17 de octubre de 2011

Denuncia Masiva de Delitos de Lesa Humanidad


Cuando en los dias previos se pensaba, proponía, estudiaba, analizaba, trabajaba en los preparativos de cara a la Denuncia Masiva el 15 de octubre de 20011, a 15 días de la prescripción de los delitos cometidos por la dictadura cívico-militar no se sabía a ciencia cierta el grado de convocatoria que tendría el evento.
Una sola cosa estaba clara: eran muchos mas los delitos cometidos entre 1973 y 1985 a manos de la dictadura y en los años previos, de intensa actividad represiva sobre estudiantes, trabajadores y el pueblo todo, que los que efectivamente se habían denunciado y mucho menos aún por los que la Justicia uruguaya se había expedido.
Con un resultado altamente positivo, evaluado tanto por los participantes/denunciantes como por quienes organizaron y promovieron la acción, culminó la jornada con al menos 128 casos denunciados que nunca antes habían sido presentados ni por las propias víctimas ni familiares y menos aún por ciudadanos comunes (pese a que todos estábamos al tanto de infinidad de casos; algunos de notoria publicidad y conocidos por muchos.
En la jornada se encontraron denunciantes que jamás habían llevado a la Justicia su situación personal (tortura, prisión, robo, acoso, etc) con familiares (hijos en su mayoría) de ex-presos, muertos a causa de la tortura o desaparecidos.
Sin embargo entiendo que lo mas destacable fue que la inmensa mayoría de los participantes fueran jóvenes menores de 25 años. Ninguno de ellos sufrió en carne propia ni tan siquiera en la de sus familiares directos ninguno de los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura en el Uruguay. Jóvenes nacidos cuando la dictadura era “cosa pasada” y vientos de democracia soplaban sobre el Uruguay y el resto de Latinoamérica.
Motivo de otro análisis sería preguntarse que cosa hizo que tanto víctimas como familiares no hubiesen hecho denuncias antes (fundamentalmente en los años inmediatamente subsiguientes al retorno de la Democracia). Teorías hay muchas: temor, desconocimiento de la importancia de denunciar, grandes heridas tanto físicas como psíquicas y emocionales de víctimas y familiares. No creo que tenga mayor sentido analizarlo en este momento.
Algo si es real: no hay heridas, delitos cometidos por quienes tomaron el poder y por lo tanto en nombre del Estado, que se cierren por decreto, ley, plebiscito o cualquier tipo de “salida legal”. Lo demuestran, por ejemplo, los actuales jucios en Alemania a los genocidas que aún viven para poder ser llevados ante la Justicia.
La sociedad uruguaya toda debe reconciliarse con su pasado, hacer Justicia, investigar y saber la verdad de los hechos acontecidos en dictadura para poder seguir mirando adelante; la derecha uruguaya se empecina desde la salida de la dictadura en intentar “convencernos”, con la complicidad de los medios masivos de comunicación (detentados aún por la derecha), de que quienes creemos y exigimos Justicia tenemos “ojos en la nuca”, que “solamente miramos al pasado” o que hay que “dejar el pasado atrás y mirar hacia el futuro”.
Solamente podremos mirar hacia el futuro cuando se cierren capítulos abiertos de nuestra historia; solamente cuando en el Uruguay haya Verdad y Justicia con Juicio y Castigo a los Culpables, podremos continuar mirando hacia adelante.
Mientras tanto insistiremos en saber la Verdad y que se haga Justicia porque aunque se pretenda lo contrario los delitos de lesa humanidad no prescriben.
A continuación el comunicado emitido a la prensa al cierre de la actividad.

Comunicado de Prensa

Finalizada la jornada, los organizadores/as evaluamos la misma como muy positiva. Ejercimos nuestro derecho ciudadano a denunciar y solicitar al Estado la investigación y eventual sanción a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
En el día de hoy se presentaron ante las comisarías 128 casos que no habían sido previamente denunciados.
La jornada se concentró en el local central de la FEUU [Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay]. Las comisarías que recepcionaron [las denuncias] fueron: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11°, 12°, 13°, 19°, 24°, ciudad de Las Piedras, Solymar y Salinas.
Varios lugares del interior se sumarán a la propuesta, por lo que el número de denuncias irá creciendo en los próximos días.
Se continuará denunciando, ya que en el día de hoy, hubo inconvenientes con algunas comisarías que no estaban preparadas para recibirlas.
La dificultad mayor ocurrió en la comisaría de Ciudad del Plata (San José) donde el juez penal de turno, según los efectivos policiales, habría dado la órden de no recepcionar las denuncias que algunos ciudadanos querían presentar.
En otros casos simplemente hubo demoras que se resolvieron sin mayor inconveniente. Resolver estos obstáculos hacen al acceso y amparo que cada persona requiere ante el padecimiento de un delito. Tanto los de ayer como los de hoy.
Es de destacar, que se acercaron personas que nunca habían denunciado sus casos de tortura, prisión, desapariciones de familiares y otros delitos de lesa humanidad.
Esta acción busca ser un quiebre en el silencio al que durante décadas hemos sido sometidos como sociedad. Nuestra expectativa, más allá de esta acción puntual, que sin lugar a dudas en sí misma es de gran relevancia, es aportar a la plena vigencia de los valores participativos en una sociedad democrática.

Atentamente,
Organizadores Jornada de denuncia masiva de delitos de Lesa Humanidad.



Fueron 131 nuevas denuncias por delitos cometidos durante la dictadura las presentadas este sábado en 16 comisarías de Montevideo, Las Piedras, Solymar y Salinas, en el marco de una convocatoria realizada por un grupo de militantes que no se identifican con ninguna organización en especial. La jornada, que fue evaluada como positiva por sus organizadores, invitaba a "denunciar masivamente delitos de lesa humanidad" y buscaba "un quiebre en el silencio" de las víctimas o de los familiares.
Los delitos más denunciados fueron el homicidio, la privación ilegítima de libertad y las torturas. Uno de los casos emblemáticos que llegó a la Justicia el fin de semana fue el del militante comunista Fernando Miranda, padre del actual director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.
Miranda fue secuestrado el 30 de setiembre y luego desparecido. Su caso fue amparado en la Ley de Caducidad durante el gobierno de Julio María Sanguinetti en 1988. Sus restos fueron hallados en el Batallón Nº 13 en diciembre de 2005, pero luego de este hecho la causa no había sido llevada nuevamente a la Justicia hasta el sábado.
Entre las más de 100 denuncias que se presentaron, también están las referidas a los casos de los asesinatos de los estudiantes Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Julio Spósito y Walter Medina. El 1º de noviembre prescribiría la figura del homicidio muy especialmente agravado y, a partir de este supuesto, el resto de los delitos denunciados el sábado ya prescribieron hace mucho tiempo. "Si es así, que lo diga la Justicia. Esto también era parte de nuestro objetivo", apuntó en diálogo con la diaria Fabiana Larrobla, una de las convocantes a la actividad del fin de semana.
Los militantes que participaron tienen prevista una reunión de evaluación pero Larrobla asegura que continuarán adelante con otras acciones de este tipo, además de organizar cómo realizarán el seguimiento de las causas. Todas las denuncias presentadas el sábado en las comisarías deberán ser elevadas a juez, según lo establece la Ley de Procedimiento Policial.
Larrobla destacó que, en general, y con la excepción de alguna demora, no hubo "grandes obstáculos" en la recepción de las denuncias por parte del personal policial, entre otras razones, porque las personas llegaron con sus escritos redactados. La única excepción fue en el juzgado letrado de San José, donde el magistrado de turno, Pablo Misa Reboledo, dio la orden a los funcionarios policiales de no recepcionar la demanda y, en su lugar, sugirió a los denunciantes concurrir al juzgado a partir de hoy. El juez argumentó que la demanda tenía cierto grado de "complejidad". Los denunciantes, en tanto, decidieron radicar la denuncia en Montevideo. Se trataba de los casos de Alfredo Pino Garín -la denuncia es por tortura y omisión de asistencia, en junio de 1982, en prisión- y de Víctor Hugo Padilla, muerto en el Penal de Libertad en 1975.

Plano partidario

El Frente Amplio (FA) convocará una mesa política extraordinaria para mañana porque hoy vence el plazo acordado con los partidos de la oposición para hacer llegar sus respuestas sobre un eventual respaldo a la declaración de la Asamblea General y al proyecto de ley que, retomando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reestablece "la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos" comprendidos dentro de la Ley de Caducidad, según el texto al que pudo acceder la diaria (ver la edición del 13/10/11).
La Junta Federal del Partido Independiente (PI) aprobó ayer una resolución de tres puntos, y en el primero de ellos manifiesta su "disposición a dar los pasos necesarios, en el ámbito de la Asamblea General, para el efectivo cumplimiento del fallo" de la CIDH. Pero en el segundo expresa que debe ser el Poder Judicial el que determine si los delitos cometidos en dictadura son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, "en cumplimiento de los preceptos constitucionales y de los principios generales del Estado de Derecho".
El diputado independiente Iván Posada indicó a la diaria que desde la aprobación de la Ley 18.026 en 2006 los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles pero para los delitos ocurridos con anterioridad debe pronunciarse la Suprema Corte de Justicia (SCJ). "El fallo debe cumplirse mientras no entre en colisión con la Constitución uruguaya", señaló. En un tercer punto, los independientes ratifican su "compromiso y disposición" para derogar los artículos del 1 al 4 de la Ley de Caducidad en el entendido de que fueron declarados inconstitucionales por la SCJ.
El Partido Colorado decidirá hoy en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Fuentes coloradas adelantaron que no acompañarán el proyecto de ley ya que entienden que es inconstitucional porque viola el principio de la retroactividad de la ley penal y porque "no respeta" los resultados de las consultas populares. En cuanto a la declaración de la Asamblea General, señalaron que hay "buen clima" para votar cualquier texto que sea "abarcativo" y que condene "tanto los crímenes de la dictadura como la violencia política de los 60, es decir, todos los enfrentamientos".
En filas nacionalistas y aun con el presidente del directorio, Luis Alberto Heber, en el exterior continúan los contactos con la interna para establecer una postura. Si bien habría legisladores dispuestos a votar tanto la declaración como el texto legislativo, todo apunta a que no adoptarán una postura en bloque sino que se dejará en libertad de acción.

En Argentina

Los dirigentes Juan Castillo, Fernando Pereira y Edgardo Oyenard del PIT-CNT y varios integrantes de organizaciones sociales presentaron el viernes ante el Juzgado Federal Nº 7 de Argentina, a cargo del doctor Roberto Oyarbide, una denuncia por la desaparición y homicidio de 123 uruguayos en el marco del Plan Cóndor. El escrito involucra a ex presidentes, ministros, diplomáticos, embajadores y decenas de militares que estuvieron en Argentina entre 1974 y 1983. Hoy los denunciantes explicarán detalles de la demanda en una conferencia de prensa que se efectuará en la sede de la central obrera.

Algunas de las personas que presentaron denuncias de violaciones de derechos humanos, el sábado en la Seccional 4ª de Montevideo.
Fuente: La Diaria

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