Es Inconveniente Buscar la Verdad.
El gobierno congeló su intención de reabrir las investigaciones por delitos cometidos en dictadura (1973-1985), luego de recibir informes profesionales que advierten sobre la existencia de "desventajas e inconvenientes" jurídicos en el desarchivo conjunto de las casi 88 causas, tal como planeaba hacer el presidente José Mujica, aseguró a Ultimas Noticias una fuente oficial.
El Poder Ejecutivo planeaba eliminar los actos administrativos de los gobiernos colorados de Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Jorge Batlle (2005-2010), y del nacionalista Luis Alberto Lacalle (1990-1995), amparado en lo que establece el artículo 4º de la ley de Caducidad, el cual otorga al presidente de la República la potestad de determinar si el caso está comprendido o no en la amnistía a delitos cometidos por militares. Esa maniobra permitiría al Poder Judicial desarchivar los asuntos que contenían homicidios, desapariciones y violaciones a los derechos humanos durante el período de facto.
La eliminación de los actos administrativos, en cambio, ofrece el derecho a los involucrados a recurrirlos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que, en todo caso, no suspende la investigación judicial. Mujica firmó el 12 de mayo pasado la anulación de la resolución presidencial de Sanguinetti, por la cual el caso del militante comunista Álvaro Balbi (ver recuadro) no podía ser investigada. La resolución del presidente se fundamentó en el numeral 11 de la sentencia del 24 de marzo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) referida a la desaparición en Uruguay de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García.
La reapertura de las causas en masa era una de las posibilidades barajadas por el presidente, mientras que la otra consiste en acceder a tal procedimiento cuando familiares realicen una solicitud.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó a Ultimas Noticias que el gobierno uruguayo dará lugar al desarchivo de las causas cuando los involucrados así lo soliciten. Sin embargo, aclaró, ninguna familia se ha presentado hasta el momento.
Mientras participaba de un agasajo en la embajada de Italia el jueves 2 de junio, el presidente Mujica admitió a Ultimas Noticias su intención de desarchivar las causas en breve. "Muy posiblemente lo vamos hacer", respondió el primer mandatario al ser consultado por tal posibilidad.
Mujica reconoció estar "preocupado" por la interpretación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que recomendó a Uruguay eliminar la Caducidad por considerarla un obstáculo para las investigaciones y, en declaraciones el miércoles 25 de mayo al semanario Búsqueda, agregó: "Corresponde al Poder Ejecutivo viabilizar la investigación de todo eso que no se investigó".
La medida había sido reclamada por el Frente Amplio (FA) y los promotores de anular los efectos de la ley de Caducidad, que amnistió a militares de delitos cometidos en dictadura.
La posibilidad jurídica había sido sugerida por el catedrático Martín Risso al asistir a una comisión del Parlamento, cuando se estudió la anulación de la Caducidad.
Comienzan las indagatorias por el caso Balbi
La Justicia comenzará esta semana a tomar declaraciones por la muerte del militante comunista Álvaro Balbi, cuyo caso pudo ser reabierto tras el desarchivo ordenado por el Poder Ejecutivo. Se aportaron nuevos elementos a la causa y se citará a declarar a la viuda del militante, Lille Carusso, como una de las testigos, informó a Ultimas Noticias su abogado, Pablo Chargoñia.
Esa investigación judicial es el único caso de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura (1973-1985) desarchivado hasta el momento. El presidente José Mujica firmó la autorización para proseguir con el esclarecimiento de la causa el jueves 12 de mayo.
En 1985, la esposa de Balbi presentó una denuncia por "crimen con intencionalidad", debido a la muerte de su esposo en 1975 en el centro clandestino "Infierno Grande", instalado en el Batallón de Infantería N° 13.
Posteriormente, el presidente de aquel entonces, Julio María Sanguinetti, consideró que el caso estaba amparado por la ley de Caducidad y firmó un decreto que ordenaba el archivo del caso junto al entonces ministro de Defensa, Hugo Medina.
El decreto firmado por Mujica un mes atrás revoca ese acto administrativo por lo que el Poder Judicial al recibir ese decreto, reactivó la investigación.
Eso generó un rechazo por parte del ex presidente colorado, quien consideró que Mujica desconoció los pronunciamientos populares respecto a la Caducidad, donde se votó por mantener la norma.
El Poder Ejecutivo planeaba eliminar los actos administrativos de los gobiernos colorados de Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Jorge Batlle (2005-2010), y del nacionalista Luis Alberto Lacalle (1990-1995), amparado en lo que establece el artículo 4º de la ley de Caducidad, el cual otorga al presidente de la República la potestad de determinar si el caso está comprendido o no en la amnistía a delitos cometidos por militares. Esa maniobra permitiría al Poder Judicial desarchivar los asuntos que contenían homicidios, desapariciones y violaciones a los derechos humanos durante el período de facto.
La eliminación de los actos administrativos, en cambio, ofrece el derecho a los involucrados a recurrirlos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que, en todo caso, no suspende la investigación judicial. Mujica firmó el 12 de mayo pasado la anulación de la resolución presidencial de Sanguinetti, por la cual el caso del militante comunista Álvaro Balbi (ver recuadro) no podía ser investigada. La resolución del presidente se fundamentó en el numeral 11 de la sentencia del 24 de marzo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) referida a la desaparición en Uruguay de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García.
La reapertura de las causas en masa era una de las posibilidades barajadas por el presidente, mientras que la otra consiste en acceder a tal procedimiento cuando familiares realicen una solicitud.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó a Ultimas Noticias que el gobierno uruguayo dará lugar al desarchivo de las causas cuando los involucrados así lo soliciten. Sin embargo, aclaró, ninguna familia se ha presentado hasta el momento.
Mientras participaba de un agasajo en la embajada de Italia el jueves 2 de junio, el presidente Mujica admitió a Ultimas Noticias su intención de desarchivar las causas en breve. "Muy posiblemente lo vamos hacer", respondió el primer mandatario al ser consultado por tal posibilidad.
Mujica reconoció estar "preocupado" por la interpretación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que recomendó a Uruguay eliminar la Caducidad por considerarla un obstáculo para las investigaciones y, en declaraciones el miércoles 25 de mayo al semanario Búsqueda, agregó: "Corresponde al Poder Ejecutivo viabilizar la investigación de todo eso que no se investigó".
La medida había sido reclamada por el Frente Amplio (FA) y los promotores de anular los efectos de la ley de Caducidad, que amnistió a militares de delitos cometidos en dictadura.
La posibilidad jurídica había sido sugerida por el catedrático Martín Risso al asistir a una comisión del Parlamento, cuando se estudió la anulación de la Caducidad.
Comienzan las indagatorias por el caso Balbi
La Justicia comenzará esta semana a tomar declaraciones por la muerte del militante comunista Álvaro Balbi, cuyo caso pudo ser reabierto tras el desarchivo ordenado por el Poder Ejecutivo. Se aportaron nuevos elementos a la causa y se citará a declarar a la viuda del militante, Lille Carusso, como una de las testigos, informó a Ultimas Noticias su abogado, Pablo Chargoñia.
Esa investigación judicial es el único caso de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura (1973-1985) desarchivado hasta el momento. El presidente José Mujica firmó la autorización para proseguir con el esclarecimiento de la causa el jueves 12 de mayo.
En 1985, la esposa de Balbi presentó una denuncia por "crimen con intencionalidad", debido a la muerte de su esposo en 1975 en el centro clandestino "Infierno Grande", instalado en el Batallón de Infantería N° 13.
Posteriormente, el presidente de aquel entonces, Julio María Sanguinetti, consideró que el caso estaba amparado por la ley de Caducidad y firmó un decreto que ordenaba el archivo del caso junto al entonces ministro de Defensa, Hugo Medina.
El decreto firmado por Mujica un mes atrás revoca ese acto administrativo por lo que el Poder Judicial al recibir ese decreto, reactivó la investigación.
Eso generó un rechazo por parte del ex presidente colorado, quien consideró que Mujica desconoció los pronunciamientos populares respecto a la Caducidad, donde se votó por mantener la norma.
Fuente: Ultimas Motcias
Indagando por el Maestro.
La reciente comparecencia del periodista brasileño Flavio Tavares Freitas ante la Justicia, en el marco de la indagatoria penal por el secuestro y desaparición del maestro Julio Castro, "confirmó" su detención en "La Casona" de Avenida Millán y Loreto Gomensoro.
Tavares declaró ante el juez Penal de 1er. Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, y la fiscal Mirtha Guianze, aportando un "detallado y preciso" testimonio sobre sus vivencias en dicho centro clandestino de detención de la dictadura uruguaya, donde fue "severamente interrogado", según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
El periodista relató que, poco después de su detención, con los ojos vendados fue trasladado a un centro clandestino, que posteriormente reconoció como "La Casona de Millán".
Empero, Tavares señaló ante el juez Fernández Lecchini la presencia de Castro en dicho centro. "Por lo que oyó, Julio Castro habría sido torturado igual que él", señalaron las fuentes.
El testigo aseguró que "El Veterano" (apodo utilizado por los responsables del centro para referirse a Castro) estaba en "muy malas condiciones" a causa de las torturas. Por la noche, Castro empezó a quejarse y gemir, tras lo cual fue retirado de su "calabozo".
Tavares aseguró que no volvió a saber de "El Veterano", más allá de comentarios de sus captores sobre su deficitario estado de salud. En este sentido, el testimonio de Tavares señalando "La Casona" como el lugar en el cual permaneciera detenido Castro, implicará centrar la investigación sobre los integrantes del Departamento III del SID, órgano operativo en dicho centro clandestino, expresaron las fuentes. Sin embargo, Tavares aseguró ante la Justicia no poder identificar a ningún efectivo activo en "La Casona", por cuanto permaneció todo el tiempo con los ojos vendado. Sin embargo, recordó que el jefe del centro era conocido como "Julio Cesár", seguramente un seudónimo.
Por el contrario, el abogado Emilio Mikolic, representante legal de varios de los militares indagados en la causa, dijo que el testimonio de Tavares "no puede ser concluyente" para la determinación de responsabilidades penales.
"Es un testigo de oídas, y no dijo que Castro estaba detenido ahí, sino que pudo haber estado detenido" en ese lugar, expresó Mikolic a LA REPÚBLICA.
Varios integrantes del Departamento III del SID ya comparecieron ante el juez Fernández Lecchini y la fiscal Guianze, deslindando toda responsabilidad en el secuestro y desaparición del maestro. En tanto, el magistrado interrogará hoy a varios de los militares detenidos en la Unidad Penitenciaría Nº 8, como responsables de crímenes perpetrados durante la dictadura cívico-militar. El juez Fernández Lecchini tiene previsto interrogar al dictador Gregorio "Goyo" Alvarez, y los militares José Nino Gavazzo, Ricardo Arab y Luis Maurente, y el ex jerarca policial Ricardo "Conejo" Medina.
El maestro Julio Castro fue detenido el 1º de agosto de 1977 por efectivos del SID. Dos días más tarde, Castro falleció a raíz de las lesiones recibidas durante los interrogatorios, según el informe de la Comisión Para la Paz. La indagatoria judicial por la muerte del maestro se reanudó en 2010, tras la decisión del actual Poder Ejecutivo de excluir su caso del amparo de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
Fuente: La República
Sanciones Tapa Ojo.
Tavares declaró ante el juez Penal de 1er. Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, y la fiscal Mirtha Guianze, aportando un "detallado y preciso" testimonio sobre sus vivencias en dicho centro clandestino de detención de la dictadura uruguaya, donde fue "severamente interrogado", según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
El periodista relató que, poco después de su detención, con los ojos vendados fue trasladado a un centro clandestino, que posteriormente reconoció como "La Casona de Millán".
Empero, Tavares señaló ante el juez Fernández Lecchini la presencia de Castro en dicho centro. "Por lo que oyó, Julio Castro habría sido torturado igual que él", señalaron las fuentes.
El testigo aseguró que "El Veterano" (apodo utilizado por los responsables del centro para referirse a Castro) estaba en "muy malas condiciones" a causa de las torturas. Por la noche, Castro empezó a quejarse y gemir, tras lo cual fue retirado de su "calabozo".
Tavares aseguró que no volvió a saber de "El Veterano", más allá de comentarios de sus captores sobre su deficitario estado de salud. En este sentido, el testimonio de Tavares señalando "La Casona" como el lugar en el cual permaneciera detenido Castro, implicará centrar la investigación sobre los integrantes del Departamento III del SID, órgano operativo en dicho centro clandestino, expresaron las fuentes. Sin embargo, Tavares aseguró ante la Justicia no poder identificar a ningún efectivo activo en "La Casona", por cuanto permaneció todo el tiempo con los ojos vendado. Sin embargo, recordó que el jefe del centro era conocido como "Julio Cesár", seguramente un seudónimo.
Por el contrario, el abogado Emilio Mikolic, representante legal de varios de los militares indagados en la causa, dijo que el testimonio de Tavares "no puede ser concluyente" para la determinación de responsabilidades penales.
"Es un testigo de oídas, y no dijo que Castro estaba detenido ahí, sino que pudo haber estado detenido" en ese lugar, expresó Mikolic a LA REPÚBLICA.
Varios integrantes del Departamento III del SID ya comparecieron ante el juez Fernández Lecchini y la fiscal Guianze, deslindando toda responsabilidad en el secuestro y desaparición del maestro. En tanto, el magistrado interrogará hoy a varios de los militares detenidos en la Unidad Penitenciaría Nº 8, como responsables de crímenes perpetrados durante la dictadura cívico-militar. El juez Fernández Lecchini tiene previsto interrogar al dictador Gregorio "Goyo" Alvarez, y los militares José Nino Gavazzo, Ricardo Arab y Luis Maurente, y el ex jerarca policial Ricardo "Conejo" Medina.
El maestro Julio Castro fue detenido el 1º de agosto de 1977 por efectivos del SID. Dos días más tarde, Castro falleció a raíz de las lesiones recibidas durante los interrogatorios, según el informe de la Comisión Para la Paz. La indagatoria judicial por la muerte del maestro se reanudó en 2010, tras la decisión del actual Poder Ejecutivo de excluir su caso del amparo de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
Fuente: La República
Sanciones Tapa Ojo.
El comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, sancionó a ocho generales que habían visitado en la cárcel al coronel Tranquilino Machado, procesado por "homicidio muy especialmente agravado" del militante comunista Ramón Peré durante la dictadura (1973-1985). Fuentes militares dijeron que los ocho generales no violaron ninguna disposición militar, pero que Rosales lo tomó como una protesta por el procesamiento del coronel y entendió que estaban conspirando contra él. Por ese motivo les impuso tres días de arresto a los generales que participaron de la visita.
El diario La República informó que los militares que visitaron a Machado fueron Luis Pérez (sin destino) , Daniel Castellá (comandante de la División de Ejército I), Sergio D`Oliveira (director del Instituto Militar de Estudios Superiores), Pedro Aguerre (comandante de la División de Ejército IV), Neris Corbo (director de Sanidad Militar), Domingo Montaldo (jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República), Nelson Pintos (comandante de la Logística) y Juan J. Saavedra (director de la Escuela Militar y director del Instituto Militar de las Armas y Especialidades).
Las fuentes dijeron que una vez que cumplan la sanción, los generales seguramente solicitarán un tribunal de honor para apelar por esa vía el fallo de Rosales.
El diputado nacionalista Javier García, presidente de la Comisión de Defensa de Diputados, expresó a El Observador que este martes por la mañana el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, le informó sobre la sanción que iban a recibir los ocho generales que visitaron al coronel (r) Machado.
“El comandante en jefe el Ejército, Jorge Rosales, aplicaba la sanción, la cual fue consultada con el ministro de Defensa Luis Rosadilla y el presidente José Mujica, quienes compartieron la medida”, expresó García.
El diario La República informó que los militares que visitaron a Machado fueron Luis Pérez (sin destino) , Daniel Castellá (comandante de la División de Ejército I), Sergio D`Oliveira (director del Instituto Militar de Estudios Superiores), Pedro Aguerre (comandante de la División de Ejército IV), Neris Corbo (director de Sanidad Militar), Domingo Montaldo (jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República), Nelson Pintos (comandante de la Logística) y Juan J. Saavedra (director de la Escuela Militar y director del Instituto Militar de las Armas y Especialidades).
Las fuentes dijeron que una vez que cumplan la sanción, los generales seguramente solicitarán un tribunal de honor para apelar por esa vía el fallo de Rosales.
El diputado nacionalista Javier García, presidente de la Comisión de Defensa de Diputados, expresó a El Observador que este martes por la mañana el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, le informó sobre la sanción que iban a recibir los ocho generales que visitaron al coronel (r) Machado.
“El comandante en jefe el Ejército, Jorge Rosales, aplicaba la sanción, la cual fue consultada con el ministro de Defensa Luis Rosadilla y el presidente José Mujica, quienes compartieron la medida”, expresó García.
Por su parte, el senador Sergio Abreu -presidente de la Comisión de Defensa del Senado- expresó a El Observador que fue una “sanción disciplinaria”. “Es una sanción menor, una notificación dentro de lo que es el marco de la disciplina de las Fuerzas Armadas”, dijo. Abreu también fue informado por Menéndez.
Para el senador no se trata de una “sanción grave”. “Creo que debe haber sido por no haber respetado la cadena de mando y haber hecho la visita sin pedir una autorización”, señaló.
Para el senador no se trata de una “sanción grave”. “Creo que debe haber sido por no haber respetado la cadena de mando y haber hecho la visita sin pedir una autorización”, señaló.
Fuente: Observa
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Viejitos Torturados Libres.
"Aca (en Uruguay) yo quise hacer lo mismo, pero me metieron palos en la rueda", le comentó ayer José Mujica al presidente electo de Perú, Ollanta Humala, sobre su idea de liberar presos ancianos, incluso ex represores de la dictadura (1973-1985).
El comentario fue realizado por lo bajo y sin el alcance de micrófonos en la conferencia que precedió una reunión privada entre ambas figuras ayer en la Torre Ejecutiva, en medio de la gira que Humala encaminó por el Mercosur tras su victoria electoral del domingo 5 de mayo.
"Nadie debe morir en la cárcel", respondió el líder peruano ante la consulta de agencias internacionales sobre un posible indulto al ex presidente Alberto Fujimori. Eso dio pie a Mujica para recordar su fallida propuesta pública.
"Tenés que sacarlos a todos, de izquierda o de derecha; cuanto antes, mejor", agregó el mandatario uruguayo en la misma conferencia.
Ni bien llegó a la Presidencia en marzo de 2010, Mujica lanzó su idea, que con el paso de los días generó un largo e intenso debate en la opinión pública. "Yo no quiero tener viejos presos, viejos de 75, 80 años. Pero no sólo los militares, ningún preso a esa edad. Hay algunos viejos que están ahí presos, que Dios me libre", explicó el primer mandatario en aquella oportunidad.
Antes, durante la campaña electoral de 2009, Mujica adelantó su intención en una entrevista con el diario argentino La Nación: "Yo quiero saber la verdad, pero en la Justicia no creo un carajo", dijo. Consultado sobre cómo se llega a esa verdad, consideró: "Si me dicen la verdad, te conmuto la pena. Si lo que me interesa es la verdad. Pero, ¿las sociedades se bancan eso? Porque la Justicia tiene hedor a venganza".
El intercambio mediático incluyó a la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) y esposa del presidente, Lucía Topolansky, quien en marzo de 2010 se pronunció a favor de tal posibilidad, incluso de liberar ex represores. "La condena es que ya se sabe lo que hicieron, es lo que la sociedad siente por ellos, no es que sigan presos", dijo la legisladora.
En abril de 2010, ya con presiones de varios sectores del Frente Amplio a su propuesta de liberar presos mayores de 70 años, Mujica anunció en una bancada de legisladores de la coalición de izquierda que desistiría de su intención. La misma, a esa altura, había sido criticada incluso por integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Finalmente, ayer, sobre la consulta de la interna de su país, el presidente electo Ollanta Humala agregó en la conferencia de Torre Ejecutiva que la excarcelación de Fujimori no es un tema de agenda. Sin embargo, fue claro al responder: "Nadie debe morir en la cárcel; a buen entendedor, pocas palabras", dijo.
Mientras tanto, en Perú se tejen varias hipótesis sobre el indulto. Ayer se manejó la posibilidad de una maniobra premeditada del presidente Alan García.
El comentario fue realizado por lo bajo y sin el alcance de micrófonos en la conferencia que precedió una reunión privada entre ambas figuras ayer en la Torre Ejecutiva, en medio de la gira que Humala encaminó por el Mercosur tras su victoria electoral del domingo 5 de mayo.
"Nadie debe morir en la cárcel", respondió el líder peruano ante la consulta de agencias internacionales sobre un posible indulto al ex presidente Alberto Fujimori. Eso dio pie a Mujica para recordar su fallida propuesta pública.
"Tenés que sacarlos a todos, de izquierda o de derecha; cuanto antes, mejor", agregó el mandatario uruguayo en la misma conferencia.
Ni bien llegó a la Presidencia en marzo de 2010, Mujica lanzó su idea, que con el paso de los días generó un largo e intenso debate en la opinión pública. "Yo no quiero tener viejos presos, viejos de 75, 80 años. Pero no sólo los militares, ningún preso a esa edad. Hay algunos viejos que están ahí presos, que Dios me libre", explicó el primer mandatario en aquella oportunidad.
Antes, durante la campaña electoral de 2009, Mujica adelantó su intención en una entrevista con el diario argentino La Nación: "Yo quiero saber la verdad, pero en la Justicia no creo un carajo", dijo. Consultado sobre cómo se llega a esa verdad, consideró: "Si me dicen la verdad, te conmuto la pena. Si lo que me interesa es la verdad. Pero, ¿las sociedades se bancan eso? Porque la Justicia tiene hedor a venganza".
El intercambio mediático incluyó a la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) y esposa del presidente, Lucía Topolansky, quien en marzo de 2010 se pronunció a favor de tal posibilidad, incluso de liberar ex represores. "La condena es que ya se sabe lo que hicieron, es lo que la sociedad siente por ellos, no es que sigan presos", dijo la legisladora.
En abril de 2010, ya con presiones de varios sectores del Frente Amplio a su propuesta de liberar presos mayores de 70 años, Mujica anunció en una bancada de legisladores de la coalición de izquierda que desistiría de su intención. La misma, a esa altura, había sido criticada incluso por integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Finalmente, ayer, sobre la consulta de la interna de su país, el presidente electo Ollanta Humala agregó en la conferencia de Torre Ejecutiva que la excarcelación de Fujimori no es un tema de agenda. Sin embargo, fue claro al responder: "Nadie debe morir en la cárcel; a buen entendedor, pocas palabras", dijo.
Mientras tanto, en Perú se tejen varias hipótesis sobre el indulto. Ayer se manejó la posibilidad de una maniobra premeditada del presidente Alan García.
Fuente: Ultimas Noticias
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