Viejitos... De Mierda

DENUNCIAN VIOLENCIA SEXUAL COMO CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.

Las presas políticas de la dictadura denunciaron que fueron violentadas sexualmente en una práctica sistemática del terrorismo de Estado y señalaron como victimarlos a conocidos criminales de lesa humanidad. Algunos, que se encuentran presos, podrían quedar bajo arresto domiciliario si prosperara una iniciativa que beneficie a los mayores de setenta años. El testimonio de las víctimas sacudió a la teleaudiencia uruguaya. La justicia actúa ante masivas denuncias por torturas y la defensa de los represores prepara recursos de inconstitucionalidad.

ROGER RODRIGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy

El Goyo Álvarez, Gavazzo, Arab, Ramas, Cordero, Calcagno, Chialanza y Araújo Umpiérrez, serían algunos de los criminales que se beneficiarían con una ley que admita la prisión domiciliaria para los “viejitos” (mayores de 70 años) que se encuentran hoy procesados por violaciones a los derechos humanos en los años de la dictadura y que permanecen recluidos en la cárcel exclusiva de la calle Domingo Arenas, en celdas acondicionadas de la Guardia de Coraceros o en salas especiales del Hospital Militar.

Precisamente, esta semana, los propios Álvarez, Gavazzo, Arab, Cordero, Chialanza, y otros militares también encarcelados, como Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Miguel Dalmao y Luis Maurente, han sido denunciados,  junto a todos los oficiales y suboficiales que operaba en determinadas unidades militares de la dictadura, por practicar en forma sistemática la violencia sexual  -como una herramienta de tortura- sobre una treintena de ex presas en el Penal de Punta Rieles y otros centros de reclusión de todo el país.

La causa colectiva de las mujeres se suma a las que ya han presentado otras víctimas de la tortura. Primero fueron los detenidos en la unidad aérea de Boisso Lanza, y a ellos se agregaron los que sufrieron reclusión en Artillería Nº 1 de La Paloma, el grupo de jóvenes torturados en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), las estudiantes abusadas en Treinta y Tres, los sobrevivientes de la Operación Morgan contra el Partido Comunista y los que cayeron en La Tablada a principios de los años ochenta.

Todas las causas –como otras que se elaboran contra cada unidad militar- plantean a la tortura como un crimen de lesa humanidad imprescriptible. Todas las causas serán recurridas por los abogados de los indagados, quienes ya redactan los recursos de inconstitucionalidad con que -cuando sus defendidos sean convocados- derivarán el tema a una Suprema Corte de Justicia que ya ha obligado a tipificar como homicidio casos de desaparición, pero que no se expidió aún sobre si los delitos de la dictadura son o no de lesa humanidad.

Este cuerpo es mío

La denuncia por violencia sexual, realizada ante el juzgado Penal de 7º turno, conmovió esta semana a la opinión pública uruguaya luego de que cuatro de las víctimas se presentaron en el programa “Esta boca es mía” que en Canal 12 conduce Victoria Rodríguez junto a un equipo de panelistas. El inédito testimonio vertido el lunes en ese programa vespertino, colocó por primera vez  -y como nunca antes- el tema de los derechos humanos en el living de una audiencia habituada a otros contendidos.

Aunque ningún noticiero o programa de televisión se hizo eco del impacto de los desgarradores relatos de esas mujeres, quienes contaron en detalle los vejámenes a los que las sometieron en distintas unidades militares y policiales durante la dictadura, lo ocurrido se convirtió en motivo de conversación en peluquerías y cafeterías de Montevideo, a la vez que se multiplicaban las visitas y el registro de internautas a la página web de Teledoce con el objetivo de volver a ver el programa, que retransmitió el canal de cable Nuevo Siglo.

Ante las cámaras de televisión, la ex tupamara Beatriz Benzano subrayó el carácter de género de las violaciones que sufrieron y la ex comunista Mirta Macedo relató en forma descarnada el proceso de tortura al que eran sometidas, mientras otras dos víctimas que se encontraban en la tribuna del programa, terminaron por aportar el testimonios de sus terribles vivencias como mujeres vejadas y cuyas secuelas les persiguen a más de treinta años de lo ocurrido. “Lo que sufrimos afecta la dignidad de la humanidad toda”, dijeron.

La denuncia judicial presentada, abarca a todos los oficiales y suboficiales que en el período entre 1972  y 1985 se encontraban en el Penal de Punta de Rieles, el “300 Carlos”, Caballería Nº 9, el cuartel del Km. 14 de camino Maldonado, el establecimiento La Tablada, la Casa de Punta Gorda, la Cárcel de Pueblo (Parque Rodó), Caballería Nº 4, el Hospital Militar, Artillería Nº 1 (La Paloma), el Batallón de Ingenieros Nº 1, Infantería Nº 5 de Mercedes, el 5º. de Artillería, Infantería Nº. 7 de Salto y los cuarteles Nº. 13 y Nº. 6 de Caballería.

Como “botín de guerra”

“La conducta desarrollada por los denunciados formó parte de un plan sistemático orquestado por quienes detentaban el poder en forma ilegítima,  cuya finalidad era la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres, menoscabando su integridad física y mental y su dignidad con prácticas tales como la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y ano, tocamientos, así como insultos degradantes y amenazas por la sola condición de ser mujeres llegando en muchos casos a la consumación de la violación”, dice el escrito judicial.

“Las detenidas eran doblemente victimizadas, tanto por su ideología como por su condición de mujer, utilizándose  su cuerpo como un botín de guerra. Todas estas prácticas realizadas no sólo buscaban destruir a las detenidas sino que también procuraban morbosamente el placer de los torturadores en sus distintas manifestaciones, ya sea tocándolas, impidiéndoles el aseo por tiempo prolongado y cuando lo permitían observándoles permanentemente y apuntándoles con un arma, realizándoles plantones totalmente desnudas, no dejándolas dormir, soltándoles perros, no brindándoles agua ni alimentos, impidiéndoles realizar sus necesidades básicas e incluso colocándole ratas en los genitales habiendo sido previamente untadas con grasa”, se narra.

“Dado que se procura denunciar a los responsables directos e indirectos sobre el presupuesto de estar frente a una violación de los DDHH realizada en forma sistemática y orquestada, es del caso resumir más allá de lo ya expresado que se cometieron las siguientes torturas: plantón, golpes en todo el cuerpo, picana en la vagina, desnudez, manoseo constante, amenazas de violación y violación consumada, estando encapuchadas, no recibiendo alimentos ni agua  y que como consecuencia de tales apremios algunas de ellas terminan siendo internadas en la sala 8 del Hospital Militar, submarino húmedo y seco, quemaduras con cigarros, picana en los brazos, cuello y genitales, entre otra.”

“La denuncia judicial agrega que “algunas de ellas eran acosadas e insultadas por su ascendencia racial. Las detenidas sufrieron: colgamientos con los brazos atados hacia atrás, les  colocaban un arma en la boca y recibían golpes en el estómago y en las costillas quedando fisuras como consecuencia de ello, empalamiento con tolete, caballete con electricidad, exhibicionismo. También tortura de caballete y picana hasta sangrar y perder control de esfínteres. Imposibilidad de ir al baño y cuando lo hacían era en presencia de la guardia quien les apuntaba con el arma”, se expresa en la denuncia.

“Viejitos” depravados

En el año 2005, tras la asunción del presidente Tabaré Vázquez, el ministro del interior, José Díaz, propició la aprobación de la Ley 17.897, conocida como la ley de humanización de cárceles, que para mejorar la situación de los presidios, preveía el otorgamiento de la prisión domiciliaria para mayores de setenta años (Artículo 9º), pero expresamente se excluía del beneficio a quienes habían cometido homicidios con agravantes, el delito de violación o crímenes previstos en el Estatuto de Roma, ratificado el 27 de junio de 2002.

Un año antes de que fuera procesado algún militar en Uruguay (las primeras detenciones se produjeron el 11 de setiembre de 2006), el Poder Legislativo había excluido específicamente del amparo a un arresto domiciliario a los detenidos mayores de setenta años, fueran civiles o militares, que hubieran cometido, precisamente, los mismos delitos que practicaron los “viejitos” represores de la dictadura: la violación, el homicidio agravado y otros crímenes que internacionalmente son calificados como delitos de lesa humanidad.

El dictador Gregorio Álvarez (1925), quien sería el primer beneficiario de una ley a los “viejitos” ya fue encarcelado por la desaparición de uruguayos en 1978 y por el homicidio de Roberto Luzardo y, ahora, también se le acusa por el abuso de un grupo de estudiantes en una unidad militar de Treinta y Tres bajo su mando. Otro tanto ocurre con Ernesto Ramas (1936), José Gavazzo (1939), Ricardo Arab (1940) y Carlos Calcagno (1941), quienes pese a su participación en la desaparición masiva de persona en el marco del Plan Cóndor y ser ahora acusados por violencia sexual, podría obtener la prisión domiciliaria.

Una ley de excarcelación también beneficiaría al miembro del escuadrón de la muerte Nelson Bardesio (1931), al torturador de la Fuerza Aérea José Araújo Umpiérrez (1932), al ex canciller Juan Carlos Blanco (1934), al homicida del Nibia Sabalsagaray, coronel José Chialanza (1935), al aún prófugo Manuel Cordero (1938), quien ya goza de prisión domiciliaria en Argentina y a dos de los militares acusados por la fiscalía en el caso de la desaparición de Horacio Helós Bonilla: Juan Tucci (1938) y Aquiles Moraes (1934)… Si se concretara la ley mencionada por voceros del gobierno, en pocos años todos los criminales estarían en sus domicilios, aunque sean culpados y condenados.

DIEZ A DOMICILIO

Álvarez, Bardesio, Araújo, Blanco, Chialanza, Ramas, Cordero, Gavazzo, Arab y Calcagno, nacidos antes de 1941, quedarían bajo arresto domiciliario si se concretara una ley que saque de prisión a los represores mayores de 70 años. En menos de una década todos los criminales de lesa humanidad quedarían fuera de las rejas…

NOMBRE                      CAUSA                               DELITO         PRISION              NACIDO

Álvarez, Gregorio           3º traslados/R. Luzardo        Homicidio       D. Arena              1925

Araújo Umpiérrez, José  U. Chávez Sosa                   Homicidio       Domiciliaria          1932

Blanco, Juan Carlos       Z. Michelini/ E. Quinteros     Homicidio       C. Central             1934

Chialanza, Jose N.         N. Sabalsagaray                  Homicidio       G. Coraceros        1935

Ramas, Ernesto             2º Vuelo/Gelman                  Homicidio       H. Militar              1936

Cordero, Manuel            Plan Cóndor                        Homicidio       Domiciliaria (Arg.) 1938

Gavazzo, José N.           2º V/Gelman/R.Gomensoro   Homicidio       D. Arena              1939

Arab, Ricardo                2º Vuelo/Gelman                  Homicidio       D. Arena              1940

Bardesio, Nelson           Escuadrón de la muerte        Homicidio       C. Central             1941

Calcagno, Carlos           G. Insaurralde- N. Santana    Desaparición  D. Arena              1941

Gomez, Juan C.             R. Gomensoro                     Homicidio       D. Arena              1942

Gómez Graña, Héctor    G. Alter                               Homicidio       G. Coraceros        1942

Vázquez, Gilberto          2º Vuelo/Gelman                  Homicidio       D. Arena              1945

Silveira, Jorge                2º Vuelo/Gelman                  Homicidio       D. Arena              1945

Larcebeau, Juan Carlos  3º traslados                         Homicidio       D. Arena              1946

Maurente, Luis               2º Vuelo                              Homicidio       D. Arena              1947

Tróccoli, Jorge               3º traslados                         Homicidio       Prófugo                1947

Sande, José                  2º Vuelo                              Homicidio       D. Arena              1948

Medina, Ricardo             2º Vuelo/Gelman                  Homicidio       D. Arena              1948

Ohanessian, Antranig     Plan Cóndor                        Homicidio       Requerido             1949

Soca, Ernesto               2º Vuelo                              Homicidio       D. Arena              1949

Machado, Tranquilino     R. Peré                               Homicidio       G. Coraceros        1949

Dalmao, Miguel Ángel    N. Sabalsagaray                  Homicidio       G. Coraceros        1951

Rivero, Enrique              U. Chávez Sosa/ H. Ramos  Homicidio       D. Arena              S/dato

Fleitas, Pedro                Escuadrón de la muerte        Homicidio       C. Central             S/dato

Gula, Walter                  H. Ramos                            Homicidio       G. Coraceros        S/dato

Aguerre, Arturo              G. Alter                               Homicidio       G. Coraceros        S/dato

Hermes Tarigo               G. Alter                               Homicidio       Prófugo                S/dato

Publicado en Caras y Caretas el Viernes 4de Noviembre de 2011.

Llueven Denuncias contra Ex. Militares.

En cuatro días, la Justicia recibió denuncias de 350 personas por torturas cometidas durante la dictadura. Solo en las últimas 48 horas, fueron 318 personas, incluidos los que se presentaron en seccionales policiales. Si bien los abogados aseguraron que la explosión de demandas no se debe a la cercanía del 1º de noviembre, sino a metas de tiempo o mayor información recibida por la gente, el aumento de denuncias presentadas en las últimas horas fue notorio.
Según datos aportados por Sara Beledo, funcionaria de la Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos del Poder Judicial a Ultimas Noticias, en la jornada de ayer se recibieron ocho casos referidos a derechos humanos. Esta sección es la encargada de recibir las denuncias penales y derivarlas al Juzgado de turno. El diferencial es que un caso agrupaba a 93 denunciantes, mientras que los demás eran individuales.
El primero fue presentado por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), quien reunió a 93 ex presos que fueron torturados en diversos centros clandestinos y edificios militares. A su vez, el abogado Pablo Chargoñia dijo a Ultimas Noticias que un grupo de ex presos presentará una nueva denuncia contra el cuerpo de Fusileros Navales que prestaba funciones durante la dictadura. Si bien no hay datos firmes al respecto porque recién comenzaron a relevar los casos, hasta el momento llegan a 20 denunciantes, aunque se prevé que sean más. Asimismo, el objetivo es presentarla antes de fin de año y su base argumental refiere a que se trata de “crímenes de lesa humanidad cometidos por el aparato represivo estatal, y no un delito ordinario”, explicó Chargoñia.
En tanto, en el departamento de Treinta y Tres se presentó una denuncia por parte de 38 ex presos que fueron detenidos en abril de 1975 en el Batallón 10. Según explicó el abogado, Héctor Di Giácomo, a Ultimas Noticias, 29 de ellos tenían entre 13 y 18 años cuando fueron detenidos y todos pertenecían a la Juventud Comunista. Agregó que en los próximos días van a ampliar la denuncia con documentación sobre lo que ocurrió en el Batallón mientras estuvieron recluidos. En tanto, el abogado Federico Álvarez Petraglia presentó ayer una denuncia para que se investigue la muerte del militante del MLN-T, Fernández Cuño, quien falleció en 1974 en el Hospital Militar. Además patrocina a otras 180 personas que denunciaron sus casos en seccionales policiales.

Militares solicitan archivo de siete casos

Abogados del Centro Militar presentarán hoy en sedes penales la solicitud de archivo de siete casos donde se investigan violaciones a los derechos humanos cometidos por militares durante la dictadura.
Julio Castro, Horacio Gelós Bonilla, Nuble Yic, Santiago Rodríguez Muela, y ex presas que denuncian abuso sexual son los casos que se verán afectados. A estos, se suman las investigaciones de los hijos de desaparecidos Amaral García y los hermanos Victoria y Anatole Julien.
Según explicó la abogada Graciela Figueredo a Ultimas Noticias, ayer se realizó la revisión de los casos, para determinar cuáles eran las investigaciones en curso donde no se ha procesado a ningún militar, ya que es lo que establece la ley para presentar el escrito. El argumento de los abogados será que la prescripción por homicidio especialmente agravado opera a partir de hoy, ya que pasaron veinte años luego del retorno de la democracia, a lo que se le suman los seis años agregados como agravante. El Centro Militar representa en la actualidad a más de cien uniformados.

Masivas. Los abogados Martín Fernández y Jorge Pan junto a dos ex presos presentaron caso de Ielsur.

Fuente: Ultimas Noticias

Hoy comenzará una etapa clave para el cúmulo de las indagatorias judiciales por crímenes de la dictadura. La calificación de los delitos como crímenes de lesa humanidad será el eje del debate. La Corte tendrá la última palabra. Casi 500 casos esperan la decisión.

La reciente presentación de varias denuncias por los crímenes perpetrados por agentes del aparato estatal en dictadura y la reapertura judicial de decenas de casos, oportunamente archivados por aplicación de la Ley Nº 15.848, “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, impulsarán desde hoy un debate jurídico cuyo eje radica en la imprescriptibilidad o no de los delitos perpetrados en los años 70 y 80.

Organizaciones de derechos humanos presentaron, en los últimos días, diversas denuncias contra oficiales y personal subalterno de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres, por sus diversos grados de participación en los ilícitos contra ex presos políticos. Los hechos narran las torturas y vejámenes perpetrados en los centros de detención de la dictadura contra casi 500 ex presos políticos.

La reciente Ley Nº 18.831, por la cual se restablece la pretensión punitiva del Estado y se declara la imprescriptibilidad de los crímenes habilita a jueces y fiscales a continuar la indagatoria en los casos de violaciones a los derechos humanos. Empero, los abogados del Centro Militar presentarán desde hoy recursos incidentales de prescripción en estos procesos y, en caso de no hacerse lugar a sus planteos, promoverán acciones de inconstitucionalidad contra dicha ley.

El hecho implicará la necesaria interpretación jurídica de los tribunales sobre la calificación de los ilícitos perpetrados por militares, policías y civiles con la aquiescencia del Estado. Los casos llegarán irremediablemente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La posición que adopte la Corte determinará la continuidad de los procesos y el posible juzgamientos de los responsables o el archivo definitivo de las indagatorias. Decenas de causas aguardan la resolución del debate.

Torturas y violaciones

Una veintena de mujeres presentó el pasado viernes una denuncia penal contra de oficiales y subalternos, hombres y mujeres, por las torturas y delitos sexuales perpetrados contra ellas, en distintas unidades militares, incluido, el Penal de Punta de Rieles.

La denuncia narra con crudeza la conducta de los represores hacia las mujeres y el menoscabo de su integridad, mediante prácticas como “la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y ano, tocamientos (…) llegando en muchos casos a la consumación de la violación”. Los responsables de los vejámenes “disfrutaban perversamente” con sus acciones, ejerciendo indudablemente una violencia de género, dice el escrito.

La denuncia presentada por las ex presas políticas generó un profundo impacto por el tenor de los ilícitos, pero no es la única causa iniciada por torturas ante los tribunales uruguayos. En este sentido, la jueza Mariana Mota, tiene a estudio la primera denuncia penal por la práctica sistemática de torturas durante la dictadura, en la Base Aérea de Boiso Lanza. Una treintena de ex presos políticos presentaron la denuncia sobre fines de 2010.

Asimismo, ex presos políticos presentaron denuncias por los ilícitos cometidos en el Regimiento de Caballería Mecanizado Nº 6, el Batallón de Infantería Mecanizada Nº 13 (centro clandestino de detención “300 Carlos”) y el Batallón de Infantería Nº 7 de Salto. Además, la Justicia instruye un caso por tortura presentado por 40 ex militantes de la UJC contra ex comisarios de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), al tiempo que ayer se presentó una denuncia penal por la “Operación Morgan” (90 casos de tortura) y una denuncia por torturas contra jóvenes de 13 y 17 años en Treinta y Tres.

En tanto, un grupo de activistas por los derechos humanos presentó ante la Justicia más de 170 casos tortura, privación ilegal de libertad, homicidio y desaparición forzada, entre otros actos ilícitos perpetrados en dictadura. Las denuncias fueron presentadas en comisarías.

El decreto

Sin embargo, las denuncias de parte no son los únicos casos, aún pendientes de resolución, tramitados en la Justicia uruguaya. La aplicación por parte de jueces y fiscales del decreto del Poder Ejecutivo por el cual se revocó, por razones de legitimidad, más de 80 casos amparados, por anteriores gobiernos, en la Ley de Caducidad, determinó la reapertura de decenas de expedientes en todo el país.

La Justicia retomó, mediante la aplicación de la resolución CM/323 del Poder Ejecutivo, la indagatoria penal por la muerte en tortura de Alvaro Balbi, Oscar Baliñas y Hugo Leonardo de los Santos, los casos por el secuestro y desaparición de Eduardo Pérez Silveira y Oscar Tassino, entre otros.

Asimismo, el decreto tuvo efecto en el Interior, por cuanto la jueza Letrada de Fray Bentos de 1er. Turno, Livia Pignataro, dispuso la reapertura del crimen de Vladimir Roslik, y el juez Letrado de Flores de 1º Turno, Eduardo Telesca, desarchivó una denuncia de la FEMI por los ilícitos cometidos en la Brigada de Artillería Nº 2.

Fuente: La República

Siguen Excavaciones.

En el medio de los importantes hallazgos realizados en nuestro país en materia de restos de desaparecidos, la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz de Presidencia de la República entregó urnas con restos óseos inhumados en el Cementerio de Colonia al Equipo Argentino de Antropología Forense para proceder a su identificación, en el marco de los acuerdos de cooperación suscritos entre Uruguay y Argentina.

Así lo informó la Secretaría de Seguimiento en un comunicado de prensa emitido ayer, que recoge Presidencia.

La Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional asistida por la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz de la Presidencia de la República entregó ocho urnas conteniendo restos óseos oportunamente inhumados en el cementerio de la ciudad de Colonia.

Los referidos restos fueron ubicados en el Cementerio de Colonia a partir del relevamiento de las inhumaciones de "NN" (sin nombre) en todo el país, realizado en su oportunidad por la Suprema Corte de Justicia del Uruguay. Posteriormente a su detección, en colaboración con la Secretaría de Seguimiento de la Presidencia de la República y con la correspondiente información y autorización de las autoridades judiciales competentes, se realizó por parte del EAAF (antropólogos argentinos) reiteradas visitas para tomar muestras de los restos, dado que muchas de las muestras tomadas estaban degradadas por su larga permanencia en tierra.

El traslado realizado en el día de la fecha fue oportunamente solicitado a las autoridades judiciales nacionales por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la República Argentina y autorizado por la Señora Juez Letrada de 1ª. Instancia de Primer Turno de Colonia, bajo cuya competencia permanece cualquier información que pueda surgir relativa a una eventual identificación de los restos trasladados y la consiguiente disposición de los mismos.

Informe ampliado en Uruguay

Mientras tanto, Presidencia publicó este martes la ampliación de los informes sobre el paradero de los restos de detenidos desaparecidos de la dictadura, que había sido presentado en 2007. El antropólogo José María López Mazz dijo a Montevideo Portal que en esta etapa se mejoró la calidad de la información.
El informe brindó más información sobre la forma en la que se llevó a cabo la Operación Zanahoria, en la que se desenterraron los restos y fueron cremados a fines de la dictadura.

Para ello se alcanzó a acceder a testimonios de testigos directos de la Operación Zanahoria; uno de ellos asegura que en aquel momento hubo algunos restos que no pudieron ser localizados, lo que podría explicar los hallazgos de los últimos años.

Además de los testimonios, el hallazgo de varias pequeñas fracciones de restos en la zona conocida como el cementerio de Arlington, podría dar cuenta de la existencia de esa Operación, así como también las pruebas de remoción de tierra y uso de maquinaria en el Batallón 14.

En conversación con Montevideo Portal, el Jefe del equipo de antropólogos, José María López Mazz, señaló que entre los elementos destacables de la última etapa se encuentra la mejora en la calidad de la información recabada.

En ese sentido, señaló que llegó más información espontánea, a la vez que el trabajo de campo permitió descartar lugares y desmintió categóricamente las versiones de prensa que señalaron que el dato que permitió el último hallazgo se trate de una información procedente de Domingo Arena.

El informe publicado este martes da detalles sobre los 21 lugares en los que se trabajó: nueve del Ministerio de Defensa, uno del Ministerio del interior, siete predios particulares y cuatro cementerios.

“En el departamento de Montevideo fueron estudiados: el Batallón Nº 13, Brigada Nº 1, la Cantera de Ancap el predio del ex centro clandestino de detención “La Casona”, una chacra en Pajas Blancas, el ex centro clandestino de detención “La Tablada”, el Cementerio del Norte”, señala el informe.

En tanto en el departamento de Canelones se trabajó en el Batallón Nº 14, en la zona del Parador Tajes, en el Grupo de Artillería Antiaérea Nº 1 y la chacra del Camino Piedritas, en Pando.

En Maldonado se investigó en predios cercanos al Aeropuerto, el Cementerio Municipal y el Batallón Nº 4 de Laguna del Sauce. En Rocha se realizaron actividades en el cementerio y en diferentes puntos del litoral Atlántico. En el Departamento de Tacuarembó se realizaron trabajos en el Campo de Maniobras del Batallón Nº 5 de Caballería Blindada, en la localidad de Zapará y en el lago artificial del Río Negro”.

Fuente: Montevideo Portal

La prioridad del equipo de antropólogos que realiza las excavaciones para encontrar a los detenidos desaparecidos durante la dictadura es finalizar el trabajo en el Batallón Nº14, donde se buscan los restos de María Claudia García de Gelman. Sin embargo, en un informe divulgado ayer por Presidencia con la trayectoria de las investigaciones desde que comenzaron en 2007, los antropólogos recomendaron que después se retomen las excavaciones en el Batallón Nº13, donde fueron encontrados los restos de Fernando Miranda en diciembre de 2006.
En ese sentido, dijeron que tienen la "convicción" que allí se encuentran más restos humanos y consideraron que para continuar el trabajo hay que "involucrar" el Ejército, que debería dar "contención" a los informantes para facilitar una localización más precisa de los restos.
El siguiente lugar en la lista de prioridades es un pozo próximo al centro penitenciario de La Tablada, donde también se sugiere la intervención del cuerpo de Bomberos. Tampoco descartaron la presencia de restos en el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (Gada), si bien en las excavaciones realizadas en 2007 y 2009 no se encontraron restos humanos. En el documento los investigadores expusieron una serie de lugares que han sido mencionados en los testimonios y todavía no han sido investigados, como el Puerto de Montevideo, el Cementerio del Buceo, Punta de Rieles y cementerios rurales en Artigas, Cerro Largo y Rivera.
Los antropólogos sostuvieron que existe una "progresiva pérdida de temor" por parte de quienes brindan la información para encontrar los restos, quienes "cada vez están mejor dispuestos y manifiestan menos reparos" en colaborar con las investigaciones. El documento reveló que decenas de militares aportaron datos.

Testimonios aluden al Cementerio del Norte

Entre las zonas de excavación que se mencionan en el informe realizado por el equipo de antropólogos liderado por José López Mazz se menciona el trabajo en el Cementerio del Norte de Montevideo. Al respecto, se mencionan varios testimonios de vecinos y ex militares que vieron entre los años 1976 y 1978 que hubo movimiento de camiones del Ejército que tiraban cajones de madera a una fosa realizada con una retroexcavadora. Otros testigos expresaron que veían carros que llegaban al cementerio con bolsas negras que eran arrojadas en el predio.
Si bien el equipo de arqueólogos halló restos en excavaciones realizadas en un territorio que luego del período dictatorial fue separado del cementerio por un muro de material, no se pudo constatar que correspondieran a desaparecidos.
Por este motivo, se recurrió a los libros del Departamento de Necrópolis de la Intendencia Municipal de Montevideo y del Cementerio del Norte, donde se registraban las entradas y salidas de los tubulares. Sin embargo, los libros no tenían información al respecto, y estaban tirados en un baño abandonado cerca del crematorio. En tanto, otra documentación de este tipo fue quemada, según informó personal policial a familiares de desaparecidos.

Lista de trece reclusos del Batallón 14

En la segunda sección del informe publicado por Presidencia se encuentran los detalles sobre las excavaciones realizadas en La Tablada, al norte de Montevideo, entre julio y octubre de 2007. De acuerdo a datos brindados por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, fueron recluidos en ese centro y trasladados al Batallón 14 -donde se encontraron días atrás restos de un desaparecido- siete militantes del Partido Comunista: Luis Arigón, Óscar Tassino, Amalia Sanjurjo, Ricardo Blanco, Félix Ortiz, Antonio Paitta y Miguel Ángel Matto, de la Unión de Juventudes Comunistas.
También estuvo, del Fidel, Óscar Baliñas, y cuatro militantes del Partido Comunista Revolucionario y el MLN-Tupamaros que fueron trasladados desde el Pozo de Quilmes y Banfield, en Argentina. Según la información que brindaron los familiares, los restos de los militantes fueron exhumados a fines de 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata. Hay dudas al respecto porque años atrás también se pensaba que no se encontraría a Fernando Miranda.

Fueron 21 los lugares que se estudiaron

Hasta el momento fueron estudiados 21 lugares en la búsqueda de restos de los desaparecidos. De estos, nueve pertenecen al Ministerio de Defensa, uno al Ministerio del Interior, siete son predios particulares y cuatro son cementerios. Las investigaciones se realizaron en los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Tacuarembó. De acuerdo a las sugerencias de los antropólogos, en el futuro se deberían ampliar a otros departamentos como Paysandú, San José, Artigas y Rivera. Para los antropólogos está probado que, si bien en general los lugares tienden a concentrarse en el área metropolitana, "el escenario represivo cubrió gran parte del país".
El informe publicado por Presidencia explicó que se estudió la evolución paisajística de cada lugar a través de imágenes aéreas para constatar las modificaciones a lo largo del tiempo. Por otra parte, los antropólogos indicaron que en el transcurso de las investigaciones se sumó como objeto de estudio la comprobación de la existencia de la Operación Zanahoria, de la cual hasta el momento solo había sospechas.

Convicción. El equipo de José López Mazz asegura que hay más restos donde apareció Fernando Miranda.

Fuente: Ultimas Noticias

Colorados Acusados de Defender La Impunidad.

Juan Gelman volvió a criticar a Batlle y Sanguinetti.

Al declarar ante la Justicia Argentina el poeta Juan Gelman dijo que el secuestro de su nuera fue un "secuestro de vientre" y reiteró críticas a los ex presidentes Batlle y Sanguinetti por trabar la investigación.

Juan Gelman declaró a través de una videoconferencia ante el Tribunal de Buenos Aires, dijo que no conocía si su hijo y su nuera tenían militancia política.
Entraban a las casas y se robaban los bienes. Ese fue un secuestro de vientre, mi nuera pudo estar dos meses con la beba y se escuchaban llantos de bebé cada 3 horas por el hambre explicó.
Juan Gelman criticó a Sanguinetti y a Batlle, dijo que Sanguinetti protegió mientras pudo al apropiador de su nuera.

Fuente: Teledoce