Parece que la idea dentro del Frente Amplio es politizar el tema del pedido de procesamiento de Mariano Arana, María Julia Muñoz y Alberto Rosselli por el caso de los casinos municipales. Se ha manejado incluso que tanto el presidente Mujica como el ex presidente Tabaré Vázquez se "solidarizaron" con los exjerarcas municipales, expresión que supone (Real Academia de por medio) "adherido o asociado a la causa o empresa de alguien". Allá ellos, en este país hay libertad, son mayores de edad y pueden expresar sus ideas y regir sus conductas como les plazca.
La cuestión no es buscar conspiraciones ni fantasmas, sino dejar que actúe un poder del Estado, independiente, y que llegue a las conclusiones que sus largas indagatorias (el pase a la justicia fue a mediados del 2007) determinen. Y, tal vez, entonces, podamos tener respuestas a algunos interrogantes.
1) Durante la gestión de Arana al frente de la Intendencia, con Muñoz como Secretaria General y Rosselli como Director de Desarrollo Económico, los casinos tuvieron una pérdida de 14 millones de dólares (de los dólares de antes, no de estos pesitos) en el período 2000-2005. Al frente de la Dirección de Casinos (que incluía dos salas) se encontraba el Cr. Juan Carlos Bengoa y como asesores Orestes González y José Luis Antúnez. Los tres, y otros más, ya fueron procesados.
¿Es normal que dos casinos, administrados además por la misma persona, den pérdidas? ¿Es normal que esas pérdidas se extiendan por cinco años en forma ininterrumpida? ¿Es normal que los superiores jerárquicos de esa dependencia no se enteren (y podrían sorprenderse) de lo que está ocurriendo? ¿Es normal que nunca se lo haya llamado para pedir explicaciones y adoptar medidas para terminar con esa sangría?
2) En el año 2002 se sustituyó el sistema tradicional de explotación directa de los slots o tragamonedas de propiedad municipal, por el arriendo de los mismos. Una investigación del semanario Brecha llegó a la conclusión de que los adjudicatarios del nuevo servicio de "maquinitas", contratados sin ningún llamado a licitación o concurso de precios, tenían ciertos lazos de parentesco con los jerarcas intervinientes, se repetían los nombres o distintas empresas tenían el mismo domicilio. Incluso se abonó el arrendamiento de numerosos slots que ni siquiera estaban registrados (Tribunal de Cuentas).
¿Es normal que la contratación de estos servicios se haga en forma directa? ¿Es normal que distintas empresas del ramo tuvieran el mismo domicilio? ¿Es normal que se repitan nombres en las distintas empresas? ¿Es normal que exista, parentesco o vínculos con los jerarcas contratantes? ¿Es tan insignificante el dinero que mueven los casinos como para que ningún jerarca pregunte, estudie o pida informes sobre esta operativa?
3) Por ahí surgió la idea de refaccionar las instalaciones del casino Parque Hotel y que los costos de las obras no los asumiera la IMM, sino los interesados. Peritajes realizados dentro de la órbita judicial apuntaron a irregularidades en las donaciones por US$ 276,350,33, admitidos y agradecidos por escrito por el Director Rosselli, pero de los que no hay asientos en la contabilidad municipal: ni figuran como ingresos. Las únicas constancias de su existencia son las notas que Rosselli envió a varias empresas vinculadas con casinos, agradeciendo su aporte y los registros de la empresa encargada de recibir las colaboraciones, cuyo titular también fue procesado con los jerarcas de casinos.
¿Nadie, salvo Rosselli, se enteró de ello? ¿Nadie preguntó cómo se financiaban las obras del Parque Hotel? ¿Nadie se sorprendió por la ausencia de asientos contables?
El procesado ex Director de Casino, Juan Carlos Bengoa, siempre afirmó que "no podía tomar ninguna decisión política sin consultar" y que sus superiores jerárquicos estaban al tanto de sus decisiones. El Tribunal de Apelaciones que entendió tiempo atrás en un pedido denegado de libertad provisional de Bengoa afirmó en su resolución que las pruebas que restan "permitirán (o no) arribar a la convicción suficiente para vincular a otras personas al proceso, entre ellos jerarcas municipales de entonces (…) Podrán demostrar lo que sostienen los defensores respecto a que todos estaban en conocimiento de la gestión de Casino (…) y que todas las medidas se tomaron con conocimiento y de conformidad por los mismos. O también -concluye- podrán demostrar lo contrario, que los jerarcas confiaron en Bengoa y su equipo al punto que omitieron la diligencia mínima en el contralor del subordinado y fueron engañados o, en alternativa menor, eran ineptos en el ejercicio de los cargos que desempeñaban".
¿Ineptos dos ministros y el subdirector de la OPP (Rosselli) de la administración Vázquez? Puede ser, pero no son inimputables.
Fuente: El País Digital
Arana (Vertiente Artiguista) se desempeñó durante el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) como ministro de Vivienda, en tanto Muñoz ejerció como ministra de Salud Pública. Desde el pasado mes de abril, Muñoz preside la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, cargo para el cual la propuso Vázquez.
En las elecciones de 2009, Arana ocupó el cuarto lugar en la lista al Senado de la Vertiente Artiguista, pero no resultó electo. Muñoz fue la tercera postulante al Senado por la Lista 5005 -que encabezó el actual prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa-, y tampoco fue electa.
Ayer mismo, la abogada de Muñoz, Cecilia Salom (esposa del exsecretario de la Presidencia y excanciller durante el gobierno de Vázquez, Gonzalo Fernández), se notificó en el juzgado sobre el pedido del fiscal. En los próximos días lo harán los abogados de Arana y Rosselli.
careos. En diciembre de 2007, por las irregularidades en los casinos municipales, fue procesado con prisión el exdirector de esa unidad, Juan Carlos Bengoa, quien al momento de ser enjuiciado ocupaba el cargo de director nacional de Casinos, unidad dependiente del Ministerio de Economía, en ese momento bajo el mando del actual vicepresidente Danilo Astori.
Junto a Bengoa, también fueron a prisión dos de sus asesores, un empresario que arrendaba slots a la IMM y un funcionario municipal.
Durante la investigación, se probó que en la gestión de Bengoa la División Casinos cambió su estrategia de gestión de las salas de juego, y comenzó a arrendar tragamonedas, en lugar de adquirirlos.
Y eso permitió la firma de contratos irregulares que causaron pérdidas para la IMM. Por ejemplo, se determinó que entre las empresas arrendatarias trabajaban personas vinculadas a Bengoa y los demás procesados.
La denuncia penal por esos hechos fue presentada en febrero de 2007 por el entonces edil colorado César García, quien basó la acción en una serie de dictámenes del Tribunal de Cuentas de la República.
La tesis inicial que manejó la Justicia es que el exdirector de los Casinos de la IMM diseñó un esquema con el que engañó a las máximas jerarquías de la comuna, y por eso a Bengoa se le imputaron los delitos de fraude, concusión y conjunción del interés público y privado.
Sin embargo, Bengoa sostuvo en todo momento que el exintendente Arana, la exsecretaria general Muñoz y el exdirector de Desarrollo Económico Rosselli, conocían las decisiones que se tomaban en torno a las salas de juego.
Ese punto motivó que, a principios de 2009 y a mediados de 2010, Bengoa, Arana, Muñoz y Rosselli fueran sometidos a careos, donde se produjeron grandes contradicciones, ya que el exintendente, la exsecretaria general y el exdirector de Desarrollo Económico negaron los dichos de Bengoa.
"AL DEDILLO". El hecho de que Arana, Muñoz y Rosselli conocían la operativa de los Casinos de la Intendencia ha sido uno de los ejes de la defensa de Bengoa, quien fue excarcelado en marzo de 2010, luego de permanecer 27 meses recluido en Cárcel Central.
Así, los abogados de Bengoa, Víctor Della Valle y Alejandro Balbi, cuando a fines de junio contestaron la acusación que el fiscal Pérez presentó contra su cliente (ver aparte) insistieron nuevamente en ese punto.
"No hubo ningún engaño a sus jerarcas, conocían al dedillo todas las resoluciones y avalaron con sus firmas todos los actos y contratos realizados", alegó la defensa de Bengoa en cuanto a la actuación de Arana, Muñoz y Rosselli.
Y agregó que "ningún jerarca puede considerarse engañado por toda la prueba que se diligenció al propio pedido del Ministerio Público".
EXPEDIENTE PERDIDO Y FISCAL NUEVO
Desde el procesamiento de Bengoa y las otras cuatro personas que en diciembre de 2007 fueron responsabilizadas por las irregularidades en los casinos de la Intendencia de Montevideo, el expediente ha tenido particularidades que llevaron a que el trámite del juicio haya sido muy lento. Primero, en mayo de 2008, tres piezas del voluminoso expediente estuvieron desaparecidas durante tres meses, hasta que aparecieron en una habitación del propio juzgado conocida como el "prearchivo". Luego, en julio de 2008, la fiscal que inicialmente intervino en el caso, Olga Carballo, renunció a su cargo. El Ministerio de Educación demoró más de nueve meses en designar a Diego Pérez como nuevo titular de esa sede. Todo ello hizo que el Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno ratificara los procesamientos recién en noviembre de 2008.
CONTRADICCIONES EN CAREOS
Juan C. Bengoa
Contratos
Sostuvo que hubo acuerdos que se firmaron sin la participación de la división de Casinos. En particular, dijo que hubo acuerdos que se autorizaron desde la Secretaría General, que dependía de Muñoz.
Oceanía
Aseguró que por orden de Arana, el secretario privado del intendente, Mario Areán, participó en el proceso de negociación con el Hotel Oceanía, administrado por el empresario Everly Rodríguez.
María Julia Muñoz
Contratos
Rechazó lo dicho por Bengoa en cuanto a que ella conocía el detalle de varios contratos firmados en torno a casinos. "Decir que (yo) conocía los porcentajes es falso y rechazo esas afirmaciones del contador Bengoa", dijo Muñoz.
Oceanía
Afirmó que no hizo ninguna gestión en torno al Hotel Oceanía, sino que se limitó a realizar una "comunicación" al Poder Ejecutivo. La IMM instaló tragamonedas en ese hotel.
AGREGAN UN NUEVO DELITO A BENGOA
La jueza Fanny Canessa deberá decidir, al momento de emitir la condena contra Juan Carlos Bengoa, si le imputa un nuevo delito: falsificación ideológica por un funcionario público, ya que el fiscal Diego Pérez lo acusó por ese ilícito luego de probar que mintió en sus declaraciones juradas de bienes.
En diciembre de 2007, Bengoa fue procesado por los delitos de concusión (coimas) y conjunción de interés público y privado. Pero el pasado 24 de mayo, cuando el representante del Ministerio Público presentó la acusación contra el exjerarca, solicitó que también sea condenado por el delito de falsificación ideológica por un funcionario público.
A su vez, el fiscal pidió a la jueza Canessa que a Bengoa se le imponga una multa de 7.000 Unidades Reajustables, lo que equivale a más de US$ 180.000.
Además, Pérez solicitó que a Bengoa se le establezca una prohibición judicial de cinco años para ejercer cargos públicos, como parte de su sentencia.
Por otro lado, en cuanto a los demás procesados en diciembre de 2007 junto a Bengoa (sus dos asesores Orestes González y José Luis Antúnez; el empresario Felipe Ruiz y el funcionario de casinos Gustavo Damonte) el fiscal mantuvo las imputaciones de las que fueron objeto al momento de ser enjuiciados, y también pidió multas económicas.
Fuente: El País Digital
El fiscal Diego Pérez solicitó ayer el procesamiento con prisión del ex intendente de Montevideo, Mariano Arana, la ex secretaria general de la Intendencia de Montevideo, María Julia Muñoz, y el ex director de la División de Promoción Económica de la IM, Alberto Rosselli, por irregularidades constatadas en la gestión de los Casinos Municipales durante el período 2000-2005.
El representante del Ministerio Público analizó el voluminoso expediente por las irregularidades en las salas de juego de la comuna, tras lo cual emitió un extenso dictamen (100 carillas), reclamando la responsabilidad de las ex jerarquías de la IM en los ilícitos. El fiscal Pérez solicitó el procesamiento de los tres ex jerarcas por los delitos de "fraude", "concusión" (coimas) y "abuso innominado de funciones", según indicaron fuentes judiciales a LA REPÚBLICA.
La Justicia indagaba la responsabilidad de las ex jerarquías de la comuna desde mediados de 2007, en virtud de las denuncias presentadas por el ex edil del Partido Colorado, César García. El ex curul presentó la denuncia penal ante la divulgación en el semanario "Brecha" de presuntos actos ilícitos en las salas de juego de la comuna.
La jueza penal de 6º Turno, Fanny Canessa, inició la indagatoria y en diciembre de 2007 dispuso el procesamiento con prisión del ex director de los Casinos Municipales, Juan Carlos Bengoa, sus asesores Orestes González y José Luis Antúnez, el empresario Felipe Ruiz y el funcionario de la división Casinos de la Intendencia, Gustavo Dalmonte. Ahora, el fiscal Diego Pérez solicita el procesamiento de Arana, Muñoz y Rosselli.
Arana, arquitecto de profesión, fue intendente de Montevideo entre 1995-2005, retirándose con un alto nivel de popularidad entre la ciudadanía, tras lo cual fue designado ministro de Vivienda durante el primer gobierno del Frente Amplio. La doctora María Julia Muñoz, en tanto, fue jerarca comunal desde la asunción del FA en Montevideo y nueve años secretaria general de la comuna, tras lo cual fue ministra de Salud Pública durante el gobierno de Vázquez. Rosselli, por su parte, también ocupó cargos de relevancia en la Intendencia y el gobierno nacional frentista.
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El ex. Secretario de Presidencia G. Fernandez Otra Vez en la Mira.
En la audiencia de ayer, Perciballe se comprometió que estudiará al planteo de Salle y, en su momento, se expedirá, según relató el abogado a El País tras retirarse del juzgado.
Antes de ratificar la denuncia, Salle, vinculado a sectores de izquierda radical, realizó un acto y una movilización en las inmediaciones de la sede judicial, ubicada en la calle Buenos Aires y Brecha. En el lugar se reunieron unas 100 personas.
Quienes concurrieron a la manifestación convocada por el abogado son "veteranos luchadores indignados por la traición del actual gobierno", según los definió el propio Salle.
INVESTIGACIÓN. La indagatoria a cargo del juez Díaz y el fiscal Perciballe busca determinar si Fernández, mientras ejerció altos cargos en el Poder Ejecutivo durante el gobierno de Tabaré Vázquez, a la vez benefició a clientes de su estudio jurídico particular.
Así, la investigación judicial busca determinar si Fernández incidió en la derogación del delito por el cual habían sido procesados en agosto de 2002 los hermanos José, Dante y Jorge Peirano Basso.
El estudio jurídico de Fernández -y en particular su pareja, la también abogada Cecilia Salom- representa a Domingo Ratti, un exgerente del extinto Banco de Montevideo.
Por otro lado, el juez Díaz y el fiscal Perciballe investigan la presunta incidencia de Fernández en la aprobación de un decreto del Poder Ejecutivo de 2007, mediante el cual se le dio un marco jurídico a un sistema de seguros en el Sindicato Médico del Uruguay. El gremio de los galenos también forma parte de la cartera de clientes del estudio de Fernández.
Ayer, además de tomarle declaración a Salle para que ratificara la denuncia, Díaz y Perciballe también tomaron declaración a los primeros testigos, dos abogadas asesoras de empresas aseguradoras.
En las audiencias estuvieron presentes los abogados Jorge Pereira Schurman y Renato Echevarría (socio en el estudio jurídico del excanciller), quienes defienden a Fernández y Carlos Uriarte, en representación de Salom.
Fuente: El País Digital
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