Las sospechas se confirmaron desde una fuente inesperada: los cables de Wikileaks. Las empresas mineras ejercen fuertes presiones a los gobiernos para anular la protesta ciudadana.
Eduardo Gudynas (en Semanario Brecha, 22/7/11)
El pasado enero se conocieron cables de la embajada de Estados Unidos en Perú, donde se relata una reunión de ejecutivos mineros con el embajador de ese país, y los de Canadá, Reino Unido, Suiza y Sudáfrica (todas naciones de origen de corporaciones mineras). Entre otras cosas, reclamaron que esos gobiernos presionaran al Perú para que se actuara sobre los líderes de las protestas contra la minería, que la Iglesia Católica rotara a los curas que acompañaban a las comunidades afectadas, y se despacharon contra las ONGs. Allí quedó en claro lo que muchos alertaron por años: las fortísimas presiones políticas y económicas que ejerce la minería sobre los gobiernos.
Es común sostener que esas influencias se deben a los beneficios económicos de la minería. Una línea de defensa usual apela a presentarla como una gran demandante de empleos. Sin embargo, las cifras casi siempre se inflan al presentarse los proyectos. Por ejemplo, en Argentina, la minera La Alumbrera en 1994 publicaba avisos en los diarios donde bajo el titular “La credibilidad se logra con hechos” prometía generar diez mil empleos directos; hoy, en fase de operación, apenas da trabajo directo a unas 800 personas.
Un repaso a los países mineros indica una realidad mucho más modesta. En Perú, la minería ocupa al 1,5 % de la población económicamente activa, en Argentina 0,9 %, en Chile 0.8 %, y en Ecuador apenas el 0,11 %.
El ingreso de divisas por exportaciones, tal como ha invocado recientemente el presidente José Mujica, es otro justificativo. Sin embargo, esos dineros dependerán del precio internacional del mineral, los que no controla Uruguay, y resultan de un juego entre las demandas de otras naciones y las intervenciones que realizan las grandes empresas extractivistas y comercializadoras. Decir que el Uruguay va a recibir 500 millones de dólares por año es, por ahora, jugar a las adivinanzas.
Entonces, si la minería en realidad está inmersa en todos estos contrastes, ¿por qué es tan atractiva, y cómo logra esa capacidad para presionar a los gobiernos? La respuesta es sencilla: la tasa de rentabilidad de la minería es fenomenal. La situación de los últimos años, al dispararse los precios de los minerales, ha hecho que el margen de lucro de la minería sea del 37.1 por ciento (promedio mundial en 2008/09). Esa es la rentabilidad más alta para los sectores primarios e industriales, y está muy por arriba del promedio (11.2 por ciento), y de las manufacturas clásicas (6,5 por ciento).
Como las regalías que pagan las mineras en el sur son bajas, sus costos de operación son pequeños, y los precios mundiales son altos, por lo que estas empresas manejan unos volúmenes de dinero enormes. Allí están los cimientos de sus capacidades de presión.
Unas presiones, como las reveladas por Wikileaks, son políticas. Otras apelan a las relaciones públicas, como son las donaciones a policlínicas, escuelas o clubes de fútbol. Pero otros usos del dinero son más cuestionables. Los sectores extractivos han estado en el centro innumerables denuncias de corrupción, sobornos y sobrepagos. Esa problemática es de tal envergadura que hasta el Banco Mundial la reconoce, y como respuesta ofrece un marco de evaluación social y ambiental separado y promueve la transparencia en el manejo de los dineros para impedir la corrupción.
Ese “lado oscuro” de la minería es incluso reconocido en el mundo de las finanzas. Semanas atrás, el multimillonario George Soros advertía que los “impuestos y pagos reales abonados a los Estados por las compañías mineras, petroleras y otras de la industria extractiva suelen ser un secreto muy bien guardado”, y a pesar que los gobiernos dicen que los usan bien, “en realidad, en demasiados países los ciudadanos de a pie no se benefician nada de ese dinero; de hecho, tienen que cargar con los costos ambientales y sociales que entrañan las operaciones mineras y perforadoras”.
Como respuesta a esa preocupación existe la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). Es una coalición de gobiernos, compañías y organizaciones ciudadanas, que acuerdan estándares para informar al público tanto sobre lo que pagan las empresas, como sobre lo que reciben los gobiernos. Se hacen públicos los contratos o acuerdos de las empresas, se indican sus gastos y ganancias, y se evita el pago de comisiones, regalos o sobornos. Francia tiene una iniciativa análoga.
También existe un ranking mundial de la “transparencia extractivista”. Como ejemplo, Brasil y Noruega obtienen buenos indicadores, son medios en Venezuela, y muy bajos en Turkistán. ¿Dónde se ubicaría Uruguay? Seguramente no en los lugares más altos, en tanto carecemos de instrumento de acceso a la información y transparencia en las finanzas, sea de las empresas o del Estado. Esto deja en claro que nuestro país debería sumarse a EITI frente a cualquier inversión minera.
Otro flanco de presión política observado en otros países apunta a lograr buenos acuerdos de inversión y operación, y que usualmente se los mantiene en secreto. Este es otro flanco a atender. En la reciente polémica sobre la firma de un acuerdo confidencial entre el gobierno y la papelera Montes del Plata, aparecen mecanismos de ese tipo (tales como ajustes tributarios según la rentabilidad de la empresa, mayores tolerancias para contratar mano de obra extranjera, o incluso redefinir los suelos de prioridad forestal). Si ello tuvo lugar con la papelera, ¿que impediría acuerdos análogos con alguna minera? Esto explica la importancia de sumarse a EITI, y contar con verdaderos mecanismos de información pública.
Es que las altas rentabilidades de la megaminería casi siempre encandilan a los gobiernos de turno, mientras que se despliegan muy diversos factores de presión política. Su mejor antídoto sigue estando en la información y la transparencia.
Fuente: Observatorio Minero del Uruguay
Otras Presiones, de Otras MegaEmpresas.
Otra parte del contrato menciona que "la localización de la planta (...) hace que la distancia media a las plantaciones sea significativamente superior a las prácticas internacionales, lo cual (representa) una desventaja competitiva tanto para el proyecto como para el país ya que genera sobrecostos logísticos".
Los suelos que podrían ser "recategorizados" como "suelos de prioridad forestal", son según el documento, los 5.02b, de basamento cristalino y con productividad baja (de 88 en una escala de 263).
Esos suelos no son los más productivos de la zona, pero según Chiruchi, "toda la lechería está asentada sobre esos suelos" y "en ellos se está produciendo la mayor cantidad de litros de leche del país".
A su vez, señaló que en Colonia y San José se produce el 82% de los quesos artesanales del país.
Según Chiruchi, esta situación "es muy preocupante", porque "promueve el desalojo y la expulsión de los productores lecheros", dado que "más de la mitad realizan la explotación en predios arrendados".
Agregó que esta política "va en contra de la producción láctea, que incluso el gobierno tiene como meta duplicar en este período".
Según Chiruchi, en estos departamentos "donde la producción es intensiva y los predios son chicos y medianos", el Estado "ha realizado una inversión muy grande en las personas que viven en el campo. Se les ha llevado caminería, puentes, educación rural y electricidad para que se queden en el campo y no sean expulsados hacia las ciudades y los pueblos". El senador agregó que "en el norte, el monte está expulsando a la gente del campo", dado que se precisa poca mano de obra para predios muy extensos.
El acuerdo también señala que "en el área forestal, se prevé profundizar el Programa de Integración Productiva que viene desarrollando la empresa, que incluye el desarrollo conjunto y la complementariedad con otras actividades agropecuarias, contribuyendo a la diversificación productiva y de ingreso de los productores".
Para Chiruchi, este planteo no se sostiene, dado que "el productor nunca podrá complementar y mejorar sus rendimientos e ingresos plantando árboles" porque "el sector lechero manifiesta desde hace muchos años la necesidad de incorporar más tierras a las unidades productivas, para poder mantener la rentabilidad y competitividad".
Esta preocupación por el acuerdo con Montes del Plata fue manifestada ayer en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara Alta, por los senadores blancos Chiruchi y Jorge Larrañaga, y por el senador colorado Pedro Bordaberry. Según Chiruchi, "probablemente el próximo paso sea citar al ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, a la comisión parlamentaria".
Compensarán si suben impuestos
El contrato firmado entre el gobierno y Montes del Plata también establece, que, si hubiera "cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto", las partes "revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar" los daños.
El senador blanco Juan Chiruchi señaló que la empresa Montes del Plata posee "un número muy importante de hectáreas", y que cuando se apruebe la nueva norma del impuesto a los propietarios de más de 2.000 hectáreas, "el gobierno ya se comprometió a compensar a la empresa".
Actualmente, el gobierno elabora la propuesta de impuesto a la tierra, que aún no ha sido elevada al Parlamento.
En cifras
El emprendimiento Montes del Plata representa una inversión de más de US$ 2.000 millones.
Implica la construcción de una planta de pasta de celulosa, una terminal portuaria, una central generadora de electricidad y una zona franca en la localidad de Punta Pereira, en Colonia.
Una vez que comience a funcionar, provocará un aumento de US$ 800 millones en las exportaciones, y redundará en un incremento del 2% del PIB.
Montes del Plata es un emprendimiento conjunto de la empresa chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso.
Durante su construcción, la planta empleará a un promedio de 3.200 empleados, y llegará a un máximo de 6.000 trabajadores contratados.
Hoy la empresa explota unas 216.000 hectáreas, de las cuales 126.000 son de forestación y 90.000 de otros usos (conservación, viveros, pastoreos, etc.).
Fuente: El País Digital
Nuestra Gran Vocación Colonial.
Se ha hablado a favor de Aratirí (1.500 millones de dólares prometidos de exportación) y en contra (el daño al medio ambiente). Yo lo encaro de otra manera. Estoy radicalmente en contra de nuestra vocación por continuar con la economía colonial.
Juan Grompone (en Semanario Voces, 21/7/11)
Repasemos: primero fueron los cueros, luego el tasajo, luego el extracto de carne, luego la carne enfriada, luego la lana, luego el arroz, luego la celulosa, luego la soja, ahora del mineral de hierro. Todo materias primas, commodities como se dice ahora para cambiar la connotación colonial.
La producción de materias primas se fundamenta en que los países desarrollados carecen (o no quieren explotar) los recursos naturales. Hoy es China quien compra más del 60% del mineral de hierro. El hierro interesa a China porque está en rápido proceso de industrialización y de urbanización. Con Aratirí pasaremos a depender más de China: además de la soja, el mineral de hierro. Mientras China compre, podremos exportar, pero esto no durará para siempre. En 10 años, en 20 años a lo sumo, China habrá completado su desarrollo y no comprará ni soja ni mineral de hierro. La primera consideración es que toda esta aventura es de muy corto plazo.
Segundo punto, de la magnetita al acero para la construcción o las máquinas hay algunos pasos adicionales. El mineral debe ser convertido en hierro y esto consume carbón (coke o vegetal, el doble que el mineral aproximadamente), por esta razón siempre el hierro se produjo cerca del carbón y no cerca del mineral. Por eso el ducto, el puerto y enviar el mineral a otro lugar para procesar. Del hierro se debe pasar al acero y esto requiere energía. Del acero al producto final requiere una industria siderúrgica. Los que oyen Aratirí y piensan en acero, simplemente sueñan.
¿Qué haría yo con el proyecto Aratirí? Les regalaría una copia de la Carreta de Belloni (símbolo de nuestra velocidad de acción) y una cortés carta con tres palabras: NO, MUCHAS GRACIAS. Lo que debemos hacer el fomentar las industrias con alto valor agregado (Aratirí promete 1.500 trabajadores directos, UPM tiene 300, casi todos de baja calificación, ínfimo comparado con la fuerza de trabajo total del país) y de interés para la economía actual. El acero es el pasado y sólo interesa a los países en desarrollo. Actualmente el centro de la economía está en las industrias culturales (audiovisuales, entretenimiento, turismo), las industrias de la información (consultoría, software, contenidos), la logística (comunicaciones, transporte) y mañana será la biotecnología el centro. De vez en cuando les podríamos echar una mano (no pagar impuestos como UPM, por ejemplo) o simplemente dejar de creer como los economistas del siglo XVIII en que la riqueza viene de la tierra o creer como los economistas del siglo XIX en la división internacional del trabajo. Tal vez deberíamos pensar como los economistas del siglo XXI (ya estamos en él, para los distraídos que no se dieron cuenta) y fomentar los nuevos sectores productivos.
Fuente: Observatorio Minero del Uruguay
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