Dieciséis senadores levantarán hoy la mano para asestar el primer golpe legislativo a la ley de Caducidad. Con mayoría en ambas Cámaras, el Frente Amplio (FA) aprobará un proyecto de ley interpretativo que será objetado por propios y ajenos y que constituirá el primer paso para su eliminación definitiva del orden jurídico.
Blancos y colorados se prepararon ayer para una sesión que comenzará a las 9.30 y estará colmada de críticas. Luego de recibir los informes en mayoría y minoría por parte de Óscar López Goldaracena (1001) y Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) respectivamente, el Senado procederá al debate de la norma. A los argumentos de blancos y colorados se sumarán los presentados por los senadores Jorge Saravia (Espacio 609), Eleuterio Fernández Huidobro (Corriente de Acción y Pensamiento) y Gustavo Guarino (Alianza Progresista).
El primero votará en contra de la coalición que integra. Los otros dos acompañarán el proyecto pero antes harán sentir su voz para marcar la discrepancia y dejar claro que votan por disciplina partidaria. "Lo mío es un camino sin retorno. Hoy se juega la vida del país entre republicanos y no republicanos. Todo indica que en esta instancia van a ganar los no republicanos pero nosotros daremos la pelea en defensa de la ciudadanía", dijo Saravia a Ultimas Noticias. El legislador se mostró convencido de que el FA actúa como una fuerza "no republicana" y justificó su permanencia en el hecho de no ser "orgánico. Soy un aliado externo".
Saravia tiene "la esperanza que algún diputado se niegue a votar esta aberración jurídica, muestre un poco de dignidad y respeto a la ciudadanía y lo tranque" en la Cámara Baja aunque admitió que "la otra vez lo votaron. No se puede esperar mucho de los diputados".
Pero las críticas no vendrán solo del legislador que se opuso desde el primer momento dentro de la izquierda, sino que también llegarán de quienes están dispuestos a acatar pero no a callarse la boca. Fernández Huidobro planteará su postura en contra de lo que ha calificado como "un garrafal error" y recordará los plebiscitos relacionados al tema. El reclamo del líder de la CAP-L es que el FA someta a referéndum el proyecto porque "el pueblo ya decidió dos veces ratificar esa ley y es el que debe decidir".
Guarino, por su parte, entrará a sala en lugar del líder de la AP Rodolfo Nin Novoa, quien pidió licencia para no tener que votar el proyecto. Si bien el legislador no prevé efectuar una alocución demasiado extensa, aseguró a este medio que dejará "clara la posición del sector. Según cómo se dé el debate, profundizaremos más o menos en el planteo. Vamos a votar pero marcaremos los reparos planteados por el senador Nin Novoa".
Por otra parte, el proyecto interpretativo tendrá en López Goldaracena a uno de sus más firmes defensores, dado que el legislador participó de la comisión especial del FA que elaboró tanto esta propuesta como la que fracasó el año pasado. Por su parte el senador Enrique Rubio (VA) destacó que el país está en "una situación jurídica diametralmente distinta a la de los plebiscitos. El proyecto interpretativo está destinado a restituir al Poder Judicial la independencia que nunca debió perder".
El diputado Felipe Michelini, quien también integró la comisión del FA que elaboró el proyecto, apuntó que la expectativa de la izquierda es que la norma quede aprobada en la Cámara Baja el 4 de mayo. Después de eso se procederá a su promulgación por parte del Poder Ejecutivo en un plazo máximo de diez días, lo que asegurará su entrada en vigencia antes de la próximo Marcha del Silencio, que se realiza cada 20 de mayo en reclamo por los desaparecidos.
Al igual que los frenteamplistas que se oponen a la norma, la oposición apostará al debate para plantear sus críticas, que tendrán como principal figura a Gallinal. "Será un debate firme y duro porque aquí se llamó a la expresión del pueblo en dos oportunidades. Eso no se puede obviar", manifestó el senador Eber da Rosa (Alianza Nacional). Por su parte Ope Pasquet (Vamos Uruguay) enfatizó que "el 16 de abril de 1989 la ciudadanía decidió confirmar la ley de Caducidad. Es una resolución que debe ser respetada".
Posturas opuestas colmarán las barras
La convocatoria a colmar las barras del Senado llegó ayer tanto desde la postura favorable al proyecto interpretativo como desde la contraria. La Mesa Política del Frente Amplio (FA) analizó el tema y destacó la importancia de concurrir a respaldar a los legisladores de la fuerza política.
Sin embargo, la intención no es efectuar manifestaciones mayores, dado que el Plenario Nacional del 19 de marzo llamó a "llenar las barras" pero aclaró que los festejos serán "el día que se apruebe definitivamente la ley". Fuentes de la coalición de izquierda dijeron a Ultimas Noticias que "se quiere evitar una decepción como la del año pasado. Es mejor esperar a que se cumpla todo el proceso".
Por otra parte, un grupo de Facebook denominado "En defensa de las decisiones del soberano en plebiscito" llamó a concentrarse por las puertas del Palacio Legislativo que dan a la calle Hocquart a las 9.30 para rechazar el proyecto. "Apoyemos las decisiones del pueblo en el Senado. La dictadura respetó el 'no' del pueblo en su momento. Esta gente no respeta lo que dos veces el pueblo original libremente expresó como su voluntad", expresó la convocatoria. Anoche, al cierre de esta edición, 57 personas habían confirmado su asistencia.
Fuente: Ultimas Noticias
La Cámara de Senadores comienza el debate en torno al proyecto interpretativo sobre la Ley de Caducidad.
Todos los legisladores frenteamplistas, con excepción del "autoexcluido" representante del Espacio 609, Jorge Saravia, darán su voto afirmativo. El miembro informante será el senador Oscar López Goldaracena, y el proyecto, una vez aprobado, volverá a la Cámara Baja, con las enmiendas y ajustes que incorporó el Senado.
Washington Beltrán, secretario de Derechos Humanos del PIT CNT, dijo a Montevideo Portal que desde la central sindical "siempre promovieron que el debate se diera en el seno de nuestra sociedad, sobre que lo tomaran los sectores políticos que bastante distraídos se hicieron durante muchísimos años. Todo lo que trabajamos durante estos años, va tomando cuerpo en el debate político. En esta instancia que se dará hoy, para nosotros es subir un escalón más para anular una ley que nunca debió haber existido. Que se dejó existir durante un período demasiado prolongado y cuyas consecuencias están a la vista. Es importante que este debate se realice de esta manera desde el punto de vista democrático y republicano".
Representantes del PIT CNT tienen previsto concurrir a las barras del senado para seguir el debate sobre la Ley de Caducidad.
Consultado sobre la negativa de la oposición y del senador Jorge Saravia a votar el proyecto interpretativo, Beltrán consideró que "esa parte está haciendo oportunismo político, o tiene compromisos grandes con determinados sectores de las Fuerzas Armadas que los hacen pronunciarse de esa manera. No voy a hablar de intencionalidades políticas. Pero desde el punto de vista moral y ético, es penoso manejar estos argumentos. Sobre todo por parte de algunos actores que han defendido la causa de los derechos humanos".
Diferentes versiones
El legislador de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, estimó que la aprobación de esta ley interpretativa "representará un giro histórico en Uruguay", y que se estará "retribuyendo al Judicial su independencia y los poderes que nunca debió perder". Rubio dijo que la Ley de Caducidad es "una profunda inconstitucionalidad", y que, una vez aprobada esta interpretación, "los jueces verán cómo la aplican".
El senador de Vamos Uruguay, Ope Pasquet, consideró que la ley "no es interpretativa sino anulatoria", y que "lesiona la Constitución". Por su parte, su par, el nacionalista de Alianza Nacional Eber Da Rosa, pronosticó un "debate firme y duro", dado que el tema "se ha discutido y se ha llamado a la expresión del pueblo en dos oportunidades, por lo que todo ello amerita que de lugar a discusiones".
El presidente del Círculo Militar, Ricardo Galarza, se reunió el lunes por la tarde con el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, quien prometió "ir hasta donde sea posible". Galarza dijo a TNU que, sabiendo que es casi segura la anulación de la Ley de Caducidad, la ciudadanía debe conocer a quienes no están a favor de la misma.
Fuente: Montevideo Portal
El Frente Amplio (FA) utilizará su mayoría para introducir los cambios acordados al proyecto original. En una sesión que promete ser ardua, la oposición anticipó que no acompañará la iniciativa. Para el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez, con esta norma el oficialismo violentará las consultas populares convocadas sobre este tema, a diferencia de lo que hicieron las Fuerzas Armadas en 1980.
"Creemos que hoy era de justicia hacer un homenaje a todos aquellos que desde los distintos lugares oficiaron de fogoneros de esta lumbre que empieza a transformarse en llama", sostenía ayer, pasadas las 18.30, la actriz Gabriela Iribarren en la sede del PIT-CNT. El motivo de tal acto es que a partir de las 9.00 el Senado incluirá las modificaciones al proyecto interpretativo aportadas por el jurista y ex senador José Korzeniak (Partido Socialista) para "desactivar la norma", en amparo a los recientes fallos de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley de Caducidad.
La oposición interna que surgió dentro del FA en el Senado, protagonizada por Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista, AP), Eleuterio Fernández Huidobro (Corriente de Acción, Pensamiento y Libertad, CAP-L) y Jorge Saravia (Patria Grande), quedó desarticulada luego de que la CAP-L y AP resolvieron acatar lo dispuesto por el Plenario del Frente Amplio, que el 19 de marzo mandató a sus legisladores a votar el proyecto.
Estos tres senadores tomaron caminos diferentes. Fernández Huidobro apoyará la norma pero argumentará en contra. Por su parte, Nin dejará la banca a cargo de su suplente, el diputado Gustavo Guarino, que la votará. Según dijo este último, el ex vicepresidente "hace una semana que pidió licencia", y explicó que su argumentación dependerá de "cómo venga el debate". Pero aclaró que marcará la posición del sector, que es que "no se puede despejar esto de lo que fueron las dos consultas populares". "Si bien no le resta legitimidad, lesiona el camino de la democracia directa anteriormente utilizada", entendió el diputado, y recordó que AP había considerado "poco conveniente" plebiscitar la ley en octubre de 2009. No obstante consideró que "no es un tema cualquiera, sino que son derechos humanos y voy a votar sin ningún problema".
En cambio, Saravia confirmó que no acompañará el proyecto, lo cual hizo concluir a la dirección del Espacio 609, en el que confluye Patria Grande, que el senador "se autoexcluyó" del sector. Su negativa no afectará la aprobación del texto, ya que alcanza con los otros 16 legisladores con los que cuenta el oficialismo en la cámara alta.
Diferente es la situación en la cámara baja, donde el FA sí precisa de sus 50 representantes para terminar de aprobar la norma. La bancada oficialista se compone de 50 miembros, quienes ya habían dado media sanción al proyecto original, aunque, por ejemplo, los representantes de la CAP-L habían argumentando en contra. El coordinador en Diputados, Felipe Michelini, indicó que "nadie ha dicho nada en contra" y anticipó que no cree que "exista alguien con una lógica de no votarlo".
Desde la otra esquina
El senador Rafael Michelini sostuvo que la validación legislativa del proyecto será importante "para el país", porque le permitirá "recuperar la dignidad" y un "ordenamiento jurídico compatible". Consultado acerca de los ataques que la bancada oficialista recibirá de blancos y colorados, señaló: "El FA hará pesar nuestra verdad y los argumentos por los cuales estamos convencidos de que éste es el camino de la justicia".
Desde el Partido Nacional el miembro informante por la minoría, el senador Francisco Gallinal, adelantó que hará referencia a las dos instancias de democracia directa que hubo sobre este tema (plebiscito de 2009 y referéndum de 1989), y estimó que "varios compañeros harán uso de la palabra". A su vez, anunció que destacará el papel que desempeñó Wilson Ferreira Aldunate para la aprobación de la Ley de Caducidad, a la que calificó de "una solución renga como el pacto del Club Naval": "El país iba caminando a golpear la dictadura, y un día a un conjunto de dirigentes que participaron en el acto del Obelisco se les ocurre ir a negociar, no sólo la salida, sino la prisión de Wilson, la proscripción de Seregni y las leyes que de alguna manera sirvieron de amnistía para las partes en conflicto".
Su colega colorado Ope Pasquet se limitó a decir que los legisladores colorados votarán en contra por las razones "ya conocidas", aunque resaltó que su partido "respetará las mayorías en todos los sentidos". "Perderemos y acataremos", dijo y descartó llevar adelante un referéndum para dejar sin efecto el interpretativo. "Eso es para que la gente se pronuncie y la gente ya se pronunció", entendió.
La oposición más ardua a esta iniciativa del FA la están haciendo los militares retirados. Desde el Centro Militar, su presidente, el coronel retirado Guillermo Cedrez, consideró gravísima la iniciativa y advirtió que "se está destruyendo la voluntad del soberano". "Además, es un mensaje muy feo a la juventud, porque acá se habla mucho de la dictadura, pero lo cierto es que ella validó un plebiscito contra ella misma, y estos señores se dan contra dos plebiscitos de la ciudadanía".
Según publicó Últimas Noticias ayer, los militares retirados enviaron una carta a la Suprema Corte de Justicia anunciando que denunciarán a "nivel internacional" la "violación a la libertad" que para ellos habrían realizado los magistrados al procesar a varios funcionarios del régimen militar por crímenes cometidos en la dictadura. Cedrez dijo que ya tienen "un cuerpo de abogados" en caso de ser juzgados a raíz del interpretativo y explicó que a nivel internacional también se están "asesorando" para definir a qué organismo recurrir.
Cedrez, que mantuvo una charla con Mujica la semana pasada, sostuvo que el presidente estaba "totalmente en desacuerdo" con este proceso, aunque se había jurado a sí mismo "no vetar", por lo que el coronel retirado lo calificó de "ambivalente". También se reunió ayer con Jorge Larrañaga, ocasión en la que el líder de Alianza Nacional le transmitió su rechazo al proyecto interpretativo "de forma bastante vehemente", y que si bien mañana respetará las mayorías, defenderá su postura de esa manera.
A ambos lados del río
El PIT-CNT convoca a “rodear” hoy, siete horas después de iniciada la sesión del Senado, el Palacio Legislativo para reafirmar “el compromiso en la lucha contra la ley de impunidad y la vigencia plena de los derechos humanos”. En una misma línea, “uruguayos frenteamplistas, organizaciones civiles, sociales, políticas y de derechos humanos” radicadas en Argentina llaman a concentrarse frente a la embajada uruguaya en Buenos Aires. Tienen previsto entregar un documento al embajador, Guillermo Pomi, para que, por intermedio suyo, les haga llegar a los legisladores la petición de aprobar la iniciativa con “prontitud”.
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| Gabriela Iribarren durante la lectura de la proclama, ayer, en la sede del PIT-CNT. |
Fuente: La Diaria
El Nacimiento de la Ley de Caducidad, El Pacto del Club Naval.
Los hechos se precipitaron en aquel tumultuoso diciembre de 1986, cuando el juez penal Ricardo Harriague, le comunicó a la Jefatura de Policía de Montevideo que el día 22, a la hora 8, debía presentarse a declarar por el caso Orletti, el teniente coronel José Nino Gavazzo, quien catorce meses antes, desafiante, dijo públicamente: "como militar, no estoy dispuesto a concurrir ante ningún juez civil para que se me juzgue por operaciones militares". Gavazzo era el primero de nueve oficiales convocados (el 23, Manuel Cordero, el 24, Ernesto Ramas).
Ante las primeras denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas en los tribunales, al regresar el país a la democracia (marzo de 1985), la Justicia Militar presentó una contienda de competencias ante la Suprema Corte de Justicia reclamando su primacía respecto a la Justicia ordinaria, para dilucidar estos casos. Los distintos partidos buscaban fórmulas tendientes a encontrar una solución al espinoso asunto. Todas naufragaron con bastante rapidez.
El acuerdo del Club Naval, que viabilizó la salida negociada de la dictadura (iniciado un 6 de julio, y concluido el 3 de agosto), contó con la asistencia de los jefes de las Fuerzas Armadas (Hugo Medina, Ejército; Rodolfo Invidio, Armada; Manuel Buadas, Aeronáutica), y representantes de los partidos Colorado, Frente Amplio, Unión Cívica). Los blancos, (con su líder preso Wilson Ferreira, al regreso del país, 16 de junio) rechazaron esta fórmula, que implicó la realización de comicios y la entrega del gobierno a quien resultara electo.
Inicialmente, los blancos dijeron que "la impunidad" se pactó en el Club Naval. Los testimonios reunidos indican que la revisión de los hechos ocurridos durante la dictadura (1973-1985), no fue abordada. Lo señala el propio secretario político de Ferreira, Diego Achard, en una muy documentada obra de investigación de 1995 ("La transición en Uruguay), en la que concluye: "las violaciones a los derechos humanos durante el proceso, no fue tratada" (página 54).
Sin embargo, Medina reconoció el 1º de diciembre de 1986, en una reunión con el presidente Julio Sanguinetti y los líderes políticos, que en agosto de 1984 tenía la impresión, por la forma en que se produjo la salida, que no existiría "revisionismo". En marzo de 1985, fue aprobada una Ley de Amnistía, que abrió las cárceles políticas. El 18 de mayo de aquel tenso 1986, Medina se preguntó si aquella norma había sido "ecuánime", al excluir a militares y policías.
Las negociaciones políticas fueron intensas, mientras la Suprema Corte decidía qué criterio seguir (Justicia civil o militar). Se integró una comisión de juristas, el gobierno impulsó una ley de amnistía (29 de agosto), que fue rechazada por blancos y frentistas. El Partido Nacional propició en el Parlamento otro mecanismo (18 de setiembre), delimitando ciertos delitos en los que podrían haber incurrido los uniformados, pero tampoco tuvo votos: para los colorados era demasiado amplia; para la izquierda, insuficiente. La demanda por "juicio y castigo" a los culpables ganaba la calle, y se produjeron varias reuniones entre mandos castrenses y líderes blancos.
Sanguinetti reclamaba una "solución política". En un reciente ensayo, Alfonso Lessa gerente de noticias de canal 12, revela que antes del Club Naval, hubo contactos "secretos" entre Sanguinetti y Medina, en los que se habló de todo. "No hubo tema ausente, tampoco el de los derechos humanos(...). Esta sucesión de encuentros y lo que en ellos se conversó, no parece haber estado en conocimiento de los demás negociadores en el Club Naval" (La Primera Orden, página 252). Las fuentes de Lessa fueron Medina, y el propio Sanguinetti.
El 24 de noviembre de 1986, la Suprema Corte falló: era la Justicia ordinaria, la competente. El 3 de diciembre, a través del oficio 1132, el juez Harriague comunicó a la policía la citación a Gavazzo para la mañana del 22. Ni él ni ninguno de sus colegas pensaba presentarse. El proyecto de Ley de Caducidad, que hoy será eliminado, se aprobó en el directorio blanco; contó el 21 con la mayoría en el Senado (22 en 31, en contra el FA y varios blancos), y el mismo 22, en Diputados (60 en 97). El senador frentista Jose Germán Araújo, fue expulsado de ese cuerpo, al ser acusado por blancos y colorados de instigar el rechazo publico desatado.
La Ley establecía en su artículo cuarto, que era el Poder Ejecutivo quien debía determinar, ante una consulta expresa, si los casos estaban o no comprendidos por la norma, ratificada en un referéndum de 1989, interpretado como una amnistía por los gobiernos; hasta que en 2005, con Tabaré Vázquez en el gobierno, varió radicalmente este criterio, con los resultados a la vista.
Fuente: La República
Araújo, que en la actualidad conduce un programa en radio Continente, reconoció que él mismo participó de reuniones en las que el propio Presidente Mujica asumió un "compromiso entre excombatientes" terminar con el revisionismo.
Además, reveló que algunas de la reuniones "reservadas" se concretaron en el domicilio del mayor Walter Villanueva. Agregó que en el momento en que se alcanzaron esos compromisos se confeccionó un documento, pero declinó revelar su contenido.
En tal sentido, subrayó que los militares se sienten "traicionados" por Mujica, ya que el primer mandatario "se había comprometido a trabajar en esa línea y no concretó lo que había asumido". "Si bien nunca tomaron el liderazgo del tema, que lo manejaron los Michelini, Familiares y el PCU, el único hito del MPP fue cuando Fernández Huidobro se manifestó en un congreso del Frente Amplio por mantener la ley de Caducidad", aseveró Araújo.
Las conversaciones entre militares y tupamaros comenzaron en 1972 cuando miembros de la Logia Tenientes de Artigas sacaron de la prisión a los jefes guerrilleros para intercambiar información sobre delitos financieros.
Tras el retorno de la democracia hubo otros intercambios. Araújo reconoció que en la actualidad "los canales de diálogo están abiertos".
El vocero del foro militar apuntó sus baterías a la frase del expresidente Tabaré Vázquez, en la que señaló que en "temas de derechos humanos, las mayorías no siempre tienen la razón".
"Lo que dijo Vázquez justifica el golpe de Estado. Si las mayorías se equivocan es lícito que actúe una minoría", ironizó Araújo.
Triunfo. Libertad y Concordia reaccionó con dureza a la confirmación de que el Senado le dará media sanción a la anulación de la ley de Caducidad.
"Para nosotros es un triunfo. Ahora quedará demostrada la catadura moral con la que se mueven nuestros enemigos. Es una profunda inmoralidad, antidemocrática y antiartiguista. En ese marco está quedando en evidencia que no respetan ni siquiera las decisiones del pueblo", afirmó Araújo.
En tanto, la respuesta de las organizaciones sociales militares sobre lo que resuelva el Senado en la sesión de hoy se conocerá el jueves 14 en dos actos en recuerdo de los muertos en las acciones del 14 de abril de 1972, cuando el MLN atentó contra cuatro sospechosos de integrar los escuadrones de la muerte. El primer acto será a la hora 10:30 en Avenida Italia y Abacú. El segundo acto tendrá lugar en la sede del Círculo Militar a la hora 11:30.
Fuente: El País Digital
-¿Qué evaluación hace sobre la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le aplicó a Uruguay por el caso Gelman?
-Me encontraba en una gira por Estados Unidos donde participé de reuniones con organismos internacionales cuando se dictó la sentencia, pero creo que el fallo ha sido contundente. Uruguay tiene que erradicar el obstáculo de la Ley de Caducidad, identificar a los sospechosos de haber cometido delitos durante la dictadura y someterlos a proceso.
-¿Por qué los militares no colaboran con las investigaciones judiciales?
-Creo que el poder civil no ha dado un mensaje claro. Hay un capricho de mantener a rajatabla la Ley de Caducidad cuando se ha hecho insostenible, ya nadie puede aprobar la acción repugnante que tuvieron durante la dictadura.
-Hay dos plebiscitos que avalan la Ley de Caducidad, ¿Por qué se insiste desde el Frente Amplio con anular la norma cuando la ciudadanía ya se pronunció?
-Desde el punto de vista jurídico los plebiscitos tienen los efectos limitados, ni que hablar que el plebiscito de 1989 se dio en el marco de la construcción del terror. Además, los resultados de las consultas populares no pueden obligar a Uruguay a incumplir con el Derecho Internacional.
-¿Qué sentido tiene hacer un plebiscito si no se tiene en cuenta la voluntad de la ciudadanía?
-Tiene mucho sentido. Entre otras cosas saber qué piensa la gente. Es un instrumento de recurso popular muy importante para poner en debate público los temas. Yo no le tengo miedo a los plebiscitos. En este país en materia de lucha contra la impunidad de delitos gravísimos hay dos posiciones marcadas: están aquellos que de todas formas intentamos que se restablezca la justicia y la dignidad, y otros sectores del Partido Colorado y del Partido Nacional, que a lo que se han dedicado es a amparar a unos criminales de uniforme.
-El comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, declaró que los militares están nerviosos por la ola de juicios que puede desatar la aprobación de la ley interpretativa ¿Tienen razones para preocuparse?
-No creo que haya nerviosismo, sino demostraría cobardía. Enfrentarse a un juez por hechos gravísimos no debería dar ningún nerviosismo. En el juicio al que serán sometidos tienen todas las garantías que las víctimas no tuvieron y aspiro de una vez por todas que se pueda romper el pacto mafioso de los militares que es inaceptable en una democracia; por el que siguen negando las responsabilidades, escondiendo los cuerpos y tratando de presionar a la Justicia.
-¿Ese "pacto mafioso" del que habla abarca a militares en actividad o solo a los retirados?
-Creo que abarca los sectores más reaccionarios comprometidos con el golpe de Estado y aspiro que las nuevas generaciones en definitiva puedan honorar el uniforme, a diferencia de los cuadros oficiales de aquella época.
-¿El mensaje que dio el Presidente José Mujica al ir a visitar al general procesado Miguel Dalmao resulta contradictorio con la posición del Frente Amplio de anular la Caducidad?
-No, para nada, es el Presidente. Probablemente terminará visitando a 9.000 presos, pero a nadie le puede sorprender la forma de ser del Presidente.
Fuente: El País Digital
Los abogados que representan a los militares retirados y ex policías, detenidos en Domingo Arena, comenzaron a evaluar la posibilidad de pedir la liberación de los procesados, si el Parlamento deja sin efecto la ley de Caducidad, afirmaron a LA REPUBLICA allegados a los presos.
Ante las primeras denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas en los tribunales, al regresar el país a la democracia (marzo de 1985), la Justicia Militar presentó una contienda de competencias ante la Suprema Corte de Justicia reclamando su primacía respecto a la Justicia ordinaria, para dilucidar estos casos. Los distintos partidos buscaban fórmulas tendientes a encontrar una solución al espinoso asunto. Todas naufragaron con bastante rapidez.
El acuerdo del Club Naval, que viabilizó la salida negociada de la dictadura (iniciado un 6 de julio, y concluido el 3 de agosto), contó con la asistencia de los jefes de las Fuerzas Armadas (Hugo Medina, Ejército; Rodolfo Invidio, Armada; Manuel Buadas, Aeronáutica), y representantes de los partidos Colorado, Frente Amplio, Unión Cívica). Los blancos, (con su líder preso Wilson Ferreira, al regreso del país, 16 de junio) rechazaron esta fórmula, que implicó la realización de comicios y la entrega del gobierno a quien resultara electo.
Inicialmente, los blancos dijeron que "la impunidad" se pactó en el Club Naval. Los testimonios reunidos indican que la revisión de los hechos ocurridos durante la dictadura (1973-1985), no fue abordada. Lo señala el propio secretario político de Ferreira, Diego Achard, en una muy documentada obra de investigación de 1995 ("La transición en Uruguay), en la que concluye: "las violaciones a los derechos humanos durante el proceso, no fue tratada" (página 54).
Sin embargo, Medina reconoció el 1º de diciembre de 1986, en una reunión con el presidente Julio Sanguinetti y los líderes políticos, que en agosto de 1984 tenía la impresión, por la forma en que se produjo la salida, que no existiría "revisionismo". En marzo de 1985, fue aprobada una Ley de Amnistía, que abrió las cárceles políticas. El 18 de mayo de aquel tenso 1986, Medina se preguntó si aquella norma había sido "ecuánime", al excluir a militares y policías.
Las negociaciones políticas fueron intensas, mientras la Suprema Corte decidía qué criterio seguir (Justicia civil o militar). Se integró una comisión de juristas, el gobierno impulsó una ley de amnistía (29 de agosto), que fue rechazada por blancos y frentistas. El Partido Nacional propició en el Parlamento otro mecanismo (18 de setiembre), delimitando ciertos delitos en los que podrían haber incurrido los uniformados, pero tampoco tuvo votos: para los colorados era demasiado amplia; para la izquierda, insuficiente. La demanda por "juicio y castigo" a los culpables ganaba la calle, y se produjeron varias reuniones entre mandos castrenses y líderes blancos.
Sanguinetti reclamaba una "solución política". En un reciente ensayo, Alfonso Lessa gerente de noticias de canal 12, revela que antes del Club Naval, hubo contactos "secretos" entre Sanguinetti y Medina, en los que se habló de todo. "No hubo tema ausente, tampoco el de los derechos humanos(...). Esta sucesión de encuentros y lo que en ellos se conversó, no parece haber estado en conocimiento de los demás negociadores en el Club Naval" (La Primera Orden, página 252). Las fuentes de Lessa fueron Medina, y el propio Sanguinetti.
El 24 de noviembre de 1986, la Suprema Corte falló: era la Justicia ordinaria, la competente. El 3 de diciembre, a través del oficio 1132, el juez Harriague comunicó a la policía la citación a Gavazzo para la mañana del 22. Ni él ni ninguno de sus colegas pensaba presentarse. El proyecto de Ley de Caducidad, que hoy será eliminado, se aprobó en el directorio blanco; contó el 21 con la mayoría en el Senado (22 en 31, en contra el FA y varios blancos), y el mismo 22, en Diputados (60 en 97). El senador frentista Jose Germán Araújo, fue expulsado de ese cuerpo, al ser acusado por blancos y colorados de instigar el rechazo publico desatado.
La Ley establecía en su artículo cuarto, que era el Poder Ejecutivo quien debía determinar, ante una consulta expresa, si los casos estaban o no comprendidos por la norma, ratificada en un referéndum de 1989, interpretado como una amnistía por los gobiernos; hasta que en 2005, con Tabaré Vázquez en el gobierno, varió radicalmente este criterio, con los resultados a la vista.
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| Negociaciones en el Club Naval. Los frentistas Juan Young y José Cardoso, el 6 de julio de 1984. |
Los Pactos Siguen en Marcha, en la Oscuridad y en la Mafía.
Además, reveló que algunas de la reuniones "reservadas" se concretaron en el domicilio del mayor Walter Villanueva. Agregó que en el momento en que se alcanzaron esos compromisos se confeccionó un documento, pero declinó revelar su contenido.
En tal sentido, subrayó que los militares se sienten "traicionados" por Mujica, ya que el primer mandatario "se había comprometido a trabajar en esa línea y no concretó lo que había asumido". "Si bien nunca tomaron el liderazgo del tema, que lo manejaron los Michelini, Familiares y el PCU, el único hito del MPP fue cuando Fernández Huidobro se manifestó en un congreso del Frente Amplio por mantener la ley de Caducidad", aseveró Araújo.
Las conversaciones entre militares y tupamaros comenzaron en 1972 cuando miembros de la Logia Tenientes de Artigas sacaron de la prisión a los jefes guerrilleros para intercambiar información sobre delitos financieros.
Tras el retorno de la democracia hubo otros intercambios. Araújo reconoció que en la actualidad "los canales de diálogo están abiertos".
El vocero del foro militar apuntó sus baterías a la frase del expresidente Tabaré Vázquez, en la que señaló que en "temas de derechos humanos, las mayorías no siempre tienen la razón".
"Lo que dijo Vázquez justifica el golpe de Estado. Si las mayorías se equivocan es lícito que actúe una minoría", ironizó Araújo.
Triunfo. Libertad y Concordia reaccionó con dureza a la confirmación de que el Senado le dará media sanción a la anulación de la ley de Caducidad.
"Para nosotros es un triunfo. Ahora quedará demostrada la catadura moral con la que se mueven nuestros enemigos. Es una profunda inmoralidad, antidemocrática y antiartiguista. En ese marco está quedando en evidencia que no respetan ni siquiera las decisiones del pueblo", afirmó Araújo.
En tanto, la respuesta de las organizaciones sociales militares sobre lo que resuelva el Senado en la sesión de hoy se conocerá el jueves 14 en dos actos en recuerdo de los muertos en las acciones del 14 de abril de 1972, cuando el MLN atentó contra cuatro sospechosos de integrar los escuadrones de la muerte. El primer acto será a la hora 10:30 en Avenida Italia y Abacú. El segundo acto tendrá lugar en la sede del Círculo Militar a la hora 11:30.
Fuente: El País Digital
-¿Qué evaluación hace sobre la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le aplicó a Uruguay por el caso Gelman?
-Me encontraba en una gira por Estados Unidos donde participé de reuniones con organismos internacionales cuando se dictó la sentencia, pero creo que el fallo ha sido contundente. Uruguay tiene que erradicar el obstáculo de la Ley de Caducidad, identificar a los sospechosos de haber cometido delitos durante la dictadura y someterlos a proceso.
-¿Por qué los militares no colaboran con las investigaciones judiciales?
-Creo que el poder civil no ha dado un mensaje claro. Hay un capricho de mantener a rajatabla la Ley de Caducidad cuando se ha hecho insostenible, ya nadie puede aprobar la acción repugnante que tuvieron durante la dictadura.
-Hay dos plebiscitos que avalan la Ley de Caducidad, ¿Por qué se insiste desde el Frente Amplio con anular la norma cuando la ciudadanía ya se pronunció?
-Desde el punto de vista jurídico los plebiscitos tienen los efectos limitados, ni que hablar que el plebiscito de 1989 se dio en el marco de la construcción del terror. Además, los resultados de las consultas populares no pueden obligar a Uruguay a incumplir con el Derecho Internacional.
-¿Qué sentido tiene hacer un plebiscito si no se tiene en cuenta la voluntad de la ciudadanía?
-Tiene mucho sentido. Entre otras cosas saber qué piensa la gente. Es un instrumento de recurso popular muy importante para poner en debate público los temas. Yo no le tengo miedo a los plebiscitos. En este país en materia de lucha contra la impunidad de delitos gravísimos hay dos posiciones marcadas: están aquellos que de todas formas intentamos que se restablezca la justicia y la dignidad, y otros sectores del Partido Colorado y del Partido Nacional, que a lo que se han dedicado es a amparar a unos criminales de uniforme.
-El comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, declaró que los militares están nerviosos por la ola de juicios que puede desatar la aprobación de la ley interpretativa ¿Tienen razones para preocuparse?
-No creo que haya nerviosismo, sino demostraría cobardía. Enfrentarse a un juez por hechos gravísimos no debería dar ningún nerviosismo. En el juicio al que serán sometidos tienen todas las garantías que las víctimas no tuvieron y aspiro de una vez por todas que se pueda romper el pacto mafioso de los militares que es inaceptable en una democracia; por el que siguen negando las responsabilidades, escondiendo los cuerpos y tratando de presionar a la Justicia.
-¿Ese "pacto mafioso" del que habla abarca a militares en actividad o solo a los retirados?
-Creo que abarca los sectores más reaccionarios comprometidos con el golpe de Estado y aspiro que las nuevas generaciones en definitiva puedan honorar el uniforme, a diferencia de los cuadros oficiales de aquella época.
-¿El mensaje que dio el Presidente José Mujica al ir a visitar al general procesado Miguel Dalmao resulta contradictorio con la posición del Frente Amplio de anular la Caducidad?
-No, para nada, es el Presidente. Probablemente terminará visitando a 9.000 presos, pero a nadie le puede sorprender la forma de ser del Presidente.
Fuente: El País Digital
De Caer la Ley de Caducidad, Los Militares Pedirán la Libertad.
Los abogados que representan a los militares retirados y ex policías, detenidos en Domingo Arena, comenzaron a evaluar la posibilidad de pedir la liberación de los procesados, si el Parlamento deja sin efecto la ley de Caducidad, afirmaron a LA REPUBLICA allegados a los presos.
Si bien los procesados por delitos de violación a los derechos humanos admiten que para poder juzgarlos el Poder Ejecutivo los excluyó de le ley de Caducidad, entienden que la actuación judicial se realizó en base a la vigencia de la ley aprobada en 1986.
En tanto, las fuentes indicaron que los clubes sociales que nuclean a los retirados, ofrecieron su asesoramiento en caso de que la ley de Caducidad quede sin efecto. En ese sentido, los informantes señalaron que ante cada citación judicial que reciban los retirados, se presentarán recursos "de inconstitucionalidad" ante la Suprema Corte de Justicia. Afirmaron que los más de 20 casos en que la Suprema Corte falló a favor de la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad, pueden servir de antecedente para sus casos. Subrayaron que en principio está descartado presentar un recurso masivo, sino que se harán individualmente. Los retirados anunciaron además su disposición a presentar sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por considerar que existieron "irregularidades" en los procesos judiciales. El ex integrante de la OCOA, coronel retirado Jorge Silveira admitió que él presentará su caso ante la corporación internacional, al igual que otros detenidos.
Entre tanto, los procesados por delitos de lesa humanidad prosiguen con su campaña de cartas a legisladores, intendentes, autoridades del Ejecutivo y ámbitos internacionales en los que cuestionan la actuación del Poder Judicial.
A través de una misiva firmada por el Inspector Mayor (R), Ricardo Medina se el policía retirado sostiene que: "Se habilitó un sistema jurídico especial. Se obviaron normas de Derecho. Se violaron principios del Derecho. Tácitamente se mantiene el concepto de "asociación ilícita", cuando no lo es. En los casos presentes no corresponde la tipificación de delitos de lesa humanidad. Insistentemente se pretende por los operadores judiciales la imputación de los delitos de "desaparición forzada", "homicidio político", contraviniendo lo establecido en la Constitución nacional, los convenios y tratados que no admiten la retroactividad de las leyes penales, salvo en los casos en que sean beneficiosas para el inculpado".
Fuente: La República
En tanto, las fuentes indicaron que los clubes sociales que nuclean a los retirados, ofrecieron su asesoramiento en caso de que la ley de Caducidad quede sin efecto. En ese sentido, los informantes señalaron que ante cada citación judicial que reciban los retirados, se presentarán recursos "de inconstitucionalidad" ante la Suprema Corte de Justicia. Afirmaron que los más de 20 casos en que la Suprema Corte falló a favor de la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad, pueden servir de antecedente para sus casos. Subrayaron que en principio está descartado presentar un recurso masivo, sino que se harán individualmente. Los retirados anunciaron además su disposición a presentar sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por considerar que existieron "irregularidades" en los procesos judiciales. El ex integrante de la OCOA, coronel retirado Jorge Silveira admitió que él presentará su caso ante la corporación internacional, al igual que otros detenidos.
Entre tanto, los procesados por delitos de lesa humanidad prosiguen con su campaña de cartas a legisladores, intendentes, autoridades del Ejecutivo y ámbitos internacionales en los que cuestionan la actuación del Poder Judicial.
A través de una misiva firmada por el Inspector Mayor (R), Ricardo Medina se el policía retirado sostiene que: "Se habilitó un sistema jurídico especial. Se obviaron normas de Derecho. Se violaron principios del Derecho. Tácitamente se mantiene el concepto de "asociación ilícita", cuando no lo es. En los casos presentes no corresponde la tipificación de delitos de lesa humanidad. Insistentemente se pretende por los operadores judiciales la imputación de los delitos de "desaparición forzada", "homicidio político", contraviniendo lo establecido en la Constitución nacional, los convenios y tratados que no admiten la retroactividad de las leyes penales, salvo en los casos en que sean beneficiosas para el inculpado".
Fuente: La República
La Advertencia de la Fiscal Guianze.
“Las personas que sienten que no han sido contempladas en todo su derecho por la Justicia siempre pueden acudir a un organismo internacional. En este caso, me parece que se hace un planteo de orden general. No hablan de un juicio sino de todos. Eso es una acusación grave y compromete al país", advirtió la fiscal Mirtha Guianze. Respondió así al anuncio de los presidentes de los centros sociales castrenses de que denunciarán "en el ámbito internacional" la "violación a la libertad" que a su juicio cometieron los magistrados al procesar a militares por delitos de lesa humanidad.
En ese sentido, recordó a Ultimas Noticias que la primera condena a un militar por violar los derechos humanos durante la dictadura data del año 2006. "Hasta ahora nunca denunciaron que hubiera irregularidades. Desde entonces, todos los casos fueron tratados de acuerdo a las normas, con las sentencias en primera y segunda instancia que corresponden y la posibilidad del recurso de casación. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) nunca vio una irregularidad en el proceder", enfatizó.
Indicó que si los centros militares quieren llevar sus demandas al ámbito internacional "tendrán derecho a ser oídos" pero garantizó que "en todos los juicios se dieron las garantías del debido proceso".
Hasta el momento, todos los juicios realizados a militares tienen sentencia confirmatoria con excepción del caso del soldado Ernesto Soca, todavía a estudio del tribunal. Soca fue procesado en setiembre pasado por "veintiocho delitos de homicidio muy especialmente agravados", acusado de participar del "segundo vuelo" de Automotores Orletti y reconocido por los sobrevivientes por su risa y su voz.
Los militares niegan la validez de las pruebas presentadas, por lo que el mes pasado los centros sociales resolvieron remitir una carta a la SCJ para pedir al organismo que investigara la actuación de los magistrados en los procesamientos. El 25 de marzo, una semana más tarde, la Corte determinó que no es "jurídicamente competente para rever los errores técnicos graves de los magistrados".
Ante esa resolución, los centros remitieron un nuevo mensaje al presidente de la corporación, Leslie Van Rompaey, para plantear que "lo que pudo y debió" resolverse en la judicatura uruguaya, "deberá ser ventilado en el ámbito internacional".
Guianze recordó que "el derecho internacional prevé que las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas y los responsables, juzgados”.
“De hecho, hay un dictamen internacional que pesa sobre Uruguay, pero toda persona que sienta que no ha sido contemplada puede apelar a la Justicia internacional", agregó.
El mes pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra Uruguay en el caso Gelman y estableció que la ley de Caducidad constituye un "obstáculo" y que "carece de efecto por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", al impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
En ese sentido, recordó a Ultimas Noticias que la primera condena a un militar por violar los derechos humanos durante la dictadura data del año 2006. "Hasta ahora nunca denunciaron que hubiera irregularidades. Desde entonces, todos los casos fueron tratados de acuerdo a las normas, con las sentencias en primera y segunda instancia que corresponden y la posibilidad del recurso de casación. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) nunca vio una irregularidad en el proceder", enfatizó.
Indicó que si los centros militares quieren llevar sus demandas al ámbito internacional "tendrán derecho a ser oídos" pero garantizó que "en todos los juicios se dieron las garantías del debido proceso".
Hasta el momento, todos los juicios realizados a militares tienen sentencia confirmatoria con excepción del caso del soldado Ernesto Soca, todavía a estudio del tribunal. Soca fue procesado en setiembre pasado por "veintiocho delitos de homicidio muy especialmente agravados", acusado de participar del "segundo vuelo" de Automotores Orletti y reconocido por los sobrevivientes por su risa y su voz.
Los militares niegan la validez de las pruebas presentadas, por lo que el mes pasado los centros sociales resolvieron remitir una carta a la SCJ para pedir al organismo que investigara la actuación de los magistrados en los procesamientos. El 25 de marzo, una semana más tarde, la Corte determinó que no es "jurídicamente competente para rever los errores técnicos graves de los magistrados".
Ante esa resolución, los centros remitieron un nuevo mensaje al presidente de la corporación, Leslie Van Rompaey, para plantear que "lo que pudo y debió" resolverse en la judicatura uruguaya, "deberá ser ventilado en el ámbito internacional".
Guianze recordó que "el derecho internacional prevé que las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas y los responsables, juzgados”.
“De hecho, hay un dictamen internacional que pesa sobre Uruguay, pero toda persona que sienta que no ha sido contemplada puede apelar a la Justicia internacional", agregó.
El mes pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra Uruguay en el caso Gelman y estableció que la ley de Caducidad constituye un "obstáculo" y que "carece de efecto por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", al impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Fuente: Ultimas Noticias
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