El 12 de abril Comienza la Votación en el Senado por el Proyecto Interpretativo de la Ley de Caducidad.
El Dr.González agregó que en primer lugar, "la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a diferencia de la resolución de la Comisión, es absolutamente obligatoria para el cumplimiento del Estado Uruguayo. A tal punto, que inmediatamente de haberse conocido, distintos operadores políticos representantes del gobierno afirmaron públicamente su voluntad de cumplir".
Para el ex abogado de Macarena Gelman, quien trabajó en el caso entre 2002 y 2010, el fallo es de cumplimiento obligatorio porque "Uruguay firmó una convención, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por la cual se comprometió a cumplir con las normas allí establecidas. No solo con relación a la protección de derechos de los ciudadanos, sino también con relación a las resoluciones que dicten los órganos que la componen".
Sobre este tema, el ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti, aseguró que "el Estado uruguayo no está obligado a acatar el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la ley de Caducidad".
Entrevistado en el programa "Claves Políticas", del canal de cable Nuevosiglo, Sanguinetti consideró que el dictamen del tribunal internacional por el caso de María Claudia García "no tiene ninguna importancia, a eso no le hace caso nadie". El ex presidente dijo que el caso fue "terrible y dramático" y "se debe seguir investigando", pero advirtió que "eso no tiene nada que ver con la ley de Caducidad".
Consultados sobre el tema, el Dr. González explicó a Montevideo Portal que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman, "determina un seguimiento para su cumplimiento por parte de la Corte misma. Es decir, un órgano internacional va a estar controlando a Uruguay para que cumpla lo que allí se arregló. Va a ser un monitoreo".
Además, subrayó que a un Estado, "no le conviene desde el punto de vista de su imagen y reputación, incumplir lo que un organismo internacional dicta. Por lo general puede haber una sanción colectiva, que se puede llegar a traducir de diversas maneras".
Conferencia y reconocimiento
El viernes 25 de marzo, en conferencia de prensa, Macarena Gelman y su representante legal, Liliana Tojo, aseguraron que el fallo de la Corte Interamericana obliga a que la Ley de Caducidad caiga para todos los casos, y no solamente el suyo.
Gelman se declaró satisfecha por el fallo, y agregó que se abre ahora una etapa de expectativas respecto a la sentencia. "El Estado asegura que cumplirá y espero que lo haga", manifestó.
Pensar en el que el Estado no va a acatar es "una hipótesis de laboratorio", señaló Tojo. Macarena, entre tanto, consideró el fallo como "una pequeña victoria en una lucha de más de 30 años (...) espero ahora que haya un reconocimiento de lo que sucedió".
Según señaló la abogada, Uruguay tiene plazo de un año para encontrar el cuerpo de María Claudia El fallo de la CIDH le obliga a "establecer unos protocolos de búsqueda efectivos y diligentes, algo que no ha tenido aún".
¿Qué sucede si Uruguay no cumple con la resolución de la CIDH? Tojo aclaró que en caso que no se cumpliera, la Corte comunicará a la asamblea de la OEA (Organización de Estados Americanos), que decidirá y hará efectivas las sanciones correspondientes.
Además, manifestó que el fallo obliga a que la Ley de Caducidad caiga para todos los casos e impide que el Estado utilice otros recursos o chicanas políticas sustitutivas.
El fallo
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Uruguay dejar sin efecto la Ley de Caducidad, que impide juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, y a resarcir económicamente a Macarena Gelman, a causa de la desaparición de su madre María Claudia García. Macarena deberá recibir 300.000 dólares por "lucro cesante como heredera", 180.000 dólares por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre, y 5.000 dólares en concepto de gastos por la búsqueda de la verdad. Gelman alcaró que donará parte del dinero a Aldeas Infantiles.
Batallón 14
María Claudia García fue secuestrada en Argentina cuando tenía 19 años, estando embarazada de Macarena Gelman y fue mantenida con vida hasta que dio a luz y luego desaparecida.
En 2005, el entonces presidente Tabaré Vázquez llevó a Macarena Gelman al Batallón 14 y le señaló el lugar donde supuestamente estaban enterrados los restos de su madre. Sin embargo el dato era falso y según averiguó en su momento Montevideo Portal, fue aportado por uno de los militares que se encuentra recluido en Domingo Arena.
Fuente: Montevideo Portal
Ni Militares Retirados, Ni Sanguinetti Quieren que Caiga la Impunidad.
Cuatro centros de militares advirtieron ayer al ministro de Defensa, Luis Rosadilla, que si se llega a aprobar el proyecto para hacer caer los efectos de la Ley de Caducidad, nuestro país perderá seguridad jurídica y política. "Estaremos volviendo a la historia de piedra", dijeron.
El secretario de Estado convocó a las personas firmantes de la carta que le fue entregada el martes pasado al propio Rosadilla por parte de los centros sociales de las Fuerzas Armadas. En la misma se le pedía a Rosadilla que rectificara sus dichos sobre un presunto involucramiento de retirados militares en la realización del video del supuesto "Ejército de Liberación".
El ministro Rosadilla recibió ayer a los presidentes del Centro Militar, coronel (r), Guillermo Cedrez, Club Naval, contraalmirante (r) Carlos Magliocca, Fuerza Aérea, coronel aviador (r) Hugo Reboledo, y Centro de Oficiales Retirados de las FFAA, coronel (r) Jorge Puente. La intención era hablar del tema directamente, acotó el jerarca. El ministro indicó que el contenido de la carta entregada por los militares retirados tenía errores de apreciación, "tanto en el espíritu, como en lo que yo había expresado a los dirigentes políticos a través de una nota". Rosadilla aclaró que no se tenía ninguna sospecha sobre los militares sino que había fuentes de terceros que en condicional hacían determinadas hipótesis sobre la participación en el video.
El contraalmirante (r) Carlos Magliocca actuó ayer de vocero del grupo de militares retirados, pertenecientes a varios centros sociales de las Fuerzas Armadas, que se reunió con el ministro de Defensa, Luis Rosadilla.
Los militares concluyeron que Rosadilla no tuvo ninguna intención de ofender a la institución. Explicó que el gobierno no tiene sospechas de que algún integrante de las FFAA, en actividad o en retiro, esté involucrado, directa o indirectamente, en el episodio del video.
Magliocca sustentó esta afirmación basándose en que no existe ninguna evidencia que los vincule a ellos, como tampoco a otro sector. "No hay absolutamente nada, no hay indicios de ningún tipo que nos vinculen", señaló. Los centros sociales de las FFAA manifestaron también al ministro Rosadilla su preocupación por las consecuencias que tendría la aprobación del proyecto que hará caer los efectos de la Ley de Caducidad.
Magliocca sostuvo que si la iniciativa es aprobada, tal como está redactada se estaría volviendo a "la historia de piedra". Aclaró que en nuestro país se vive inseguridad jurídica y consideró que en Uruguay "ya se juzgó y condenó, en función de leyes de la época de los años 2000, hechos ocurridos en la década del 70. Períodos de prescripción que fueron manipulados".
A entender de los centros sociales de militares, no existe ni seguridad jurídica ni política en nuestro país. "Porque si no se respetan dos pronunciamientos del soberano, yo me pregunto: ¿Adónde vamos a ir a parar?", dijo.
A todo esto, Rosadilla aclaró que mientras esté ocupando el cargo de ministro tendrá mucha discreción al opinar de temas como la Ley de Caducidad. "Lo que no quiere decir que no tenga opinión", dijo.
Sobre el apoyo del senador Jorge Saravia al llamado a interpelación al propio ministro Rosadilla y al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el titular de Defensa respondió: "Ese es un tema que lo arreglaría a esta altura del partido Federico Fasano. Tiene que darle el Republicano de Oro, porque todas las últimas posiciones que toma, las toma por ser republicano. Creo que le va a corresponder el Republicano de Oro este año", sentenció Rosadilla.
Fuente: La República
El secretario de Estado convocó a las personas firmantes de la carta que le fue entregada el martes pasado al propio Rosadilla por parte de los centros sociales de las Fuerzas Armadas. En la misma se le pedía a Rosadilla que rectificara sus dichos sobre un presunto involucramiento de retirados militares en la realización del video del supuesto "Ejército de Liberación".
El ministro Rosadilla recibió ayer a los presidentes del Centro Militar, coronel (r), Guillermo Cedrez, Club Naval, contraalmirante (r) Carlos Magliocca, Fuerza Aérea, coronel aviador (r) Hugo Reboledo, y Centro de Oficiales Retirados de las FFAA, coronel (r) Jorge Puente. La intención era hablar del tema directamente, acotó el jerarca. El ministro indicó que el contenido de la carta entregada por los militares retirados tenía errores de apreciación, "tanto en el espíritu, como en lo que yo había expresado a los dirigentes políticos a través de una nota". Rosadilla aclaró que no se tenía ninguna sospecha sobre los militares sino que había fuentes de terceros que en condicional hacían determinadas hipótesis sobre la participación en el video.
El contraalmirante (r) Carlos Magliocca actuó ayer de vocero del grupo de militares retirados, pertenecientes a varios centros sociales de las Fuerzas Armadas, que se reunió con el ministro de Defensa, Luis Rosadilla.
Los militares concluyeron que Rosadilla no tuvo ninguna intención de ofender a la institución. Explicó que el gobierno no tiene sospechas de que algún integrante de las FFAA, en actividad o en retiro, esté involucrado, directa o indirectamente, en el episodio del video.
Magliocca sustentó esta afirmación basándose en que no existe ninguna evidencia que los vincule a ellos, como tampoco a otro sector. "No hay absolutamente nada, no hay indicios de ningún tipo que nos vinculen", señaló. Los centros sociales de las FFAA manifestaron también al ministro Rosadilla su preocupación por las consecuencias que tendría la aprobación del proyecto que hará caer los efectos de la Ley de Caducidad.
Magliocca sostuvo que si la iniciativa es aprobada, tal como está redactada se estaría volviendo a "la historia de piedra". Aclaró que en nuestro país se vive inseguridad jurídica y consideró que en Uruguay "ya se juzgó y condenó, en función de leyes de la época de los años 2000, hechos ocurridos en la década del 70. Períodos de prescripción que fueron manipulados".
A entender de los centros sociales de militares, no existe ni seguridad jurídica ni política en nuestro país. "Porque si no se respetan dos pronunciamientos del soberano, yo me pregunto: ¿Adónde vamos a ir a parar?", dijo.
A todo esto, Rosadilla aclaró que mientras esté ocupando el cargo de ministro tendrá mucha discreción al opinar de temas como la Ley de Caducidad. "Lo que no quiere decir que no tenga opinión", dijo.
Sobre el apoyo del senador Jorge Saravia al llamado a interpelación al propio ministro Rosadilla y al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el titular de Defensa respondió: "Ese es un tema que lo arreglaría a esta altura del partido Federico Fasano. Tiene que darle el Republicano de Oro, porque todas las últimas posiciones que toma, las toma por ser republicano. Creo que le va a corresponder el Republicano de Oro este año", sentenció Rosadilla.
Fuente: La República
El Ex. Presidente y Autor de la Ley de Caducidad, la Defiende Hasta Los Días Actuales.
Fuente: La República
Y Los Militares No Pararón de Robar en Democracia.
La Auditoría Interna de la Nación (AIN) comprobó la existencia de irregularidades en los procesos de compras realizados por el Servicio de Construcciones y Reparaciones de la Armada (Scra). El organismo estatal entregó el documento que constató las faltas al ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, quien deberá examinarlo y decidir si lo remite a la Justicia.
Las irregularidades ocurrieron tanto en procedimientos de compra, como en administrativos y contables, según dijo a Ultimas Noticias el director de la AIN, Hugo Pose.
El jerarca explicó que las contrataciones y adquisiciones que fueron realizadas por el Scra no están adecuadas a los procedimientos de compra que establece el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).
La Auditoría pidió al Ministerio de Defensa Nacional que inicie una investigación administrativa para acceder a un documento que permitió un pago de U$S 138.000 para comprar chapas que serían utilizadas en la construcción de barcazas. El organismo no pudo tener hasta el momento acceso a ello.
La dependencia de la Armada Nacional realizó compras directas, sin llamados a licitaciones cuando correspondía hacerlo, explicó Pose a Ultimas Noticias.
Además fraccionó gastos y efectuó pagos de jornales que "no están ajustados a la realidad", señaló.
La dependencia, en lugar de realizar una licitación pública para comprar materiales, realizaba compras directas por un menor monto pero mayor cantidad de veces.
El jerarca dijo que "al no poder comprar porque no se hicieron pedidos de cotizaciones es difícil poder determinar si hubo fraude o no".
En este sentido, Pose opinó que para poder determinar un posible fraude, la situación es "más compleja" que la ocurrida el año pasado, cuando fueron detectadas compras fraudulentas en la Armada.
Consultado sobre si las compras directas realizadas de este modo en un organismo público constituyen un fraude, Pose dijo que será la Justicia quien resolverá.
Asimismo, señaló que la AIN está dispuesta a brindar los antecedentes que fueran solicitados.
"Lo que hay es un procedimiento de compra que no está ajustado a derecho. Entiendo que es un fraude si hay un beneficio personal, sectorial o corporativo", dijo el jerarca.
Por otra parte, el organismo continúa con la investigación sobre la infraestructura del astillero naval.
La Auditoría tratará de determinar si el millón de dólares que fue gastado para esto coincide con los materiales que se usaron y las obras que se hicieron, según explicó Pose.
La dependencia naval no pudo justificar el destino de 444.000 kilos de pórtland y el pago de U$S 20.000 por una obra que no se realizó, según había informado Subrayado en febrero pasado.
La Auditoría presentará un informe a parte por este tema ya que, según explicó Pose, representa el 10% de un proyecto de asociación entre la Armada y Ancap firmado en febrero de 2009 para que el astillero naval construyera un remolcador y dos barcazas para la petrolera estatal.
Pose explicó que la existencia de irregularidades, no significa la existencia de un delito.
"Irregular es que la situación no está dentro de los procedimientos habituales que tiene que tener un organismo de este tipo", sostuvo el jerarca al ser consultado por Ultimas Noticias.
La AIN entregó el informe final al ministro Rosadilla en forma conjunta con los descargos realizados por el organismo auditado.
Apoyo
El presidente José Mujica estuvo reunido el miércoles 23 con el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, y con el comandante en jefe de la Armada, Alberto Caramés, para establecer un nuevo marco jurídico que permita el desarrollo de la industria naval, función que es llevada adelante por el servicio de la fuerza que fue auditado.
En la reunión también participaron jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas, del cual depende la Auditoría Interna de la Nación. En tanto, Rosadilla pidió a Pose que brinde apoyo al Scra para evitar futuras irregularidades.
El jerarca explicó que las contrataciones y adquisiciones que fueron realizadas por el Scra no están adecuadas a los procedimientos de compra que establece el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).
La Auditoría pidió al Ministerio de Defensa Nacional que inicie una investigación administrativa para acceder a un documento que permitió un pago de U$S 138.000 para comprar chapas que serían utilizadas en la construcción de barcazas. El organismo no pudo tener hasta el momento acceso a ello.
La dependencia de la Armada Nacional realizó compras directas, sin llamados a licitaciones cuando correspondía hacerlo, explicó Pose a Ultimas Noticias.
Además fraccionó gastos y efectuó pagos de jornales que "no están ajustados a la realidad", señaló.
La dependencia, en lugar de realizar una licitación pública para comprar materiales, realizaba compras directas por un menor monto pero mayor cantidad de veces.
El jerarca dijo que "al no poder comprar porque no se hicieron pedidos de cotizaciones es difícil poder determinar si hubo fraude o no".
En este sentido, Pose opinó que para poder determinar un posible fraude, la situación es "más compleja" que la ocurrida el año pasado, cuando fueron detectadas compras fraudulentas en la Armada.
Consultado sobre si las compras directas realizadas de este modo en un organismo público constituyen un fraude, Pose dijo que será la Justicia quien resolverá.
Asimismo, señaló que la AIN está dispuesta a brindar los antecedentes que fueran solicitados.
"Lo que hay es un procedimiento de compra que no está ajustado a derecho. Entiendo que es un fraude si hay un beneficio personal, sectorial o corporativo", dijo el jerarca.
Por otra parte, el organismo continúa con la investigación sobre la infraestructura del astillero naval.
La Auditoría tratará de determinar si el millón de dólares que fue gastado para esto coincide con los materiales que se usaron y las obras que se hicieron, según explicó Pose.
La dependencia naval no pudo justificar el destino de 444.000 kilos de pórtland y el pago de U$S 20.000 por una obra que no se realizó, según había informado Subrayado en febrero pasado.
La Auditoría presentará un informe a parte por este tema ya que, según explicó Pose, representa el 10% de un proyecto de asociación entre la Armada y Ancap firmado en febrero de 2009 para que el astillero naval construyera un remolcador y dos barcazas para la petrolera estatal.
Pose explicó que la existencia de irregularidades, no significa la existencia de un delito.
"Irregular es que la situación no está dentro de los procedimientos habituales que tiene que tener un organismo de este tipo", sostuvo el jerarca al ser consultado por Ultimas Noticias.
La AIN entregó el informe final al ministro Rosadilla en forma conjunta con los descargos realizados por el organismo auditado.
Apoyo
El presidente José Mujica estuvo reunido el miércoles 23 con el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, y con el comandante en jefe de la Armada, Alberto Caramés, para establecer un nuevo marco jurídico que permita el desarrollo de la industria naval, función que es llevada adelante por el servicio de la fuerza que fue auditado.
En la reunión también participaron jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas, del cual depende la Auditoría Interna de la Nación. En tanto, Rosadilla pidió a Pose que brinde apoyo al Scra para evitar futuras irregularidades.
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| Auditoría. Se detectaron nuevas irregularidades en la Armada. |
Fuente: Ultimas Noticias
Escribe el Periodista Daniel Figares. CADUCA.
CADUCA!! Ya decía yo que una Ley que PERDONARA DELITOS era algo que no podía funcionar… ¡¡SEÑORES OFICIALES!!
Ahora todos con el culo a dos manos x lo que pueda pasar a propósito de lo que hicieron hace 40 años atrás.
Desde ya que no podemos darle las gracias a la llamada ‘izquierda’ nacional (que NO es tal). Imposible llevarse el crédito cuando el propio Tabaré Vázquez al asumir la pasada presidencia, hiciera un compromiso público de no innovar en la materia, con aquella tristemente célebre declaración de que “todos los uruguayos somos responsables, todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad”, palabras que colocaban a todos los nacidos en esta tierra en tabla rasa con el terrorismo de estado ejercido durante la pasada dictadura militar x algunas de las lacras (quedan muchísimas otras más) que hoy están entre rejas. (En Uruguay hay entre 200 y 300 desaparecidos, aproximadamente… una cifra hasta ahora lamentablemente imposible de confirmar en un sólo número y con certeza. Argentina tiene el record de muertes en su última dictadura: se calculan en 30.000. En Uruguay tenemos el record de presos: 5.000.)
También Vázquez es el inventor del “Día del Nunca Más”, como alguna vez Batlle fue el que inventó “El Estado del Alma”,… todo con tal de mandarla al obol lo más lejos posible.
Sobre su peso, una gran verdad: tuvo las mayorías parlamentarias para derogar la Ley de Caducidad y NO las usó.
Y del presidente Mujica, ya todos saben: “esto se va a terminar cuando estemos todos muertos”, esa fue su postura durante todo este tiempo… y lo sigue siendo.
Es a la familia GELMAN a la que hay que agradecer. La presentación de su caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo posible el milagro del regreso a una ética pública fundamental.
Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en su informe anual de 1992-1993 concluía que la Ley de Caducidad era “incompatible con el artículo XVIII (Derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” al tiempo que recomendaba que el Gobierno de Uruguay otorgara “a las víctimas peticionarias, o a sus derecho-habientes, una justa compensación x las violaciones a las que se hace referencia en el párrafo precedente” y adoptara las “medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período de facto”.
Ya decíamos acá en Miedo y Asco en MVD que la presión de la OEA era la que estaba funcionando con más fuerza, “debería decirse que mucho más que la conciencia de los políticos de este país –si es que la tienen. Les son más caras las posibles sanciones de este tipo de organismos internacionales (la consecución de estas demandas van a terminar en la mismísima Corte de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU), que los remordimientos naturales que deberían atormentarlos como simples seres humanos. (Salga o no salga aprobado el proyecto.)” Esto lo escribíamos cuando nacía el proyecto del canciller Almagro de “Ley Interpretativa” (“Ley de Caducidad. Pienso para mí” del Miércoles 27 de octubre de 2010).
Además del fallo en general condenatorio conocido el pasado 24 de Marzo (aunque la sentencia fue redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el día 24 de febrero de 2010), La Corte estableció claramente que “Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Caducidad que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso [“Gelman vs. Uruguay”] y la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana que puedan haber ocurrido en el Uruguay”; y que “El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos x su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos” (…), y que, incluso, “el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”; agregando finalmente: “Conforme a lo establecido en la Convención, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará x concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma, debiendo el Estado rendirle, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, un informe sobre las medidas adoptadas para tal efecto.”
Me satisface ver el movimiento de toda esta gente que estaba tan quietita sobre estos temas…
… Sólo once meses para disolver de un plumazo la impunidad construida x los Colorados de Sanguinetti, Los Blancos que apoyaron (casi todos), y los Frenteamplistas que –sin vergüenza, ¡sinvergüenzas!- dejaron hacer…
¡¡¡LOS DERECHOS HUMANOS NO SON PLEBISCITABLES!!!
(“No hay derecha ni izquierda, sólo arriba y abajo”, cantaba Bob Dylan, y todavía sigue siendo verdad. // “Predicar moral es fácil; fundar moral es lo difícil.” Schopenhauer.)
CADUCA!! Ya decía yo que una Ley que PERDONARA DELITOS era algo que no podía funcionar… ¡¡SEÑORES OFICIALES!!
Ahora todos con el culo a dos manos x lo que pueda pasar a propósito de lo que hicieron hace 40 años atrás.
Desde ya que no podemos darle las gracias a la llamada ‘izquierda’ nacional (que NO es tal). Imposible llevarse el crédito cuando el propio Tabaré Vázquez al asumir la pasada presidencia, hiciera un compromiso público de no innovar en la materia, con aquella tristemente célebre declaración de que “todos los uruguayos somos responsables, todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad”, palabras que colocaban a todos los nacidos en esta tierra en tabla rasa con el terrorismo de estado ejercido durante la pasada dictadura militar x algunas de las lacras (quedan muchísimas otras más) que hoy están entre rejas. (En Uruguay hay entre 200 y 300 desaparecidos, aproximadamente… una cifra hasta ahora lamentablemente imposible de confirmar en un sólo número y con certeza. Argentina tiene el record de muertes en su última dictadura: se calculan en 30.000. En Uruguay tenemos el record de presos: 5.000.)
También Vázquez es el inventor del “Día del Nunca Más”, como alguna vez Batlle fue el que inventó “El Estado del Alma”,… todo con tal de mandarla al obol lo más lejos posible.
Sobre su peso, una gran verdad: tuvo las mayorías parlamentarias para derogar la Ley de Caducidad y NO las usó.
Y del presidente Mujica, ya todos saben: “esto se va a terminar cuando estemos todos muertos”, esa fue su postura durante todo este tiempo… y lo sigue siendo.
Es a la familia GELMAN a la que hay que agradecer. La presentación de su caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo posible el milagro del regreso a una ética pública fundamental.
Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en su informe anual de 1992-1993 concluía que la Ley de Caducidad era “incompatible con el artículo XVIII (Derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” al tiempo que recomendaba que el Gobierno de Uruguay otorgara “a las víctimas peticionarias, o a sus derecho-habientes, una justa compensación x las violaciones a las que se hace referencia en el párrafo precedente” y adoptara las “medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período de facto”.
Ya decíamos acá en Miedo y Asco en MVD que la presión de la OEA era la que estaba funcionando con más fuerza, “debería decirse que mucho más que la conciencia de los políticos de este país –si es que la tienen. Les son más caras las posibles sanciones de este tipo de organismos internacionales (la consecución de estas demandas van a terminar en la mismísima Corte de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU), que los remordimientos naturales que deberían atormentarlos como simples seres humanos. (Salga o no salga aprobado el proyecto.)” Esto lo escribíamos cuando nacía el proyecto del canciller Almagro de “Ley Interpretativa” (“Ley de Caducidad. Pienso para mí” del Miércoles 27 de octubre de 2010).
Además del fallo en general condenatorio conocido el pasado 24 de Marzo (aunque la sentencia fue redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el día 24 de febrero de 2010), La Corte estableció claramente que “Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Caducidad que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso [“Gelman vs. Uruguay”] y la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana que puedan haber ocurrido en el Uruguay”; y que “El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos x su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos” (…), y que, incluso, “el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”; agregando finalmente: “Conforme a lo establecido en la Convención, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará x concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma, debiendo el Estado rendirle, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, un informe sobre las medidas adoptadas para tal efecto.”
Me satisface ver el movimiento de toda esta gente que estaba tan quietita sobre estos temas…
… Sólo once meses para disolver de un plumazo la impunidad construida x los Colorados de Sanguinetti, Los Blancos que apoyaron (casi todos), y los Frenteamplistas que –sin vergüenza, ¡sinvergüenzas!- dejaron hacer…
¡¡¡LOS DERECHOS HUMANOS NO SON PLEBISCITABLES!!!
(“No hay derecha ni izquierda, sólo arriba y abajo”, cantaba Bob Dylan, y todavía sigue siendo verdad. // “Predicar moral es fácil; fundar moral es lo difícil.” Schopenhauer.)
Fuente: Blog Miedo y Asco en MVD
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