Desactivando La Impunidad

El Senado se reunirá a partir de las 9.30 de hoy y prevé sesionar hasta las 20 horas, en tanto Diputados comenzará el tratamiento del proyecto mañana miércoles a las 14 horas sin hora de finalización, en una sesión que se espera que tenga las barras colmadas.

Con ambas sesiones maratónicas, el Frente Amplio espera poder sancionar la ley y que sea promulgada por el Poder Ejecutivo antes del martes 1° de noviembre (ver nota aparte).

A esta ley la oposición la califica como "lamentable" e "innecesaria".

A la vez, la ley provocará la reacción de los militares retirados, quienes ayer decidieron iniciar acciones judiciales contra exmiembros del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y otros grupos armados de los años 60 y 70 en virtud de que consideran que a partir de la ley caerán "las dos amnistías", la de los militares y la de los grupos armados.

dos plebiscitos. El Directorio del Partido Nacional decidió no votar porque considera que la iniciativa "reedita la anulación de la ley de Caducidad", lo cual sería "birlar la voluntad ciudadana expresada en dos plebiscitos", dijo a El País el presidente del cuerpo, senador Luis Alberto Heber.

"No hay que votar ninguna ley que obligue al Poder Judicial a actuar. Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo tienen que hacer nada al respecto, sino esperar que los jueces determinen aplicar los fallos de la Corte Interamericana", sostuvo Heber, en un anticipo de lo que será su intervención de hoy.

El Directorio nacionalista aprobó una declaración en la que sostiene que Uruguay, al adherir al Tratado de Roma en 2002 "incorporó a nuestro Derecho los delitos de lesa humanidad así como su imprescriptibilidad, correspondiendo a la Suprema Corte de Justicia definir el alcance de la aplicación del Tratado".

También se afirma que la ley de Caducidad "no impide ni coarta la búsqueda de la verdad". Esa declaración será la base de la intervención de sus senadores.

A su vez, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado ratificó en su sesión de ayer su posición de rechazar el proyecto de ley del Frente Amplio al considerar que el mismo "pretende ir en contra del pronunciamiento popular derogando con efecto retroactivo la ley de Caducidad", dijo en una declaración.

El Partido Independiente tampoco acompañará con su voto esta ley en Diputados. Su presidente, Pablo Mieres, explicó que "el proyecto viola normas constitucionales al establecer un efecto retroactivo" y "califica delitos como de lesa humanidad cuando esa tarea corresponde al juez".

"Nos parece un mal proyecto, que reitera una discusión que dio el Parlamento en mayo, que vulnera dos pronunciamientos del soberano, y que va en contra de principios jurídicos y constitucionales", sostuvo el senador Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional, al comentar la instancia que se vivirá hoy.

La sesión de hoy en el Senado "será lamentable", pronosticó Larrañaga porque "vamos a seguir discutiendo del pasado".

El senador oficialista Rafael Michelini declaró a El País que los expertos juristas piden que se cumpla con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a remover los obstáculos de las investigaciones sobre derechos humanos.

"La pregunta es si este proyecto de ley cumple con remover algunos obstáculos y yo creo que sí", dijo.

AMNISTÍAS. Por su parte, el plenario de instituciones sociales de militares activos y retirados analizó ayer la situación que se creará con esta ley.

El presidente del Centro Militar, coronel Guillermo Cedrez, dijo a El País que al haberse comprobado que el Pacto de San José y la sentencia Gelman no admiten amnistías, vamos a comenzar a hacer algo con pesar, que es realizar denuncias a las personas responsables de delitos no juzgados. Son 34 personas que cometieron delito de sangre y nunca fueron juzgadas", anunció.

"Algún exguerrillero le va a tener que explicar a sus nietos porqué mató", dijo.

Cedrez criticó los trabajos de remoción en el batallón de Infantería 14. "Nosotros no tenemos garantías sobre el trabajo de los antropólogos. Nos da que pensar la casualidad del hallazgo. Está por salir una ley y aparece otro cuerpo", indicó.

La senadora Lucía Topolansky pareció anticipar esta movida de los retirados militares cuando dijo estar de acuerdo con que existan "casos particulares" de personas acusadas de crímenes durante el conflicto armado que nunca hayan sido juzgadas. Esas personas, según la senadora oficialista, "no son asesinos, estábamos en una lucha. Había una lucha y cuando vos peleas con armas en la mano matás o morís".

"Una cosa es una organización política que en el acierto o en el error transita la vía armada y otra cosa es utilizar el aparato del Estado, con todo su poder", precisó la senadora en una entrevista con "A dónde vamos", una publicación del diputado Juan Manuel Garino (Vamos Uruguay).

VÍNCULO. Ayer, tras haber sufrido un atentado en su sede con una bomba molotov, el Partido Comunista del Uruguay (PCU) relacionó ese hecho con la aparición de los restos óseos encontrados en el batallón 14 y "la lucha contra la impunidad por parte del Frente Amplio", según se indicó en un comunicado de prensa.

¿Por qué la fecha del 1° de noviembre?

El 1° de noviembre como fecha tope para juzgar los delitos cometidos durante la dictadura surge al computarse el plazo máximo de 26 años y ocho meses a partir del

1° de marzo de 1985, fecha en que asume el primer gobierno democrático a la salida del régimen militar. Según el Código Penal (CP, art. 117), los homicidios prescriben

(se extinguen) después de 20 años; pero es posible, en circunstancias que prevé la ley (CP, art. 123), ampliar ese tope en un tercio, y así se llega al máximo de 26 años y ocho meses, período que se cumple el próximo

1° de noviembre. En cambio, los denominados delitos "de lesa humanidad", que fueron incorporados a la legislación uruguaya en 2006, no prescriben.

El pasado mes de mayo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión por 28 "homicidios muy especialmente agravados", descartando la imputación de la fiscal Mirtha Guianze quien los acusó por "desaparición forzada", una figura que encuadra en los delitos de lesa humanidad.

Si bien la SCJ no se pronunció sobre los plazos de prescripción, su posición sirve de sustento para la tesis jurídica según la cual esos crímenes no podrían ser juzgados más allá del 1° de noviembre. Si la Corporación hubiera avalado el pedido de la fiscal Guianze y condenaba a Gavazzo y Arab por "desaparición forzada", ello habría cobrado especial relevancia desde el punto de vista jurisprudencial, por cuanto se considerarían los crímenes de la dictadura como de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.

La sentencia de la SCJ que desestimó aplicar el delito de "desaparición forzada" se basó en el principio de la "irretroactividad de la ley penal", previsto en el artículo 15 del CP. El único ministro de la SCJ que se pronunció a favor del criterio de la fiscal Guianze, fue Leslie Van Rompaey.

Restos: preparan toma de muestra

El equipo de antropólogos que dirige José López Mazz prevé tomar esta semana las muestras óseas del esqueleto hallado el viernes 21 en un predio del Batallón 14 de la localidad de Toledo, en el marco de excavaciones dispuestas dentro de la investigación judicial por la desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976.

Fuentes oficiales dijeron a El País que el objetivo del grupo de técnicos es tomar la muestra en los próximos días, aunque primero el esqueleto requiere un proceso de limpieza y recalsificación que ya está en curso.

Asimismo, el equipo de expertos realizará estudios antropométricos y antropomórficos, que también serán una fase previa a los estudios de laboratorio, que arrojarán un perfil genético de los restos hallados.

Las fuentes dijeron que se prevé la participación de un laboratorio uruguayo y otro argentino (de Córdoba), el cual ya intervino en los procesos de identificación de los restos de Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa a fines de 2005.

Además, la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz ya trabaja con la organización de Familiares de Desaparecidos para incorporar la información que falta al banco genético con el cual se cotejarán los restos encontrados en el Batallón 14, una vez que esté disponible el perfil genético.

Si bien el sábado, una vez removido el esqueleto, López Mazz informó que había sido trasladado al laboratorio de la Facultad de Humanidades, las fuentes dijeron que en realidad se encuentra "en un lugar secreto", por orden del juez Pedro Salazar, a cargo del caso Gelman.

EXPECTATIVA. Macarena Gelman, hija de la joven argentina desaparecida en 1976, dijo ayer que tiene "mucha expectativa" ante el nuevo hallazgo de restos en el Batallón 14, y destacó la labor del grupo de expertos que realiza la búsqueda.

"Lo importante es mantener la prudencia porque hay que entender que estas instancias generan mucha ansiedad en los familiares. Sea quien sea es algo muy duro y merece un tratamiento adecuado", sostuvo.

Agregó que "las cosas se están manejando mejor que en las últimas veces en el sentido de las precauciones". En 2005, Macarena Gelman fue llevada hasta una zona del Batallón 14 y se le informó que allí estaba sepultada su madre. Sin embargo, no aparecieron los restos.

Fuente: El País Digital

La Cámara de Senadores dio este martes media sanción al proyecto de ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos de dictadura, y que le retira al Estado de la pretensión punitiva del estado, en un último intento para lograr que los delitos de la Dictadura puedan ser juzgados.
El texto declara a los crímenes de la dictadura como de lesa humanidad, y no como homicidios muy especialmente agravados, tal como lo exigía el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en contra de la postura de la Suprema Corte de Justicia, que avala la primera hipótesis. Con ese argumento, las causas que han sido denunciadas empezarían a prescribir a partir del 1ª de noviembre.
De esa manera, el texto pasó a la Cámara de Diputados, que lo votará este martes, de acuerdo al carácter de urgente consideración con el que ingresó al Parlamento.

Ríspido debate

El senador blanco Luis Alberto Lacalle se refirió a la reparación que se hace con los familiares con esta ley, que hace imprescriptibles los delitos por policías y militares (de 1973 a 1985). El ex presidente argumentó que “no es una buena mecánica” aferrarse a la idea de que “de un lado había buenos y del otro malos”. “Aquí no ha habido reparación para las victimas de la sedición. Así que los muertos son A y B”, sentenció. En esta línea recordó la acción guerrillera del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros. “La pobre familia de Pascasio Báez (un peón rural ejecutado por el MLN en 1971) no puede recibir una declaración. Habiendo vivido eso, incluso habiendo muerto su madre, es una ley inconstitucional”, afirmó.

El fuerte cruce entre Lorier y Lacalle

El senador del Frente Amplio, y secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, dijo que los que no votan este proyecto de ley, que hace imprescriptibles los delitos por policías y militares (de 1973 a 1985), “defienden la impunidad y defienden a los secuestradores”.
Tras esa intervención Lacalle respondió: “Nunca vimos algo tan violento como lo que dijo Lorier sobre los que votamos distinto. Nunca he sido tan agraviado”. Luego agregó: “No le vamos a permitir que nos haga cómplices de los delitos”.
Lorier volvió a pedir la palabra para contestarle a Lacalle y manifestó: “"El sayo que se lo ponga quien quiera. Lacalle se ha puesto un sayo que no le hemos colocado”.

Saravia recordó los plebiscitos

"Respeten al pueblo. ¡Respeten!”, exclamó el senador nacionalista Jorge Saravia en la sesión de la cámara alta.
Al hacer uso de la palabra, el senador criticó la propuesta del Frente Amplio: "Seguimos violando una y otra vez la Constitución y desconociendo pronunciamientos populares por vía oblicua", comentó. Por ese motivo pidió respeto para la elección de los ciudadanos. “Este proyecto es inconstitucional y el pueblo nunca se equivoca porque es el que lauda (…) Esto es un golpe de Estado. Y a nosotros siempre nos van a encontrar en frente".
Saravia indicó que quienes impulsan este proyecto están siendo "serviles a intereses internacionales". "¿Qué hacían las comisiones de DDHH cuando había dictadura?", se preguntó. El comentario fue en referencia al peso que tuvo la Corte Interamericana de DDHH para que el Frente Amplio tomara la decisión unánime de votar el proyecto de imprescriptibilidad de los delitos de dictadura. Saravia fue hasta hace unos meses legislador por el Frente Amplio.

La postura de Bordaberry

Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry se mantuvo en la línea de Saravia. "Se está votando esta ley a caballo del argumento de que las mayorías no siempre tienen la razón", comentó.
Anteriormente a Saravia y Bordaberry, habló el senador frenteamplista Enrique Rubio, desde el otro lado de la vereda en el debate. "Todos los días tenemos evidencias de que ese pasado existió. No podemos esconder la cabeza como el avestruz", expresó.
"¿Hubo o no terrorismo de Estado y un oprobioso manto de silencio en relación a los crímenes más aberrantes? Lo hubo", agregó el senador, quien considera que las proclamas de reconciliación y la verdad y la justicia no tendrán chance ante las próximas generaciones.

Gallinal acusó al FA de transar

La lista de oradores la abrió el senador nacionalista Francisco Gallinal, quien acusó al Frente Amplio de haber “transado” en el pacto del Club Naval con los militares para la apertura democrática. Esto motivó la inmediata reacción de la senadora socialista Mónica Xavier, quien gritó: “¡Eso es falso! ¡Es un atrevido!”.
El llamado pacto del Club Naval se produjo en 1984 entre los militares y las fuerzas políticas de la época, con excepción del Partido Nacional. En esos momentos, figuras líderes -como el blanco Wilson Ferreira Aldunate y el frenteamplista Líber Seregni- estaban proscriptas.
Gallinal habló luego de la exposición de motivos del proyecto de ley a cargo del senador frenteamplista Rafael Michelini, quien se refirió a la importancia de esta ley y manifestó que no quiere que “pese” en su conciencia “el no haber hecho nada”.
Michelini agregó que lo que se hace en el artículo segundo de la nueva norma es derogar la ley de Caducidad. Al respecto dijo: “Si quieren que lo pongamos a texto expreso no tenemos problema”.
Gallinal volvió a referirse a lo que expidió la voluntad popular en dos oportunidades. Dijo que “no se puede, por ley, modificar lo que la ciudadanía soberanamente decidió en 1989 y en 2009” en los plebiscitos, que ratificaron la ley de Caducidad.

Fuente: Observa

Senado aprobó que delitos de dictadura no prescriban.

Fuente: Subrayado

Tras la aprobación legislativa del proyecto que busca evitar la prescripción de los crímenes cometidos durante la dictadura, se abre una interrogante para abogados, legisladores y jueces que deberán lidiar con él.

Más allá de que pueda abrirse un recurso de inconstitucionalidad de la ley que se aprobará el martes en la Cámara de Diputados, mientras la ley esté vigente la Justicia deberá actuar en consecuencia lo que tiene varias implicancias para las diferentes causas que se están investigando.

En conversación con Montevideo Portal, la senadora Constanza Moreira señaló que se trato de una sesión más tranquila que en la sesión en la que se discutió el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad.

"La oposición tenía un poco menos de potencia que en la discusión anterior porque a lo que nosotros estábamos más unidos ellos no tuvieron la capacidad beligerante, ni argumentativa que tuvieron en la sesión que votamos la ley interpretativa", afirmó.

Al ser consultada sobre las diferencias entre el proyecto de ley interpretativo-que naufragó ante la negativa de Víctor Semproni en diputaos y que costó la renuncia del senador Eleuterio Fernández Huidobro-

En cuanto a cuáles son los futuros pasos en el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la senadora respondió: "La idea es que haya un declaración compartida por todos los partidos en la Asamblea General en la cual se toma conocimiento del fallo de la Corte y se declara que el Estado cumplirá con sus obligaciones", afirmó.

La senadora señaló que desde el Poder Judicial se estaba esperando un pronunciamiento del Legislativo sobre la prescripción: "no es que el Poder Judicial nos lo haya pedido, pero yo he ido a muchos seminarios donde muchos jueces y muchos fiscales pidieron que el Poder Legislativo diera una señal sobre este tema".

Moreira señaló que una de las críticas que se realizan desde la oposición es que no se respeta la irretroactividad de la ley más gravosa: "pero según la CIDH y la jurisprudencia internacional no se aplica para delitos de lesa humanidad", afirmó.

Otra de las críticas que recibió el oficialismo fue el hecho de intentar nuevamente la eliminación de la ley de Caducidad, pasando por encima de la voluntad popular expresada en 1989 y 2009.

"Nosotros no pudimos recorrer ni el camino de la derogación, ni el camino de la anulación para no violentar las consultas populares anteriores-por más que nos digan que las violentamos- hicimos el máximo esfuerzo para no emplear las fórmulas jurídicas que fueron empleadas en el referéndum del 89 y en el plebiscito de 2009, no usamos ninguna de las dos figuras, pero el artículo primero restablece plenamente la pretensión punitiva del Estado (.) todos esos delitos de acá en más pueden ser juzgados, no solo los de los altos mandos", afirmó, aceptando que la aprobación tiene "un efecto similar y se nos acusó duramente, de derogación retroactiva" pero aclaró que "la Justicia es la que tiene la última palabra. Nosotros eliminamos los efectos jurídicos nocivos de la ley de caducidad, que es lo que manda la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH".

El proyecto aprobado

Pese a su breve extensión, el proyecto que evita la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura propone múltiples aspectos que obligan de diferente manera al Poder Judicial.

En su artículo primero, se elimina toda restricción a la investigación por parte del Estado para los delitos descriptos en el amparo de la ley de Caducidad, nombrándola explícitamente: "Se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986".

En el artículo segundo se establece que en caso de que no se acepte la tipificación de delitos de lesa humanidad, no se reconoce el inicio de la prescripción hasta que no entra en vigencia el artículo 1º la ley, es decir hasta que no se elimina el amparo de la Ley de Caducidad, entendiendo que la propia Ley de Caducidad significa un obstáculo para la investigación: "No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley".

Todos los asesinatos cometidos en la dictadura prescriben el 1º de noviembre porque fueron tipificados como homicidio especialmente agravado. Si bien el delito de homicidio especialmente agravado prescribe a los 20 años de cometido, en este caso no se contó el periodo de la dictadura dado que no estaban dadas las garantías de un proceso judicial legítimo, por lo que se comienza a contar los 20 años a partir del retorno a la democracia en marzo de 1985. A esa fecha de prescripción -que sería marzo de 2005- se le agrega un tercio, tal como está estipulado para delitos que sean considerados graves, por lo que se llega a la fecha del 1º de noviembre.

Con la aprobación del artículo, los homicidios especialmente agravados cometidos en la dictadura pasarían a prescribir a mediados de 2038, considerando que el proyecto entre en vigencia en noviembre.

Finalmente en su artículo tercero, la ley propone que los delitos descritos en la Ley de Caducidad sean considerados crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.

La posición de la Suprema Corte de Justicia

En los últimos años, la SCJ realizó fallos significativos respecto de los crímenes de la dictadura, siempre-tal como corresponde al organismo- expresándose por el caso específico por el que se consulta y no tienen posibilidades de realizar consideraciones generales, función que está reservada al Parlamento.

Sintéticamente, se cuenta con un fallo en octubre de 2009 en el que-al ser consultada por la fiscal Guianze sobre el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray declaró inconstitucional la Ley de Caducidad, semanas antes de que la Ley fuera ratificada por la ciudadanía por segunda vez.

Otro de los fallos de la SCJ relevantes para este debate ocurrió en mayo de este año, cuando al ser consultada sobre si las 28 desapariciones por las que fueron procesados los militares José Nino Gavazzo y José Arab podían ser considerados delitos de desaparición forzada-creado en 2006- o se trataba de homicidio especialmente agravado.

En ese caso, la SCJ señaló que al tratarse de un delito ocurrido previo a la creación de desaparición forzada, esa figura no podía aplicarse: "En mérito a que la figura de Desaparición Forzada constituye un delito creado contemporáneamente, la figura deviene inaplicable en autos, pues como lo señaló el Tribunal: "El principio de legalidad penal, comprende una doble garantía: por un lado, una garantía referente a la necesidad de una predeterminación normativa suficiente de las conductas y sus penas, a través de una tipificación precisa, dotada de la adecuada concreción en la descripción que incorpora (lex certa); y por otro lado, una garantía de orden formal, consistente en la necesidad de una norma, como presupuesto de la actuación punitiva del Estado, que ostente rango de Ley".

Finalmente, existieron varias decisiones del organismo en las que se entendió que el período de la dictadura no podía tomarse como un tiempo en el que las garantías procesales estuvieran dadas, lo que permitió que el período de prescripción se comenzara a contar a partir del 1º de marzo de 1985.

En conversación con Montevideo Portal, el Dr. Federico Álvarez Petraglia, que redactó uno de los principales proyectos en los que se basó esta ley, sostuvo que el Parlamento.

"La Suprema Corte de Justicia tendría que cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a todos los jueces del país, en los delitos relacionados con el terrorismo de Estado a no impedir su persecución por ningún obstáculo como puede ser la Caducidad la prescripción o la cosa juzgada", afirmó.

Petraglia sostuvo que la ley aprobada le dará "un instrumento a la corte" y a aquellos jueces que no consideran que pueda tipificarse delitos de lesa humanidad, al posponer la prescripción del homicidio agravado, en función de la vigencia de la Ley de Caducidad.

El ex magistrado rechazó las críticas sobre violación al principio de separación de poderes: "Eso es un disparate, el artículo tercero no obliga a ningún juez a declarar nada, el Parlamento dice que esos delitos son de lesa humanidad, pero después cada juez en particular define si son o no de lesa humanidad (.)la ley da dos soluciones posibles; para aquellos que piensan que son delitos comunes y que prescriben, como la corte por ejemplo, el Parlamento dice ´miré que el periodo de vigencia de la Ley de Caducidad no se cuenta´ y además a clara que, en la opinión del Parlamento esos delitos son de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. Dan argumentos para todos".

Al ser consultado sobre su opinión en cuanto a la pertinencia de aplicar un delito que no existía como tal cuando ocurrieron los hechos, Petraglia respondió: "Yo sostengo que vos podés calificar un delito común como puede ser el homicidio o la violación como delitos de lesa humanidad, siempre que esos delitos se hayan cometido como parte de un plan sistemático, de eliminación de un grupo de ciudadanos por sus ideas y por su militancia. Basta decir que esos hechos conformaron un plan y que por esas circunstancias son delitos de lesa humanidad. No tenés por qué imputarle a nadie delitos que ingresaron en 2006 al orden interno uruguayo. No tenés porque imputar una desaparición forzada, porque cuando cometieron los delitos que cometieron tenían un código penal vigente, la violación era delito, el homicidio era delito. Mantenemos la calificación jurídica de homicidio y violación pero le agregamos-como hace la Suprema Corte argentina- el aditivo de que son delitos de lesa humanidad, porque conformaban parte de un plan. No es necesario que vos imputes delitos del año 2006, porque en ese aspecto puedo coincidir de que se estaría violentando el principio de legalidad, pero si seguís manteniendo las calificaciones jurídicas del 74, 75 y 80 y le agregás a eso que son de lesa humanidad, y el hecho de que sean de lesa humanidad proviene del estatuto de estatuto de Nuremberg del año 45 para acá y todo el mundo sabía que existían y que eran imprescriptibles".

Fuente: Montevideo Portal

La Derecha Defiende Hasta Ultimo Momento la Impunidad.

Fuente: Subrayado

Integración Para Investigar Plan Cóndor.

Ayer se realizó la actividad “20 años del Mercosur: derechos humanos en el proceso de integración”, en el marco de la celebración de los 20 años de la conformación del bloque regional. Los oradores destacaron la importancia de coordinar las políticas de derechos humanos (DDHH) en los cuatros países del Cono Sur y concretamente se centraron en las referidas al abordaje del pasado reciente.

El secretario de políticas públicas de DDHH del Mercosur, Víctor Abramovich, resaltó el “pasado común” de “violaciones masivas y sistemáticas” de los DDHH que sufrieron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que ahora “deben ser enfrentados”. “Es un mercado común en base a integración económica, pero con identidades compartidas que permiten conformar el Mercosur como una comunidad política, y a eso se apunta cuando se fortalece la dimensión social y política del proceso de integración”, resaltó el jerarca. Según explicó Abramovich, en ese espacio funcionará el instituto que él encabeza y que tiene funciones en materia de investigatión y cooperación relacionadas a esa temática.

En una misma línea, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, recordó que el Mercosur fue víctima del Plan Cóndor y que ahora se está realizando una suerte de Plan Cóndor “al revés”, en el que los países del bloque "desenmascaran" aquella coordinación represiva.

En una misma línea, el director de DDHH del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, expresó: “Un acuerdo que nació como un acuerdo comercial se ha constituido, creo que por nuestra capacidad de trabajo, en un bloque que va más allá de lo económico; es un bloque político y comprometido con las causas sociales, y así se ha fortalecido el Mercosur social”.

La idea sería luego retomada por el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, que destacó que sostuvo que “las coordinaciones que se hicieron en nombre de la atrocidad del pasado tienen que tener la contracara más visible y fuerte en nuestra capacidad de generar una plena vigencia de los DDHH, con una visión de integración y del Mercosur”. “Ahí está el partido que como política mercosuriana podemos ganar”, remató.

Tras el discurso de Almagro, y saliéndose del protocolo, el secretario de DDHH de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, propuso que “como síntesis de esta reunión” se “asuma el compromiso” de impulsar una “comisión conjunta de estados partes del Mercosur para el esclarecimiento de acciones del Plan Cóndor”, que “tocó íntimamente a los cuatro países”.

En contexto

Por otra parte, antes de su exposición, Macarena Gelman fue consultada por el hallazgo, el viernes, de un cuerpo en el Batallón Nº 14. Dijo estar viviendo con “mucha expectativa” la situación, aunque resaltó la importancia de “mantener la prudencia”. “Hay que entender que estas instancias generan ansiedad en los familiares, por lo que merece un tratamiento adecuado”, señaló. Según dijo Gelman, en esta oportunidad las cosas “se están manejando mejor que las últimas veces".

Miranda, en tanto, se refirió a la votación que se realizará hoy en el Parlamento para evitar la prescripción: “Por suerte son días ajetreados en este país”. “Hay leyes que tenemos que impulsar, entre otras para cumplir con la sentencia [de la Corte Interamericana de DDHH], pero también con un compromiso ético”, resaltó, y llamó a “aprender de los procesos” de Argentina y Perú.

Macarena Gelman y Estela de Carlotto, ayer, en el Edificio Mercosur.

Fuente: La Diaria