La Memoria de Uruguay No Caduca

El Estado Esta Obligado.

Los abogados Pablo Chargoñia y Juan Errandonea, y el ex juez Federico Álvarez Petraglia coincidieron en que el fallo de la Corte IDH, por el cual se declara que la Ley de Caducidad "carece de efectos jurídicos" por contravenir normas del derecho internacional, es de cumplimiento "obligatorio" para el Estado uruguayo. Los juristas disertaron, en el marco de una jornada de reflexión organizada por el grupo "Iguales y Punto", sobre las obligaciones del Estado para el cumplimiento de la sentencia en la causa "Gelman vs Uruguay".
En este sentido, el doctor Chargoñia aseguró que "todos los poderes del Estado están alcanzados por el ámbito de su competencia", ya que no se ordena su derogación, sino su desaplicación de hecho. Por tanto, "los jueces letrados están obligados hoy a cumplir la sentencia de la Corte IDH", en virtud del necesario "control de convencionalidad" entre la norma uruguaya y el derecho internacional. Los magistrados deberían consagrar la primacía de la Convención Americana sobre la norma jurídica uruguaya, estimó el abogado.
Asimismo, Chargoñia señaló que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de desarchivar "de oficio", sin necesidad de instancia de parte, todos los actos administrativos impulsados por anteriores gobiernos por los cuales se haya impedido la investigación de crímenes de la dictadura.
En tanto, el doctor Errandonea lamentó el último fallo de la Suprema Corte de Justicia por el cual se desestimó la aplicación del delito de "desaparición forzada", por significar un "freno" en el desarrollo de la jurisprudencia uruguaya en materia de derechos humanos.
El abogado destacó que en los últimos tres años el Poder Judicial estuvo en la vanguardia en materia de derechos humanos. Empero, "en mayo se contagió de un virus extraño", en virtud de no acompañar normas penales del ius cogens, como se hizo en la declaración de inconstitucionalidad de la norma de octubre de 2009.
Por su parte, el ex juez Álvarez Petraglia centró su participación en los caminos a seguir para la búsqueda de justicia. En este sentido, el letrado llamó a preocuparse por la realidad, ya que el último fallo de la SCJ acompañó un "discurso jurídico" por el cual los crímenes de la dictadura estarían prescriptos el próximo 1º de noviembre.
Álvarez Petraglia afirmó que la solución está en manos de los legisladores, en cuanto aprobar una ley por la cual se amplíen los plazos de prescripción de los "delitos de sangre" de la última dictadura, para los cuales "la prescripción no ha operado", siguiendo el camino impulsado por Alemania para la persecución de los crímenes del nazismo.

FRASES

Pablo Chargoñia.

"La Corte IDH obliga a los jueces letrados a ejercer ex oficio un control de convencionalidad".

Juan Errandonea.

"La Ley de Caducidad ya ha sido desaplicada por los últimos gobiernos y el Poder Judicial".

Federico Álvarez Petraglia.

La ampliación de los plazos de prescripción es "una solución posible, una solución al alcance de la mano".

Pablo Chargoñia. Petraglia.

"Elevar los plazos de prescripción no sería dar cumplimiento cabal" a la sentencia de la Corte IDH.

Juan Errandonea. Petraglia.

"El Poder Ejecutivo debe notificar a los otros poderes del Estado del fallo (de la Corte IDH), estamos en junio y todavía no lo hizo en forma oficial".

Fuente: La República

Evitar la Prescripción.

El juez Álvarez Petraglia participó en un debate realizado por la Intendencia de Montevideo, junto a sus colegas, Juan Errandonea y Pablo Chargoñia, según informó este miércoles el diario Últimas Noticias.

El tema tratado en la mesa fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso Gelman. Allí fue planteada la posibilidad de abrir causas que investiguen las torturas en cada centro de reclusión, tema en el que está trabajando el abogado Pablo Chargoñia.

En conversación con Montevideo Portal, el abogado y ex juez, Federico Álvarez Petraglia, sostuvo que sería una buena forma de trabajar y recordó que en Argentina se hizo así, abriendo, por ejemplo, una causa por Automotoras Orletti.

Álvarez señaló que desde el punto del vista del juez, el trabajo se facilita porque se evitaría que cada juez tenga que "armar el puzzle" con diferentes testimonios en diversas causas, y recibirían el testimonio de varios testigos, que seguramente identifiquen a las mismas personas en los roles en los que actuaron.

El abogado realizó un estudio comparativo entre el fallo de la Suprema Corte de Justicia y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre las principales diferencias se encuentra el hecho de que la CIDH entiende la figura de desaparición forzada cabe en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura, mientras que la Suprema Corte de Justicia-que se expidió sobre el tema para el caso Gavazzo-Arab- sostiene que esa figura no cabe dada que se creó en 2006 y aplicarla implicaría retroactividad.

Sin embargo, quienes sostiene la pertinencia de esa figura para los casos de la dictadura, como la fiscal Mirtha Guianze, entienden que el delito de desaparición forzada se continúa cometiendo hasta la aparición del cuerpo por lo que no se estaría violando el principio de irretroactividad.

En su intervención, Petraglia plantea la posibilidad de evitar la prescripción de los delitos más graves: "Ahora bien, para solucionar el dilema en cuestión, no es necesario derogar o anular la ley de caducidad, sino que es preciso atender y abordar el tema del paso del tiempo y los efectos que este apareja para la acción penal. En ese entendido, sin perjuicio que se impone por razones de inconstitucionalidad la inmediata derogación del adefesio jurídico que es la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, es imperioso para mantener viva la esperanza de continuar la investigación de los delitos más graves (homicidios especialmente agravados y muy especialmente agravados), la incorporación de una norma que, o bien amplíe el plazo de prescripción, o bien cree una nueva causa de interrupción de la misma, haciéndola depender, por ejemplo, de la denuncia de la parte interesada (familiar, organismo de derechos humanos, secretaría de derechos humanos del Ministerio de Cultura o de cualquier Intendencia Municipal, etc.), o del Ministerio Público, o los declare imprescriptibles en forma directa. Cabe precisar que, en todos los casos, el planteo se formula en el contexto de la posición actual de la SCJ".

"Este camino, que parece novedoso, ya fue recorrido por un país del avance jurídico y del porte intelectual de Alemania, décadas atrás, en momentos en que se vio ante la encrucijada de la prescripción de los crímenes cometidos por un régimen dictatorial como fue el nazi, optando en el caso en primer lugar por la suspensión, luego por la ampliación de los plazos, hasta llegar a la imprescriptibilidad de dichos delitos", agregó Petraglia en su presentación.

Fuente: Montevideo Portal

Torturas en los Cuarteles.

Chargoñia dijo ayer a Ultimas Noticias que "a nivel jurídico es lo mismo que presentar casos de víctimas particulares, pero tiene más fuerza en el sentido de que se explicará que se trata de un modelo sistemático de aplicación de una conducta", en referencia a las torturas cometidas en varios centros de reclusión durante la última dictadura militar. Además, con esta modalidad "muchas personas podrán declarar que estuvieron en tal lugar y en tal fecha", es decir, que fueron torturados en un mismo período y en un mismo centro. Para presentar las denuncias, se deberá identificar a los victimarios y a las víctimas de un mismo centro, si bien no es necesario que todas firmen para iniciar el proceso.
Por otra parte, el abogado aclaró que todavía no presentó ante la Justicia el caso de Alejandro Balbi, que fue desarchivado por el presidente José Mujica para permitir su investigación semanas atrás. Para hacerlo, todavía hacen falta "algunos datos sobre las personas que deberían ser indagadas", por lo que se demorará "unos días más".
El abogado aclaró que no se reunió con la comisión del Frente Amplio (FA) que trabaja en los posibles mecanismos para anular la ley de Caducidad y que prefiere mantenerse con la "mayor independencia posible" del sistema político porque considera que en todos los partidos políticos siempre se manejan "otros intereses" y que operan distinto a los familiares de víctimas de la dictadura con los que él trabaja.
Chargoñia participó ayer junto a los abogados Juan Errandonea y Federico Álvarez Petraglia de un debate en la Intendencia de Montevideo sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Macarena Gelman. Durante la exposición, los abogados fueron muy críticos con los tres poderes del Estado por la gestión "insuficiente" en materia de Derechos Humanos.
Ninguno de los tres planteó sus ideas a Mujica. Errandonea, el abogado de la familia Sabalsagaray, consideró por ejemplo que no sabía con qué presidente se iba a encontrar si le iba a hablar, en referencia a declaraciones contradictorias de Mujica sobre el tema Caducidad.

Fuente: Ultimas Noticias

El silencio no suena siempre igual. La Marcha del Silencio recorrió a finales del pasado mayo las calles de Montevideo envuelta en un mutismo diferente a las quince ediciones anteriores convocadas por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos bajo el lema Verdad, justicia, memoria y nunca más. “Siempre se mantiene el silencio, pero esta vez fue un silencio angustiado y con bronca”, resume Elena Zaffaroni, miembro de la organización humanitaria y víctima de la última dictadura cívico-militar (1973-85) en Uruguay. No en vano, la Cámara de Representantes se opuso el 20 de mayo, justo en la madrugada de la jornada de protesta tras un intenso y extenso debate parlamentario, a la derogación de la Ley 15.848, oficialmente denominada como de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado y también conocida como ley de amnistía o de impunidad por someter las investigaciones del poder judicial a las decisiones del ejecutivo. De este modo, la norma impide en la práctica el juicio de los delitos perpetrados por militares y policías durante el régimen autoritario.

Aunque surgió de sus propias filas, la reciente iniciativa de anulación fracturó al izquierdista Frente Amplio y, de hecho, no prosperó en sede legislativa al empatar la votación a causa de la ausencia intencionada de un diputado del mismo partido gobernante. Tampoco el actual presidente del país y preso durante la dictadura como guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, José Mujica, se mostró a favor de la propuesta, aunque aseguró que acataría una eventual derogación por disciplina partidaria y no ejercería su derecho de veto. Más allá de las meras contradicciones internas, la fuerza progresista evidenció el cisma de la población uruguaya entorno a la Ley de Caducidad, pues el texto se mantuvo en el ordenamiento jurídico después de someterse a dos referendos populares convocados por iniciativa ciudadana en 1989, apenas cuatro años después del retorno a la democracia, y en 2009, en coincidencia con las elecciones presidenciales. Tras diversas polémicas por su planteamiento, las consultas no superaron el 48% de apoyo ciudadano. “Nos cuesta aceptar que la sociedad uruguaya esté tan dividida, pero hay mucha gente indiferente por el distanciamiento del pasado con respecto a lo cotidiano”, lamenta Zaffaroni, detenida a finales de  1974 en el cuarto mes de embarazo de su primer hijo junto a su esposo y militante del Partido Comunista Revolucionario. Aunque ella y su hijo recuperaron la libertad más de tres años después, nunca apareció el cuerpo de su pareja, el estudiante de Medicina de 22 años Luis Eduardo González.Según la Comisión de la Paz, impulsada por la Presidencia de la República desde 2000, alrededor de 200 personas desaparecidas y casi 6.000 presos políticos sufrieron la represión durante doce años en 50 centros de detención oficiales y 9 clandestinos en Uruguay, aunque los crímenes también se extendieron a otros países del entorno mediante la coordinación militar ejecutada a lo largo de las décadas de los 70 y 80 por las dictaduras de Chile, Paraguay, Argentina y Brasil bajo la denominación de Operación Cóndor. A juicio de Elena Zaffaroni, fisioterapeuta retirada de 62 años y madre de dos hijos más con su segundo marido, “la impunidad parecía una secuela del terrorismo de Estado, pero se ha quedado como estructural. Hay miedo y amenazas, además de tradición de clientelismo y caudillismo político”. En definitiva, desde Familiares observan una ausencia de “voluntad clara”, incluso tras dos gabinetes de izquierdas consecutivos, para lograr una “necesaria solución política” al conflicto. “Tratamos de desmarcarnos de la última propuesta, porque tenía muchos puntos débiles, y no alentamos ese camino, pero sí la discusión. Sin embargo, ni siquiera se discutió el tema de fondo en el Parlamento, la necesidad de que no haya impunidad”, lamenta Elena Zaffaroni.

Fallo internacional a favor del poeta Juan Gelman

Por ello, desde las organizaciones de derechos humanitarios depositan “mayores expectativas en otras vías” como la presión internacional y los procesos judiciales, instancias que ya se pronunciaron en contra de la Ley de Amnistía y anticipan su caducidad. Desde su aprobación en 1986, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) insistió en la presentación de diversos recursos de inconstitucionalidad contra el texto sin obtener resultados positivos en la Corte Suprema de Justicia. “Un caso solo se puede presentar una vez y no abarca a los demás, una de tantas perversidades del sistema jurídico, igual que dejar durante casi 30 años que una ley quite independencia y autonomía al poder judicial”, detalla el abogado y presidente de Ielsur, Jorge Pan. Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideró en 1993 la Ley de Caducidad “incompatible” con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por Uruguay en 1968 en el denominado Pacto de San José de Costa Rica, y las víctimas iniciaron la reapertura de los casos hasta que, finalmente, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la norma en 2009 para el proceso por el asesinato de joven profesora comunista Nibia Sabalsagaray, una decisión que admitió la incoherencia con el ordenamiento jurídico internacional y repitió después para más de una veintena de casos. Y más contundente todavía fue el fallo emitido el pasado febrero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Uruguay en la denuncia interpuesta por el poeta y premio Cervantes 2007, Juan Gelman, a causa de la desaparición forzada de su nuera y el secuestro con cambio de identidad de su nieta al subrayar que diversos artículos de la Ley de Caducidad “carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos (…), identificación y el castigo de los responsables”.

Tras los avances logrados, la reciente decisión parlamentaria resultó, según Amnistía Internacional, “una oportunidad histórica perdida de hacer justicia”, y supuso, en opinión de Pan, “un nuevo golpe” para las víctimas, “aunque ya se veía venir y se estudiaron vías alternativas para que fuera menos duro”.  De hecho, Ielsur presentó antes de la votación en sede legislativa un recurso de petición ante la Presidencia de la República con el objetivo de que notifique la sentencia del caso Gelman a la Suprema Corte para su “cumplimiento en forma inmediata” mediante la reapertura de “todas las denuncias por violaciones a los derechos humanos que fueran oportunamente archivadas por las disposiciones de la Ley 15.848” y, de este modo, “evitar una sanción por incumplimiento” al Estado desde las instituciones transnacionales. A juicio del presidente de Ielsur, “el recurso es una vía más aséptica que da aire, porque debe resolverse ante la Suprema Corte y está fuera del juego y los avatares políticos, que pueden darte un revolcón. Aunque nunca se detuvo y con el tiempo se van logrando pequeños objetivos, todo este camino causa irritación y no queremos dar pasos que comprometan a los familiares, hay que tener mucho cuidado porque tienen una carga emocional muy grande”.

De hecho, Zaffaroni admite que resulta “difícil mantener la esperanza y doloroso volver a vivirlo todo con el propio relato. Llevamos 26 años de un camino lento con pequeños pasos y un proceso tan, tan largo nos va desgastando mucho, porque denunciar el pasado va perdiendo el sentido con la distancia, manosea la temática y quita expectativas o posibilidades concretas”. En cualquier caso, ella, con el apoyo de su segunda familia, y su anterior suegra, María Amalia González, ya presentaron a mediados de junio una petición ante la Suprema Corte para la reapertura urgente de la investigación archivada en la denuncia por la desaparición forzada de Luis Eduardo González González con el argumento del precedente jurídico establecido por el caso Gelman en la CIDH. “En absoluto el centro de la satisfacción está en verlos presos”, sentencia Elena Zaffaroni.  “Más que un fin es un camino, una lucha que atraviesa una sociedad y una responsabilidad hacia los demás. Es crear una conciencia colectiva que nos ayude a mejorar el presente”.

Encuentro latinoamericano en cada aniversario golpista

El 27 de junio de 2011 se cumplen 38 años de la disolución de las Cámaras de Senadores y Representantes por parte del entonces presidente de la República de Uruguay, Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas para crear un Consejo de Estado con funciones legislativas y administrativas. Ante la conmemoración, justo una jornada antes, del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, un grupo de organizaciones no gubernamentales se reúnen del 24 al 26 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales de Montevideo para celebrar II Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia con el objetivo de vincular las dos efemérides y, de este modo, denunciar un crimen no tipificado como de lesa humanidad en la mayoría de los países de la región. La reunión impulsada por Familiares, el  Servicio de Paz y Justicia de Uruguay (Serpaj), las fundaciones Mario Benedetti y Zelmar Michelini o la Asociación de ex presos políticos del Uruguay (Crysol) se produce como resultado del acuerdo alcanzado en la primera edición, desarrollada a finales del pasado marzo en Argentina con motivo del 35 aniversario del inicio de la última dictadura en el país (1976-83), para conmemorar mediante encuentros internacionales los diferentes golpes de Estado sufridos en Latinoamérica y, por ello, ya se trabaja también en una cita similar el 11 de septiembre en Santiago de Chile.

Además de analizar la coordinación represora de la Operación Cóndor, el primer encuentro se saldó con la aprobación del Compromiso de Buenos Aires: “Coincidimos que nuestros países siguen siendo víctimas de la impunidad instaurada para ocultar los crímenes de lesa humanidad que sufrieron nuestros pueblos, y proteger a los violadores de los derechos humanos de aquellas dictaduras”. Bajo esta premisa, los firmantes de la declaración porteña se comprometieron con la verdad (apertura de archivos secretos sobre el terrorismo de Estado y exclusión de represores y cómplices de la función pública), la justicia (fortalecimiento del presupuesto y aplicación de la jurisprudencia internacional sin presiones), la ética (eliminación de toda norma de impunidad resabio de la doctrina de la seguridad nacional, tipificación de los delitos de lesa humanidad y reparación a las víctimas) y la memoria (respeto a los derechos humanos y ejercicio de los derechos civiles).

Fuente: Periodismo Humano