Mientras la Cámara de Senadores aprobará el martes el proyecto interpretativo que hará caer, luego de 25 años, la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, los militares advirtieron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en una carta enviada por los presidentes de los centros sociales castrenses a la que tuvo acceso Ultimas Noticias, que denunciarán "en el ámbito internacional" la "violación a la libertad" que a su juicio cometieron los magistrados en los procesos penales seguidos contra oficiales por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura.
Los senadores del Frente Amplio (FA), con excepción de Jorge Saravia (Patria Grande), aprobarán el martes el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad para anular los efectos jurídicos de la norma.
Por su parte, los centros sociales castrenses anunciaron la semana pasada al presidente de la SCJ, Leslie Van Rompaey, que abrirán una causa internacional por "irregularidades" en los procesos judiciales seguidos contra militares.
La carta enviada a la Corte el pasado jueves 7 señala que, dada la negativa de la corporación de estudiar la actuación de magistrados en los procesos penales, "lo que pudo y debió" resolverse en la judicatura uruguaya, "deberá ser ventilado en el ámbito internacional".
Los militares denunciarán "como violación al derecho humano esencial de libertad estas actuaciones de algunos pocos magistrados uruguayos, calificadas de absolutamente irregulares por tantas personas de notoria versación jurídica y moral".
El escrito, que sentencia al culminar "será justicia", es firmado por los presidentes del Centro Militar, coronel Guillermo Cedrez; del Círculo Militar, general Ricardo Galarza; del Club Naval, contralmirante Carlos Magliocca, del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), coronel Jorge Puente; del Club Fuerza Aérea, coronel (Av) Hugo Reboledo; y de la Cooperativa de las FF.AA., coronel José Scaffo.
La denuncia cuenta al momento con más de 1.200 firmas en señal de apoyo a la acción. Cedrez afirmó a Ultimas Noticias que con la resolución, la Corte "se está lavando las manos". Los militares pretenden que la SCJ "dé una señal" como puede ser "sacar algún juez" o "alguna acción de otro tipo", pero consideró urgente que "se pare con este tema", explicó Cedrez.
Los militares salieron al cruce de la SCJ luego de que la corporación declinara la investigación de las actuaciones de magistrados uruguayos en causas contra militares. La resolución de la Corte del 25 de marzo determinó, según el escrito presentado por los clubes militares, que la SCJ no es jurídicamente competente para "rever los errores técnicos graves de los magistrados". Los militares sostuvieron que con la resolución "se cierra un capítulo sin duda negro en la imagen pública de la Justicia".
Las organizaciones sociales de militares le pidieron a la SCJ que investigue la actuación de algunos jueces que procesaron a oficiales retirados por violaciones a los derechos humanos, según publicó el semanario Búsqueda el jueves 17 de marzo.
Los militares se dirigen a la Corte "profundamente afectados" por la resolución, en el entendido que las 26 carillas del escrito presentado "ponen en tela de juicio la actuación técnica y profesional de los jueces actuantes en tales procesos". El informe registró "denuncias de irregularidades preprocesales y procesales de enorme magnitud y afectación directa a los derechos individuales de los procesados con prisión", que fueron constatadas por personalidades políticas.
Los clubes castrenses criticaron que la corte desestimó la petición en siete días y por eso reclamaron un "proceso investigativo serio y profundo que despejara la responsabilidad de los letrados actuantes" y "devolviera a la sociedad las garantías al debido proceso".
Por otra parte, Cedrez adelantó a Ultimas Noticias que, una vez aprobado el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, cuando la Justicia comience con las citaciones a militares, cada uno de ellos presentará de manera individual un recurso de inconstitucionalidad de la resolución como manera de detener el proceso judicial. Los clubes militares preparan el recurso que contará con un informe elaborado por abogados constitucionalistas.
Nueva ley será aprobada por mandato orgánico
El proyecto de ley interpretativo de la ley de Caducidad será aprobado el martes en el Senado por 16 votos de 31 legisladores. Estarán las manos alzadas de todos los frenteamplistas, a excepción de la del senador Jorge Saravia, que por dicha postura fue excluido del Espacio 609. El senador Eleuterio Fernández Huidobro (Cap-L) votará a favor, pero ya anunció que argumentará en contra por considerar que la ley fue ratificada en dos consultas populares.
Los senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado votarán en contra del proyecto y ya han disparado duros cuestionamientos al oficialismo por considerar que desconocerá los resultados del referéndum de 1989, que ratificó la ley aprobada en el Parlamento en 1986, y del plebiscito de 2009 que rechazó una reforma constitucional para eliminar la normativa.
El Partido Independiente también se opone al proyecto del oficialismo y votará en contra en la Cámara de diputados, donde tiene dos representantes.
El reconocimiento explícito de la independencia del Poder Judicial, la alusión a los sucesivos dictámenes de inconstitucionalidad como "jurisprudencia pacífica y constante de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)" y la incorporación de tres palabras en un artículo fueron suficientes para lograr la unidad de la izquierda y así lograr los votos para aprobar el proyecto interpretativo de la ley de Caducidad. "Declárase que la independencia del Poder Judicial y el ejercicio pleno de la función jurisdiccional por la SCJ, los Tribunales y Juzgados (artículo 233 de la Constitución de la República) derivan esencial e insoslayablemente de la forma republicana de gobierno (artículo 72 de la Constitución de la República)", establece la nueva norma. Asimismo, agrega las palabras "en su caso" para definir que lo dispuesto en la ley se aplicará "a las nuevas denuncias que se presenten".
El articulado también establece la "ilegitimidad manifiesta" de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fue aprobada el 22 de diciembre de 1986 que estableció la amnistía de los "delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".
Fuente: Ultimas Noticias
El presidente del Círculo Militar, Ricardo Galarza, aseguró que los centros sociales de las Fuerzas Armadas acudirán a organismos internacionales para efectuar una demanda contra el Estado por considerar que los procesamientos de algunos militares han sido “arbitrarios e irregulares”.
El diario El País de este lunes, informa que estas instituciones habían reclamado la investigación administrativa de los jueces que actuaron en las causas de los militares retirados. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó ese pedido debido al “principio constitucional de independencia técnica de los magistrados”, informa el matutino.
Galarza dijo en declaraciones a radio Carve que recién ahora se anuncia la instancia en el orden internacional porque para llevar el asunto a ese plano hay que agotar la vía interna. “No se puede de buenas a primeras salir a la Corte Interamericana sin haber agotado los mecanismos internos”, manifestó.
Consultado acerca de los procedimientos por los cuales llevarán adelante la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Galarza indicó que “se están estudiando ciertos mecanismos que hacen a la presentación para que ésta sea exitosa”.
Galarza insistió: “Definitivamente pensamos hacerlo porque no desconocemos que los jueces tienen independencia técnica, pero acá lo que estamos diciendo es otra cosa. También la SCJ tiene superintendencia administrativa y cuando se trata de errores como los que se han constatado parecería que podría tomar cartas en el asunto o, por lo menos, tratar de informarse y no simplemente mirar para el costado y remitirse a que hay mecanismos legales, como ser las apelaciones de los tribunales correspondientes”.
Acerca de las arbitrariedades a las que aluden los militares, Galarza dijo que “este asunto no es personal, sino de situaciones”. Sin embargo, hizo referencia a que “dos notorias fiscales fueron a Cuba en el 50º aniversario”. Al respecto se preguntó: ¿Eso no está marcando una simpatía política?, que tal vez no sea necesario ninguna presión ni sugerencia ni nada por el estilo para proceder en ese sentido”.
Esta nueva instancia de acudir a organismos internacionales llega en los días previos al debate que se sostendrá en el Senado sobre la ley de Caducidad. El Parlamento tratará el proyecto de ley interpretativo de la Ley de Caducidad.
Al respecto, Galarza expresó que “no es al Parlamento al que le corresponde interpretar la Constitución” y que “para eso está la SCJ”.
Consultado acerca de un posible pedido de libertad provisional por parte de los militares presos, si se anula la ley de Caducidad, Galarza indicó que eso no será por parte de los centros militares, sino “de los abogados que representan a cada uno” de los involucrados.
Fuente: Observa
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Mentiras Piadosas.
En ese marco reconoció que votó verde en el plebiscito de 1989 ya que estaba en contra de la ley de Caducidad, "comprendo el dolor de las familias que tienen parientes que sufrieron la violación de los Derechos Humanos".
Larrañaga, que se ha manifestado de acuerdo con algunas decisiones del gobierno, como mantener la edad de imputabilidad, aseveró que la anulación de la ley de Caducidad es "un ataque al Estado de Derecho" y que "después de 25 años el Frente Amplio le hará una gran herida a la institución de los plebiscitos como herramienta constitucional, es una burla a la ciudadanía".
El senador blanco entiende que "a esta altura el único que podría detener este zafarrancho es el presidente José Mujica, vetando la ley, pero ya dijo que no lo va a hacer".
En tanto, el presidente José Mujica manifestó el miércoles pasado su preocupación por la posible anulación de la ley a los dirigentes de los centros sociales de la Fuerzas Armadas.
Según Guillermo Cedrez, presidente del Centro Militar, que estuvo en la reunión, el presidente "se mostró sumamente preocupado, en especial por la falta de comprensión del tema".
En esta ocasión, la tradicional posición monolítica de la izquierda será quebrada por el voto contrario del senador Jorge Saravia. También manifestaron su oposición los senadores Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) y Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista). Ambos resolvieron acompañar la anulación por disciplina partidaria.
Fuente: El País Digital
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