procedieron al corte de dos varillas de hierro de una ventana de la Puerta No. 5 del establecimiento que da hacia el lado Sur del mismo y con la ayuda de un banco procedieron a saltar la misma logrando salir al exterior. (…)”.

PROFUGO El capitán de navío Jorge Tróccoli y otros dos oficiales del FUSNA viajaron a Buenos Aires el 20 de diciembre de 1977, un día antes de que fueran secuestrados los militantes del GAU, PCR y MAS que se encuentran desaparecidos...

PARTO Ficha de un parto en el Hospital Militar. En donde debían poner el grado militar anotaban "detenida".

DALMAO Facsímil de una nota del Oficial S-2 (Informaciones) desde el Batallón de Trasmisiones Nº 1 al Servicio de Información y Defensa (SID) dando cuenta de una acción de inteligencia. El documento está fechado el 11 de julio de 1974, doce días después de que en el lugar fuera muerta por torturas Nibia Sabalsagaray.

SE BUSCA En el ocultamiento de la información, la dictadura llegó a hacer una denuncia ante INTERPOL para la búsqueda del desaparecido Julio Castro, a quien habían secuestrado, torturado y asesinado en la Casona de Millán. El documento muestra el parte en francés de la policía internacional procurando datos del maestro y periodista asesinado.

CONFESIÓN I Una ficha del dirigente sindical León Duarte, en la que con letra manuscrita se confiesa: “Detenido en el exterior (Despacho del Comandante Lamy)”. El material fue encontrado en el rollo 227.1543.1984 del archivo de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) del Ejército.

CONFESION II Documento del Servicio de Información y Defensa (SID), fechado el 11 de abril de 1977 y firmado por el Jefe del Departamento III, José Sande Lima, donde se pide a la Policía Técnica, en forma urgente, fotografías y datos filiatorios de Gustavo Inzaurralde, quien junto a Nelson Santana habían sido detenidos en Paraguay el 28 de marzo de ese año.

TRABAL Y BARDESIO Facsímil de firmas en la última página del acta del 16 de mayo de 1972 que el entonces director del Servicio de Información y Defensa, coronel Ramón Trabal le tomó al policía Nelson Bardesio, hoy procesado por su participación en muertes y desapariciones forzadas del Escuadrón de la Muerte.

CONDORITO Documento en el que Gavazzo firma como “jefe de la CONDORP” (Operación Cóndor) el 16 de agosto de 1976, cuando ya habían sido trasladados de Orletti los pasajeros del “primer vuelo” y todavía no habían comenzado las acciones que en setiembre provocarían la desaparición de 22 personas.

PREFECTURA Actas de la Prefectura Nacional Naval, firmadas por el jefe de la DIPRE, Álvaro Diez Olazábal y por el jefe de inteligencia, Eduardo Craigdallie. Ambos tienen un papel importante en la represión contra Montoneros argentinos en 1977 y 1978, cuando el Mundial de Futbol en el vecino país.

Publicado en Caras y Caretas el Viernes 11 de Noviembre de 2011.

La Mesa Permanente Contra la Impunidad presentará hoy ante la Justicia Penal una denuncia contra integrantes de siete generaciones de militares por "asociación para delinquir". Se basan en un texto redactado por un integrante del Foro Libertad y Concordia.
La carta, redactada por el coronel (r) José Carlos Araújo, propone una serie da acciones para "liberar a los presos políticos", como adelantó Ultimas Noticias el pasado sábado.
Según explicó Araújo a este medio, "la carta fue redactada para impulsar la creación del Foro. Hace un año que estamos funcionando y ¿qué hemos hecho de ilegal?". Agregó que la propuesta apunta a defender a sus camaradas enjuiciados y a denunciar "el mal uso del derecho por el que hoy la Justicia procesa sin pruebas".
Sin embargo, desde el Foro Libertad y Concordia el mayor (r) Juan Pérez y el coronel (r) Elmar Castiglioni tomaron distancia de la propuesta de Araújo. Pérez indicó que la carta “fue redactada el 22 de diciembre de 2010 y el Foro se fundó el 27 de diciembre.
No estamos de acuerdo. Ese texto fue descartado”. Castiglioni, en tanto, dijo a Ultimas Noticias que la denuncia constituye un "acto perverso, un sentimiento de querer silenciar las voces de quienes quieren liberar a sus camaradas".
Aclaró que el Foro no es una organización sino un espacio de discusión y coincidió con Pérez en que la carta no refleja el sentir del grupo. El texto de la denuncia que será presentada por el abogado Pablo Chargoñia, a la que accedió Ultimas Noticias, expresa que "no se cuestiona el derecho del coronel de expresar sus opiniones por más detestables que sean, como en este caso lo son, desde el punto de vista moral o político.
Sus convicciones, merecen empero la tutela jurídica". Los denunciantes argumentan que se "invita, promueve y organiza a una serie de acciones 'en principio por medios legales'. Si es en principio, las acciones que se promueven u organizan podrían ser a la postre, ilegales".
En tanto, se agrega que el texto redactado por Araújo "pronostica acciones ilegales sobre denunciantes en causas de derechos humanos, abogados, fiscales o jueces involucrados en tales procesos, testigos o periodistas".
Por otra parte, la denuncia argumenta que el llamado a organizarse para realizar acciones concretas con el fin de "liberar a los presos políticos" está dentro de los "tipos legales penales". Esto se debe a que la carta propone acciones coordinadas con las Fuerzas Armadas, lo que "encaja su conducta en el delito de asociación para delinquir, previsto en el artículo 150 del Código Penal". Respecto a la coordinación denunciada, Araújo aseguró que los miembros del grupo están en contacto permanente con el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Aguerre, ya que se conocen "desde niños" y jugaban juntos porque sus padres eran camaradas. Por lo tanto, la coordinación mencionada en la carta refiere a conversaciones y contactos que, según Araújo, "ya se tuvieron con los tres comandantes en jefe".
Según el militar, las reuniones no sólo son en dicho ámbito sino que también hubo encuentros con todos los sectores políticos, logias, y organizaciones políticas. "Hoy la Justicia procesa sin pruebas. Nosotros fuimos legitimados y reconocidos por el presidente José Mujica. A él tendrían que interrogarlo entonces", agregó. Asimismo, afirmó que se planea salir al interior para reclutar adeptos no sólo del ámbito militar, sino "personas de la sociedad civil que estén sufriendo situaciones similares".
Para quienes denuncian esta situación, "involucrar a la institución armada estatal en la actividad asociativa ilícita constituye un paso más en una acción gravísima atentatoria del estado democrático de derecho. A poco que recordemos nuestro pasado reciente, el anuncio de coordinación futura con las FF.AA. produce una alerta cívica inmediata: la institución militar no debe ser involucrada en aventuras antidemocráticas, contrarias al orden jurídico".
Se argumenta que la denuncia es presentada para e denunciar un plan de acción, en protección a la "seguridad personal y a la defensa de la labor independiente del Poder Judicial". Se solicita la realización de una "exhaustiva" investigación para determinar responsabilidades penales.

Un mensaje con diez objetivos concretos

1- Política y psicosocial: ejecutar acciones en partidos, gobierno e instituciones nacionales.

2 - Propaganda: acciones por los medios de comunicación, atendiendo la reivindicación de la lucha antisubversiva y la injusticia de los actos de venganza.

3 - Jurídica: acciones para formar un equipo de abogados y juristas dispuestos a luchar contra el "derecho penal del enemigo", formando opinión pública (no para defender en los estrados a los acusados).

4 - Acciones de apoyo a la reclusión de los prisioneros políticos.

5 - Acciones de apoyo con nuestras familias y esposas, hijos y familiares de acusados y prisioneros, en coordinación con familiares de caídos y víctimas civiles.

6 - Internacional: acciones de coordinación y apoyo mutuo con organizaciones en otros países e internacionales.

7 - Organización: acciones internas de personal y reclutamiento.

8 -Inteligencia: acciones de búsqueda, análisis y diseminación.

9 - Ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas.

10 - Finanzas y logística: acciones de apoyo a los puntos anteriores.

Fuente: Ultimas Noticias

Fuente: Subrayado

El Presidente en Su Cárcel.

“No puedo vivir angustiado, sólo mirando para atrás; mi angustia son los que van a venir, porque el mundo de atrás no lo puedo arreglar. Quiero que los orientales se encuentren, quiero que no tengan que odiar, que no tengan cosas que perdonar, que no tengan cosas que olvidar”, afirmó el presidente José Mujica en una rueda de prensa en Porto Alegre, donde se encontraba de visita oficial, ante la pregunta sobre la posibilidad de liberar a los presos mayores de 70 años, entre los que estarían varios militares procesados por violar sistemáticamente los derechos humanos durante la dictadura civil-militar. Expresiones similares realizó hace unos días su esposa, senadora y primera dama, Lucía Topolansky con el argumento de que “no es bueno tener gente vieja en las cárceles”. De acuerdo a esta propuesta, es lo mismo ser mayor de 70 años y estar en una cárcel VIP que tener la misma edad pero vivir hacinado en una cárcel común.
Lo peor no es la propuesta en sí, lo peor es pensar y actuar desde una perspectiva de izquierda sin reflexionar sobre las implicancias de la violencia política y el terrorismo de Estado. Es cierto, con todo derecho y como políticos que son, pueden plantear lo que consideren conveniente. Pero lo que no pueden hacer es eludir el debate sobre el pasado escudados en argumentos humanitaristas. Y esta propuesta anula esa discusión. En el caso específico de los militares y civiles no hablamos solo de “viejitos” que están llegando al final de sus vidas. Son hombres hasta no hace mucho impunes, que elaboraron o participaron en un plan de exterminio y de violación a los derechos humanos delante del cual ningún valor y ninguna ideología puede encontrar justificación. Si no es ético mantener a septuagenarios presos, ¿lo es ir a visitar a un general en actividad acusado de estrangular a una muchachita indefensa? En el caso de los ex guerrilleros que también son hombres y mujeres que, en una circunstancia histórica específica, adoptaron decisiones extremas. Discutir públicamente su accionar tendría repercusiones en su imagen, pero colaboraría en la posibilidad de pensar un proyecto de país más democrático.
Nosotros, los ciudadanos que gozamos de un Uruguay democrático, que festejamos cada edición del Latinobarómetro, hemos contraído una deuda con los sindicalistas, los militantes políticos y sociales, que hicieron todo lo posible para llegar a este presente. Pero una democracia amnésica, que no mira su pasado, es frágil, y más frágil lo es en un continente que ha conocido (y conoce) dictaduras, golpes de Estado y nostalgias de la mano dura. Por ende, no se trata de poner en cuestión las virtudes del humanitarismo, sino analizar e interpretar la violencia política y sus consecuencias. Esta versión conservadora y simplista del humanitarismo, que lo presenta como el corolario del fin de un combate, anula cualquier debate.
El presidente, por más que sea presentado como un “viejo sabio”, no es un guardián del pasado; pero, desde su ámbito, puede colaborar en la interpretación de ese pasado antes que pregonar la reconciliación y la unidad nacional. La sociedad debería conocer las atrocidades que cometieron los militares uruguayos y también por qué murió Pascasio Baez. No para ponerlas en un pie de igualdad.
Nada justifica una cosa o la otra. Nada las hace iguales. Es porque estos actos (como otros) exigen una explicación. Colaborar en ese sentido pondría al presidente a la altura de las tareas de la hora. Por el contrario, sin un balance sobre el pasado es inviable cualquier horizonte estratégico, y deseable, de una nueva política de izquierda. El filósofo alemán Karl Jaspers nos enseñó, reflexionando sobre su propia impasibilidad ante el nazismo, que la falta de castigo en un crimen repercute en el ámbito político ya que aquellos que pudieron hacer algo para sancionar al criminal y no lo hicieron también tienen cierto grado de responsabilidad. No hay duda, la impunidad revela mucho de la esencia estatal. Sería bueno que a caballo del planteo sobre la conveniencia de la prisión domiciliaria en el caso de los mayores de 70 años, alguien desde el gobierno hiciera un llamamiento para cuestionar si es humanitario que la legislación ampare a torturadores, o sobre las limitantes del orden institucional vigente, las injusticias que encierra y la posibilidad de extender sus potencialidades en vez de considerarlo algo eterno y dado.
La discusión sobre la violencia política y la violación a los derechos humanos seguirá vigente porque ninguna liberación de septuagenarios eliminará su presencia. Su existencia es una llaga social, para la izquierda, la derecha, los apolíticos y todos los que vengan. Intentar eliminarla anteponiendo declaraciones abstractas es una banalidad, un acto de pereza intelectual gigantesco y una irresponsabilidad importante. Si el presidente desea que los “orientales” no tengan “cosas que odiar” tampoco deberían substraerse del debate con argumentos simplistas.

Fuente: La Diaria

Desapruebo que Liberen a "Viejitos" Torturadores.

Entrevista a Mirta Guianze.

LA FISCAL Mirta Guianze, quien lleva adelante varios casos por las violaciones de los derechos humanos de la dictadura, dijo en declaraciones que considera que en los hechos la Ley de Caducidad no rigen y que no significará un obstáculo para futuras causas judiciales. “Para mí la ley ya esta anulada por la sentencia de Gelman. Yo no aplico esa ley, no la aplico yo y ni la esta aplicando prácticamente ninguno de los abogados que yo conozco” señalo la fiscal.

Consultada además sobre la intención del presidente Mujica de enviar a los militares presos “ancianos” a sus casas, Guianze se limitó a responder que no está de acuerdo. Para mí esta anulada. La sentencia de Gelman dice que carece de efecto jurídico. Tiene que serlo, siempre careció de efectos jurídicos, así que para mi fue siempre nula.

Desde el punto de vista de la justicia, de la defensa de lo militares ¿puede incidir? Para los que ya están condenados no.

Para adelante...

Para adelante nosotros ya no pedimos más informe. Hay un montón de denuncias empezadas desde octubre. Pero desde el punto de vista de la justicia y la defensa pueden decir, bueno, todavía esta rigiendo. No. Pueden decir cualquier cosa pero hasta ahora lo único que han dicho es que opero la prescripción y nada más. Se les ha dicho no operó, me dio corto y se esta siguiendo. En algún momento van a presentar algún recurso pero no se va a usar esta ley para que no presenten recursos de inconstitucionalidad y demoren. Ellos

no tienen argumentos, me parece a mí.

Esta iniciativa que se a vuelto de la posibilidad que se incluya a los militares de más de 70 años a prisión domiciliaria. Eso lo dijo la primera dama.

¿Su opinión?

Yo no estoy de acuerdo.

Fuente: Diario La Juventud

Aratirí: ¿En 7 Meses, 7 Mil Hectáreas?

La Duplicación de Superficie del Distrito Minero del Proyecto Valentines.

La reciente presentación de la Solicitud de Autorización Ambiental Previa del Proyecto VALENTINES de Minera ARATIRÍ (octubre, 2011) deja al descubierto el ocultamiento de información que la empresa se reservaba en la primera presentación de su Estudio de Impacto Ambiental (del mes de marzo de 2011) ante las autoridades ambientales del Uruguay.

Mientras que en marzo supimos oficialmente que la empresa preveía la ocupación efectiva de “aproximadamente 12.850 ha en la integración de tres componentes:
Distrito minero; Mineroducto; y  Terminal portuaria de dedicación exclusiva”, en noviembre nos enteramos que “el Proyecto VALENTINES se desarrollará sobre una superficie total de 15.890 há” (Resumen Ejecutivo, octubre de 2011).

Pero el dato más sorprendente es el de la duplicación de la superficie del “distrito minero”, el cual pasó de 6.700 há  (minas y represas) a 14.505 há, lo que indica un considerable cambio en la magnitud de la ocupación del emprendimiento en los campos directamente perjudicados.

Unido a esto, no es de extrañar que el “Área de Comunidad de Minera ARATIRÍ” se haya responsabilizado de uno de los temas más espinosos que trae la nueva versión de Estudio de Impacto Ambiental:

las “Características del área rural en el Complejo Minero”.

Allí se indica que efectivamente los establecimientos de la zona corresponden a lo que el MGAP define como “productores familiares”, en la medida en que “el promedio de los establecimientos de la zona” del distrito minero es menor a 500 há (CONEAT 100).

“Si bien –señala la empresa- cabe acotar que muchos de estos productores tienen ingresos por fuera que superan el ingreso generado en el establecimiento”, considerando otra de las variables de la definición del MGAP.

Pero ¿cuántos de esos productores generan ingresos extraprediales como asalariados rurales y cuántos como empresarios en otras áreas, o como profesionales, o como funcionarios…?.

La Encuesta no lo registra, mientras que los principales estudios referidos a la pluriactividad de los ganaderos familiares en el Uruguay señalan que en situaciones de menor escala de superficie los productores ganaderos buscan mayores fuentes de ingresos extraprediales, y principalmente en trabajos rurales.

Por otra parte la empresa trata de demostrar que aunque los predios afectados pertenecen a 81 propietarios, solamente existen 14 casas con población permanente en el Distrito Minero,  cuando líneas más arriba se había reconocido que la definición del MGAP de productor familiar consideraba como una de sus variables (por reflejar la realidad actual) la residencia tanto en el predio o como en un rango no superior a 50 km del mismo.

En esta línea de caracterización “suspicaz” también se afirma “que el mejoramiento de las pasturas a través del desarrollo de praderas, es practicada por una minoría de los productores”, sin profundizar en la realidad de la ganadería extensiva de cría de la zona, ni en las limitantes de los productores familiares para  realizar inversiones e incorporar tecnologías.

Una realidad común a 28.000 ganaderos familiares de pequeña escala en todo el país.

Con respecto a “Usos del Suelo”, la empresa encargó al Ingeniero Roberto Serrentino un Informe de Consultoría, donde se demuestra claramente que la zona de la ganadería extensiva del “Proyecto Valentines” presenta un grado de erosión causada por la actividad del ser humano “que podría ser catalogado de muy ligero a nulo” (Anexo H.5, p.32), lo cual contrasta con el tirón de orejas de diciembre de 2010 que el profesor y también  Ingeniero Agrónomo Yerú Pardiñas le dio a los productores ganaderos que presenciaban (desde las barras del Palacio Legislativo) las discusiones navideñas sobre la modificación del Código de Minería, afirmando que el sobrepastoreo de los lanares en esas zonas era un problema más digno de discusión que el reemplazo de 4 mil hectáreas de campo natural por la actividad minera.        

Al día de hoy, según Minera ARATIRÍ el “distrito minero” del “Proyecto VALENTINES” no va a ocupar las 4 mil hectáreas que señalaban algunos representantes del Partido Socialista de entonces, pero tampoco serán las 6.700 que la misma empresa declaraba en el informe de marzo de 2011, sino que se habla ahora de 14.500 ha.

Esta estrategia de volcar información relevante a “cuentagotas”, llevó a que recién se publicara oficialmente “la totalidad del área catastral de los padrones que serán “afectados parcial o totalmente” alcanzando las 30.403 há (Tomo II, Cap. 2, p.175), lo que deja en evidencia la importante dimensión de la solicitud (que supera el 50% de la superficie total de los predios).

La empresa ya quedó con un precedente negativo, el de parcializar la información del “Proyecto Valetines” en marzo de este año.

En noviembre, cuando sus propias “definiciones de ingeniería no superan el 30% de lo que será la ingeniería en detalle para el proyecto ejecutivo”, parecería que ocupará 15.000 há.

Pero estemos alertas a clarificar la información porque sus solicitudes alcanzan un número 10 veces mayor, y otros proyectos pueden presentarse a “cuentagotas”.

 

Pablo Díaz Estévez

Observatorio de Política de Tierra  - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UDELAR

Minera Brasileña Interesada.

Una empresa minera de Brasil expresó su interés en instalarse en Uruguay para un nuevo proyecto diferente al que ya planea Zamin Ferrous para el límite de los departamentos de Florida y Treinta y Tres. La idea fue formulada durante los encuentros que empresarios de ese país mantuvieron con el gobierno uruguayo el miércoles en Porto Alegre, en medio de la visita del presidente José Mujica.
En total se realizaron más de 200 reuniones entre los representantes del sector privado de ambos países, en encuentros fomentados por las oficinas Uruguay XXI y la Agencia de Desarrollo y Promoción de la Inversión de Río Grande. Los encuentros tuvieron lugar en la sede de la Federación de Comercio, Bienes y Servicios de Río Grande del Sur (Fecomercio/RS) en una única tarde.
“Los representantes de una minera brasileña quedaron muy impresionados con la reunión y tienen grandes posibilidades de empezar la explotación en Uruguay”, dijo a El Observador el vicepresidente de la Fecomercio/RS, Arno Gleisner.
Según dijeron fuentes del gobierno uruguayo, la empresa está interesada en un nuevo proyecto de minería diferente al de Aratirí en la zona de Valentines.

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Reconocimiento Ciudadano al Dr. Enrique Viana.

En numerosa asamblea realizada en la ciudad de Treinta y Tres, productores rurales y pobladores de centros urbanos de los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres, entregaron al Fiscal Enrique Viana un reconocimiento por su acción en defensa de los intereses nacionales.

Unas 200 personas colmaron este sábado 12 de noviembre las instalaciones de la Sociedad Fomento de la capital olimareña para asistir a una reunión informativa convocada por la Comisión Organizadora de la Movilización Popular en Defensa de la Tierra y el Agua a realizarse el próximo 3 de diciembre en esa ciudad.

En ese marco se le hizo entrega al doctor Enrique Viana de un Reconocimiento Ciudadano por sus gestiones tendientes a frenar un proceso de extranjerización de la riqueza nacional que viola la Constitución de la República comprometiendo la soberanía del pueblo uruguayo mediante la firma de Tratados y Contratos de inversión con empresas que el letrado califica como “anacionales”.

En tal sentido, en su disertación, el Fiscal Viana aseveró: “Ya no nos estamos comportando como una República, ya no está primando el interés superior de la nación por encima de intereses particulares. De hecho estamos viendo altos funcionarios públicos tomando parte activa en la gestión de facilidades para empresas privadas, y lo dicen a toda voz.”

Uno de los momentos en que el orador recogió los mayores aplausos, fue cuando declaró: “Recientemente escuchamos confesión de un ex funcionario público que estaba dispuesto a entrar en guerra con un país limítrofe para defender los intereses de una empresa extranjera”, refiriéndose obviamente a los dichos del ex Presidente Tabaré Vázquez respecto al conflicto por Botnia, con Argentina.

Otras afirmaciones salientes de la conferencia que ofreció Viana tuvieron que ver con la injerencia de las “anacionales” en cuestiones prácticas y cotidianas que suelen pasarse por alto. Dijo, por ejemplo, que “Botnia dio el dinero para construir una Comisaría y especificó dónde debía construirse. Como el Ministerio del Interior no ubicó la dependencia policial en el lugar donde Botnia quería, ésta expresó su malestar. Si los dejamos – afirmó – son ellos quienes deciden dónde estarán nuestras comisarías y nuestros juzgados, y hasta es posible que decidan sobre el lugar adecuado para nuestras tiendas y carnicerías”.

A propósito del Ministerio del Interior, exhibió una fotocopia de un artículo publicado por el semanario Búsqueda, en el que se afirma por parte de un alto funcionario que “hay una vigilancia especial de personal de inteligencia para saber quienes promueven la resistencia a la empresa Aratirí a través de las redes sociales, lo cual parece absolutamente reñido con la libertad de expresión garantizada en nuestras leyes y consagrada como un derecho constitucional”.

El Fiscal Viana agradeció la distinción recibida al serle entregado el Reconocimiento Ciudadano de manos del escribano Julio Gómez García, productor rural de la zona de Cerro Chato, que fue designado para representar a todos los vecinos movilizados en la amplia región de impacto directo del proyecto Aratirí.

Fuente: Observatorio Minero del Uruguay

La Cuenca Lechera en Peligro.

La cuenca lechera del Uruguay en jaque: 5.02 b es la clave.

Comunicado de prensa – Grupo Guayubira

En pocas semanas ya se empezarán a conocer los datos del censo nacional que se está llevando a cabo a nivel nacional. Va a resultar interesante registrar el número de productores rurales dedicados a la lechería que actualmente existen en los departamentos de San José y Colonia. Es probable que el próximo censo no los vuelva a registrar…

Como es de conocimiento público, el Gobierno nacional otorgó –a través de un contrato secreto (1)– una serie de beneficios únicos y extraordinarios a la empresa Montes del Plata –consorcio formado por la empresa chilena Arauco y la empresa sueco finlandesa Stora Enso- que explota 250.000 hectáreas destinadas a la producción forestal, y actualmente se encuentra iniciando la construcción en Punta Pereira, Departamento de Colonia, de la que pasará a ser la fábrica de celulosa más grande del país .

Entre la serie de beneficios que el gobierno negoció secretamente se hacía referencia al hecho de que el Gobierno y Montes del Plata acordaron hacer los “mejores esfuerzos para lograr una superficie forestable de 100.000 hectáreas [de nuevos suelos declarados de aptitud forestal] con posibilidad de ser plantadas dentro del radio de 200 kilómetros de la futura fábrica”.

En el contrato se señala que “la Dirección de Recursos Naturales Renovables (RENARE) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) inició un estudio que permitirá el enriquecimiento de la cartografía de suelos y una subdivisión de los categorizados como 5.02b”.

En otras palabras, el gobierno va a incluir los suelos 5.02b (índice coneat promedio 88) de esos departamentos en la lista de suelos de prioridad forestal, para que Montes del Plata pueda acceder así a una importante área a ser forestada en un radio de 200 kilómetros de distancia de la fábrica de celulosa, de forma tal que la ecuación económica de la empresa rinda mejor económicamente.

Mapas recientes elaborados a pedido del Grupo Guayubira nos permiten conocer las implicancias para el futuro de dos departamentos de esta decisión (2). Si miramos el Departamento de San José, esta modificación significa que el departamento pasará a tener –potencialmente- un total del 22% de su superficie con suelos pasibles de ser plantados con monocultivos de árboles. En números, hablamos de 109.163 hectáreas de tierra.

En el caso de Colonia, se trata de un 27% del territorio, lo que equivale a 164.251 hectáreas pasibles de ser forestadas.

La llegada de las plantaciones de árboles a ambos departamentos para la producción de celulosa -una producción muy extensiva en el uso del suelo con relación a la existente- pone en serios riesgos la supervivencia de las explotaciones familiares y de una extraordinaria sociedad local, que han caracterizado históricamente a una de las regiones más productivas y exitosas del paisaje rural del país.

La competencia por la tierra, sin duda alguna elevará los precios y las rentas de la tierra, agravando aún más un problema tradicional de la cuenca lechera y de la región intensiva del suroeste del país, incrementando los costos de producción. Al mismo tiempo, todos los impactos y externalidades de las plantaciones agregarán múltiples conflictos que llevarán a una transformación profunda de la región y la sociedad local.

Sus rubros estrellas, la quesería en Colonia y la producción de leche fluida en San José, pagarán esta factura, y sin duda su contracción se reflejará en la industria láctea, en las exportaciones, en los proveedores de insumos y servicios, y en la demanda de empleo.

En un evento reciente llevado a cabo en la ciudad de Libertad y organizado por el periódico LA SEMANA, un representante nacional del departamento mencionó que la empresa ya ha comenzado a comprar campos en el departamento de San José, y que la Junta Departamental se ha hecho eco de la inquietud de los productores, y ha comenzado a discutir el tema.

Esperamos que en aras de mejorar el rendimiento económico de una corporación muy poderosa, como lo es el consorcio Montes del Plata, no se incurra en esta nueva y grave afectación del ordenamiento territorial de una región emblemática; y que el Gobierno, el sistema político y los sectores productivos, discutan y revisen esta medida para lograr un genuino desarrollo rural del país.

Notas

1 – El contrato secreto de inversión entre el Gobierno y Montes del Plata, está disponible en
http://www.guayubira.org.uy/2011/05/contrato-inversion-montes-del-plata/

2- Acceder a los mapas y a la presentación realizada por Guayubira en el evento organizado por LA SEMANA en
http://www.guayubira.org.uy/images/web2011/coneat502b-colonia-sanjose.pps

Fuente: Grupo Guayubira

El Polonio Modificado.

Seguir "conteniendo la edificación, especialmente la individual residencial" en Cabo Polonio y sus vecindades es una de las estrategias de los lineamientos básicos del Plan de Manejo de esa área protegida. El documento final estará a fin de año.

"Esta `aldea` del Polonio se conservaría y reconvertiría, transformándose paulatinamente el stock residencial en `posadas` o en `eco hosterías`", agrega el documento preliminar.

Con este punto del Plan de Manejo preliminar no está del todo de acuerdo Gabasol S.A., propietario de un inmueble en la playa Sur con 80 viviendas. El presidente de Gabasol S.A., Medardo Manini, manifestó que "Sprechmann & Capandeguy (equipo técnico que elabora el Plan de Manejo) tiene una visión del Polonio sustentada en un desarrollo de hostales y posadas versus la residencia individual, porque dicen que tiene que haber una alta rotación de gente que ingrese por el día, nosotros tenemos una visión con algunos matices de diferencia porque ese turismo que viene por el día es el que ecológicamente tiene menos compromiso con el medio que una persona que tiene una residencia permanente o por temporada".

El Plan de Manejo comenzó a elaborarse una vez que Cabo Polonio fue declarado área protegida por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), del Ministerio de Vivienda en 2009. Y consiste en un documento que regulará las actividades que se podrán y las que no se podrán hacer adentro de Cabo Polonio, teniendo en cuenta que es un lugar turístico pero también un área protegida debido a sus riquezas naturales.

"El equipo técnico debe entregar el documento final, que se prevé sea en lo que queda del año. Después ese documento es entregado a la Comisión Asesora Específica del Polonio, integrada, entre otros, por todos los actores públicos que tienen incidencia en el área, ONG ambientalistas de la zona y grupos de vecinos organizados (Gabasol integra la Comisión). El siguiente paso es una discusión sobre el documento para ver si requiere cambios y cuáles son. Y luego debe haber una aprobación oficial, para eso tiene que haber una resolución ministerial que diga que esa es la hoja de ruta para el área protegida", informó Erika Hoffmann, encargada de comunicación del SNAP.

El documento preliminar establece que "se avanzará hacia una disposición de agua potable y un tratamiento descentralizado de los residuos cloacales, profundizándose en el uso de energías renovables y en edificaciones ecológicamente más amigables". Respecto al agua potable, se plantea efectuar un acuerdo con OSE para que la provea. Manini indicó que Gabasol prefiere que no exista agua corriente, como hasta hoy, porque "después hay que buscar una solución para el saneamiento. Además, después del agua viene la energía eléctrica y ahí se termina la identidad propia del Polonio". En el documento se tiene en cuenta el saneamiento, se estipula "armar una red de efluentes decantados, que luego serán tratados", ya que hoy existe escurrimientos de aguas negras y pluviales.

El equipo técnico indica, además, que es necesario lograr la reconversión del Cabo como producto turístico de naturaleza y no sólo de sol y playa ya que ese turismo "debiera redundar en un manejo ambientalmente más responsable".

PLAYAS. Prevén recuperar la playa Norte, rehabilitar la playa La Calavera y la Sur. En la primera piensan "relocalizar algunas construcciones costeras y su población permanente si fuese el caso y efectuar una cuidada extracción de escombros". Para la playa La Calavera la rehabilitación "se asocia a las actuaciones de sus propietarios privados. Desde el Estado se podría facilitar la relocalización de sus pobladores permanentes de larga data".

Para recuperar la playa Sur prevén retirar los escombros enterrados que pertenecen a la demolición de construcciones irregulares hecha en los `90.

MAPA. El equipo técnico Sprechmann & Capandeguy proponen una zonificación del Cabo, que sirve para dar pautas de manejo. Está dividida en cuatro: una zona intangible, una de recuperación, una de uso restringido y una de uso intensivo. La intangible "es la superficie natural poco alterada". El objetivo es proteger los procesos naturales sin perturbación". Está comprendida por las islas y el área de 100 metros de mar que las circunda.

La zona de recuperación son sectores del Cabo que tienen daños al suelo, a la vegetación, a la fauna silvestre, a las construcciones deseadas. El objetivo planteado para esta zona es: "Detener la degradación ambiental, recuperando los procesos naturales". Esta área comprende: la zona forestada y los bordes que muestran signos de invasión forestal, sectores dunares invadidos por gramíneas, las áreas del Cabo y sus vecindades y el enclave poblado en el extremo norte del parque (ruta 10 y arroyo Valizas).

La zona de uso restringido es donde hay ambientes naturales que tienen una reducida intervención por la presencia humana. Allí se buscará mantener la calidad del paisaje. Está comprendida por el cordón dunar, zona marina y costera, costa rocosa, bosque costero, predio donde está el Faro, perteneciente a la Armada, zona entre la ruta 10, el arroyo Valizas y el bosque implantado. En esa área se permitirá el uso público como turismo, uso ganadero de baja escala, pesca deportiva, entre otros.

Y la cuarta es la zona de uso intensivo, que es el área destinada al asentamiento humano y de servicios. El objetivo para esta zona es "garantizar las condiciones de permanencia, buscando atenuar los impactos negativos, riesgos o daños ambientales de las actividades".

Las cifras

70.000 Personas aproximadamente entraron a Cabo Polonio en enero y febrero pasado, un promedio de 1.400 personas por día.

US$1:2 Es la inversión efectuada en la "Puerta del Polonio" (terminal de acceso) y una edificación con servicios adentro del Cabo.

Viernes entregan el penúltimo informe del Plan de Manejo

El próximo viernes sesionará la Comisión Asesora Específica de Cabo Polonio, que está presidida por el Ministerio de Vivienda e integrada por propietarios de casas en el Cabo como Gabasol S.A., entre otros actores y organismos del Estado. Ese día el equipo técnico Sprechmann & Capandeguy entregará a la Comisión el penúltimo informe con los lineamientos básicos del avance del Plan de Manejo del área protegida.

Medardo Manini, presidente de Gabasol, informó que en la Comisión están "elaborando un plan de manejo de residuos responsables, para eso gestionan un acuerdo con la Intendencia de Rocha para el reciclaje de residuos. Además, estamos tratando de eliminar la bolsa de nylon en el Cabo, incentivando la chismosa y un sistema de recolección de pilas". Agregó que la Comisión está buscando la forma de reducir los ruidos molestos como los que provocan los vehículos que ingresan al Cabo.

Cifras de turismo en Rocha

La Costa de Rocha recibió en el primer trimestre de 2011 a 116.406 visitantes, cuyo gasto fue de US$ 92:647.821, en el segundo trimestre de 2011 llegaron 20.465 turistas cuyo gasto fue de US$ 9:586.244. En el tercer trimestre llegaron a esa zona turística del país 20.577 personas y el gasto de esos turistas en ese período fue de US$ 11:303.569, según el Ministerio de Turismo.

Cabo Polonio tiene una población permanente de unos 70 habitantes.

El número de viviendas desocupadas (que se asume de uso estival) en este balneario de Rocha registrado por los censos fue de 106, 178 y 430 respectivamente (INE 1985, 1996 y 2004). En síntesis, la construcción de viviendas se ha visto duplicada en ambos períodos intercensales y el uso de esas casas mayoritariamente es de veraneo (alcanzando el 94 % para el 2004), según el informe "Proyecto de ingreso Parque Nacional Cabo Polonio".

En 2008 se registraron entre 1.000 y 1.200 ingresos diarios de turistas en el mes de enero y algo menos de 1.000 durante febrero, totalizando cerca de 60.000 ingresos en esos dos meses, según indica ese mismo informe publicado en www.snap.gub.uy.

US$ 1:200.000 es el costo de la "Puerta del Polonio", terminal de entrada al Cabo, y otra edificación adentro con enfermería y baños.

Fuente: El País Digital

Mano de Obra Barata en Uruguay

El gobierno decidió responderles a los patrones que se quejan. Es que según una encuesta de la “consultora” Deloitte la aprobación de los empresarios acerca del “modelo que se aplica” viene en picada. Sobre todo porque “aumenta los costos laborales”.

Lo que es falso. Tanto, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tuvo que salir al cruce del “discurso histórico” de las corporaciones empresariales divulgando un estudio que prueba lo contrario. En el documento elaborado por los técnicos del MTSS se indica que la productividad de los trabajadores no dejó de crecer en los últimos años, por lo que no pueden ser considerados como un problema los “costos laborales”.  Y mucho menos el salario. Porque entre enero y setiembre de 2011 (según dicho informe) el aumento salarial promedio fue de 3,7%, mientras que la productividad de los asalariados registró un incremento estimado de 4,5%. Este aceleramiento del “rendimiento por trabajador” no se limita al último año. Viene de más lejos. Mejor dicho, desde que el “progresismo” gobierna. Como da cuenta una investigación del semanario Búsqueda (29-9-2011): “entre 2006 y 2011 el incremento de la productividad del trabajo fue casi 23% para toda la economía”. Si a esto se le agrega el crecimiento sostenido del multiempleo (y en muchos casos la carga horaria) en ramas como la enseñanza, la salud, el transporte y las comunicaciones, la conclusión es una sola: aumentó la tasa de explotación.

 

No obstante, los patrones exigen más. Quieren “condiciones óptimas” para el “buen clima de negocios”. Y esas “condiciones óptimas” ya las conocemos: desregular las relaciones laborales, menos derechos sindicales, menos impuestos al capital y, ante todo, salarios más baratos todavía.

Las “discrepancias” entre gobierno y empresarios no atañen al proceso de acumulación y reproducción del capital. Por tanto, no cuestionan el proceso de apropiación privada de la riqueza social producida por el trabajo de los asalariados. Es decir, no “discrepan” sobre el fondo de un mecanismo cuyas consecuencias son conocidas: enriquecen a unos pocos y empobrecen a muchos otros. Gobierno y empresarios pueden, incluso, diferir sobre los instrumentos “redistributivos” que buscan alivianar la brecha de desigualdad social; pero coinciden en asegurar la explotación de la fuerza de trabajo.

En su reciente gira europea, Mujica volvió a reiterar que se somete a esta lógica expropiatoria del capitalismo. Ante 200 empresarios alemanes, reunidos en la Cámara de Comercio de Hamburgo, les ofreció como principal garantía las “ventajas” de un país que tiene abundante “mano de obra barata”. Tan “barata” que resulta atractiva al capital extranjero: en un año arribaron 1.300 millones de dólares. Excelente noticia para el “buen clima de negocios”·.

En cuanto al precio miserable de la fuerza de trabajo, el presidente cantó la justa. Si consideramos que más de 800.000 asalariados (de 1.300.000 cotizantes al Banco de Previsión Social) ganan menos de $10.000 mensuales. Y si tomamos como referencia el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE): el ingreso medio per cápita es de $11.163 mensuales. Lo que equivale a poco menos de dos salarios mínimos.

Podría haberse esperado una respuesta categórica del PIT-CNT ante tamaño insulto. Como también por los improperios presidenciales -que según los cables de prensa dejaron “perplejo” al auditorio germano- sobre la supuesta adicción de los uruguayos “a faltar al trabajo los lunes”. Hubiera sido pedir demasiado. Porque la “independencia política” que proclama tener el sindicalismo progresista -ni hablar de una concepción de clase- es apenas el recurso oportunista de una capa burocrática. Integrada política y materialmente al proyecto gubernamental.

Sin embargo, las luchas de resistencia no aflojan. Pese a la fragmentación sectorial y en ausencia de un plan centralizador de las demandas y las movilizaciones, la “conflictividad laboral” subió 36% en octubre. Miles de trabajadores ocupan, hacen huelgas, salen a la calle, protestan. Se defienden. Porque la ofensiva está en manos de las clases propietarias. Y del gobierno que les administra sus bienes e intereses, siguiendo las ordenes de las instituciones financieras internacionales. A tal punto, que la misión del FMI que visitó el país recientemente para monitorear la política económica fue tajante en sus conclusiones: “No le hemos realizado ninguna recomendación fuerte al gobierno”. Porque la política económica “está en línea con los parámetros del FMI”. (El Observador, 5-10-2011)

Esta ofensiva del capital, que seguramente se irá reforzando en los próximos meses a  través de diversos mecanismos expropiadores -privatizaciones, exoneraciones tributarias a las empresas, recortes en la inversión social, austeridad salarial, violación de convenios, despidos, envíos al seguro de paro-, contará con otro factor de extorsión sobre la clase trabajadora: las consecuencias de la crisis capitalista internacional. De allí que se reiteren los llamados (chantajes) a la “prudencia”, rebajando demandas y cediendo derechos. Porque lo importante es el “interés general”. En definitiva, para que los trabajadores sigan pagando la factura. O sea: para que continúen hundidos en la penuria salarial, la precariedad laboral y la pobreza social. Nada nuevo. Muy sabiamente, Marx ya lo había advertido en El Capital: “La razón última de todas las verdaderas crisis reside siempre en la pobreza y el consumo reducido de las masas”.

Mientras tanto, continuaremos asistiendo a las operaciones políticas teñidas de parodia mediática. Un día por el “retiro” del presidenciable Tabaré Vázquez. Otro día por culpa del imperialista Sarkozy. En un caso para reubicar las piezas en el partido de gobierno. En el otro para mostrar que la “unidad nacional” funciona.

Fuente: Editorial En Lucha Nº 3(Blog Atea y Sublevada)

Educación No Compartida.

El Consejo de Educación Secundaria anunció este lunes que no comparte el proyecto PROMEJORA, que comenzará a regir en 20 centros educativos en 2012 y ya había sido aprobado por el CODICEN.

Las diferencias habían aparecido en la mañana de este lunes, cuando Secundaria ordenó quitar de su sitio web la convocatoria a instituciones educativas que quieran adoptar el PROMEJORA a partir del próximo año.

La decisión causó malestar en el CODICEN, que al enterarse intimó al CES volver a publicar el documento, tal como establece la resolución número 34 de la ANEP, aprobada el 26 de octubre de 2011.

Citando la resolución, Secundaria volvió a publicar la convocatoria a liceos, aunque explicitó que dicho proyecto no contaba con la anuencia del CES, en un comunicado firmado por la directora Pilar Ubilla y los consejeros Fernando Tomeo y Daniel Guasco.

En la declaración, Secundaria afirma "no haber recibido por parte del CODICEN el citado proyecto, por lo cual el mismo no cuenta con la aprobación formal de este Consejo".

Además, y tras analizar "la documentación recibida por inspectoras participantes en la Comisión PROFIME", el Consejo afirma que "no comparte las orientaciones generales del proyecto ni la estrategia de implementación del mismo".

En el mismo sentido, anuncian que "en breve" Secundaria presentará un documento fundamentando su posición.

El proyecto

PROMEJORA es un proyecto presentado por el representante de la oposición en el CODICEN Daniel Corbo, con la intención de darle mayor autonomía a los centros educativos.

El proyecto establece que cada liceo, UTU o escuela deba presentar un plan a 3 años con proyectos anuales, en base a sus necesidades, fortalezas y objetivos propios.

De esta forma, cada centro deberá administrar sus recursos en función del proyecto presentado, pudiendo sumar docentes y asignaturas diferentes a los de otros centros. De todas maneras, se asegura que las instituciones mantendrán un ciclo mínimo común.

La iniciativa de Corbo fue aprobada por el CODICEN el mes pasado, pero apenas se dio a conocer recibió fuertes críticas por parte de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, al entender que generaría "competencia entre los centros por los recursos".

Fuente: Montevideo Portal

Paro de los Maquinistas de A.F.E.

Contra las Privatizaciones.

LOS TRANSPORTISTAS pararon en el di de ayer los recorridos del área metropolitana en rechazo a la escalada privatizadora. El paro que se hicieron los maquinistas de la estación Peñarol por 24 horas, con una Asamblea de trabajadores que empiezo a las 10 de la mañana. En el comunicado que emitieron los trabajadores de explica que “El proyecto fue cambiado por el de transformar a AFE en una Sociedad de Derecho Privado, liquidando a AFE. Nuestros intentos de negociación fueron infructuosos, primero luchamos contra las “provocaciones” gratuitas y falta de argumentos para transformar a AFE bajo el derecho privado del MTOP, luego con la intransigencia del Gobierno, liderado por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transportes”.

Agregando que “Según dichos de estos Ministerios las empresas del Estado no son eficaces para realizar negocios ni compras. “No obstante, hoy AFE y ANCAP ambas empresas del Estado, lograron un excelente negocio para el Uruguay, en que la petrolera estatal financiará la reparación de vías, como así también la compra de máquinas y vagones.

Los trabajadores denunciaron enfáticamente el proyecto privatizador que encierra la reforma de AFE “Solo escuchamos tendenciosamente por parte de los Ministerios y el Gobierno que los inversores no venían porque el derecho público de la AFE los ahuyentaba, pero la mentira no se siembra repitiéndola 100 veces, ahora que estas falaces afirmaciones quedaron al descubierto”.” Solo mantuvieron desinformado al Pueblo que desde el año 1992 soberanamente dijo NO A LAS PRIVATIZACIONES”.

ENRIQUE SOLARI DABA DETALLES DE ESTA MEDIDA DE LUCHA.

“Las novedades que se tienen es cuando vos haces un paro de 24 horas y empezas a tomar medidas es porque las cosas no están muy bien. Las conversaciones prácticamente que se tenían con Baraibar están trancada privatización de AFE. Novedad en si no”. “Todas las medidas que se hagan para enfrentar a este gobierno y a estas políticas es bienvenida. No basta solo escuchar los informativos para darse cuenta que es paro de salud pública, paro de esto, de lo otro porque se habla de las privatizaciones de AFE pero AFE es un conejito de india y esto va a venir para todos los Entes. Tenes que enfrentarlo, no queda otra cosa que enfrentarlo”. Solari manifestó además que se prevé que la mediad de paro se extienda un par de días se va a hacer remesa Nico Pérez y a los dos días remesa Paso de los Toros.

Fuente: Diario La Juventud

Los enfermeros de las puertas de emergencias de los hospitales públicos afirman que las faltas coordinadas se continuarán realizando, luego que 20 funcionarios fueron suspendidos por no presentarse en sus lugares de trabajo la semana pasada como reivindicación por la falta de personal
"Las faltas esporádicas se van a seguir dando, es una realidad, si un compañero necesita el día va a faltar de todas maneras, eso es real", explicó una fuente sindical a Ultimas Noticias. En el correr de la semana los enfermeros se reunirán con sus abogados para seguir el conflicto bien "asesorados legalmente", tratar de desafectar por la vía legal que corresponda las veinte sanciones y "denunciar a Beatriz Fajián por habernos calificados como asesinos". Con el objetivo de continuar el conflicto, se evaluará aplicar un nuevo "faltazo" como el que se efectuó días atrás en los hospitales Pasteur, Español y Maciel.
El fin de semana transcurrió tranquilamente en los centros de atención que pudieron funcionar con normalidad gracias a la guardia gremial que puso la Federación de Funcionarios de Salud Pública (Ffsp), y las derivaciones a centros de salud privados.
Por su parte, hoy los enfermeros mantendrán una reunión en el Pit- Cnt junto a Beatriz Fajián -presidenta de Ffsp y coordinadora de la central sindical - y otro de los coordinadores, Fernando Pereyra.
Según dijo Fajián, les volverá a explicar "que no pueden tomar una medida sin el apoyo de la Federación" motivo por el que fueron declarados fuera de la orgánica del sindicato. "Yo les advertí que lo que hicieron no lo podía hacer, no pueden tomar unilateralmente una medida de este tipo", señaló Fajián.
Otro de los puntos a comunicar será que desde la Federación se continuarán las negociaciones con Asse para llenar los cargos vacantes que hay en las emergencias y solucionar así parte del conflicto. Pero en las reuniones está estipulado que no participen los delegados de las puertas que llevaron adelante el "faltazo".
Además, de ahora en adelante, todas las medidas que se decidan tomar "correrán por cuenta de ellos así como las consecuencias que éstas acarreen". Con respecto a la denuncia que la organización de usuarios Espacio participativo estudia presentar ante la Justicia penal por la acción de faltar coordinadamente a trabajar y la declaración de conflicto de los enfermeros, Fajián señaló que "tienen derecho a hacerlo porque no somos la Untmra que puede cerrar una fábrica y ocuparla, la salud es un servicio esencial".
Sobre las sanciones, Fajián dejó en claro que si bien en el rubro salud se puede faltar con previo aviso al jefe correspondiente -en este caso la nurse de cada enfermería- , no se puede hacer "anotándolo en un cuaderno de novedades como lo hicieron los enfermeros".
Frente a la situación, la presidenta de la Federación se comunicó con Juan Castillo, el tercer coordinador del Pit-Cnt, quien sostuvo que "si en el puerto hacemos eso nos suspenden por sabotaje y hasta nos pueden echar".
Los funcionarios no médicos de las emergencias de tres hospitales capitalinos decidieron faltar coordinadamente a trabajar ante la falta de respuesta a sus reclamos.
La última reunión que mantuvieron con Asse generó aún más molestia en los funcionarios, ya que se les planteó que de acuerdo a un estudio realizado en 2011 las emergencias de los hospitales Maciel, Pasteur, Las Piedras, Saint Bois y Español necesitan 17 licenciadas en enfermería y 31 auxiliares, cifra que para los trabajadores es insuficiente.

Hospitales. Los enfermeros de los centros de atención planean una nueva medida.

Fuente: Ultimas Noticias

Suben los Precios Para el Trabajador.

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