Llevan el Proyecto Minero al Parlamento.
El llamado a sala es para los ministros Roberto Kreimerman (Industria), Graciela Muslera (Vivienda) y Héctor Lescano (Turismo).
El presidente de la Cámara de Representantes, Luis Lacalle Pou, dijo que la interpelación "es en rechazo a esta inversión". Agregó que "a sola magnitud de la inversión amerita la presencia de los ministros".
La minera Aratiri prevé invertir en la extracción de hierro mas de US$ 1.000 millones.
En nombre del Frente Amplio, los diputados Felipe Michelini (Nuevo Espacio) y Yerú Pardiñas (Partido Socialista) dijeron que si lo que se buscaba era información se podía haber buscado otro mecanismo parlamentario.
El oficialismo quería que se convocara a los ministros a Comisión General o a las comisiones de Industria o Vivienda de la Cámara.
La interpelación se votó por 41 en 71 diputados presentes.
Fuente: Observa
Fuente: El País Digital
Para el bien del país, la Concreción del Proyecto está Difícil.
El gobierno mantiene intacto su interés en que desembarque en el país la inversión de Aratirí, una firma dedicada a la minería de capitales indios. De todos modos, se muestra firme en sus exigencias ante un proyecto de gran porte que genera resistencias por parte de actores medioambientales.
Actualmente, las partes buscan un memorándum de entendimiento pero surgieron varios puntos de desencuentros.
“Difícil”, contestó ayer el presidente José Mujica consultado por El Observador sobre la marcha de las conversaciones en curso. Si bien la firma ya comenzó a explorar el subsuelo uruguayo y a medir la calidad del hierro, aún no ha confirmado que realizará la inversión.
De todos modos, en el gobierno confían en que eso sucederá este año. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo El Observador que “en el correr de los próximos meses” la inversión será un hecho. Agregó que el gobierno tiene “mucho interés” en que eso suceda pero “siempre y cuando” se cumplan al pie de la letra los requisitos que pone el Estado.
“El gobierno hace un enorme esfuerzo para atraer inversiones permanentemente pero no a cualquier costo. Tiene que haber una relación costo/beneficio a largo plazo importante para el Estado”, aseguró el jerarca.
Nuevas reglas
El interés de Aratirí por extraer minerales en Uruguay obligó al gobierno a “aggiornar” las normas que regulan la actividad. En este sentido, la Dirección Nacional de Minería comenzó hace un año a discutir un cambio a la legislación vigente y envió al Parlamento un proyecto de ley sobre la actividad. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y espera por el tratamiento en el Senado.
Los principales cambios que prevé el proyecto de ley refieren a una modificación a la forma en la que se calculan los canon que cobra el Estado y una mayor rigurosidad respecto a los plazos de los permisos otorgados.
A su vez, una vez que la nueva reglamentación esté vigente dará al Estado la potestad de comprar a precio de mercado un 15% de la producción de una mina a los efectos de desarrollar cadenas de valor con esos productos, según informó el titular de la institución, Pier Rossi. “Antes era absolutamente propiedad de la empresa”,dijo.
Aunque tanto el gobierno como la empresa dan señales a favor de que la historia terminará con Aratirí instalada en Uruguay, la Dirección Nacional de Minería no recibió ningún proyecto con los planes de excavaciones.
“Acá la empresa no tiene ningún proyecto presentado sobre el proyecto de mina en sí mismo”, dijo Rossi, e informó que hasta que no se de ese paso, no habrá un visto bueno técnico al proyecto de inversión que, de concretarse, ascenderá a los US$ 1.500 millones.
Además, otro órgano oficial que está estudiando los planes que la firma minera tiene para Uruguay es la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
Hace dos semanas, esa oficina recibió un documento sobre el proyecto, que ya comenzó a ser analizado. De todos modos, por tratarse de un caso de gran porte su análisis llevará “entre seis y ocho meses”, según informó a El Observador el titular de la Dinama, Jorge Rucks. Llevará ese tiempo si el texto contiene toda la información que el organismo requiere ya que, ante dudas o falta de datos, deberá comenzar un diálogo con el interesado y los plazos se extenderán.“Legalmente no se puede iniciar ningún tipo de acción si no está aprobado por Dinama”, aportó Rucks.
Protestas
A pesar de la cifra de inversión millonaria, la llegada de Aratirí al país no conforma a todos. Grupos ambientalistas reparten volantes advirtiendo sobre los efectos medioambientales negativos de la explotación minera. Eso llevó a la oposición a reclamar respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo.
El diputado Luis Lacalle Pou (Aire Fresco) promueve la interpelación de los ministros Roberto Kreimerman (Industria, Graciela Muslera (Vivienda y Medio Ambiente) y Héctor Lescano (Turismo y Deporte).
Fuente: Observa
Comentarios generales sobre la SAAP de las empresas Aratirí S.A. y Minera San Gregorio S.A.
En esta sección realizamos comentarios que entendemos podrían mejorar el proceso de Solicitud de Autorización Ambiental Previa (SAAP) y facilitar la clasificación de dichos proyectos en A, B o C, es decir para decidir si los emprendimientos requieren estudio de impacto ambiental parcial o completo, o no lo requieren. Entendemos que haciendo modificaciones sencillas a los protocolos de SAAP se podría mejorar sustancialmente este proceso.
Sobre la forma de obtener la información ambiental
En primer lugar queremos expresar nuestra preocupación sobre la superficialidad con la que se presentan los informes de SAAP y aún más nos preocupa como la DINAMA puede tomar una decisión de clasificar un proyecto como A, B o C en función de tan escueta información.
Por ejemplo, la descripción de la información ambiental es extremadamente superficial, y en algunos casos como en el de la Minera de San Gregorio S.A. se limita únicamente a una tabla donde se marca con si/no la presencia de elementos de especial interés, como flora y fauna o paisajes singulares.
En los tres informes analizados, aún cuando se describe muy brevemente la fauna y flora y otros elementos de especial interés, la información presentada es extremadamente superficial e incompleta. Más aún, los documentos poseen un carácter informal y poco profesional al no describir la forma en que se obtuvo la información presentada. Este último punto imposibilita evaluar si un área tiene o no bajos valores de biodiversidad o paisajes destacados independientemente de las opiniones del técnico proponente. Ilustramos esto con un ejemplo. En el informe presentado por Aratirí S.A. para Treinta y Tres se menciona que en la zona se encontraron únicamente dos especies de anfibios y 74 de aves. ¿Esto es mucha riqueza o poca en comparación con otras áreas? Esta pregunta es imposible de contestar si no sabemos como el técnico obtuvo la información. ¿Tomó los datos de la biografía o visitó el sitio? Si se basó en biografía, ¿cuáles fueron las referencias consultadas? Si se visitó el sitio, ¿cuál fue el esfuerzo y el diseño de muestro que sustentan dichas observaciones? ¿Realizó una transecta en vehículo o caminando, y que duración tuvo? ¿Instaló trampas de caída para los anfibios o simplemente dio vuelta piedras (técnica simple de relevamiento rápido de anfibios en zonas pedregosas)? ¿Cuánto tiempo estuvo dando vuelta piedras? ¿Estratificó su muestreo según los diferentes tipos de ambientes presentes o se concentró en el ambiente predominante? Esto es aplicable también a la descripción de los cuerpos de agua, de los elementos de valor histórico o cultural, entre otros.
En este sentido recomendamos enfáticamente que la DINAMA incorpore en los protocolos de presentación de estos informes un apartado que refiera a “diseño y esfuerzo de muestreo” o “metodología empleada para obtener la información”. En esta sección los proponentes deberán detallar las formas de obtener información (transectas, trampas, métodos de colecta y análisis de calidad de agua, entrevistas, revisión bibliográfica, distribución y estratificación espacial, etc.) y el esfuerzo empleado (número de muestras, horas de duración del relevamiento, días de visita, época del año, condiciones climáticas, etc.). Pensamos que esta información mejorará sustancialmente la interpretación y la decisión de la DINAMA para clasificar un proyecto o pedir ampliación de información, a la vez que le evitará al emprendedor un retraso en su proceso de evaluación por solicitud de ampliación de la información.
También se considera muy importante la presentación de mapas de vegetación y/o de unidades ambientales que permitan visualizar el conjunto del territorio afectado e identificar los puntos de muestreo de los diferentes componentes (flora, fauna, suelos, agua, etc.).
Sobre los juicios de valor sin sustento científico
Otro aspecto que no podemos dejar de mencionar es la incorporación en los informes de juicios de valor, que, pudiendo o no estar en lo cierto, no pueden ser validados por el evaluador. Un caso muy claro es el de los paisajes. En los tres informes analizados se indica que la zona no tiene paisajes destacados. Sin embargo, no se presenta ninguna argumentación al respecto, ni siquiera registros fotográficos de la zona. De hecho, las descripciones generales de los sitios contenidas en los informes podrían guiar a los lectores a conclusiones opuestas. ¿Cuál es el juicio de valor por el que un territorio de las serranías y praderas del este carece de valor paisajístico? ¿Existe algún trabajo científico o técnico que haya utilizado indicadores para otorgar valor paisajístico, cuál es? Al menos sería deseable que en estos informes se solicitaran la presentación de fotografías panorámicas exhaustivas. Es sabido que los técnicos de DINAMA no visitan todos los sitios en que hay una SAAP, por lo que las fotografías contribuirían sustancialmente a que el evaluador tenga una imagen del lugar. Estas fotos sería deseable que fueran además acompañadas de buenos mapas de la zona, y no únicamente de coordenadas, como en el la SAAP de la Minera San Gregorio S.A. Para evaluar adecuadamente la propuesta sería necesario poder superponer distintos mapas, el correspondiente a suelos, vegetación, predios y sitios de las exploraciones.
Otros juicios de valor inaceptables son, por ejemplo, “el agua sale limpia”, como se menciona en el informe de Aratirí S.A. sobre las exploraciones en Treinta y Tres. El informe describe el proceso de perforación para obtener un testigo de roca, en el cual se utiliza agua para lubricar y refrigerar el cabezal de perforación. Dicha agua es tomada de arroyos o acuíferos, se le agrega un producto refrigerante y lubricante y posteriormente circula por tres piletas de decantación de sólidos en suspensión, creados simultáneamente in situ. Cuando el agua sale de la tercer pileta, “sale limpia”, y puede ser reutilizada en la maquinaria. Cuando la perforación termina el agua permanece en las piletas, que son aparentemente simples perforaciones en el terreno sin impermeabilización, la cual es evaporada o infiltrada en el sustrato de la pileta. Si bien es altamente positivo que se reutilice esta agua, no queda claro porqué el “agua sale limpia” está “limpia” de sólidos en suspensión tal vez, pero ¿está libre de otras sustancias potencialmente contaminantes (refrigerantes, lubricantes)? ¿Está libre de los metales pesados que integran el sustrato rocoso molido durante la perforación? Una aseveración tan contundente debería ir acompañada de los resultados de un estudio químico del agua o bien de un estudio científico que muestre que el agua resultante en casos similares no presentó metales pesados u otros contaminantes que puedan infiltrar a la napa o suelo.
Otro ejemplo de juicio de valor no sustentado; “La presión antrópica a la que ha estado sometida el área, principalmente ganadería ovina y forestación, ha determinado la drástica disminución de zonas donde la fauna nativa pudiera encontrar resguardo y sustento”. Esta es una aseveración muy contundente presentada en el informe de Aratiri S.A. para Treinta y Tres, y para la cual no se presentan argumentos que la sustenten. La aseveración trasmite la idea que el área está muy deteriorada y por tanto ya no tiene valor para la conservación y por tanto puede seguir siendo deteriorada. Una aseveración de este tipo debería ser acompañada de al menos datos cuantitativos sobre los usos del suelo y el manejo realizado. La ganadería bien manejada es posiblemente el uso productivo más compatible con la conservación de la biodiversidad en el país, y no se desprende de la información presentada que el manejo ganadero de la zona haya sido inadecuado como para arribar a tal conclusión. Por otro lado, para concluir que existió una “drástica disminución” de fauna se requerirían resultados de estudios comparativos en el tiempo, los cuales tampoco son presentados.
Un último ejemplo de juicios de valor que queremos comentar refiere a los procesos de remediación; informe de Aratirí S.A. para Treinta y Tres, los solicitantes informan que los procesos de remediación propuestos son exitosos y que en 20 días ya se observan mejoras. Sería deseable que la empresa le presentara a la DINAMA datos concretos y objetivos que permitan una evaluación independiente del proceso de recuperación del ambiente, o al menos que se hiciera referencia a estudios nacionales o internacionales independientes que evalúen la eficiencia de dicho manejo. Por otra parte, un aspecto que vuelve dudoso incluso esta medida de remediación es la utilización de semillas de especies nativas para la remediación de la pradera natural. En particular, en la solicitud de AAP de Treinta y Tres (tabla 8.3) se plantea que se sembrarán semillas de especies nativas como medida de remediación. Esta propuesta, que de por sí resultaría sumamente interesante considerando que la pradera natural es el principal ecosistema afectado en la propuesta, no se presenta seriamente. El país y el sistema de investigación en especial tienen una gran deuda en este tema, pero lo cierto es que no se dispone de semillas de las especies nativas del campo natural ni de las técnicas para su siembra, establecimiento y manejo para su permanencia. Esta realidad hace que la propuesta de remediación no resulte viable.
Los cuestionamiento realizados a la presentación de juicios de valor sin sustento científico no implica un pronunciamiento sobre el punto de fondo, es decir, si a los técnicos de las empresas les asiste o no razón sobre la inocuidad del agua post perforaciones, o sobre la capacidad de remediación del manejo realizado. El llamado de atención se enfoca en la falta de sustento de las opiniones presentadas, y como estos juicios pueden sesgar la decisión del evaluador dando una falsa seguridad que no está demostrada.
Para esto sugerimos que los protocolos de SAAP soliciten a los técnicos que incluyan las referencias bibliográficas y que presenten datos originales contrastables en los que basan sus juicios de valor. En todos los casos la información debería ser acompañada de una descripción detallada y exhaustiva de la metodología empleada para recabar la información (original o bibliográfica).
Sobre la eficiencia y la verificación de la aplicación
de las medidas de mitigación
Este es quizás el punto más crítico y difícil de resolver. Tal como se desprende de los informes analizados, varios de los impactos negativos significativos de las tareas de exploración minera parecería que podrían ser reducidos con medidas incluso sencillas y de bajo costo. Frente a ello surge un aspecto relevante; el problema de la verificación del cumplimiento de las medidas de mitigación acordadas. La gran cantidad de medidas requeridas para cada exploración (e.g., control de erosión en caminería, recuperación de caminos que degradaron el campo por mala ubicación, remediación de caminos erosionados y plataformas de operación o piletas de decantación, manejo de los residuos líquidos y sólidos, entre otros) multiplicada por el alto número de exploraciones ya realizadas (477 sólo en Treinta y Tres) y por realizar y con los plazos reducidos que maneja la empresa para cada exploración (6 a 8 días). Esto genera dudas acerca de su correcta implementación considerando la urgencia de la empresa por cumplir con las etapas previstas. A ello se suma el hecho que la DINAMA tiene pocos técnicos y recursos para controlar todos los emprendimientos en el país, y en especial en éste que es particularmente demandante. Frente a esta situación resulta crítico que la DINAMA encuentre las vías para realizar un seguimiento cercano y en terreno para que el manejo no quede librado a la capacidad y voluntad de cumplimiento de la empresa.
En tal sentido desconocemos los esfuerzos realizados por la DINAMA para inspeccionar el cumplimiento de las medidas de mitigación que plantea Aratirí S.A. para cada una de sus exploraciones en todos los departamentos implicados. Recomendamos que estos controles se realicen, por ej., visitando las exploraciones según un diseño adecuado (e.g., muestreo al azar), con pocas horas de aviso previo, y que se levante además la opinión de los productores rurales implicados para evaluar su conformidad con el proceso llevado adelante por la empresa.
Sobre el relacionamiento con los productores rurales
Sobre este tema los informes presentados por Aratiri SA son muy escuetos. Indican que los trabajos de acondicionamiento de la caminería se realizan en común acuerdo con los propietarios y no especifica más detalles, tanto para Durazno como para Treinta y Tres. En este sentido, tal vez sea necesario que la empresa indicara detalladamente como es el relacionamiento con los propietarios rurales, cuales son los pasos que sigue ante cada nueva exploración y que indique en que estado está el acuerdo entre las partes para todas las exploraciones en curso. Esto arrojaría valiosísima información a la DINAMA para poder decidir la conveniencia de seguir liberando SAAP sin estudio de impacto ambiental, y generaría información para entender el conflicto entre propietarios y la empresa.
Comentarios específicos sobre los informes de Aratirí S.A. para Durazno y Treinta y Tres para solicitar AAP para realizar exploraciones mineras
Sobre la superficie afectada por predio
Si bien la superficie total afectada por las exploraciones mineras no es tal vez la mayor crítica, la acumulación de plataformas de exploración y caminería podría llegar a ser sustancial en predios pequeños. La exploración se realiza sobre una grilla de 100 m x 100 m donde las plataformas donde operan las máquinas (500 m2 cada una) se realizan cada vez más cerca entre sí (cada 50 m o cada 25 m) para obtener más detalles sobre los cuerpos rocosos fértiles. Esto implica que en un campo en el que se hayan registrado rocas fértiles el impacto en superficie podría alcanzar varias hectáreas. Esto tendrá un impacto importante en productores pequeños. Es complejo tomar decisiones para clasificar o autorizar las exploraciones sin saber como se distribuyen los sitios de exploración sobre un mapa con el parcelario rural. El cruce de la información de ubicación de exploraciones con la del parcelario rural donde se indica el tamaño de los predios ayudaría a determinar si algunos productores podrían ser proporcionalmente más afectados que otros, considerando el tamaño de su predio y el número de exploraciones.
En este sentido recomendamos a la DINAMA que se estudien al menos los casos de los productores más pequeños con mayor detalle. Existen testimonios de productores de Cerro Chato y Valentines donde las exploraciones y la caminería fueron tan intensos que el campo quedó muy deteriorado incluso después de la aplicación de medidas de remediación (información recabada en las instancias de discusión a las que asistieron colegas del la Unidad Regional de Extensión del CURE en Treinta y Tres).
Sobre el consumo de agua en las perforaciones
El agua utilizada para refrigerar y lubricar durante la perforación de la roca es tomada de los acuíferos o arroyos locales. Cada máquina utiliza 1-2 m3 por día y en algunos sitios trabajan hasta 8 máquinas durante unos 5 o 6 días (según información tomada de los informes analizados). Esto implica que en algunos sitios se podría llegar a extraer 96 m3 en una semana en un solo cuerpo de agua. Si bien el volumen de agua no es sustancial, en ciertas zonas exploradas y especialmente en verano podrían tener un impacto importante en los cursos de agua. Esto se agravaría en zonas donde las exploraciones se ubiquen alejadas de los cursos de agua, por lo que el agua deba ser extraída de un mismo arroyo para proveer a varias perforaciones.
Por otra parte, existen quejas de los vecinos acerca del consumo y del vertimiento de las aguas utilizadas, apoyando nuestros comentarios previos. “La empresa lava las muestras de tierras y el agua es arrojada a las cunetas del pueblo que desemboca en el arroyo Las Pavas, denunciaron los vecinos que agregaron que la empresa debería haber hecho unas piletas de decantación y nunca las hizo.” http://www.larepublica.com.uy/politica/448713-productores-rechazan-proyecto-minero-aratiri)
Sobre la flora
En la solicitud AAP referida a la prospección en Treinta y Tres por parte de Aratirí S. A., la breve descripción de la vegetación y listado de flora del área, parece haberse realizado sin muestreos en la pradera natural, principal comunidad vegetal del país y del área considerada. Sólo se cita al género Axonopus en la lista de gramíneas presentes, lo que tomando en cuenta que en el Uruguay el número de especies de la familia de los pastos es del orden de 400, parece fruto de un muestreo por demás liviano. Preocupa especialmente este punto, ya que nuestros pastos constituyen la principal riqueza en recursos fitogenéticos del país y con demostrado reconocimiento internacional. Con cada área de campo natural que perdemos, el proceso de erosión genética se ve incrementado, tal como el Segundo Informe País sobre Recursos Fitogenéticos y el Tercer Informe País sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica lo comunican oficialmente a FAO y Naciones Unidas, respectivamente.
También nos parece interesante señalar que en la Ficha Ambiental del Proyecto, en el punto 7 donde se detallan los posibles impactos ambientales, la flora y la fauna aparecen como no afectadas en ninguna de las etapas de la prospección, valoración que realiza la empresa con aparentemente muy escasa información.
Sobre la fauna de aves
El extracto (página 5) que describe a las especies de aves presenta algunas carencias que no permiten hacer una evaluación de la rigurosidad de la información presentada. En primer lugar no se citan fuentes ni metodología para la obtención de la información. Se hace fuerte hincapié en que las especies raras o poco comunes son naturalmente así, por baja densidad o por estar en el límite de su distribución. Por este motivo, se deja entrever que este estatus no debe ser tomado como un indicador de amenaza o vulnerabilidad. Esto no necesariamente es así por: 1) las variantes genéticas de los límites de distribución pueden tener diferencias sustanciales con el resto de la distribución (contribuyendo a mantener la diversidad genética de una especie/población) y 2) no solo importa la relevancia global de la biodiversidad, a nivel nacional también interesa conservar las aves independientemente a que en otros países dichas especies sean más abundantes. Un ejemplo de esto es el trepador escamado (Lepidocolaptes squamatus), típico de la mata atlántica, que solo se registra en la región del país que está sometida a las exploraciones mineras; o sea, en Brasil es bastante común, pero en Uruguay está restringida y representa un elemento de la mata atlántica en nuestro país.
Por último, se lista a Heterxolmis dominicana (está mal escrito en el informe “Dominican heteroxolmis”) que está amenazada a nivel global, en la categoría Vulnerable (esta información está disponible online www.birdlife.org), pero no se da relevancia a su presencia.
Un informe de estas dimensiones debería tener una cuidadosa y bien argumentada selección de los criterios utilizados para seleccionar especies de prioridad. Llama la atención que no se hace referencia a las especies de prioridad para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Sobre la Biota acuática continental
En los informes de SAAP de Aratirí S.A. se menciona que “Existen muy pocos estudios sobre la biota acuática continental en el área de influencia del proyecto, caracterizada principalmente por cursos de agua pequeños (salvo las excepciones que significan los ríos Olimar y Cebollatí, así como la laguna Negra), por lo cual no existen registros que pueden revelar lo que sería la diversidad esperada de necton, bentos y plancton”.
Lamentablemente no se explicitan cuales son los escasos estudios. Para gran parte de estas cuencas existe un trabajo de tesis de maestría (Marchant 2002) que detalla una importante lista de especies y un resumen en las VIII Jornadas de la Sociedad Zoológica del Uruguay (Teixeira de Mello et al. 2005). Ambos trabajos se encuentran disponibles en la biblioteca de la Facultad de Ciencias. Por otra parte, nuestro país cuenta con dos colecciones de peces oficiales una la del Museo Nacional de Historia Natural y otra la colección de peces de la Facultad de Ciencias, las cuales pueden ser consultadas y cuentan con miles de registros de peces de diferentes cuencas de nuestro país, incluyendo las zonas de estudio correspondiente a este emprendimiento. Dichas colecciones no fueron consultadas para realizar estos informes.
Zonas o elementos de interés histórico-cultural
En el informe no existe ningún dato de cómo fueron realizados los trabajos ni de qué sitios se encontraron. Se habla de una “campaña de 3 días” en la cual no se indica qué se hizo, ni cómo. Debería explicitarse la metodología y las técnicas empleadas para los trabajos realizados. ¿Se realizó fotointerpretación? ¿Se realizó una prospección sobre el terreno? ¿Se realizaron muestreos? ¿Se consultaron antecedentes arqueológicos de la zona?
En cuanto a los sitios, si bien el informe indica que se hicieron algunos hallazgos arqueológicos, no se aclara número de hallazgos, de qué tipo, ni cuáles son las evidencias materiales asociadas. Nunca aclara qué tipo de impacto recibirán esos sitios, ni se proponen medidas correctoras. Tampoco se hace referencia al patrimonio inmaterial de la zona.
Comentarios específicos sobre el Informe de Comunicación de Proyecto de Prospección de oro en Rocha (Minera San Gregorio)
En el informe de SAAP donde se indica la “Presencia de elementos de especial interés” y se especifícan las Áreas Protegidas, figura Laguna de Rocha pero no figura Laguna de Castillos. Sin embargo, varios de los sitios a prospectar están en la cuenca de la Laguna de Castillos. La Laguna de Castillos no ha ingresado al Sistema de Áreas Protegidas, pero está previsto su ingreso, aún mantiene su carácter de Refugio de Fauna y es sitio Ramsar.
Respecto a la “Flora o fauna singulares”: existen áreas relativamente grandes y particularmente bien conservadas de monte nativo serrano y pastizales naturales ubicada en zona con altos valores para la conservación de la biodiversidad como surge del trabajo de Brazeiro et al. (2008), por lo que es esperable que relvamientos de biodiversidad específicos sean contradictorios a la información presentada por la empresa.
Respecto a los “Paisajes singulares”: sin duda que la indicación de ausencia de paisajes singulares presentada en este informe es al menos opinable. De la zona a realizar las prospecciones de oro podría decirse que es un paisaje particularmente valioso por su belleza escénica, grado de conservación y singularidad. En Uruguay son pocas las regiones que aún mantienen tal grado de conservación del paisaje natural. Esta zona se ubica en las nacientes de los cursos de agua de las cuencas de la Laguna de Rocha y de la Laguna de Castillos. La perturbación del ciclo hidrológico o la pérdida de calidad del agua por contaminación etc. tendría un efecto no sólo local sino sobre 2 ecosistemas carismáticos del Uruguay.
De este informe de SAAP no queda claro cual es la diferencia ente prospección y exploración ya que si bien se pide SAAP para realizar prospecciones se utilizan métodos típicos de las exploraciones como la perforación con aire reverso. Por otro lado, dado que el sito es boscoso no queda claro cuales serán las medidas a tomar cunado el sitio de exploración que requiera maquinaria para realizar una perforación esté cubierto por bosque nativo.
Bibliografía citada
Brazeiro et al. (2008) Prioridades geográficas para la conservación de las especies terrestres de Uruguay. Resumen ejecutivo del Proyecto PDT 32-26, Montevideo.
Marchant N. 2002. Factores condicionantes de la estructura de las comunidades de peces en sistemas de aguas corrientes del sureste del Uruguay. Tesis de maestría. Universidad de la Republica. Facultad de Ciencias. 90 pp.
Teixeira de Mello F. et al. 2005. Diversidad y distribución de las especies de Characiformes, Siluriformes y Perciformes (Teleostei) en las cuencas de la Laguna Merín y Atlantica (Uruguay). VIII Jornadas de Zoología del Uruguay. Facultad de Ciencias. UdelaR).
Fuente: Observatorio Minero del Uruguay
Posición de A.N.C.A.P. Respecto a la Minera.
En la ley de presupuesto se introducían modificaciones al código minero vigente. Luego se optó por considerar el tema en forma independiente, cosa que nos parece bien, dada la importancia que dicho código tiene para la regulación de una actividad que cada día cobra más importancia en un mundo ávido de materias primas.
Como el tema ya está siendo considerado en la Comisión de Industria, entendemos necesario dar nuestra opinión sobre las modificaciones propuestas, ya que suponemos serán el punto de partida para la discusión.
Del análisis de dichas modificaciones y su comparación con las disposiciones de código vigente se concluye que tienden a establecer mayores controles sobre la actividad minera lo cual es positivo, pero por otro lado se proponen modificaciones que, a nuestro entender van en sentido contrario y son, por lo menos, inexplicables.
Consideramos positivo que: se incorporen disposiciones respecto al cuidado del medio ambiente artículos: 385 incisos 2) y 6).
Que en el art 386 inc f) se tenga en cuenta, dentro del programa de operaciones donde se incluye la descripción de cada una de las etapas, la obligatoriedad de determinar el potencial de contaminación.
Que en el art. 393 se establecen comisiones de seguimiento de las actividades del emprendimiento, sus impactos y desempeño, y que dicha comisión deberá recibir información relevante.
Que se obligue a las empresas a reparar daños y perjuicios antes de que les sean devueltas las garantías: art 383 inc h).
Que en el art 390 se agrega el estudio de la viabilidad de la inversión.
Que las multas pasan a cobrarse en unidades indexadas.
Que en el art 396 se agrega las referencias al mercado internacional y pautas de control más estrictas sobre la cantidad de mineral extraído. Además, aunque en forma insuficiente, se aumenta el canon para los minerales metálicos, se establece la forma de reparto de la parte del canon que corresponde al gobierno central, dando participación a las intendencias.
Que en caso de concurrencia de permisos mineros el Estado podrá dar prioridad a los yacimientos clase 1 (minerales energéticos).
Aún sin entrar en consideraciones de fondo tenemos que decir que todo lo positivo que pueden tener estos artículos, quedan en nada si no adecuamos los mecanismos de control dándoles recursos y reestructurándolos para que puedan cumplir con sus cometidos, DINAMA, DINAMIGE, MIEM, etc.
A esta altura hacemos una observación, ya que no hay ninguna propuesta al respecto, se hace necesario crear mecanismos de control ciudadano adecuados, ya que son recursos naturales no renovables.
Por otro lado se entiende negativo en el Art. 376, la sustitución del art. 59 de la Ley 15.242 que impedía conceder títulos mineros a las empresas que mantuvieran deudas con la DINAMIGE, así como a sus propietarios y administradores.
También señalamos como negativo que se concentran demasiado las decisiones referentes a permisos y ampliación de áreas y plazos en el Poder Ejecutivo.
Respeto de la soberanía
Pasando de lo que analizamos puntualmente y aislados del contexto mundial y de la situación de nuestro continente frente al rol de proveedores de recursos naturales en el que nos coloca el actual modelo económico global, vamos a lo de fondo:
Partimos de un análisis como país dispuesto a hacer respetar su soberanía, poniendo por sobre todas las cosas el buen vivir de su población, el valorar sus recursos naturales como lo que son: riquezas que pertenecen al pueblo, a todo el pueblo.
Por lo tanto contrariamente a lo que dicen los empresarios y representantes del capital multinacional sobre que los yacimientos “no tienen ningún valor” hasta que ellos vienen como “salvadores” con sus capitales, nosotros sabemos que su dinero, no les sirve para nada, se vuelve simple papel o números abstractos, si no cuentan con nuestras riquezas naturales.
El capitalismo se ha desarrollado desde la revolución industrial transformando recursos naturales en mercadería.
Hoy sobra capital y faltan recursos naturales por el nivel de desarrollo alcanzado en un modelo consumista y depredador como el actual.
Es necesario, ante el poder del capital multinacional, hacer valer nuestros derechos, nuestras riquezas, pero sobre todo tener presente que siempre el bienestar del pueblo está primero.
Estos temas deben ser democráticamente debatidos, que el pueblo sepa lo que está en juego y lo haga valer, no lo entregue por falsas promesas, ni acepte por estar desinformado condiciones que atenten contra su calidad de vida y el de las generaciones futuras.
Cada día el capital avanza sobre los territorios imponiendo condiciones para poder apropiarse de los recursos naturales y transformarlos en mercancía.
Si no podemos frenar este desarrollo de la noche a la mañana, pongamos las condiciones desde una valoración correcta, velando por los derechos soberanos del pueblo, por la mejora de su calidad de vida.
Midamos la sustentabilidad de los proyectos en todos los aspectos: económicos, ecológicos, sociales y éticos.
Volvemos a decir: el capital solo, sin recursos naturales, no sobrevive, nos necesita, para no quedar atrapado en la burbuja financiera, entonces negociemos con soberanía, con dignidad.
Hagamos de la explotación de yacimientos, si es sustentable, una verdadera fuente de beneficios para el pueblo; teniendo en cuenta que primero que nada está el bien común.
Controlemos adecuadamente que cuando se calculen los beneficios económicos de cualquier emprendimiento productivo donde estén en juego recursos naturales, sean tenidos en cuenta los salarios dignos y el respeto a las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores, los derechos del pueblo (dueño soberano) y de las generaciones futuras que ya no tendrán lo que hoy se lleva el capital. Logrando un balance donde entren todos los elementos que aseguren la sustentabilidad, que es más que la rentabilidad para el capital y un pobre canon.
Viabilidad y beneficios
Para medir la viabilidad y beneficios de estos proyectos para el pueblo, también se tienen que descontar los costos de los mantenimientos o inversiones en obras de infraestructura (carreteras, puentes, energía, etc.), ya que los mismos se hacen con fondos públicos, del presupuesto nacional.
Si se pretendieran atender todos los costos con lo que se establece como canon, así como está planteado, tal vez nos demos cuenta de que el resultado es negativo, que les permitimos ingresar a nuestro país a llevarse todo lo que quisieron por nada.
El pueblo uruguayo, con sus cientos de miles de habitantes por debajo de la línea de pobreza, con más de la mitad del pueblo que no alcanza la 1/2 canasta, y el 80% de los niños y jóvenes pobres, le terminará pagando al gran capital. Sacando recursos de un presupuesto nacional que atendió las necesidades, en infraestructura (energía, puentes, puertos, carreteras), de los inversores a costa de recortar presupuesto para el mejor vivir del pueblo. No solo se nos llevan los recursos naturales, sino que nos dejan más pobres.
¡¡Alerta!! No sigamos recorriendo el viejo camino de las “venas abiertas de América Latina”.
En ese sentido tenemos que destacar el papel del Estado uruguayo en emprendimientos mineros, protegerlo, darle el trato que corresponde a actividades soberanas que generan ganancias que quedan en y para el pueblo.
¿O acaso vamos a seguir permitiendo que se defienda la libertad del mercado por sobre la libertad del pueblo a ejercer sus derechos?
Si el capital privado invierte en extraer recursos naturales en nuestro país para generar riquezas, esas riquezas quedan en manos del capital privado, por el contrario cuando el Estado invierte en actividades productivas con recursos naturales propios, las riquezas que generan quedan a disposición del pueblo y eso es el pleno ejercicio de la soberanía.
Por lo tanto, deben establecerse otras reglas, otros resguardos, que sin dejar de exigir sustentabilidad, ordenen y protejan, la actividad cuando es el pueblo a través del Estado quién gestiona, produce, genera riquezas y se beneficia con los resultados económicos de la actividad. No pueden ser los mismos plazos, límites de áreas y el mismo canon cuando el resultado económico de la actividad Estatal, está enteramente al servicio del pueblo, dueño de los recursos.
Estamos como siempre, dispuestos a discutir y aportar en la búsqueda de modificaciones al código minero, que signifiquen un avance en los derechos del pueblo.
Federación de ANCAP
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