Los Nostálgicos Atacan

Presuntas Acciones de Militares son Estudiadas Por los Servicios de Inteligencia.

 

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman, la decisión del plenario del Frente Amplio de anular la ley de caducidad, la sentencia judicial que condena al dictador Gregorio Álvarez por el homicidio de Roberto Luzardo y el inicio de 19 causas en el Juzgado a cargo de la jueza Mariana Mota, provocan un nuevo giro en el escenario uruguayo: se diluye la “ofensiva psicopolítica” de los represores de la dictadura y, ahora, los servicios de inteligencia del Estado toman previsiones ante la hipótesis de algún tipo de “acción militar” el próximo 14 de abril.

TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy

El contundente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el que condenó al Estado uruguayo a dejar “sin efectos” la ley de caducidad y ordenó una serie de reparaciones políticas, morales y económicas para los familiares de María Claudia García de Gelman, se constituyó en el más duro de una serie de golpes que, en los últimos días, sufrieron la impunidad uruguaya y quienes la usufructúan.

“El hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aun ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante el Derecho Internacional”, establece el fallo del organismo de la OEA, que dio razón al reclamo de Juan y Macarena Gelman ante la falta de respuesta del Estado por la desaparición de María Claudia en 1976.

Casi en forma simultánea se conoció el fallo judicial del juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini por el que condenó al dictador Gregorio Álvarez como cómplice del homicidio del tupamaro Roberto Luzardo, detenido en un operativo represivo donde fue herido de bala y muerto en el Hospital Militar luego de que se diera la orden de que no fuera atendido ni curado.

Álvarez “dirigió la organización ilícita que se dedicó a luchar contra la subversión con cualquier medio, incluida la tortura. La tortura activa y pasiva eran instrumentos concebibles entre los necesarios. Por lo que lo de Luzardo, intolerablemente abandonado en un hospital, era previsible y previsto en el marco de la guerra sucia”, sentenció el magistrado.

Por su parte, el plenario del Frente Amplio impuso como asunto político la votación del proyecto de anulación de la ley de caducidad y obliga a todos sus legisladores a votar la norma interpretativa por la que se procura “dejar sin efectos” la ley de impunidad como lo pide la Corte Interamericana. La propuesta ingresará al Senado el 12 de abril y se pretende su sanción para antes del 20 de mayo.

Finalmente, la jueza Mariana Mota –principal objetivo de una ofensiva jurídica en la que el fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre intentaron denigrarla– comenzará en los próximos días a tratar el caso de los 19 muertos por tortura que la Suprema Corte de Justicia decidió excluir de la ley de caducidad a la que consideró inconstitucional.

La causa, que tiene a la fiscal Ana María Telechea al frente del Ministerio Público, promete desentrañar parte de la llamada Operación Morgan contra el Partido Comunista del Uruguay y coloca como indagables a un treintena de oficiales militares y policiales responsables de torturar a las víctimas hasta la muerte o provocarles daños irreversibles que derivaron en sus fallecimientos.

“ASUNTOS MILITARES”

La ofensiva psicopolítica y mediática que había lanzado un grupo de ex represores de la dictadura terminó diluyéndose. Una agresiva carta a los comandantes de las tres armas no logró sus objetivos, en la medida en que se hizo público que el autodenominado Foro de Libertad y Concordia contaba con el sustento nacional e internacional de grupos de ultraderecha o definidamente nazis en su página Facebook.

Tampoco ayudó al grupo que defiende a los criminales de lesa humanidad presos en la cárcel de la calle Domingo Arena, la información sobre un supuesto video en el que tres personas vestidas con uniforme militar y enmascaradas anunciaba el comienzo de “operaciones” de un autodenominado Ejército Nacional Libertador (ENL) de cuyas amenazas ningún sector político o militar se hizo responsable.

Sin embargo, la aparición de un discurso de ultraderecha lanzado por organizaciones o personas en las páginas de Facebook provocó un reordenamiento de lo objetivos de las organizaciones de información del Estado, donde se aceleró el nombramiento del inspector mayor José E. Colman como encargado de despacho de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del Ministerio del Interior.

Las investigaciones policiales no permitieron encontrar el amenazante video, cuyo texto fue difundido por el semanario Búsqueda y que sólo el presidente José Mujica dice haber visto, pero la operación mediática del supuesto ENL alentó un trabajo de inteligencia que, según pudo saber Caras y Caretas, confirmó la existencia de “grupos activos” de ultraderecha con capacidad de realizar “operaciones”.

A similares conclusiones habría llegado la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie), cuya mesa de análisis estudia la eventualidad de “acciones militares” en varias fechas conmemorativas del Bicentenario, particularmente en los próximos 14 de abril (Día de los Caídos en la Lucha contra la Subversión), 19 de abril (Desembarco de los 33 Orientales) y 18 de Mayo (Día del Ejército), dijeron las fuentes consultadas.

Algunos de los miembros de la ahora cerrada página de Apoyo al Foro Libertad y Concordia se volvieron a reunir en el Facebook denominado 'Asuntos Militares' (http://www.facebook.com/profile.php?id=100001839761243&sk=wall) y en la web 'Homenaje a los cuatro soldados asesinados por los tupamaros en Uruguay' (http://www.facebook.com/pages/Homenaje-a-los-cuatro-soldados-asesinados-por-los-tupamaros-en-Uruguay/141059219245541).

En esas páginas vuelven a aparecer como “amigos” María Noel Larrosa Rombys, Aníbal Bozi, el nazi Manuel Ayres, Enzo Santillán, Alexander Torres Mega, Artigas Álvarez, el coronel Carlos Silva Valiente y Juliana de Sarro, junto a Alternativa Nacionalista, grupos anticomunistas y anticubanos, Uruguay Militaria, el criadero Von Zucker Brot, Derecha Uruguaya, la Escuela Militar y el Liceo Militar José Artigas.

Fuente: Caras Y Caretas

Que Van a Reclamar Los Torturadores, hay que Seguír Perdonando a Estas Bestias???

La acción será presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, y eventualmente ante la Corte de La Haya, según adelantó a El País el presidente del Centro Militar, coronel retirado Guillermo Cedrez.
Si bien ya hay un equipo de abogados trabajando en el tema, la intención es contactar a un jurista con experiencia en materia de acciones ante organismos internacionales, según indicó el oficial retirado.
INDEPENDENCIA. Los centros sociales militares presentaron a mediados de marzo un pedido ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que la Corporación dispusiera "con carácter grave y urgente una investigación administrativa sobre lo actuado en los procesos penales" iniciados contra militares por hechos de la dictadura.
En particular, en el escrito se cuestiona el procesamiento del general Miguel Dalmao por el homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, así como las apreciaciones de la jueza Mariana Mota, quien al confirmar el procesamiento del coronel (r) Carlos Calcagno, cuestionó el principio jurídico de que nadie está obligado a autoincriminarse.
Sin embargo, la SCJ desestimó la solicitud debido al "principio constitucional de independencia técnica de los magistrados", según la resolución de la Corporación fechada el pasado 25 de marzo, a la cual tuvo acceso El País.
"La intervención de la Corporación que pretenden los comparecientes no es jurídicamente viable en el sentido de que la misma revea los errores técnicos graves de los magistrados que fueron mencionados", dice la resolución.
Los ministros de la SCJ señalan que los casos que se cuestionan en el escrito están en etapa de ser recurridos por la vía de la apelación.
"En realidad, no éramos muy optimistas en cuanto a que la Suprema Corte tomara una decisión favorable" a este pedido de los centros sociales militares, dijo Cedrez a El País.
CADUCIDAD. El miércoles 30, los titulares de los centros sociales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, más el centro de suboficiales de las Fuerzas Armadas, que agrupa a personal subalterno en actividad y retiro, fueron recibidos por el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, con quien analizaron diversos asuntos, entre ellos la posible anulación de la ley de Caducidad.
Según dijeron a El País participantes de la reunión, allí ambas partes dieron su punto de vista. Los militares consideraron que anularla supone una "ilegalidad flagrante" y temen que se incluyan algunas disposiciones como la ampliación del plazo de prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura y la invalidación de la cosa juzgada en muchos de los casos analizados.
A su vez, el ministro Rosadilla les manifestó la "honda preocupación" que tiene por la aprobación de la ley interpretativa que anula los efectos de la ley, y añadió que luego del "trabajo" que supuso pedirle la firma a los ciudadanos para someter a consulta popular la ley de Caducidad, tanto en 1989 como en 2009, "no se puede desconocer la decisión de la gente", lo cual admitió que lo "desmotiva" porque "cambia las reglas de juego", dijeron los informantes.
Los representantes de los centros expresaron al ministro que se sienten "desamparados" y "ostensiblemente perjudicados" y que la anulación de la ley 18.848 acentuará esa situación.
Rosadilla pertenece al sector del Frente Amplio "Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad" (CAP-L), que está en contra de anular la ley, aunque su representante en el Senado, Eleuterio Fernández Huidobro, ya anunció que votará la anulación por mandato partidario.
Al ser parte de su masa social, los centros militares dialogan regularmente sobre estos temas con los uniformados en actividad quienes coinciden en la preocupación.
La semana pasada, Rosadilla trasmitió su pensamiento sobre la anulación de la ley a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, a quienes convocó a su despacho.
Ayer, en el programa Quien es Quien, de Diamante FM, el senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, se manifestó abiertamente en contra de anular la ley de Caducidad. "El debate por la ley de Caducidad atropella el estado de Derecho, el sufragio y los pronunciamientos populares. El Frente Amplio está anclado en el pasado y en el revisionismo", dijo.
"Esta ley va a ser inconstitucional", añadió, en función de lo cual abrió una serie de posibles acciones futuras como presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte o, incluso, una recolección de firmas para someter a consulta popular la anulación de esa ley interpretativa.

Avances en el caso del video

La Justicia y la Policía han logrado algunos avances en la investigación del presunto video donde supuestos militares amenazan a jueces y fiscales que actúan en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, dijeron a El País fuentes de la investigación. Ayer, el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero se reunieron con los investigadores de la Dirección de Información e Inteligencia para evaluar el avance de la indagatoria y analizar los próximos pasos a seguir. Hasta el momento, el juez Díaz y la fiscal Ferrero solamente tomaron declaración el presidente José Mujica, ya que fue la única persona que admitió públicamente haber tenido contacto con el material, aunque al parecer solamente habría visto imágenes sin audio en una computadora.

"Jueces y fiscales están ahora predispuestos contra militares"

El Foro "Libertad y Concordia" considera que los militares salen "mal parados" y que el gobierno "se beneficia" con el episodio de las imágenes con amenazas a los jueces y fiscales, según dijo el coronel retirado Héctor Varela, integrante de esa agrupación.
Varela sostuvo que el episodio no solo "perjudica a los militares procesados" por delitos durante la dictadura, sino también a los oficiales que en los próximos días, luego de que se anulen los efectos de la ley de Caducidad, comiencen a ser citados a los juzgados.
"Si uno analiza a quién estas imágenes perjudican y a quién favorecen, queda claro que los militares son los que salen mal parados. Pone a las Fuerzas Armadas en tela de juicio, en medio de un mar de dudas y de interrogantes sobre el origen y las causas. Los retirados, sobre todo aquellos que fueron citados a declarar, también son perjudicados porque los jueces y fiscales quedaron predispuestos de alguna manera por el tema", dijo Varela.
Entre los militares retirados pertenecientes a esta agrupación existe la presunción que detrás de este tema existiría "un trasfondo de interceptaciones telefónicas" que le permitió al gobierno armar una "cortina de humo" para desviar la atención de otros problemas sociales, añadió Varela.
"Es muy difícil identificar y precisar el origen del video. Lo que sí es claro es que quien sale más beneficiado con todo esto es el propio gobierno. Se prevé que van a ir más de treinta oficiales a declarar y los jueces y fiscales están predispuestos", sostuvo.
El oficial retirado dijo que el video también perjudica al sistema de seguridad del Estado como lo demuestra la remoción del coordinador de inteligencia, Augusto Gregori, resuelta por el presidente José Mujica.

Fuente: El País Digital

En Argentina Siguen Cayendo. La Justicia Avanza.

La lectura de la condena fue transmitida por Televisión Nacional del Uruguay (TNU) y seguida en directo por los testigos uruguayos desde la embajada argentina. Prevista para las 18.00, comenzó 40 minutos después. Mientras, todos aguardaron en silencio desde sus asientos, atentos a la pantalla gigante colocada en el jardín del predio. Y así, en silencio, la escucharon. No hubo festejos, ni cánticos ni carteles como en la vecina orilla. Fueron lágrimas de emoción y tristeza. Fueron aplausos tímidos y aislados.

Escenas

“Carlos Rodríguez Mercader. Es uno de los 27 uruguayos traídos desde Argentina en octubre de 1976.” Así decía el cartel que Amelia llevaba con la foto de su hijo. Tras la lectura de la sentencia, Amelia se vio rodeada de numerosos estudiantes de quinto y sexto del liceo N° 15, a quienes contó su historia, la de su hijo. “Pero ahora, falta saber dónde está”, remató. Amelia contestaba con paciencia y contaba historia de otros, como la de Macarena Gelman y la de los hermanos Julien. “Eran todos jóvenes, así como ustedes”, decía. Los adolescentes la escucharon con atención e hicieron muchas preguntas. “Usted a luchado mucho, ha sido muy fuerte”, señaló una de las jóvenes. “Usted piense la culpa que deben sentir ahora [los imputados], porque eso queda todo en la cabeza”, añadió otra. Y Amalia sonrió: “Ellos no sienten culpa”.
Para Beatriz Barboza y Javier Peralta, dos sobrevivientes uruguayos de Orletti, fue un momento histórico aunque “la sensación de justicia” venga de Argentina. “Allá se ha avanzado mucho más”, enfatizaron. Mara Martínez, de la organización Madres y Familiares de Detenidos-Desparecidos, manifestó tristeza. “¿Por qué voy a celebrar? Esto no recupera lo que perdimos”, explicó a la diaria. Macarena, quien vive a dos orillas, un poco en cada país, ayer decidió quedarse en el nuestro. Cuando ya casi no quedaban medios de prensa, dos de las liceales se le acercaron. “Amelia nos contó su experiencia; queremos saber cómo te estás sintiendo vos en este momento”, interpelaron. “Demasiado emocionada como para expresarme”, alcanzó a decir.

La causa

Este juicio se enmarcó en la megacausa “Primer Cuerpo del Ejército”, que investiga los delitos de lesa humanidad ocurridos entre 1976 y 1983 en lo que tiene que ver con la reconstrucción de la cadena y estructura de mandos de la época, y en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en los diferentes centros clandestinos. Con esta segunda línea de acción tuvo que ver el proceso judicial que culminó ayer focalizada en Automotores Orletti.
Finalizó ayer el primer juicio oral y público en la causa iniciado el 2 de junio de 2010 que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención y tortura Automotores Orletti y en el que había 33 casos de uruguayos (ver recuadro). Los imputados eran todos argentinos. En un principio eran seis: uno de ellos, Néstor Guillamondegui, fue absuelto durante el proceso y el otro, Rubén Visuara, murió en febrero. Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo, Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Cabanillas fueron condenados a varios años de prisión por numerosos delitos cometidos contra ex presos políticos en ese centro clandestino y este último fue sentenciado a cadena perpetua.
“Éste es un punto de encuentro más en el largo camino, en este caso desde el horror. El Estado argentino es absolutamente consciente de lo que ha pasado y quiere que la Justicia castigue”, dijo el embajador Dante Dovena a los presentes antes de conocer la sentencia del tribunal argentino en Comodoro Py. “Es un acto de homenaje a esa militancia uruguaya que pasó por ahí. Y Macarena Gelman es la figura emblemática”, dijo por su parte Eduardo Duhalde, secretario de Derechos Humanos en Argentina.

El ex agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti es custodiado momentos antes de recibir su sentencia de 20 años de prisión, en Buenos Aires, por crímenes cometidos durante la dictadura en la cárcel ilegal Automotores Orletti, pieza clave en la represión coordinada en el Cono Sur en los años 70.

Fuente: La Diaria